La crisis de la violencia

Mario Luis Fuentes

Lunes 11 de agosto de 2008

Una crisis social generada por la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es siempre una crisis de las instituciones del Estado. Hoy vivimos una realmente profunda, porque no sólo implica que el crimen organizado ha decidido combatir frontalmente a las instituciones públicas, sino que las ha penetrado y pareciera que en muchos sentidos las ha rebasado en su capacidad organizativa y de inteligencia.

La noción de la delincuencia es, en esa lógica, antitética de cualquier concepción que se tenga del Estado. Quien delinque infringe a la ley y si esto es así viola el pacto fundamental que da origen y legitimidad a la autoridad del Estado, cuyo deber fundamental consiste en proteger a los ciudadanos y garantizar el pleno cumplimiento que el orden jurídico establece como de observancia obligatoria para todos.

Debe entenderse, en consecuencia, que la delincuencia del orden común, es decir, la que tiene como origen el conflicto entre individuos (personal, de intereses, pasionales incluso), constituye un atentado al orden social; empero, la delincuencia organizada atenta además contra el principio organizativo básico de las instituciones y del Estado. Busca socavar el orden legal e instituirse como fuente de la dominación y del ejercicio de la autoridad.

De ahí la gravedad del escenario de violencia que estamos viviendo, pues la delincuencia ha decidido salir, del ámbito de la clandestinidad, para asumir un protagonismo público de terror, en una actitud francamente hostil en contra de todas las instituciones de seguridad pública e incluso de nuestras Fuerzas Armadas.

El impacto mayor, obvia decirlo, es siempre para los más frágiles y vulnerables, pues son niñas, niños y mujeres quienes en mayor medida han pagado los costos de esta violencia que ya, puede decirse, tiene un carácter generalizado y extendido a prácticamente todo el territorio del país y con presencia en todas las esferas de la vida social.

La revelación de la encuesta recientemente presentada por la Subsecretaría de Educación Media Superior, en el sentido de que más de 40% de los jóvenes sabe que alguno de sus compañeros lleva armas a su escuela, debe tomarse como un dato sintomático de la presencia y la penetración que ha tenido ya el crimen en todos los ámbitos de la vida pública, sobre todo porque casi la mitad de los encuestados respondieron conocer a “alguien muy cercano” que consume drogas.

De acuerdo con los datos disponibles sobre violencia, un alto porcentaje de accidentes, homicidios, riñas, daños y lesiones, tanto en la vía pública como en los hogares, están directamente relacionados con el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, y se ha documentado que la violencia contra los niños, en los hogares, proviene en más de 40% de madres que en su niñez o en la juventud sufrieron violencia sicológica, sexual o física.

Con estos datos, asumir que el panorama de violencia que enfrentamos es un asunto exclusivamente delincuencial y de corrupción policiaca implica un despropósito mayor y un riesgo para todos, pues es urgente, y esto quiere decir ya, una transformación en el modelo de desarrollo con que contamos y, sobre todo, un cambio radical en lo que estamos entendiendo por el “bienestar”.

He insistido constantemente en que la violencia es un tema de la mayor centralidad en el diseño de las políticas sociales y, hoy, ni las procuradurías ni las instancias de defensa de los derechos humanos ni las dependencias gubernamentales están suficientemente preparadas para dar respuesta a un fenómeno que ya nos desbordó y exige intervenciones de alto impacto y de mucha celeridad en su eficacia, para revertir, o al menos contener, los problemas que se suscitan en torno a la violencia, las relaciones sociales y la expresión más cruda del desorden en que vivimos, que se manifiesta sobre todo en la delincuencia común y, desde luego, en sus versiones organizadas.

Hoy es necesaria una nueva política social que tenga como principales objetivos lo que he sostenido en distintas ocasiones: cohesión social, enfrentar la inequidad, lograr la inclusión de todas y todos, reducir las desigualdades regionales y las disparidades entre los individuos y formar una nueva ciudadanía que nos dé la posibilidad de cimentar un nuevo orden social alejado de la violencia, el crimen y la violación constante al Estado de derecho.

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