La explotación sexual infantil

24 de noviembre de 2008

Concebir que la agenda de seguridad pública debe centrarse sólo en el combate al narcotráfico es un error grave que impide asumir en su dimensión otros crímenes que se cometen al amparo de la invisibilidad pública y el absoluto anonimato a sus perpetradores.

Debe reconocerse que, en los últimos años, los crímenes cometidos contra niñas y niños han sido tratados de manera insuficiente por la opinión pública y los medios de comunicación; más aún considerando que son ellos los más vulnerables ante la crueldad y la perversión de quienes hacen de la explotación sexual, no sólo un descarnado entretenimiento, sino sobre todo uno de los más crueles negocios.

En esta semana, a partir del día 25 y hasta el 28, se llevará a cabo en Brasil el Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes; en torno a este Congreso, Nils Kastberg, director regional del UNICEF para América Latina, estimó que cada día 228 menores de 18 años son explotados sexualmente en la región, con la característica de que, de éstos, más de 80% son niñas.

Asimismo, Victoria Cruz López, coordinadora del Proyecto Regional contra la Trata y la Explotación de Personas de la Organización Internacional del Trabajo, en la región, hizo un llamado para que todos los integrantes de la sociedad podamos impulsar una revolución cultural y educativa para impedir que siga creciendo la inaceptable realidad de que mueran más de 80 mil menores de 18 años cada año, como víctimas de la violencia doméstica, y que haya más de dos millones de casos de abusos sexuales contra niñas y niños en América Latina.

De acuerdo con la Hoja de Datos presentada por el UNICEF como preámbulo al Congreso de Brasil, el abuso sexual contra niños es la forma de violencia menos denunciada y en ocho de cada diez casos el agresor es el padre, el esposo o pareja de la madre de la niña o niño abusados, o bien parientes cercanos.

La violencia contra los niños es en todos los casos un acto aberrante y por lo tanto no sólo inaceptable, sino condenable. Sin embargo, es difícil sancionarlo cuando las estructuras jurídicas e institucionales no han sido reformadas plenamente para clasificar de manera adecuada en todos los códigos penales los delitos que atentan en contra de los niños y, en particular, de las niñas.

Basta revisar la Clasificación Mexicana de Delitos contra las Mujeres, 2008, en donde se destaca que a julio de ese año, sólo 20 entidades tipificaban el delito del “rapto equiparado” y en sólo tres de éstas este delito se seguía por oficio. Asimismo, el del abuso sexual, principalmente cometido en contra de las niñas, no está tipificado en todos los códigos penales de los estados y, en los casos de incesto, paradójicamente, las penas son menores cuando es cometido por uno de los ascendentes contra los descendentes y se contravienen con ello no sólo todos los tratados internacionales en la materia, sino también la realidad que arrojan las cifras al respecto.

Aun cuando el delito de la violación está tipificado en todas las entidades federativas, en sólo 20 existe la figura de la violación entre cónyuges, figura de suma importancia porque se combina con una serie de situaciones de violencia y abusos en las entidades en las que la edad mínima para contraer matrimonio en el caso de las mujeres continúa siendo de 14 años.

El citado análisis de la clasificación mexicana de delitos estipula que aún hay entidades en las que el bien tutelado en los casos de abuso sexual continúa siendo “el pudor” o bien es considerado similar a la práctica de “actos deshonestos”, “prácticas libidinosas” y una serie de términos de una imprecisión jurídica mayor, que permiten la persistencia de la impunidad y la no protección del libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

En los casos en los que la explotación sexual de niñas y niños está relacionado con la trata de seres humanos, destaca que en nuestro país sigue sin emitirse el reglamento de la ley en la materia, lo que impide en términos prácticos una adecuada aplicación y operación de la norma: no se ha instalado la Comisión Intersecretarial, no hay un Programa Nacional en la materia y tampoco hay presupuestos ni recursos suficientes para combatir este flagelo.

Es lamentable aceptarlo, pero nuestro país continúa siendo un lugar inapropiado para los niños, comenzando por la enorme desatención que sobre ésta y otras agendas han mostrado en los últimos años tanto el gobierno federal como la mayoría de los estatales.

Es momento de transformar esta realidad si de verdad queremos construir una sociedad en la que todas las niñas, niños y adolescentes tengan como perspectiva de futuro una mejor calidad de vida que la que nosotros hemos tenido. No asumirlo así constituye un despropósito cuyos saldos, de no revertirse, serán muy altos en los años por venir.