Lunes 16 de febrero de 2009
El pasado miércoles 11 de febrero fui invitado a participar en el foro convocado por el Congreso de la Unión, titulado México ante la crisis. ¿Qué Hacer para Crecer?
Mi planteamiento en este foro fue que la pregunta que le dio título sólo puede cobrar un sentido mayor si al centro del debate nacional se coloca la cuestión sobre cómo erradicar en lo inmediato la pobreza y la desigualdad, las cuales son, sin duda alguna, las mayores deudas y saldos sociales que están asociados a los efectos que tendrá la crisis económica global.
Desde esta perspectiva, lo que queda claro es que México enfrentaba ya graves problemas económicos y sociales desde antes que la desestabilización estallara en septiembre del año pasado, y que el momento de turbulencia financiera mundial que nos afecta viene a agudizarlos y a profundizarlos.
México tiene un estancamiento económico desde la década de los años 80 del siglo XX. Nuestro ritmo de crecimiento económico ha sido intermitente y escaso. Cuando se ha logrado hacerlo ha ocurrido que el ingreso se ha concentrado intensivamente en unas cuantas manos, con lo que los momentos de crecimiento sólo han aliviado medianamente algunas de nuestras carencias y, en todos los casos, han acrecentado la desigualdad entre regiones y personas.
Ante la evidencia que existe al respecto, el planteamiento que realicé ante los legisladores consiste en pensar al crecimiento económico no como un fin en sí mismo sino como un mecanismo para reconstruir un modelo de desarrollo que permita garantizar la equidad a todas y todos los mexicanos, lo que de manera implícita exige el cumplimiento universal de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de la población.
Un instrumento privilegiado para alcanzar tal propósito se encuentra en la seguridad social, empero, el sistema con el que hoy contamos no basta. Para ello se requiere redimensionar el sentido que le hemos dado hasta ahora y avanzar hacia un modelo que, independientemente de la condición laboral de las personas, garantice una red básica de protección social en salud, educación y alimentación de calidad para todos, así como la incorporación de nuevas agendas de riesgos sociales, tales como las adicciones, la violencia al interior de las familias y relaciones de pareja, así como la discriminación.
Una seguridad social de esta naturaleza implica entonces ampliar la concepción de un sistema que da cobertura a quienes tienen un trabajo formal a la de un régimen que se percibe como un instrumento para la plena garantía de los derechos sociales.
Reconocer que una nueva concepción de la seguridad social puede articular al conjunto de la política social, exige que ésta deje de ser un instrumento residual de la política económica y, con ello, desarrollar un sistema de protección desde el cual determinar los criterios generales del gasto público y recaudación fiscal.
Crecer para garantizar la equidad debe ser entonces la nueva fórmula para el desarrollo, pues hacerlo obliga al diseño de un proceso de reforma gradual, pero acelerado, del marco institucional responsable de la construcción y de la ejecución de las políticas públicas.
Reconocer que el sentido mayor de la política social en México es crecer para la equidad nos obligaría a reformular nuestro pacto social, a replantear los mecanismos con el fin de dar cumplimiento al mandato implícito de la Constitución de garantizar justicia social a todos y de construir un nuevo fundamento ético para la actuación pública.
Asumir que un crecimiento económico orientado a garantizar la equidad debe ser el sentido mayor de una política social como la que se plantea nos debe llevar al reconocimiento de que el modelo vigente ha generado víctimas no sólo del cinismo de la política sino de un sistema económico rapaz que todo lo abruma y que a su paso deja saldos casi impagables de pobreza, marginación, exclusión y, ¿por qué no decirlo?, de una profunda tristeza.
Mi propuesta, en esa lógica, consiste en replantear el marco jurídico y el entramado institucional que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos sociales de todos, proceso que a todas luces requiere de un pacto político mayor en el que se reconozca que el objetivo de todas las instituciones debe ser asumir, desde una ética de la responsabilidad, poner al centro de todas las decisiones públicas los objetivos de construir cohesión social, inclusión y garantías para todos de una vida digna.
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