Vale la pena destacar que una marcha que termina en un
templete, o bien en un diálogo con las instituciones públicas,
constituye un elemento de valor agregado para la consolidación de
meca-nismos de interlocución entre la sociedad y la autoridad.
Históricamente y de manera creciente, la Ciudad
de México, asiento de los tres poderes del Estado, vive en continuo
asedio por las marchas y plantones de diferentes grupos, que defienden o
exigen el cumplimiento de determinadas agendas. Como resultado, es
indudable que la población que usa, vive o transita por las zonas de
mayor presencia de movilizaciones sociales, ha pagado siempre un alto
costo por estas acciones.
Es importante subrayar que el derecho de todos por expresar su
desacuerdo o propuesta, es uno de los más preciados logros de la
democracia mexicana, y es al mismo tiempo uno de los principales
elementos que explican nuestro sistema institucional de hoy.
Preservar las protestas y las movilizaciones sociales pacíficas es
vital para la vida en democracia a que aspiramos. Por ello es importante
subrayar que hasta ahora las marchas y captura de espacios públicos,
principalmente por quienes disienten de los contenidos de la reforma
educativa, han estado aparejados a reuniones públicas y privadas, entre
las instituciones y los manifestantes, en las cuales las partes han
fijado demandas, desacuerdos y posturas.
Sin dar a conocer los detalles y contenidos reales de estas
reuniones, el gobierno federal ha logrado mantener canales de diálogo
institucional, asumiendo, junto con el Gobierno de la Ciudad, los costos
de la contención “acotada” de las marchas.
Ante la magnitud de la parálisis y caos vial de las últimas semanas
en el Distrito Federal, se ha incrementado el número de voces que piden
el uso de la fuerza para evitar la toma de las calles. Sin embargo, no
debe olvidarse tampoco que en últimas fechas, cada que se ha usado la
fuerza policiaca en contra de manifestaciones se han generado graves
casos de violación a los derechos humanos en contra de decenas de
personas.
Por ello es importante reconocer que la movilización pacífica
fortalece la viabilidad de la democracia. Desde esta perspectiva, vale
la pena destacar que una marcha que termina en un templete, o bien en un
diálogo con las instituciones públicas, constituye un elemento de valor
agregado para la consolidación de mecanismos de interlocución entre la
sociedad y la autoridad.
Cierto es que siempre está latente el riesgo de que, al amparo de la
defensa de la legítima protesta, surjan disturbios y actos de violencia
perpetrados por grupos radicales que, como se ha visto reiteradamente a
últimas fechas, no tienen ninguna intención u objetivo de promover y
lograr acuerdos políticos para la construcción de agendas de mediano o
largo plazos.
Frente a estas muchedumbres que agreden todo y a todos, las
autoridades tienen en su principal reto —pues el desafío se encuentra en
lograr identificarlos y, en consecuencia, acotarlos— limitar su
violencia y evitar que en la calle logren contaminar a aquellos que
tienen el legítimo derecho de disentir y de expresarlo públicamente,
como lo garantiza la Constitución.
Lo esperable es que, ante la presentación del paquete fiscal por
parte de la Presidencia de la República, la Ciudad de México será
nuevamente el territorio en el cual muchos grupos expresarán su
desacuerdo y su propuesta.
Es previsible que las marchas se incrementen, y por ello es deseable
que frente a las movilizaciones por venir, todas las instancias del
Estado mexicano estén preparadas, con el propósito de privilegiar y
fundar en el diálogo democrático las decisiones que habrán de tomarse.
*Director del CEIDAS, A. C.
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