Lunes 6 de abril de 2009
México se enfrenta, a la mayor crisis económica de los últimos 100 años, en condiciones estructurales adversas. Los efectos que la reconversión del orden internacional tendrá en nuestro país exigen la revisión del conjunto de políticas y estrategias del Estado a fin de insertarnos con eficacia, no sólo al nuevo orden que habrá de construirse, sino, sobre todo, para lograr tener voz y voto en los procesos de construcción de ese orden.
Si se atiende al “discurso inaugural” del presidente Barack Obama, pueden percibirse algunos de los ejes más importantes desde los cuales nuestro vecino del norte buscará afianzar su liderazgo mundial y garantizar seguir siendo la principal potencia, aun en el marco de un orden internacional con más y mejores equilibrios.
Uno de esos ejes es la educación y la investigación científica y tecnológica. Obama dijo, en uno de sus primeros discursos, que, ante la crisis, EU debía aprovechar que no han dejado de ser los primeros en producción e investigación en ciencia y tecnología y el tener más de la mitad de las 100 mejores universidades del mundo.
La tragedia aquí es que, ante la crisis, las universidades públicas no han sido vistas como ámbitos de oportunidad para distintos procesos, entre otros, cerrar la brecha en investigación y desarrollo que tenemos con respecto a nuestros principales socios estratégicos; fomentar un nuevo sistema nacional de investigación que promueva, no sólo ciencia y tecnología, sino también las humanidades y las artes y, por último, un proceso de fortalecimiento de las universidades públicas, para detonar una nueva forma de educar a nuestras niñas, niños y jóvenes.
Hemos cometido el grave error de abandonar, por ejemplo, el proyecto de la Universidad Nacional en todo lo que implicaba: ser un centro para la investigación al servicio de la humanidad y también un catalizador de la cohesión y la inclusión social.
La educación pública, como gran proyecto de solidaridad nacional, se ha perdido. La decisión de llevar, en una visita oficial, a la secretaria de Estado de EU, al Tec de Monterrey, es reveladora de cómo el gobierno federal ha perdido el rumbo en materia educativa y cómo carece de una sólida visión sobre la necesidad de que la universidad pública sea dimensionada en sus capacidades para generar inclusión social y, sobre todo, formar a personas capaces de ser solidarias y de preocuparse por los problemas sociales más graves que debemos resolver.
El Sistema Nacional de Universidades, a pesar de los grandes esfuerzos de la comunidad académica, sigue estando desarticulado en sus capacidades para reconducir el desarrollo, y eso no es producto sino de la falta de presupuesto, de recursos humanos y materiales suficientes, pero, más aún, de una visión que logre comprender a las universidades públicas como los campus, no sólo en los que se forma a profesionistas, científicos y técnicos, sino, sobre todo, espacios para educar a formadores del país.
El problema de los más de 100 mil jóvenes que fueron rechazados en el examen de admisión de la UNAM no es un problema que por sí mismo pueda resolver esa Universidad. Habría que sumar, a estos 100 mil jóvenes, los otros cientos de miles que año con año son rechazados de otras universidades e instituciones de educación superior pública, para dimensionar bien los asuntos de fondo.
Quizás uno de los más importantes consiste en reconocer que enfrentamos una tragedia silenciosa en todos los niveles de la educación pública. En ese sentido, la urgencia consiste en revalorar el papel de la educación pública como un gran sistema de inclusión social; en donde puedan convivir los más favorecidos con quienes tienen más carencias, y en donde todos tengan la oportunidad de acceder a una educación oportuna y de calidad, sustentada en profundas nociones de derechos humanos, democracia y una cultura para la paz.
La crisis del mundo privado nos ha enseñado, a un costo muy alto, que no todo lo que proviene del Estado puede rechazarse sólo por un dogma ideológico. Ante ello, es posible apostar por la reconstrucción de un sistema educativo nacional que, al incluir a todos, incrementaría en una sola generación nuestros niveles de competitividad, impactaría en la reducción de tasas de mortalidad por causas enteramente prevenibles y, quizás, hasta podríamos aspirar a tener un país cimentado en los valores de la equidad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.
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