13 de abril de 2009
Hay una diferencia fundamental entre una postura laica y una anticlerical. La primera forma parte del espíritu democrático, al reconocer el derecho de todos a profesar sus creencias; la segunda es muestra de intolerancia que busca reducir espacios de manifestación de las creencias o la religiosidad.
Nuestra historia está llena de ejemplos de por qué un Estado laico es lo mejor para consolidar la democracia. En la vida independiente hemos vivido graves episodios en los que esa intolerancia como el anticlericalismo han apostado por suprimir o reducir libertades individuales.
En un Estado laico, todas las expresiones religiosas tienen cabida, sin demérito o sin acciones que vayan en detrimento de las demás; esto es, un ambiente en el que todos pueden manifestar y profesar sus creencias sin temor a ser reprimidos por ninguna autoridad pública.
Pero es importante considerar que muchas iglesias exigen al Estado suprimir las otras manifestaciones o formas de organización religiosa. Sí, muchas veces, las mayoritarias en una sociedad buscan imponerse o suprimir a las que enseñan cuestiones distintas de las propias.
Esa intolerancia busca precisamente suprimir el Estado laico con un argumento simple: la verdad les pertenece y debe ser aceptada o hasta impuesta, a los demás. Lo interesante estriba en pensar que todas las religiones asumen más o menos lo mismo: la verdad revelada está de su lado y, Dios, dispuesto a hacerla prevalecer.
En México, la religión católica fue impuesta a través de una sangrienta conquista ideológica y militar. Pocos procesos históricos han sido tan sangrientos y crueles como la destrucción de varias cosmovisiones precolombinas, para imponer una visión de la vida y el mundo expresada en el catolicismo reaccionario que vino de España.
Un ejemplo al contrario, de una ocupación militar que no impuso su religiosidad es la del mundo árabe en España: 800 años de ocupación no fueron pretexto para imponer ni una lengua ni una religión. Es difícil imaginar casi un milenio de tolerancia y aceptación, pero no hubo un proceso sistemático de destrucción del cristianismo desde el poder militar y político árabe.
Al contrario, la mentalidad totalitaria que auspició la Conquista construyó, en los 300 años de la Colonia, un discurso de exclusión en el cual lo que no fuera catolicismo en la versión de la contrarreforma impulsada por Loyola e importada a México a través del Santo Oficio, fue rechazado y se sancionó, con el destierro, la cárcel y, en no pocos casos, con la pena de muerte, bajo la acusación de herejía.
La discusión de las últimas semanas, en México, de si los clérigos, de cualquier religión, deben o no participar en política, ha estado tamizada por una concepción falaz: no se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si las creencias que profesa exigen de los demás aceptarlas a ultranza porque se trata de la “verdad revelada”.
Desde esta perspectiva de nuestro desarrollo histórico, la discusión sobre religión o creencias del jefe del Estado y de quienes encabezan las instituciones no debería ser tema de debate. En un Estado democrático, el laicismo es una política de Estado, porque ello garantiza las libertades de creencia, religión y pensamiento de todos.
No se trata, pues, de coartar la posibilidad de nadie para expresar públicamente sus creencias, sino de que todos podamos hacerlo en un contexto de tolerancia y respeto a quien no cree lo mismo que nosotros.
En síntesis, el tema de debate de fondo en un Estado democrático no es sobre si los políticos profesan la religión de la mayoría o si profesan siquiera algún tipo de creencia. Se trata de saber si el jefe del Estado o quien aspira a serlo y quienes encabezan a las instituciones públicas tienen una firme convicción republicana, si sus principios y valores son plenamente democráticos y si sus convicciones teóricas e ideológicas tienen un firme arraigo en una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Eso no se ha discutido hoy a cabalidad.
No se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si éstas exigen de los demás aceptarlas a ultranza.
Hay una diferencia fundamental entre una postura laica y una anticlerical. La primera forma parte del espíritu democrático, al reconocer el derecho de todos a profesar sus creencias; la segunda es muestra de intolerancia que busca reducir espacios de manifestación de las creencias o la religiosidad.
