Mario Luis Fuentes Lunes 4 de febrero de 2008
Por definición, toda contracción en las expectativas de crecimiento implica un riesgo de reducción de las expectativas de ingresos públicos; si esto es así, el Presupuesto de Egresos requiere ajustes inmediatos, si no se quiere alterar el equilibrio fiscal de las finanzas públicas.
En ese sentido, la turbulencia económica y financiera que se está viviendo en Estados Unidos y que es, de acuerdo con George Soros, la más severa que se ha tenido desde cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, tendrá necesariamente efectos sobre nuestra economía y nuestras capacidades para enfrentar rezagos y retos mayores.
Uno de los temas que no se ha discutido con suficiencia es cómo la política social se adecuará ante esta turbulencia económica y cómo se va a lograr mantener los objetivos y las metas planteadas por la actual administración, en materia de desarrollo social y combate a la pobreza, cuando éstas se encuentran directamente relacionadas con el crecimiento económico, de acuerdo con lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Social.
Según estos documentos, uno de los objetivos del desarrollo social consiste en reducir 30% el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro país. Sin embargo, esto sólo podría lograrse en la medida en que nuestra economía lograra crecer al menos a un ritmo de 3.5% anual.
Pero México creció, según las estimaciones publicadas recientemente, apenas 3% en 2007, y las expectativas de crecimiento del Banco de México para 2008 fueron ajustadas con el fin de prever un crecimiento entre 2.5 y 2.8%, dato que coincide con las proyecciones hace poco presentadas por la Secretaría de Hacienda.
De esta forma, lo que debe venir son acciones determinantes para evitar reducir las metas sociales; lo que implica incluir una serie de medidas emergentes que permitan intensificar lo hasta ahora logrado a fin de conseguir las metas, de por sí mínimas, sostenidas públicamente por la Secretaría de Desarrollo Social.
En esa lógica, el Poder Legislativo deberá estar vigilante de que, ante un año electoral en el que se juega la mayoría en la Cámara de Diputados, se pretenda generar acciones de alta visibilidad y rentabilidad política, pero que en poco abonen a la protección y la generación de bienestar de los más pobres.
Estas cuestiones deben preocuparnos a todos y ratifican lo que muchos hemos venido sosteniendo desde hace ya varios años: es necesario replantear nuestra política social y, sobre todo, urge volver a plantear sus objetivos, a fin de conseguir orientarla hacia la disminución de la desigualdad y, desde luego, a la reducción inmediata de las condiciones de pobreza en que viven millones de mexicanos.
Debe insistirse, pues, en que es éticamente inaceptable que, ante las dificultades económicas, el gobierno intente reducir sus metas sociales o bien pretenda que con sólo mantener los presupuestos y los programas actuales se logrará revertir la inequidad, la pobreza y la marginación que siguen campeando en todo el territorio nacional.
Al respecto, debe considerarse que en este 2008 se llevará a cabo el levantamiento de una encuesta que va a intentar medir, por primera vez, de manera multivariable, la pobreza de nuestro país. Es de esperar que las dimensiones y la profundidad de lo que conocemos se agudice y tengamos datos mucho más cercanos a los niveles de profundidad y complejidad que implica la pobreza actual en nuestro país.
Continuar asumiendo que es nada más mediante la asistencia social como se logrará abatir la desigualdad, implica una pobreza conceptual mayor y eso es lo que transmina el actual Programa Sectorial de Desarrollo Social: confusiones sobre asuntos elementales que van, desde no diferenciar entre un objetivo, una meta y una estrategia, hasta dimensiones mayores, como asumir que el desarrollo social consiste en únicamente garantizar ingresos monetarios mínimos para los más pobres.
México requiere otra política social y, con miras a poder construirla, hace falta inicialmente la voluntad de generar un proceso político de alcances mayores, con el fin de revisar nuestros arreglos sociales y generar nuevas instituciones capaces de concretarlos. Y esto implica una dimensión también mayor en la concepción de aquello que se puede conseguir mediante la reforma del Estado.
