Mario Luis Fuentes
Excélsior
Excélsior
Lunes 14 de abril de 2008
Uno de los temas globales de mayor dimensión es el del hambre. A pesar de su relevancia, es una categoría que poco se ha discutido en México, en sus implicaciones éticas, económicas y sociales. El hambre es una condición atroz en que viven millones de personas tanto en nuestro país como en el resto de América Latina y en el Caribe, y es preciso erradicarla.
De acuerdo con la FAO, entre 1996 —año en que se realizó la Cumbre Mundial de la Alimentación— y 2003, América Latina avanzó por debajo de la media requerida para llegar a la reducción de la mitad de personas subnutridas en el año 2015.
Aun cuando nuestro país ha presentado algunos avances, la falta de crecimiento económico y el déficit permanente en la generación de empleos dignos han provocado que tengamos progresos sumamente lentos en la reducción de la pobreza y el hambre. En el período 2000-2003, la FAO muestra que porcentualmente teníamos más pobres y personas hambrientas que en 1993; y las proyecciones hacia 2015 muestran que las metas en materia de reducción del número de pobres y de personas hambrientas están en riesgo.
Lo mismo ocurre en el resto de América Latina, tema que debe preocuparnos en dos dimensiones. La primera, por motivos obvios, en el terreno de la ética: nadie puede ser indiferente o permanecer inmutable ante el hambre de un ser humano. La segunda, por cuestiones de política pública y capacidades de desarrollo, pues, ante las condiciones imperantes en la zona, la migración permanecerá creciente al menos hasta 2012, y sus efectos para México y el resto de América Latina todavía no pueden ser conocidos en toda su complejidad y en los dilemas que implica.
Aunado a la pobreza, debe considerarse que hay factores no ponderados que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las personas y de los países. Así está ocurriendo ahora, cuando los precios internacionales de los alimentos se han incrementado y cuyos efectos en las naciones pobres han sido inmediatos. En Haití y Egipto hay nuevos disturbios provocados por la escasez y se teme que los avances logrados en diez años se habrán perdido en unos cuantos meses de inflación y precios altos.
De acuerdo con el Banco Mundial, el costo de la producción de los alimentos se disparó en los últimos tres años 83%, con casos alarmantes como el del trigo, el cual en el mismo periodo incrementó sus costos 183%, y las previsiones existentes permiten afirmar que los precios se mantendrán crecientes en 2008 y 2009, con la advertencia extra del Banco Mundial de que no regresarán a los niveles de 2004, sino hasta aproximadamente en 2015.
Debe asumirse que hay un proceso de pérdida de productividad de numerosos países, incluido el nuestro, debido al cambio climático y, frente a ello, es evidente que los estados cuentan con limitadas capacidades de intervención para regular, o al menos atemperar, los efectos de mercados desiguales que, por si fuera poco, están comenzando a determinarse por una nueva dinámica de “países acaparadores” de productos básicos.
Esta realidad debe llevarnos a retomar la que ha sido una evidencia de siempre: la enorme fragilidad y vulnerabilidad del sector rural en México, el cual no sólo padece el abandono, la insuficiencia de los apoyos y los recursos para su mecanización o la precariedad de los subsidios que se le destinan, sino también el desmantelamiento de la mayoría de los mecanismos de apoyo a distribución, comercialización y abasto de las comunidades más pobres y aisladas del país, que son precisamente en donde más hambre existe y a donde aún ahora no llegan los principales programas sociales y de combate a la pobreza.
Queda claro que nuestro país carece de una estrategia integral de seguridad alimentaria, y es preciso abordarla a fin de desarrollar las capacidades para enfrentar los efectos del cambio climático y la pérdida de productividad de inmensas regiones, lo cual evidentemente, profundiza nuestra vulnerabilidad frente al incremento de los precios de los alimentos, además de los altísimos que tienen los energéticos, los cuales son indispensables para la producción agrícola.
Frente a todo lo anterior, es preciso insistir en que el problema del hambre no puede ignorarse u obviarse por las urgencias impuestas debido a la agenda de la coyuntura; la persistencia del hambre no puede justificarse de ningún modo en nuestras sociedades y erradicarla en el corto plazo es un compromiso ineludible para nuestro Estado.