Nuestra historia está llena de ejemplos de por qué un Estado laico es lo mejor para consolidar la democracia. En la vida independiente hemos vivido graves episodios en los que esa intolerancia como el anticlericalismo han apostado por suprimir o reducir libertades individuales.
En un Estado laico, todas las expresiones religiosas tienen cabida, sin demérito o sin acciones que vayan en detrimento de las demás; esto es, un ambiente en el que todos pueden manifestar y profesar sus creencias sin temor a ser reprimidos por ninguna autoridad pública.
Pero es importante considerar que muchas iglesias exigen al Estado suprimir las otras manifestaciones o formas de organización religiosa. Sí, muchas veces, las mayoritarias en una sociedad buscan imponerse o suprimir a las que enseñan cuestiones distintas de las propias.
Esa intolerancia busca precisamente suprimir el Estado laico con un argumento simple: la verdad les pertenece y debe ser aceptada o hasta impuesta, a los demás. Lo interesante estriba en pensar que todas las religiones asumen más o menos lo mismo: la verdad revelada está de su lado y, Dios, dispuesto a hacerla prevalecer.
En México, la religión católica fue impuesta a través de una sangrienta conquista ideológica y militar. Pocos procesos históricos han sido tan sangrientos y crueles como la destrucción de varias cosmovisiones precolombinas, para imponer una visión de la vida y el mundo expresada en el catolicismo reaccionario que vino de España.
Un ejemplo al contrario, de una ocupación militar que no impuso su religiosidad es la del mundo árabe en España: 800 años de ocupación no fueron pretexto para imponer ni una lengua ni una religión. Es difícil imaginar casi un milenio de tolerancia y aceptación, pero no hubo un proceso sistemático de destrucción del cristianismo desde el poder militar y político árabe.
Al contrario, la mentalidad totalitaria que auspició la Conquista construyó, en los 300 años de la Colonia, un discurso de exclusión en el cual lo que no fuera catolicismo en la versión de la contrarreforma impulsada por Loyola e importada a México a través del Santo Oficio, fue rechazado y se sancionó, con el destierro, la cárcel y, en no pocos casos, con la pena de muerte, bajo la acusación de herejía.
La discusión de las últimas semanas, en México, de si los clérigos, de cualquier religión, deben o no participar en política, ha estado tamizada por una concepción falaz: no se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si las creencias que profesa exigen de los demás aceptarlas a ultranza porque se trata de la “verdad revelada”.
Desde esta perspectiva de nuestro desarrollo histórico, la discusión sobre religión o creencias del jefe del Estado y de quienes encabezan las instituciones no debería ser tema de debate. En un Estado democrático, el laicismo es una política de Estado, porque ello garantiza las libertades de creencia, religión y pensamiento de todos.
No se trata, pues, de coartar la posibilidad de nadie para expresar públicamente sus creencias, sino de que todos podamos hacerlo en un contexto de tolerancia y respeto a quien no cree lo mismo que nosotros.
En síntesis, el tema de debate de fondo en un Estado democrático no es sobre si los políticos profesan la religión de la mayoría o si profesan siquiera algún tipo de creencia. Se trata de saber si el jefe del Estado o quien aspira a serlo y quienes encabezan a las instituciones públicas tienen una firme convicción republicana, si sus principios y valores son plenamente democráticos y si sus convicciones teóricas e ideológicas tienen un firme arraigo en una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Eso no se ha discutido hoy a cabalidad.
No se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si éstas exigen de los demás aceptarlas a ultranza.
1 comentario:
De hecho una de las propuestas del Partido SocialDemocrata habla de defender el estado laico, chequen este link:
http://www.alternativa.org.mx/estado_laico_propuestas.html
y ademas si te interesa puedes participar como "cibervoluntario" utilizando presentaciones, banners, iconos y demás en tus sitios y/o blogs, ver:
http://www.alternativa.org.mx/cibervoluntario_partido_socialdemocrata.html
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