Mario Luis Fuentes
Lunes 05 de mayo de 2008
El gobierno federal ha anunciado una nueva estrategia para agrupar sus programas sociales, bajo un “paraguas” comunicativo que busca sobre todo darle mayor presencia y visibilidad pública a los programas con que hoy ya cuenta, a los cuales añadirá algunas acciones complementarias para intentar llegar a quienes hoy no reciben ninguno o limitados apoyos públicos.
Aún cuando es de destacarse el hecho de que esta nueva estrategia parte del reconocimiento de que los programas federales están desarticulados, y que es necesario integrarlos para lograr una mejor focalización y alcance de los recursos destinados al combate a la pobreza, no se alcanzan a distinguir en los anuncios hechos, los mecanismos de coordinación e integración de la enorme oferta de programas que existen en lo social, y que van desde las transferencias monetarias a los más pobres, hasta recursos y estímulos a la producción agrícola, la capacitación para el empleo, y en general todos los programas dirigidos a la generación del bienestar de la población.
Debe destacarse demás que, aún cuando la nueva estrategia del gobierno plantea la vinculación de la política social con la económica, no logra articular una propuesta clara para enfrentar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, lo cual implicaría como base una reforma fiscal y laboral que permita contar con los recursos para la reconstrucción de un Estado social capaz de garantizar redes de protección permanentes para todos.
A ello habría que agregar que la nueva estrategia social anunciada no asume que en los últimos 10 años se han generado programas propios en las 32 entidades y en los municipios más grandes del país, los cuales se han generado desde distintas visiones y perspectivas, y con los que se busca en casi todos los casos transferir recursos económicos para enfrentar limitadamente riesgos y circunstancias de vulnerabilidad, y con los que se busca diseñar identidades y clientelas y políticas locales.
Esta estrategia deberá abordar el reto sobre cómo articular los recursos del gobierno federal, con este “mosaico” de propuestas locales, que sin duda abonan a la dispersión y la descoordinación de los programas sociales, y que obligan a superar la cuestión de cómo orientar y darle sentido a la acción que se realiza para atender a los más pobres, desde los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, debe reconocerse que a seis meses de que inicie formalmente un nuevo año electoral, cualquier movimiento o decisión que implique tocar o darle mayor visibilidad a los programas sociales, lleva a la generación de sospechas sobre la posibilidad de que la intención del gobierno sea potenciar la rentabilidad política de los programas y acciones que tiene la responsabilidad de operar.
A estas dificultades debe agregarse el hecho de que la violencia generalizada que se vive en todo el país está afectando hábitos, costumbres y percepciones sobre las relaciones sociales; y que la presencia policiaca y de efectivos del ejército patrullando ciudades, calles y carreteras puede alterar capacidades para la participación, la organización y la cooperación de las personas.
Esta nueva estrategia gubernamental deberá asumir que hay fenómenos como la migración, que obligan a pensar en nuevos esquemas y reglas de operación de los programas de transferencias monetarias; sobre todo en la definición de criterios para definir tiempos para la permanencia, ingreso y exclusión de sus beneficiarios.
Otro de los retos que enfrentará esta estrategia es el enorme peso burocrático-sindical existente en las principales dependencias responsables de la garantía de los derechos sociales, lo que vuelve sumamente complicado, en su operación, el desarrollo de mecanismos de convergencia, suma de recursos y de capacidades para potenciar la presencia y los beneficios que pueden generarse en el despliegue de los programas sociales.
Finalmente, en el fondo de esta discusión sobre lo social lo que se encuentra es el debate no abordado suficientemente sobre los arreglos políticos fundamentales que nos dan cohesión y sentido de nación, los cuales, lamentablemente, parece que están pensándose sólo en función de los probables resultados electorales del 2009 y no de las ingentes necesidades que existen en el país.
México requiere de la reconstrucción de nuestros principales pactos, lo cual requiere de consensos políticos previos de alcances mayores, que nos lleven a la redefinición de las estructuras jurídicas, políticas e institucionales que nos han impedido hasta hoy superar la desigualdad.