Uno de los temas globales de mayor dimensión es el del hambre. A pesar de su relevancia, es una categoría que poco se ha discutido en México, en sus implicaciones éticas, económicas y sociales. El hambre es una condición atroz en que viven millones de personas tanto en nuestro país como en el resto de América Latina y en el Caribe, y es preciso erradicarla.
De acuerdo con la FAO, entre 1996 —año en que se realizó la Cumbre Mundial de la Alimentación— y 2003, América Latina avanzó por debajo de la media requerida para llegar a la reducción de la mitad de personas subnutridas en el año 2015.
Aun cuando nuestro país ha presentado algunos avances, la falta de crecimiento económico y el déficit permanente en la generación de empleos dignos han provocado que tengamos progresos sumamente lentos en la reducción de la pobreza y el hambre. En el período 2000-2003, la FAO muestra que porcentualmente teníamos más pobres y personas hambrientas que en 1993; y las proyecciones hacia 2015 muestran que las metas en materia de reducción del número de pobres y de personas hambrientas están en riesgo.
Lo mismo ocurre en el resto de América Latina, tema que debe preocuparnos en dos dimensiones. La primera, por motivos obvios, en el terreno de la ética: nadie puede ser indiferente o permanecer inmutable ante el hambre de un ser humano. La segunda, por cuestiones de política pública y capacidades de desarrollo, pues, ante las condiciones imperantes en la zona, la migración permanecerá creciente al menos hasta 2012, y sus efectos para México y el resto de América Latina todavía no pueden ser conocidos en toda su complejidad y en los dilemas que implica.
Aunado a la pobreza, debe considerarse que hay factores no ponderados que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las personas y de los países. Así está ocurriendo ahora, cuando los precios internacionales de los alimentos se han incrementado y cuyos efectos en las naciones pobres han sido inmediatos. En Haití y Egipto hay nuevos disturbios provocados por la escasez y se teme que los avances logrados en diez años se habrán perdido en unos cuantos meses de inflación y precios altos.
De acuerdo con el Banco Mundial, el costo de la producción de los alimentos se disparó en los últimos tres años 83%, con casos alarmantes como el del trigo, el cual en el mismo periodo incrementó sus costos 183%, y las previsiones existentes permiten afirmar que los precios se mantendrán crecientes en 2008 y 2009, con la advertencia extra del Banco Mundial de que no regresarán a los niveles de 2004, sino hasta aproximadamente en 2015.
Debe asumirse que hay un proceso de pérdida de productividad de numerosos países, incluido el nuestro, debido al cambio climático y, frente a ello, es evidente que los estados cuentan con limitadas capacidades de intervención para regular, o al menos atemperar, los efectos de mercados desiguales que, por si fuera poco, están comenzando a determinarse por una nueva dinámica de “países acaparadores” de productos básicos.
Esta realidad debe llevarnos a retomar la que ha sido una evidencia de siempre: la enorme fragilidad y vulnerabilidad del sector rural en México, el cual no sólo padece el abandono, la insuficiencia de los apoyos y los recursos para su mecanización o la precariedad de los subsidios que se le destinan, sino también el desmantelamiento de la mayoría de los mecanismos de apoyo a distribución, comercialización y abasto de las comunidades más pobres y aisladas del país, que son precisamente en donde más hambre existe y a donde aún ahora no llegan los principales programas sociales y de combate a la pobreza.
Queda claro que nuestro país carece de una estrategia integral de seguridad alimentaria, y es preciso abordarla a fin de desarrollar las capacidades para enfrentar los efectos del cambio climático y la pérdida de productividad de inmensas regiones, lo cual evidentemente, profundiza nuestra vulnerabilidad frente al incremento de los precios de los alimentos, además de los altísimos que tienen los energéticos, los cuales son indispensables para la producción agrícola.
Frente a todo lo anterior, es preciso insistir en que el problema del hambre no puede ignorarse u obviarse por las urgencias impuestas debido a la agenda de la coyuntura; la persistencia del hambre no puede justificarse de ningún modo en nuestras sociedades y erradicarla en el corto plazo es un compromiso ineludible para nuestro Estado.
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