Excélsior, 21/07/2014
En México operan decenas, quizá cientos de casas hogar similares al albergue La Gran Familia, recientemente intervenido judicialmente por la denuncia de presuntos delitos en contra de las niñas y niños que estaban bajo su resguardo.
Se trata de numerosos establecimientos que se organizan y administran, más con base en la voluntad individual y lo que se considera “educación tradicional”, que con base en protocolos apegados a lo que establecen las leyes y las normas oficiales en la materia.
Sin duda alguna, nada puede justificar que se cometan abusos u otras violaciones a los derechos de las niñas y los niños; por el contrario, lo exigible es que en los ámbitos privado y público siempre se ponga por delante el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.
Para una nación en la que se aspira a tener un estado de bienestar generalizado, no es válido argumentar que se pueden violar o incumplir varios derechos en aras de proteger otros; es decir, no es válido decir que se utiliza la violencia como método de educación, a cambio de dar un techo y relativa alimentación a niñas y niños desprotegidos o en situación de abandono.
En medio del debate que se ha generado sobre este tema, lo que debe comprenderse es que no vamos a resolver nuestros problemas estructurales a golpe de “chivos expiatorios”. Es decir, no se puede construir una sociedad para la paz cuando la única salida que tenemos para nuestros problemas es el uso de la fuerza judicial.
Si algo nos revela este caso es el profundo abandono del Estado respecto de la asistencia social. La ley establece que es el Estado quien debe ejercer la rectoría en esa materia, pero las instituciones responsables no cuentan con los instrumentos necesarios para ejercerla. Por ejemplo, aun cuando el Sistema DIF tiene facultades de supervisión respecto de las instituciones de asistencia social, no tiene facultades para orientar, corregir y, en su caso, sancionar a los establecimientos en los que se prestan servicios asistenciales.
La cuestión de fondo es: ¿Cuántas casas hogar y asilos para adultos mayores operan en circunstancias similares?, ¿cuántos centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones?, ¿cuántas casas hogar y centros de atención a niñas, niños y adultos con alguna discapacidad?
Nos vamos a engañar una vez más si asumimos que este tema se trata de una discusión en torno a la solvencia ética de Rosa del Carmen Verduzco; antes bien, lo que debería asumirse como una cuestión urgente es cómo darle una nueva vitalidad al sistema nacional de asistencia social, pública y privada, y cómo construir un sistema nacional de protección a la niñez.
En una sociedad llena de violencia, corremos el riesgo de convertir todos nuestros asuntos en un tema de persecución criminal, y ese no es definitivamente el camino para construir una cultura para la paz y la solidaridad.
Estamos ante el reto de fortalecer nuestras instituciones para cumplir con el mandato constitucional de garantizar plenamente el vasto catálogo de derechos humanos que hoy nos han sido reconocidos. Si fallamos en esa tarea, continuaremos viviendo en un déficit permanente de estatalidad; es decir, seguiremos atrapados en la absurda situación de tener un Estado que no es capaz de cumplir los mandatos que se da a sí mismo.
*Investigador del PUED - UNAM
Twitter: @ml_fuentes
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