Mario Luis Fuentes
Lunes 18 de agosto de 2008
El debate sobre la reforma energética en el Senado nos deja varias lecciones. Una, que es posible construir espacios para debatir ideas, aun de posiciones divergentes, sobre temas prioritarios para el país.
Es el segundo debate importante de los últimos años en México. El primero fue el elaborado para discutir la Reforma del Estado y que permitió plantear diversas iniciativas que ya fueron aprobadas por el Congreso.
Las dos experiencias debieran servir de base para una metodología de diálogo nacional, que abra la posibilidad con el fin de que expertos, académicos, ex funcionarios y quienes acrediten conocer materias prioritarias para el Estado, aporten elementos de juicio que fortalezcan las posiciones y los argumentos de quienes deben decidir en el Congreso y en el Ejecutivo.
Quizás una de las mayores carencias de nuestra democracia es la ausencia de procedimientos institucionalizados para el diálogo y la garantía de que las decisiones públicas se basen en el mejor argumento, y en todos los casos, en el criterio fundamental del interés superior de la nación. Y es en medio de la carencia de esos métodos, como estas experiencias toman un sentido mayor para el acercamiento de posiciones pero, sobre todo, el destrabar la parálisis de inteligencia en la que vive nuestro país.
Debe destacarse, en esa lógica, que concluidos los tiempos fijados para la Reforma del Estado, quedó pendiente una vez más discutir la cuestión social y cómo generar un nuevo entramado jurídico-institucional para la equidad, la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de todos.
Sin duda, en México hay distintas visiones en disputa en torno a cuál es la visión de país en aras de lograr la inclusión, construir una nueva ciudadanía y erradicar exclusión, discriminación y violencia social. Y es en esa lógica como urge construir un método similar al usado para debatir las iniciativas de la reforma energética y plantear una profunda reforma a todo el marco jurídico de lo social.
Debe insistirse en que las leyes generales de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y la de Planeación Democrática, deben armonizarse en sus contenidos, instrumentos y alcances y, con ellos, las demás normas relacionadas con temas prioritarios para el desarrollo del país y que van, desde la asistencia social y la prevención de las adicciones, hasta la generación de capacidades productivas y la reactivación de sectores económicos marginados.
Ante esta necesidad, debe reconocerse también que aún no sabemos cómo resolver muchos de los dilemas sociales que enfrentamos y es, en ese sentido, donde se han encontrado severas dificultades para impulsar una reforma social de largo alcance. Empero, estas dificultades deben llevarnos a un intenso diálogo nacional y al planteamiento de una comisión plural para el desarrollo de la reforma social del Estado mexicano, en la cual tengan cabida todas las visiones y las posiciones teóricas y políticas del país.
Hay suficiente evidencia empírica para asumir que, en buena medida, el desempleo, la desigualdad y la pobreza tienen sus más férreos anclajes en el entramado institucional y en el marco jurídico que le da sustento. Hay igualmente evidencia en torno a que la pobreza y la desigualdad son determinantes de la pérdida de la “competitividad-país”, del estancamiento del desarrollo humano y económico y de la imposibilidad de ampliar nuestras libertades en un marco de instituciones plenamente democráticas.
Si esto es así, no hay ningún argumento válido ni suficiente para continuar posponiendo la reforma social del Estado mexicano, la cual, me atrevo a sostener, es de igual y quizá de mayor importancia que la reforma que se está impulsando para Pemex. Esto es así, porque el desarrollo económico y el humano de México no pueden depender exclusivamente de los ingresos de la renta petrolera, sino de un sistema institucional que permita generar empleos dignos para todos, que nos den a la vez una base gravable mucho más amplia, la cual debe tener un doble efecto: la ampliación de las instituciones de seguridad social, así como un carácter redistributivo que permita reducir la desigualdad prevaleciente hoy.
Por todo lo anterior, es deseable que en el Congreso de la Unión pueda percibirse la importancia que tiene para México una reforma social de esta índole y, sobre todo, es exigible que se inicie en lo inmediato una transformación de nuestras instituciones sociales, pues nunca estará de más insistir en que nuestro futuro es lo que está en juego.
De no avanzar en esta reforma, esta Legislatura tendrá como uno de sus principales saldos negativos, el haber carecido de la visión necesaria para sentar las bases con miras a un México mucho más justo e incluyente, en particular de los más pobres y de los mayormente excluidos.
El debate sobre la reforma energética en el Senado nos deja varias lecciones. Una, que es posible construir espacios para debatir ideas, aun de posiciones divergentes, sobre temas prioritarios para el país.
Es el segundo debate importante de los últimos años en México. El primero fue el elaborado para discutir la Reforma del Estado y que permitió plantear diversas iniciativas que ya fueron aprobadas por el Congreso.
Las dos experiencias debieran servir de base para una metodología de diálogo nacional, que abra la posibilidad con el fin de que expertos, académicos, ex funcionarios y quienes acrediten conocer materias prioritarias para el Estado, aporten elementos de juicio que fortalezcan las posiciones y los argumentos de quienes deben decidir en el Congreso y en el Ejecutivo.
Quizás una de las mayores carencias de nuestra democracia es la ausencia de procedimientos institucionalizados para el diálogo y la garantía de que las decisiones públicas se basen en el mejor argumento, y en todos los casos, en el criterio fundamental del interés superior de la nación. Y es en medio de la carencia de esos métodos, como estas experiencias toman un sentido mayor para el acercamiento de posiciones pero, sobre todo, el destrabar la parálisis de inteligencia en la que vive nuestro país.
Debe destacarse, en esa lógica, que concluidos los tiempos fijados para la Reforma del Estado, quedó pendiente una vez más discutir la cuestión social y cómo generar un nuevo entramado jurídico-institucional para la equidad, la justicia social y el cumplimiento de los derechos humanos y sociales de todos.
Sin duda, en México hay distintas visiones en disputa en torno a cuál es la visión de país en aras de lograr la inclusión, construir una nueva ciudadanía y erradicar exclusión, discriminación y violencia social. Y es en esa lógica como urge construir un método similar al usado para debatir las iniciativas de la reforma energética y plantear una profunda reforma a todo el marco jurídico de lo social.
Debe insistirse en que las leyes generales de Desarrollo Social, de Salud, de Educación y la de Planeación Democrática, deben armonizarse en sus contenidos, instrumentos y alcances y, con ellos, las demás normas relacionadas con temas prioritarios para el desarrollo del país y que van, desde la asistencia social y la prevención de las adicciones, hasta la generación de capacidades productivas y la reactivación de sectores económicos marginados.
Ante esta necesidad, debe reconocerse también que aún no sabemos cómo resolver muchos de los dilemas sociales que enfrentamos y es, en ese sentido, donde se han encontrado severas dificultades para impulsar una reforma social de largo alcance. Empero, estas dificultades deben llevarnos a un intenso diálogo nacional y al planteamiento de una comisión plural para el desarrollo de la reforma social del Estado mexicano, en la cual tengan cabida todas las visiones y las posiciones teóricas y políticas del país.
Hay suficiente evidencia empírica para asumir que, en buena medida, el desempleo, la desigualdad y la pobreza tienen sus más férreos anclajes en el entramado institucional y en el marco jurídico que le da sustento. Hay igualmente evidencia en torno a que la pobreza y la desigualdad son determinantes de la pérdida de la “competitividad-país”, del estancamiento del desarrollo humano y económico y de la imposibilidad de ampliar nuestras libertades en un marco de instituciones plenamente democráticas.
Si esto es así, no hay ningún argumento válido ni suficiente para continuar posponiendo la reforma social del Estado mexicano, la cual, me atrevo a sostener, es de igual y quizá de mayor importancia que la reforma que se está impulsando para Pemex. Esto es así, porque el desarrollo económico y el humano de México no pueden depender exclusivamente de los ingresos de la renta petrolera, sino de un sistema institucional que permita generar empleos dignos para todos, que nos den a la vez una base gravable mucho más amplia, la cual debe tener un doble efecto: la ampliación de las instituciones de seguridad social, así como un carácter redistributivo que permita reducir la desigualdad prevaleciente hoy.
Por todo lo anterior, es deseable que en el Congreso de la Unión pueda percibirse la importancia que tiene para México una reforma social de esta índole y, sobre todo, es exigible que se inicie en lo inmediato una transformación de nuestras instituciones sociales, pues nunca estará de más insistir en que nuestro futuro es lo que está en juego.
De no avanzar en esta reforma, esta Legislatura tendrá como uno de sus principales saldos negativos, el haber carecido de la visión necesaria para sentar las bases con miras a un México mucho más justo e incluyente, en particular de los más pobres y de los mayormente excluidos.
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