Mario Luis Fuentes
Lunes 26 de mayo de 2008
El desempeño de las instituciones depende en buena medida de la disponibilidad de información y datos para tomar decisiones, valorar circunstancias y dimensionar la complejidad de los problemas y los riesgos sociales a que se enfrentan las poblaciones. En ese sentido, es preciso señalar que en México existe un gran cúmulo de información sobre lo social, así como una importante experiencia acumulada en los últimos 20 años en la generación de estadística básica.
Pero debe destacarse también que falta mucho por construir y la información disponible no es suficiente aún para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre en torno a la cuestión social. No contamos, por ejemplo, con información desagregada lo suficiente por entidades en materia de adicciones y consumo de sustancias adictivas o desnutrición y obesidad; no existe públicamente un indicador actualizado de mortalidad materna, desagregado al nivel municipal, y los datos sobre mortalidad en los municipios datan de 2005.
El Censo Agropecuario aún no ha dado a conocer sus resultados definitivos y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) no la ha publicada el INEGI, encuesta sumamente necesaria para el conocimiento de los patrones migratorios, la composición poblacional en los estados y otros fenómenos relacionados con la movilidad y la dinámica demográfica de nuestro país.
A lo anterior debe agregarse el enorme déficit que enfrentamos en la generación de información de calidad de los gobiernos estatales y los municipales. Desde esa perspectiva, preocupa que, en distintos ámbitos, las estadísticas sociales que reportan las entidades no coinciden con la información vertida por las dependencias federales. Así, es común encontrar porcentajes de cobertura en vacunación, de cobertura y calidad educativa o de avances en índices de marginación reportados por las entidades, que no coinciden con los datos de los informes oficiales de las dependencias federales coordinadoras de Sectores.
Un caso mayor que puede ilustrar la complejidad y las dimensiones de esta problemática es la reciente corrección que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de registro de empleos, a través de la cual se detectó que se habían contabilizado más empleos formales de los que realmente se habían creado y que fueron reportados en los últimos años.
La cuestión para destacar es que el IMSS ha sido durante décadas el referente en la medición del empleo formal y, por ello, de la calidad del crecimiento económico en México y, si un error de esta magnitud pudo ocurrir en una dependencia con tal relevancia, el cuestionamiento obligado es qué está sucediendo con otros sistemas de información y si realmente podemos asumir que contamos con registros adecuados sobre nuestros problemas sociales más elementales.
En esa lógica, es importante aclarar si en efecto se trata sólo de un error de método y sistema o, por el contrario, es una estrategia de manipulación de los datos, a fin de presentar resultados a los que se pretende capitalizar políticamente.
Otro de los temas pendientes en la discusión política en México es precisamente cómo asegurar que la información de lo social no sea “dosificada” o “administrada” en función de los calendarios electorales y, en ese sentido, que no sea manipulada con fines políticos, pues lo que está detrás es la posibilidad de diseñar políticas públicas con la capacidad de cumplir con los derechos humanos y sociales de todos.
En función de lo anterior, debe decirse que la reforma social del Estado necesita pasar forzosamente por la reforma de los sistemas de construcción estadística, que abonen al pleno cumplimiento del derecho a la información que nos garantiza a todos el texto constitucional y, en esa medida, sumar a la responsabilidad que tienen los gobiernos de actuar con transparencia y apegados a estrictos criterios de rendición de cuentas.
Es un hecho, entonces, que esta realidad debe obligar a los gobiernos, en todos sus diversos órdenes, a evaluar sus sistemas de información, a conciliar datos y cifras y a avanzar hacia la construcción de criterios uniformes con miras a la generación de indicadores.
La estadística social es indispensable no sólo para la construcción de las políticas, sino con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa avances y retrocesos. Un ejercicio de esta naturaleza corresponde a un régimen plenamente democrático y es evidente que en nuestro país este es un ámbito en el que aún hay muchos saldos pendientes de cubrir.
