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lunes, 12 de agosto de 2013

Gobernabilidad y Estado de bienestar

Mtro. Mario Luis Fuentes
Excelsior, 12/08/2013

Se ha reconocido que enfrentamos un enorme reto en diversos territorios en los cuales está comprometido el control efectivo de las instancias gubernamentales.
Nuestro país ha vivido en los últimos años bajo la constante amenaza del crimen organizado y de otros poderes fácticos que, en aras de la defensa de intereses particulares, muchos de ellos ilegítimos, han logrado penetrar a distintas instituciones y han generado procesos de arraigo territorial que les proporcionan una enorme capacidad de acción y de confrontación en contra del Estado y el orden institucional.
En ese sentido, debe destacarse la honestidad en el diagnóstico de la Presidencia de la República, desde la cual se ha reconocido que enfrentamos un enorme reto en diversos territorios, en los cuales está comprometido el control efectivo de las instancias gubernamentales en lo que a la garantía del Estado de derecho se refiere.
La corrupción en todos los ámbitos y niveles del gobierno es un elemento clave en el análisis de lo que está ocurriendo, pues sin este factor de fractura del orden legal, no podría explicarse lo que puede ser considerado como el derrumbe de una buena parte de las estructuras de legitimidad de la actuación de las autoridades en distintas regiones del país.
Desde hace años, en territorios urbanos y rurales de Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Durango, y más recientemente en Michoacán y Guerrero, el crimen organizado ha logrado penetrar en prácticamente todos los ámbitos territoriales, e incluso se han apoderado de estructuras paralelas de la economía desde actividades como la piratería hasta el abierto control del comercio informal.
Por ello, el Estado mexicano está obligado a reaccionar con mucho mayor eficacia, por lo que en la nueva administración no podrá repetirse el error de asumir que se trata exclusivamente de un problema de seguridad pública y aplicación de la justicia.
En efecto, si algo se ha hecho evidente en los últimos años es que la presencia de los grupos delincuenciales y otros grupos de influencia efectiva sobre la toma de las decisiones públicas están interfiriendo negativamente en la operación de los principales programas sociales, e incluso su poder es tal que en los casos en los que así lo deciden, los operadores de los programas no tienen acceso a las localidades donde la ausencia de la autoridad es mayor.
Si la pérdida del monopolio de la violencia legítima es grave, lo es en el mismo nivel la incapacidad de las instituciones para garantizar los derechos sociales de la población. Por ello es urgente que en la nueva estrategia de seguridad pública del gobierno federal se asuma que deberá recuperarse, uno a uno, el control de las localidades “perdidas”, y junto con el restablecimiento del orden institucional, deberá también reasumirse la presencia social del Estado.
Construir un verdadero Estado de bienestar requiere de una lógica doble: por un lado, garantizar la seguridad pública, pero por el otro, contar con los instrumentos necesarios para el pleno acceso a los derechos sociales de la población, y con ello intentar el blindaje de los territorios ante el embate y control de la “legitimidad” social de parte fundamentalmente de los grupos delincuenciales.
La presencia de 53 millones de pobres en el país constituye un inmenso cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades, por lo que si algo debe asumirse en esta administración, es que la cimentación de un nuevo Estado de bienestar requiere de la plena gobernabilidad del territorio, y ante eso estamos todavía bastante lejos.
*Director del CEIDAS, A.C.