Excélsior, 15 de diciembre de 2015
¿Qué significa la idea, compartida en todos los círculos políticos y académicos, relativa a que vivimos en una crisis de institucionalidad? Clarificar la cuestión es mayor, porque a pesar de que pareciera que todos hablamos de lo mismo, en el fondo hay profundas diferencias.
La cuestión inicial es la elemental clarificación de qué se entiende precisamente por el concepto de “instituciones”. Hay quienes las definen como el conjunto de dependencias públicas que forman parte de cualquiera de los tres Poderes del Estado, incluidos los órganos constitucionales.
Desde esta perspectiva, las soluciones que se ofrecen tienen que ver con procesos de gerencia pública; de reingeniería de las estructuras de las administraciones públicas, así como de los mecanismos de control y rendición de cuentas en todos los espacios incluidos en la concepción citada.
Por el contrario, hay otra posición desde la cual se piensa a las instituciones, dicho en términos coloquiales, como sinónimo de “las reglas del juego”; de tal forma que serían tan relevantes las dependencias del sector público, como el marco jurídico e incluso las estructuras de carácter eminentemente social como las familias.
Desde esta visión, las soluciones planteadas son de mucha mayor complejidad, pues implican alterar la lógica y los objetivos desde los cuales se plantean cuestiones fundamentales como qué le corresponde hacer al Estado, qué al mercado, qué a la sociedad civil, etc. En esta visión, la cuestión de fondo se encuentra en subvertir las relaciones de poder, en las tres esferas más relevantes de las que se puede hablar.
En lo económico, se trataría de romper con los circuitos que reproducen intergeneracionalmente la desigualdad; en el ámbito político se necesita romper con el monopolio de los cargos de representación que ejercen los partidos políticos; y en el ámbito de lo social se requiere reconstruir relaciones para la paz y la solidaridad.
Desde ambas perspectivas puede sostenerse que las instituciones están en crisis; empero, hacerlo desde la segunda posibilita abrir rutas para un nuevo curso de desarrollo que posibilite crecer para la equidad y asumir a plenitud para todas las instituciones del Estado y garantizar las distintas esferas de justicia que hoy están fracturadas.
Es un hecho que algo anda muy mal en el país, pero también debe reconocerse que, a pesar de todo, hay una cierta “normalidad funcional” del aparato público: se recoge la basura en las ciudades, los sistemas de agua potable funcionan en niveles elementales, hay energía eléctrica en casi todo el país, tenemos carreteras y puertos en funcionamiento, la mayoría de las escuelas abre, los hospitales, aún en sus limitadas capacidades, atienden a la mayoría de la población, es decir, sí hay una sólida e importante base desde dónde recomenzar.
En cualquier caso, la única manera de que el Estado mexicano recobre la credibilidad perdida, se encuentra en la construcción de un nuevo Estado de bienestar, en el que el empleo, la salud, la educación y la seguridad sean las divisas cotidianas en las que la población puede realizar sus proyectos personales y familiares de vida.
Las opciones están ahí, pero asumir cualquiera de ellas requiere el replanteamiento de los objetivos y prioridades, en primer lugar, del Gobierno de la República; asumir este liderazgo le permitiría al Ejecutivo sentar las bases para un nuevo México Social con justicia y dignidad para todos.
Investigador del PUED-UNAM
Twitter: @ML_fuentes
No hay comentarios:
Publicar un comentario