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lunes, 8 de diciembre de 2014

Sobre las cuestiones fundamentales

Excélsior, 8 de diciembre de 2014

Al sistema institucional mexicano le urge, sobre todas las cosas, recuperar credibilidad y legitimidad: los escándalos de corrupción, la persistencia de la pobreza y la desigualdad, la violencia y la incompetencia de los gobiernos, en todos los órdenes y niveles, ha llevado a una severa crisis de confianza que mina la capacidad de las instituciones para convocar a la acción y contar con el respaldo para tomar las medidas que se necesitan para reencauzar al país.

Pensando en el gobierno de la República, la presente administración apostó por una compleja agenda de pactos para el impulso de diversas reformas: política, educativa, laboral y energética, entre las más relevantes. Sin duda todas ellas eran, con las respectivas reservas, necesarias para el país.

A pesar de ello, no resultaron agendas cohesionadoras de la sociedad: no provocaron que la población se volcara para dar respaldo al gobierno en su esquema de toma de decisiones; antes bien, por su contenido y alcance, el efecto fue polarizador en la opinión pública.

Desde esta perspectiva, y al no materializarse rápidamente en condiciones de bienestar y seguridad, las reformas han quedado muy atrás en el imaginario colectivo como sinónimo de avance o posibilidad de progreso.

Lo anterior puede dimensionarse de mejor manera, si consideramos que si algo nos reveló la barbarie de Ayotzinapa es la profunda crisis del Estado de derecho: ausencia de justicia por todas partes, en medio de una severa crisis de estatalidad expresada en gobiernos que, simplemente, no pueden cumplir con los mandatos de la Constitución y las leyes.

En una democracia es insustituible contar con el respaldo ciudadano para el ejercicio del gobierno; de ahí la imperiosa necesidad de contar con capacidades de adaptación, cambio de rumbo y corrección en el ejercicio del poder.

Se trata de tener la capacidad de comprender y aceptar cuando la realidad muestra que no se está “conectando” con la población en los temas fundamentales; y más todavía, cuando la ruta de un gobierno va en sentido opuesto a las aspiraciones y demandas más sentidas de la población.

La capacidad de reacción en un escenario así se enfrenta al reto de encontrar rápidamente las agendas capaces de abrir espacios para nuevos márgenes de gobernabilidad y legitimidad. ¿Cómo entrar en esas agendas?; ¿cómo lograr que la población crea una vez más en los gobiernos, tanto a nivel federal, como estatal y municipal? ¿Cómo responder a la urgencia del ejercicio de las coyunturas en el día a día, sobre todo ante la evidencia de que la población ya no está dispuesta a esperar más para acceder a la justicia y al bienestar?

La ruta no puede ser otra que identificar y asumir como agenda de gobierno las cuestiones fundamentales: empleo y vivienda digna, alimentación sana y suficiente, salud de calidad y posibilidades de convivencia solidaria con los demás.

Hacerlo así implica romper con la lógica y estilo que se han desarrollado hasta ahora en el gobierno; redefinir prioridades y modificar el andamiaje institucional, porque lo urgente es diseñar un nuevo curso de desarrollo para un nuevo Estado de bienestar.

Tomar esa ruta requiere de audacia, pero sobre todo de vocación de país y estatura de Estado, pues en sentido estricto implicaría modificar las estructuras vigentes de la desigualdad, corrupción e impunidad que nos laceran todos los días.

Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes