Mario Luis Fuentes
Lunes 25 de agosto de 2008
México vive en un extravío de proyecto y de visión de largo plazo. Los intentos más recientes para evitarlo no han pasado de meros ejercicios retóricos basados más en frases efectistas que en propuestas sólidas con evidencia científica, por un lado y, por el otro, en una dimensión clara de país y de los significados que transporta la idea de la nación. En este extravío, se han soslayado los ideales y renunciado a la posibilidad de imaginar nuevos referentes y significados, para dotar a las instituciones de capacidades con el fin de avanzar al pleno cumplimiento de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.
No hay duda de que nuestro principal saldo se encuentra en lo social y, sin embargo, ha sido el ámbito con menor énfasis en los debates públicos recientes. En efecto, se sigue percibiendo a lo social como “la imagen positiva” del gobierno; considerando que lo importante está en la generación de la infraestructura física para que, por sí sola, ésta y el mercado logren generar los empleos y la dinámica económica necesarios para lograr mejores niveles de vida.
Esta visión es equívoca, pues la concepción sobre qué políticas y qué estructura programática se requiere para superar a la pobreza y la desigualdad, debería estar antecedida por la pregunta de qué instituciones y marcos jurídicos deben orientar y regular a los gobiernos.
De ahí la importancia de pensar nuevamente estos problemas desde la perspectiva de la economía política. Cuando Marx escribió su Contribución a la crítica de la economía política, no sólo aportó elementos imprescindibles para la comprensión del funcionamiento del sistema económico de su tiempo, sino además consolidó un diseño conceptual que valdría la pena rescatar para pensar nuestra época y nuestras dinámicas sociales y económicas.
Sí, Marx contribuyó a subvertir el “orden del discurso” de los liberales, principalmente de Smith y Ricardo y, desde la dialéctica, nos permitió percibir que el funcionamiento del capital tiene poderosos anclajes en la política y en el poder del Estado. Si se asume esta tesis, bien valdría la pena discernir si el retiro que ha habido de la política en las decisiones económicas fundamentales para el desarrollo no es uno de los mayores problemas que enfrentamos.
Es cierto que el desempeño de las instituciones económicas actuales requiere autonomía con respecto al “voluntarismo” de los gobernantes y que hay ámbitos que no pueden estar sujetos al arbitrio de la percepción de los gobiernos. Así, el control de la inflación, la movilidad del tipo de cambio, el control de la balanza comercial, entre otros, decisiones que deben estar sujetas a la evidencia científica.
Pero hay áreas estratégicas para el Estado, que no pueden dejarse o bien al libre juego de las fuerzas del mercado o cederse sin más a la inversión privada. Esto, porque el método de la economía política nos permite entender que hay ámbitos de justicia que no pueden dejarse al libre juego económico. Y estas áreas tienen relación, desde las capacidades recaudatorias hasta el control del capitalismo voraz actual.
Así, la educación, la salud y la seguridad alimentaria son tres ejemplos de espacios en los que el Estado no puede sólo llamar a la retirada. Así también, los órganos de control institucional relacionados con la competencia, la protección de los consumidores, el control de los servicios financieros o cuestiones estratégicas relacionadas con las telecomunicaciones y los desarrollos científicos, técnicos e informáticos.
Pensar a nuestro país en estos temas, desde la perspectiva de la economía política, nos obligaría a modificar estructuras institucionales y marcos jurídicos, aun en contra de los intereses de facto que hoy controlan a una buena parte del aparato público y son algo responsables, en buena medida, de la desigualdad actual.
Pensar a México desde la economía política implicaría de hecho atacar de manera frontal a corrupción e impunidad y, en ese sentido, garantizar ámbitos de competitividad para el fomento de la inversión en un clima de paz social, que hoy no puede entenderse sin garantías de seguridad pública mayores. La economía política permitiría replantear las tesis del desarrollo que hoy son dominantes y replantear el modelo de bienestar, poniendo énfasis en la generación de empleos dignos y en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social integral para garantizar mínimos tendientes a dotar, a las personas y a sus familiares, de bienes y servicios que lleguen incluso a los ámbitos de las necesidades subjetivas y la salud mental de todos.
México no puede seguir sin rumbo y sin una noción clara del futuro y de la nación que pretendemos ser en el siglo XXI. Para ello es necesario repensarnos y la economía política, junto con otras perspectivas, pueden ayudarnos a replantearnos la pregunta fundamental que se hacen y deben plantearse constantemente los pueblos: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
http://www.exonline.com.mx
México vive en un extravío de proyecto y de visión de largo plazo. Los intentos más recientes para evitarlo no han pasado de meros ejercicios retóricos basados más en frases efectistas que en propuestas sólidas con evidencia científica, por un lado y, por el otro, en una dimensión clara de país y de los significados que transporta la idea de la nación. En este extravío, se han soslayado los ideales y renunciado a la posibilidad de imaginar nuevos referentes y significados, para dotar a las instituciones de capacidades con el fin de avanzar al pleno cumplimiento de los derechos humanos y sociales de los mexicanos.
No hay duda de que nuestro principal saldo se encuentra en lo social y, sin embargo, ha sido el ámbito con menor énfasis en los debates públicos recientes. En efecto, se sigue percibiendo a lo social como “la imagen positiva” del gobierno; considerando que lo importante está en la generación de la infraestructura física para que, por sí sola, ésta y el mercado logren generar los empleos y la dinámica económica necesarios para lograr mejores niveles de vida.
Esta visión es equívoca, pues la concepción sobre qué políticas y qué estructura programática se requiere para superar a la pobreza y la desigualdad, debería estar antecedida por la pregunta de qué instituciones y marcos jurídicos deben orientar y regular a los gobiernos.
De ahí la importancia de pensar nuevamente estos problemas desde la perspectiva de la economía política. Cuando Marx escribió su Contribución a la crítica de la economía política, no sólo aportó elementos imprescindibles para la comprensión del funcionamiento del sistema económico de su tiempo, sino además consolidó un diseño conceptual que valdría la pena rescatar para pensar nuestra época y nuestras dinámicas sociales y económicas.
Sí, Marx contribuyó a subvertir el “orden del discurso” de los liberales, principalmente de Smith y Ricardo y, desde la dialéctica, nos permitió percibir que el funcionamiento del capital tiene poderosos anclajes en la política y en el poder del Estado. Si se asume esta tesis, bien valdría la pena discernir si el retiro que ha habido de la política en las decisiones económicas fundamentales para el desarrollo no es uno de los mayores problemas que enfrentamos.
Es cierto que el desempeño de las instituciones económicas actuales requiere autonomía con respecto al “voluntarismo” de los gobernantes y que hay ámbitos que no pueden estar sujetos al arbitrio de la percepción de los gobiernos. Así, el control de la inflación, la movilidad del tipo de cambio, el control de la balanza comercial, entre otros, decisiones que deben estar sujetas a la evidencia científica.
Pero hay áreas estratégicas para el Estado, que no pueden dejarse o bien al libre juego de las fuerzas del mercado o cederse sin más a la inversión privada. Esto, porque el método de la economía política nos permite entender que hay ámbitos de justicia que no pueden dejarse al libre juego económico. Y estas áreas tienen relación, desde las capacidades recaudatorias hasta el control del capitalismo voraz actual.
Así, la educación, la salud y la seguridad alimentaria son tres ejemplos de espacios en los que el Estado no puede sólo llamar a la retirada. Así también, los órganos de control institucional relacionados con la competencia, la protección de los consumidores, el control de los servicios financieros o cuestiones estratégicas relacionadas con las telecomunicaciones y los desarrollos científicos, técnicos e informáticos.
Pensar a nuestro país en estos temas, desde la perspectiva de la economía política, nos obligaría a modificar estructuras institucionales y marcos jurídicos, aun en contra de los intereses de facto que hoy controlan a una buena parte del aparato público y son algo responsables, en buena medida, de la desigualdad actual.
Pensar a México desde la economía política implicaría de hecho atacar de manera frontal a corrupción e impunidad y, en ese sentido, garantizar ámbitos de competitividad para el fomento de la inversión en un clima de paz social, que hoy no puede entenderse sin garantías de seguridad pública mayores. La economía política permitiría replantear las tesis del desarrollo que hoy son dominantes y replantear el modelo de bienestar, poniendo énfasis en la generación de empleos dignos y en el fortalecimiento de un sistema de seguridad social integral para garantizar mínimos tendientes a dotar, a las personas y a sus familiares, de bienes y servicios que lleguen incluso a los ámbitos de las necesidades subjetivas y la salud mental de todos.
México no puede seguir sin rumbo y sin una noción clara del futuro y de la nación que pretendemos ser en el siglo XXI. Para ello es necesario repensarnos y la economía política, junto con otras perspectivas, pueden ayudarnos a replantearnos la pregunta fundamental que se hacen y deben plantearse constantemente los pueblos: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
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