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viernes, 25 de abril de 2014

Nuestro drama educativo

Excélsior, 07/04/2014

En los últimos 12 años, el discurso oficial en torno a la educación se centró en el tema de la calidad de la enseñanza; con base en las Pruebas Pisa y Enlace, se argumentó que el gran reto de la educación se encuentra en el mejoramiento del currículo y los métodos de enseñanza. De manera alarmante, el Censo de Maestros, Alumnos y Escuelas de Educación Básica nos muestra que la realidad es mucho peor de lo que imaginábamos, no sólo debido al enorme problema administrativo y de manejo de las plazas laborales, sino también por el desastroso estado en el que se encuentra la infraestructura escolar.

Lo anterior es sumamente grave, porque confirma la existencia de un modelo de federalismo salvaje, en el cual se abandonó, en aras de un supuesto fortalecimiento de las entidades y los municipios, la conducción del gobierno federal, para garantizar un mínimo de orden y de un sentido de país en la búsqueda de objetivos compartidos por todos. Por ejemplo, la evaluación del Coneval respecto de la distribución de los recursos distribuidos a través del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB), dice textualmente: “La fórmula de distribución de los recursos del FAEB en las entidades federativas promueve poco el desarrollo equilibrado del sistema educativo...”.

Esta sola aseveración bastaría para plantear la urgencia de revisar el modelo de distribución del presupuesto federal en educación, pero más todavía, debería llevar a una amplia discusión en torno a cómo garantizar que la descentralización de capacidades, recursos y presupuestos obedezca a criterios de bienestar y justicia, en el acceso al cumplimiento de los derechos humanos en todo el país.

Todo esto, frente a la confirmación de que en materia educativa, no sólo tenemos enormes problemas en lo que se refiere a contenidos y calidad, sino también rezagos inexplicables en infraestructura: uno de cada cuatro planteles no tiene agua entubada, hay una enorme cantidad de planteles que no fueron diseñados para la enseñanza: 30% en el preescolar, 27% en la primaria y 28% en la secundaria. Por si fuera poco, más de 60% de las escuelas carece de los elementos esenciales de protección civil, mientras que cerca de 43% carece de drenaje, así como un 10% de escuelas primarias y 13% de preescolar, que carecen de energía eléctrica. En materia educativa, parafraseando el título de Tony Judt, algo anda muy mal; por ello es fundamental que logre operarse, en el corto plazo, en todo lo que implica, la recuperación de la rectoría del Estado en este ámbito fundamental del desarrollo nacional.

No podemos continuar siendo un país con 30 millones de personas en rezago educativo y con tres millones de niñas, niños y adolescentes que no pueden ver realizado su derecho a la educación, porque de no transformar esta realidad, la cifra de los ocho millones de jóvenes entre 14 y 29 años que no estudian ni trabajan puede incluso crecer, con las desastrosas implicaciones que esto tiene en sus vidas y las de sus familias. Hoy que contamos con el poderoso diagnóstico construido por el INEGI, no hay pretexto para que la Federación, las entidades y los municipios sigan incumpliendo con sus responsabilidades constitucionales, porque al hacerlo, estaremos comprometiendo nuestro presente y la posibilidad de un futuro posible, fincado en el constante progreso educativo y espiritual de toda la población.

*Director del CEIDAS, A.C.
Twitter: @ML_fuentes

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