Un débil control del gobierno
Lunes 16 de marzo de 2009
La Auditoría Superior de la Federación entregó esta semana el Informe Final respecto de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2007. En el informe se encuentran desde cuestiones que señalan los resultados “sin observaciones” de la auditoría realizada a diversos programas, hasta solicitudes de fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de dependencias o funcionarios que, de acuerdo con el Informe, incumplieron con las responsabilidades que la ley les asigna.
Como cada año, el debate se centra en torno a las escandalosas cifras que en diversas áreas se presentan en materia de subejercicios o desvío de recursos; sin embargo, esta discusión ha dejado pendiente durante muchos años la cuestión relativa a un asunto fundamental para el Estado: el del control del gobierno.
Sin duda alguna, uno de los mecanismos de control del gobierno más eficaces que se han diseñado en las “democracias avanzadas” se centra particularmente en el control del Presupuesto, ámbito de relevancia para el Estado no sólo porque se trata de los recursos de todos los ciudadanos, sino porque se considera que es el principal instrumento de la política económica para generar equidad y redistribuir el ingreso.
Debe reconocerse que las facultades con las que hoy cuenta la Auditoría Superior de la Federación constituyen un importante avance en materia de rendición de cuentas y control gubernamental pero, al mismo tiempo, debe destacarse que muchas de sus recomendaciones no son vinculantes; que no cuenta con facultades para revisar todo el sistema de políticas públicas; que sus observaciones se emiten después de un año de haberse concluido el ejercicio fiscal en turno de análisis, y que no cuenta con los instrumentos para reorientar el gasto público cuando detecta desviaciones, ineficacia o irracionalidad en el diseño del presupuesto.
Esta semana, Carlos Rojas presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para regular y garantizar que los recursos públicos de la Federación sean ejercidos en tiempo y forma durante este 2009. Esta iniciativa revela la insuficiencia de los instrumentos con que contamos para garantizar la adecuada aplicación de los recursos gubernamentales pero, sobre todo, la debilidad estructural de las instituciones para que, sin afectar la capacidad operativa de las dependencias públicas, se pueda tener una adecuada supervisión y control del Presupuesto.
Otro punto en el que la citada iniciativa del diputado Carlos Rojas hace énfasis es en lo que muchos hemos insistido, desde hace más de cinco años: las Reglas de Operación de los Programas Públicos se han convertido en verdaderos galimatías que para ser interpretadas requieren “expertos”, lo que en lugar de hacerlas instrumentos que faciliten el acceso de la población a los programas a los que por ley tiene derecho, las ha convertido en poderosos instrumentos de control y en no pocos casos hasta de coyotaje para quienes las diseñan y operan.
A México le urge diseñar nuevos instrumentos para el control del gobierno, vía la transparencia, eficacia y racionalidad en el diseño y ejecución del Presupuesto. Sin duda alguna, este control pasa por el fortalecimiento del Congreso, no para que asuma las funciones de responsabilidad del gobierno y la administración pública que la Constitución claramente le asigna al Ejecutivo federal, sino para contar con los mecanismos de equilibrio y de vigilancia de que los recursos de todos se aplicarán efectivamente en beneficio de todos.
Un Congreso dentro de una democracia consolidada debe avanzar hacia su transformación responsable, y hacia la generación de capacidades para cumplir no sólo con lo que la Constitución le manda expresamente, sino para responder igualmente al espíritu del texto Constitucional, en el sentido de dotar al Legislativo de capacidades para el fortalecimiento, la garantía y el perfeccionamiento de las instituciones del Estado.
Controlar al gobierno por la vía de la fiscalización y la supervisión del Presupuesto es un asunto vital para nuestra democracia; nos ayudaría a redefinir el sentido de las políticas públicas, a incluir criterios transversales como la equidad de género o la protección de los derechos de los niños, entre muchos otros asuntos. Es de esperarse que esta sea una de las agendas prioritarias de los partidos políticos y que en la próxima Legislatura podamos construir, con base en un consenso, un sistema de vigilancia y control democrático del Presupuesto.