El desempeño de las instituciones depende en buena medida de la disponibilidad de información y datos para tomar decisiones, valorar circunstancias y dimensionar la complejidad de los problemas y los riesgos sociales a que se enfrentan las poblaciones. En ese sentido, es preciso señalar que en México existe un gran cúmulo de información sobre lo social, así como una importante experiencia acumulada en los últimos 20 años en la generación de estadística básica.
Pero debe destacarse también que falta mucho por construir y la información disponible no es suficiente aún para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre en torno a la cuestión social. No contamos, por ejemplo, con información desagregada lo suficiente por entidades en materia de adicciones y consumo de sustancias adictivas o desnutrición y obesidad; no existe públicamente un indicador actualizado de mortalidad materna, desagregado al nivel municipal, y los datos sobre mortalidad en los municipios datan de 2005.
El Censo Agropecuario aún no ha dado a conocer sus resultados definitivos y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) no la ha publicada el INEGI, encuesta sumamente necesaria para el conocimiento de los patrones migratorios, la composición poblacional en los estados y otros fenómenos relacionados con la movilidad y la dinámica demográfica de nuestro país.
A lo anterior debe agregarse el enorme déficit que enfrentamos en la generación de información de calidad de los gobiernos estatales y los municipales. Desde esa perspectiva, preocupa que, en distintos ámbitos, las estadísticas sociales que reportan las entidades no coinciden con la información vertida por las dependencias federales. Así, es común encontrar porcentajes de cobertura en vacunación, de cobertura y calidad educativa o de avances en índices de marginación reportados por las entidades, que no coinciden con los datos de los informes oficiales de las dependencias federales coordinadoras de Sectores.
Un caso mayor que puede ilustrar la complejidad y las dimensiones de esta problemática es la reciente corrección que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de registro de empleos, a través de la cual se detectó que se habían contabilizado más empleos formales de los que realmente se habían creado y que fueron reportados en los últimos años.
La cuestión para destacar es que el IMSS ha sido durante décadas el referente en la medición del empleo formal y, por ello, de la calidad del crecimiento económico en México y, si un error de esta magnitud pudo ocurrir en una dependencia con tal relevancia, el cuestionamiento obligado es qué está sucediendo con otros sistemas de información y si realmente podemos asumir que contamos con registros adecuados sobre nuestros problemas sociales más elementales.
En esa lógica, es importante aclarar si en efecto se trata sólo de un error de método y sistema o, por el contrario, es una estrategia de manipulación de los datos, a fin de presentar resultados a los que se pretende capitalizar políticamente.
Otro de los temas pendientes en la discusión política en México es precisamente cómo asegurar que la información de lo social no sea “dosificada” o “administrada” en función de los calendarios electorales y, en ese sentido, que no sea manipulada con fines políticos, pues lo que está detrás es la posibilidad de diseñar políticas públicas con la capacidad de cumplir con los derechos humanos y sociales de todos.
En función de lo anterior, debe decirse que la reforma social del Estado necesita pasar forzosamente por la reforma de los sistemas de construcción estadística, que abonen al pleno cumplimiento del derecho a la información que nos garantiza a todos el texto constitucional y, en esa medida, sumar a la responsabilidad que tienen los gobiernos de actuar con transparencia y apegados a estrictos criterios de rendición de cuentas.
Es un hecho, entonces, que esta realidad debe obligar a los gobiernos, en todos sus diversos órdenes, a evaluar sus sistemas de información, a conciliar datos y cifras y a avanzar hacia la construcción de criterios uniformes con miras a la generación de indicadores.
La estadística social es indispensable no sólo para la construcción de las políticas, sino con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa avances y retrocesos. Un ejercicio de esta naturaleza corresponde a un régimen plenamente democrático y es evidente que en nuestro país este es un ámbito en el que aún hay muchos saldos pendientes de cubrir.
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