Por definición, toda contracción en las expectativas de crecimiento implica un riesgo de reducción de las expectativas de ingresos públicos; si esto es así, el Presupuesto de Egresos requiere ajustes inmediatos, si no se quiere alterar el equilibrio fiscal de las finanzas públicas.
En ese sentido, la turbulencia económica y financiera que se está viviendo en Estados Unidos y que es, de acuerdo con George Soros, la más severa que se ha tenido desde cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, tendrá necesariamente efectos sobre nuestra economía y nuestras capacidades para enfrentar rezagos y retos mayores.
Uno de los temas que no se ha discutido con suficiencia es cómo la política social se adecuará ante esta turbulencia económica y cómo se va a lograr mantener los objetivos y las metas planteadas por la actual administración, en materia de desarrollo social y combate a la pobreza, cuando éstas se encuentran directamente relacionadas con el crecimiento económico, de acuerdo con lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Social.
Según estos documentos, uno de los objetivos del desarrollo social consiste en reducir 30% el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro país. Sin embargo, esto sólo podría lograrse en la medida en que nuestra economía lograra crecer al menos a un ritmo de 3.5% anual.
Pero México creció, según las estimaciones publicadas recientemente, apenas 3% en 2007, y las expectativas de crecimiento del Banco de México para 2008 fueron ajustadas con el fin de prever un crecimiento entre 2.5 y 2.8%, dato que coincide con las proyecciones hace poco presentadas por la Secretaría de Hacienda.
De esta forma, lo que debe venir son acciones determinantes para evitar reducir las metas sociales; lo que implica incluir una serie de medidas emergentes que permitan intensificar lo hasta ahora logrado a fin de conseguir las metas, de por sí mínimas, sostenidas públicamente por la Secretaría de Desarrollo Social.
En esa lógica, el Poder Legislativo deberá estar vigilante de que, ante un año electoral en el que se juega la mayoría en la Cámara de Diputados, se pretenda generar acciones de alta visibilidad y rentabilidad política, pero que en poco abonen a la protección y la generación de bienestar de los más pobres.
Estas cuestiones deben preocuparnos a todos y ratifican lo que muchos hemos venido sosteniendo desde hace ya varios años: es necesario replantear nuestra política social y, sobre todo, urge volver a plantear sus objetivos, a fin de conseguir orientarla hacia la disminución de la desigualdad y, desde luego, a la reducción inmediata de las condiciones de pobreza en que viven millones de mexicanos.
Debe insistirse, pues, en que es éticamente inaceptable que, ante las dificultades económicas, el gobierno intente reducir sus metas sociales o bien pretenda que con sólo mantener los presupuestos y los programas actuales se logrará revertir la inequidad, la pobreza y la marginación que siguen campeando en todo el territorio nacional.
Al respecto, debe considerarse que en este 2008 se llevará a cabo el levantamiento de una encuesta que va a intentar medir, por primera vez, de manera multivariable, la pobreza de nuestro país. Es de esperar que las dimensiones y la profundidad de lo que conocemos se agudice y tengamos datos mucho más cercanos a los niveles de profundidad y complejidad que implica la pobreza actual en nuestro país.
Continuar asumiendo que es nada más mediante la asistencia social como se logrará abatir la desigualdad, implica una pobreza conceptual mayor y eso es lo que transmina el actual Programa Sectorial de Desarrollo Social: confusiones sobre asuntos elementales que van, desde no diferenciar entre un objetivo, una meta y una estrategia, hasta dimensiones mayores, como asumir que el desarrollo social consiste en únicamente garantizar ingresos monetarios mínimos para los más pobres.
México requiere otra política social y, con miras a poder construirla, hace falta inicialmente la voluntad de generar un proceso político de alcances mayores, con el fin de revisar nuestros arreglos sociales y generar nuevas instituciones capaces de concretarlos. Y esto implica una dimensión también mayor en la concepción de aquello que se puede conseguir mediante la reforma del Estado.
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