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lunes, 18 de febrero de 2008

El Día Internacional de la Justicia Social

Mario Luis Fuentes
Lunes 18 de febrero de 2008

En una resolución del pasado 30 de noviembre, la Asamblea General de la ONU estableció, mediante un acuerdo que aprobaron por unanimidad 190 países, la proclamación, a partir de este 2008, cada 20 de febrero, del Día Internacional de la Justicia Social.

En esta resolución, la Asamblea General hace un llamado a todos los estados a llevar a cabo acciones de promoción y a rescatar las metas y propuestas planteadas en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, realizada en 1995 en la ciudad de Copenhague.

De acuerdo con el texto presentado por esa Asamblea General, México fue uno de los países que participaron en la redacción de la resolución final y, como un acto de congruencia, es de esperar que haya un firme pronunciamiento, así como el establecimiento de metas que permitan acreditar en los hechos el cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos ante la comunidad internacional.

Es importante destacar en este contexto la reciente visita de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, quien no sólo hizo observaciones de la mayor importancia en materia de derechos humanos, sino que además insistió en el hecho de que la desigualdad y la pobreza impiden el pleno cumplimiento de los derechos de las personas y urge avanzar en una rápida reducción de la pobreza en nuestro país.

Simultáneamente, la alta comisionada hizo un llamado a adecuar los contenidos de nuestra Constitución y de nuestras demás leyes, con los acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha signado y, en consecuencia, a generar las acciones institucionales requeridas para dar cumplimiento pleno a los derechos sociales de las personas, en particular de quienes en mayor medida viven en circunstancias de vulnerabilidad.

Una jornada de promoción de acciones a nivel nacional requeriría preparativos previos y un intenso trabajo de diálogo y de acuerdo político que permitiera generar una estrategia nacional para el cumplimiento de las metas establecidas hace cerca de 13 años en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, y ante las cuales, tanto México como el resto del mundo, aún se encuentran lejos de alcanzarlas.

De hecho, resulta paradójico que en 2008 apenas hayamos logrado superar los niveles de pobreza que teníamos hace 15 años, en 1993, lo que evidencia que, aun con los avances, tenemos mucho camino por recorrer y, por lo tanto, es necesario insistir en que la velocidad a la que estamos reduciendo la pobreza y la desigualdad debe incrementarse en aras de conseguir verdaderamente la justicia social.

Julián Marías nos dice, en su clásico texto sobre la justicia social, que para entender este concepto es imprescindible distinguir entre las carencias y la privación. Las primeras tienen que ver con aquello que no se puede poseer en una sociedad; la privación, al contrario, tiene que ver con un acto de negación, de incumplimiento de un derecho. Por ello, lo social no puede ser identificado exclusivamente con lo económico, pues esto último se refiere a los recursos disponibles. En ese sentido, Marías argumenta: “Imaginemos que se ponga a disposición de un pueblo de analfabetos la mejor biblioteca que jamás haya existido”. ¿De qué sirven los recursos si las personas no pueden utilizarlos?

En ese mismo sentido, Waltzer sostiene en su texto Esferas de la justicia: la privación de los bienes y satisfactores básicos es la manera como se presentan diversas formas de dominación en nuestras sociedades: por ello, la desigualdad no puede ser entendida sino como injusticia social.

Debido a ello, también debemos asumir que la justicia social no puede ser alcanzada sólo mediante los instrumentos del mercado o sólo generando ingresos para los más pobres. Se trata de un conjunto de arreglos sociales sobre cómo se distribuyen las tareas y los beneficios, por una parte, y sobre cómo se generan las capacidades para que las personas puedan exigir y realizar sus derechos.
El Día Internacional de la Justicia Social no puede ser pasado por alto y debe exigir de todas las autoridades y órdenes de gobierno una reflexión mayor, para avanzar hacia construir una nueva generación de pactos y arreglos sociales que nos permitan implementar un sistema de protección efectivamente justo y diseñado deliberadamente con el fin de alcanzar de manera plena la equidad y la justicia social.