El diseño institucional y la trata de personas

Excélsior, 17/02/2014

El diseño institucional y la trata de personas La semana pasada fue aprobado en el Senado de la República, después de un proceso de discusión de un año, el proyecto de reforma de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Este esfuerzo, alentado principalmente por las senadoras Angélica de la Peña y Adriana Dávila, ha permitido hacer evidente la necesidad de pensar y revisar de manera permanente qué estamos haciendo y, sobre todo, lo que falta todavía por hacer en materia de prevención, persecución del delito y protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas. Sin duda, el mejoramiento constante de nuestro marco jurídico es un hecho positivo, sin embargo, el reto mayor sigue estando en el ámbito del diseño y la ejecución de las políticas públicas, pues es un hecho que, desde la promulgación de la primera ley en la materia, en el año 2007, no se ha logrado avanzar sustantivamente en ese terreno.

En efecto, más allá del debate que continuará en la Cámara de Diputados en materia de definición de tipos penales y mecanismos jurídicos de protección a las víctimas, queda por definirse una cuestión mayor: ¿Cuál es el diseño institucional que se asumirá, en todos los órdenes del gobierno, a fin de implementar políticas y acciones eficaces para erradicar este crimen y para proteger a las víctimas, desde una perspectiva amplia de derechos humanos y apego a la legalidad y el Estado de derecho? La cuestión es de una trascendencia mayor porque en ésta, como en la mayoría de las agendas de la cuestión social, seguimos enfrentándonos a una crisis de estatalidad; es decir, a un proceso permanente de incumplimiento del mandato constitucional y legal en torno a los mínimos exigibles a las autoridades.

Se ha señalado reiteradamente la carencia de información adecuada para mejorar las acciones de prevención; se ha exigido constantemente la construcción de albergues, casas de “medio camino” y refugios especializados; se ha puntualizado la urgencia de contar con nuevos protocolos que definan criterios de actuación en todos los ámbitos involucrados, entre muchos otros pendientes.

Pese a lo relevante de lo anterior, no debe perderse de vista que sin un carácter de integralidad, derivado de una clara visión sobre lo que el Estado mexicano pretende lograr en esta materia, será muy difícil que se construya, en el corto plazo, una nueva batería de políticas públicas que deriven en la eficacia requerida para combatir a este delito. Enfrentamos como país el reto de imaginarnos un diseño institucional capaz de articular los recursos disponibles; establecer criterios homologados en todo el país para la actuación de los gobiernos estatales y municipales, en coordinación con la Federación; así como rediseñar o redimensionar las capacidades de las dependencias que tienen responsabilidades específicamente señaladas en la ley. Como puede verse, la tarea es titánica y cumplirla va a requerir no sólo de recursos y voluntad política, sino de una inmensa imaginación por parte de las y los responsables de la conducción institucional, en los tres Poderes del Estado, a fin de cumplir con el mandato ético de garantizar para todos el ser tratados siempre como fines y no como “objetos” sometidos a las peores formas de explotación.

*Director de CEIDAS, A.C

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