Lunes 16 de marzo de 2009
La Auditoría Superior de la Federación entregó esta semana el Informe Final respecto de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2007. En el informe se encuentran desde cuestiones que señalan los resultados “sin observaciones” de la auditoría realizada a diversos programas, hasta solicitudes de fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de dependencias o funcionarios que, de acuerdo con el Informe, incumplieron con las responsabilidades que la ley les asigna.
Como cada año, el debate se centra en torno a las escandalosas cifras que en diversas áreas se presentan en materia de subejercicios o desvío de recursos; sin embargo, esta discusión ha dejado pendiente durante muchos años la cuestión relativa a un asunto fundamental para el Estado: el del control del gobierno.
Sin duda alguna, uno de los mecanismos de control del gobierno más eficaces que se han diseñado en las “democracias avanzadas” se centra particularmente en el control del Presupuesto, ámbito de relevancia para el Estado no sólo porque se trata de los recursos de todos los ciudadanos, sino porque se considera que es el principal instrumento de la política económica para generar equidad y redistribuir el ingreso.
Debe reconocerse que las facultades con las que hoy cuenta la Auditoría Superior de la Federación constituyen un importante avance en materia de rendición de cuentas y control gubernamental pero, al mismo tiempo, debe destacarse que muchas de sus recomendaciones no son vinculantes; que no cuenta con facultades para revisar todo el sistema de políticas públicas; que sus observaciones se emiten después de un año de haberse concluido el ejercicio fiscal en turno de análisis, y que no cuenta con los instrumentos para reorientar el gasto público cuando detecta desviaciones, ineficacia o irracionalidad en el diseño del presupuesto.
Esta semana, Carlos Rojas presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para regular y garantizar que los recursos públicos de la Federación sean ejercidos en tiempo y forma durante este 2009. Esta iniciativa revela la insuficiencia de los instrumentos con que contamos para garantizar la adecuada aplicación de los recursos gubernamentales pero, sobre todo, la debilidad estructural de las instituciones para que, sin afectar la capacidad operativa de las dependencias públicas, se pueda tener una adecuada supervisión y control del Presupuesto.
Otro punto en el que la citada iniciativa del diputado Carlos Rojas hace énfasis es en lo que muchos hemos insistido, desde hace más de cinco años: las Reglas de Operación de los Programas Públicos se han convertido en verdaderos galimatías que para ser interpretadas requieren “expertos”, lo que en lugar de hacerlas instrumentos que faciliten el acceso de la población a los programas a los que por ley tiene derecho, las ha convertido en poderosos instrumentos de control y en no pocos casos hasta de coyotaje para quienes las diseñan y operan.
A México le urge diseñar nuevos instrumentos para el control del gobierno, vía la transparencia, eficacia y racionalidad en el diseño y ejecución del Presupuesto. Sin duda alguna, este control pasa por el fortalecimiento del Congreso, no para que asuma las funciones de responsabilidad del gobierno y la administración pública que la Constitución claramente le asigna al Ejecutivo federal, sino para contar con los mecanismos de equilibrio y de vigilancia de que los recursos de todos se aplicarán efectivamente en beneficio de todos.
Un Congreso dentro de una democracia consolidada debe avanzar hacia su transformación responsable, y hacia la generación de capacidades para cumplir no sólo con lo que la Constitución le manda expresamente, sino para responder igualmente al espíritu del texto Constitucional, en el sentido de dotar al Legislativo de capacidades para el fortalecimiento, la garantía y el perfeccionamiento de las instituciones del Estado.
Controlar al gobierno por la vía de la fiscalización y la supervisión del Presupuesto es un asunto vital para nuestra democracia; nos ayudaría a redefinir el sentido de las políticas públicas, a incluir criterios transversales como la equidad de género o la protección de los derechos de los niños, entre muchos otros asuntos. Es de esperarse que esta sea una de las agendas prioritarias de los partidos políticos y que en la próxima Legislatura podamos construir, con base en un consenso, un sistema de vigilancia y control democrático del Presupuesto.
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