El gobierno federal ha anunciado una nueva estrategia para agrupar sus programas sociales, bajo un “paraguas” comunicativo que busca sobre todo darle mayor presencia y visibilidad pública a los programas con que hoy ya cuenta, a los cuales añadirá algunas acciones complementarias para intentar llegar a quienes hoy no reciben ninguno o limitados apoyos públicos.
Aún cuando es de destacarse el hecho de que esta nueva estrategia parte del reconocimiento de que los programas federales están desarticulados, y que es necesario integrarlos para lograr una mejor focalización y alcance de los recursos destinados al combate a la pobreza, no se alcanzan a distinguir en los anuncios hechos, los mecanismos de coordinación e integración de la enorme oferta de programas que existen en lo social, y que van desde las transferencias monetarias a los más pobres, hasta recursos y estímulos a la producción agrícola, la capacitación para el empleo, y en general todos los programas dirigidos a la generación del bienestar de la población.
Debe destacarse demás que, aún cuando la nueva estrategia del gobierno plantea la vinculación de la política social con la económica, no logra articular una propuesta clara para enfrentar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, lo cual implicaría como base una reforma fiscal y laboral que permita contar con los recursos para la reconstrucción de un Estado social capaz de garantizar redes de protección permanentes para todos.
A ello habría que agregar que la nueva estrategia social anunciada no asume que en los últimos 10 años se han generado programas propios en las 32 entidades y en los municipios más grandes del país, los cuales se han generado desde distintas visiones y perspectivas, y con los que se busca en casi todos los casos transferir recursos económicos para enfrentar limitadamente riesgos y circunstancias de vulnerabilidad, y con los que se busca diseñar identidades y clientelas y políticas locales.
Esta estrategia deberá abordar el reto sobre cómo articular los recursos del gobierno federal, con este “mosaico” de propuestas locales, que sin duda abonan a la dispersión y la descoordinación de los programas sociales, y que obligan a superar la cuestión de cómo orientar y darle sentido a la acción que se realiza para atender a los más pobres, desde los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, debe reconocerse que a seis meses de que inicie formalmente un nuevo año electoral, cualquier movimiento o decisión que implique tocar o darle mayor visibilidad a los programas sociales, lleva a la generación de sospechas sobre la posibilidad de que la intención del gobierno sea potenciar la rentabilidad política de los programas y acciones que tiene la responsabilidad de operar.
A estas dificultades debe agregarse el hecho de que la violencia generalizada que se vive en todo el país está afectando hábitos, costumbres y percepciones sobre las relaciones sociales; y que la presencia policiaca y de efectivos del ejército patrullando ciudades, calles y carreteras puede alterar capacidades para la participación, la organización y la cooperación de las personas.
Esta nueva estrategia gubernamental deberá asumir que hay fenómenos como la migración, que obligan a pensar en nuevos esquemas y reglas de operación de los programas de transferencias monetarias; sobre todo en la definición de criterios para definir tiempos para la permanencia, ingreso y exclusión de sus beneficiarios.
Otro de los retos que enfrentará esta estrategia es el enorme peso burocrático-sindical existente en las principales dependencias responsables de la garantía de los derechos sociales, lo que vuelve sumamente complicado, en su operación, el desarrollo de mecanismos de convergencia, suma de recursos y de capacidades para potenciar la presencia y los beneficios que pueden generarse en el despliegue de los programas sociales.
Finalmente, en el fondo de esta discusión sobre lo social lo que se encuentra es el debate no abordado suficientemente sobre los arreglos políticos fundamentales que nos dan cohesión y sentido de nación, los cuales, lamentablemente, parece que están pensándose sólo en función de los probables resultados electorales del 2009 y no de las ingentes necesidades que existen en el país.
México requiere de la reconstrucción de nuestros principales pactos, lo cual requiere de consensos políticos previos de alcances mayores, que nos lleven a la redefinición de las estructuras jurídicas, políticas e institucionales que nos han impedido hasta hoy superar la desigualdad.
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