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lunes, 5 de agosto de 2013

Una mirada alternativa a la pobreza

Mario Luis Fuentes

Urge comprender que hoy la cuestión social es de tal complejidad, que no bastará con crear más empleos dignos, reducir urgentemente la violencia... Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza exigen una nueva ruta de reflexión, pues si algo nos revelan los datos dados a conocer por el Coneval es que nos encontramos no ante dos, sino ante tres décadas perdidas en lo que a la cuestión social se refiere, porque, en sentido estricto, el proceso de empobrecimiento masivo de la población viene al menos desde 1980. Los datos son contundentes: si se considera exclusivamente la pobreza por ingresos, el porcentaje de “pobres patrimoniales” que había en 1992 era equivalente a 53.1% de la población; 20 años después, en 2012, el porcentaje estimado fue de 52.3%; en 1992, los “pobres de capacidades” equivalían a 29.7% de la población nacional, mientras que en 2012 el dato fue de 28 por ciento. Finalmente, en 1992, los “pobres alimentarios” representaron 21.4%, mientras que en 2012 el porcentaje es de 19.7 por ciento. Frente a estos datos hay quien podría pensar que las cosas no han cambiado; hay quienes afirman incluso que la situación es menos grave porque ahora se tiene acceso a más bienes y servicios públicos; empero ambas visiones son, por decir lo menos, limitadas. Hoy la situación nacional ha empeorado gravemente, pues debe comprenderse que leer los datos de la pobreza, sin atender simultáneamente a los indicadores relativos a la morbilidad y la mortalidad, constituye un profundo error, sobre todo cuando se trata de pensar en función de las políticas públicas que requerimos en todo el marco de la cuestión social. Para dimensionar lo anterior debe considerarse que en el año de 1990, la tasa de mortalidad por diabetes mellitus era de 30.6 defunciones por cada 100 mil habitantes; la tasa estimada en 2012 es de 83 defunciones por cada 100 mil personas, es decir, casi el triple que hace 20 años. Por su parte la tasa de morbilidad por este padecimiento era, en 1990, de 155 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2012 ascendió a 420 casos por cada 100 mil personas. Este exorbitante crecimiento tiene múltiples factores de explicación: desde la desarticulación del sistema alimentario mexicano hasta el deterioro de prácticamente todas las condiciones de habitabilidad y bienestar en todo el territorio nacional, lo cual debería obligar a un profundo cambio en la concepción de lo que son y cómo deben integrarse las políticas económicas y sociales en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Si se considera además que los accidentes, suicidios y homicidios son ya la tercera causa de muerte en el país, el cuadro termina por complicarse aún más, pues nos revela como un país atrapado en la desigualdad, caracterizado por la pobreza y amenazado por la obesidad y el sobrepeso, y sus corolarios mortales a causa de la diabetes y la hipertensión, las cuales explican casi 35% de la carga total de la mortalidad nacional. Urge comprender que hoy la cuestión social es de tal complejidad, que no bastará con crear más empleos dignos, reducir urgentemente la violencia y mejorar la cobertura y calidad de la educación; de lo que ahora se trata es de construir una nueva ciudadanía capaz de exigir y de ejercer sus derechos, y para conseguirlo requerimos, debe insistirse, de cada vez más y mejores prácticas políticas para la civilidad y el diálogo democrático permanente.