Es la hora del Estado

Lunes 2 de marzo de 2009

La crisis económica mundial sigue su curso en medio de otras crisis paralelas: la ecológica, la política y hasta la de un modelo de civilización que, en su conjunto, ha extraviado justamente la ruta de “un hacia dónde” compartido por todos.

El ideal moderno de construir una sociedad universal para la libertad, la igualdad y la fraternidad está hecho añicos por una realidad que nos muestra un empobrecimiento masivo a escala planetaria: injusticias cotidianas contra los más desvalidos, devastación de culturas y lenguas autóctonas y un largo etcétera.

La primacía que se le dio al mercado como el principal regulador de la sociedad fue un equívoco, un profundo malentendido que llevó a la usurpación de los principales espacios de decisión del Estado por los dueños del dinero, que renunciaron y dieron la espalda al principio democrático de construir un gobierno en el que la participación de la mayoría velara por los intereses de todos.

Hoy nos debatimos en un profundo dilema sobre cómo restituir capacidades a los Estados, a fin de que no se vuelva a repetir una crisis como la que estamos encarando. Así, de que el fortalecimiento del Estado es urgente no hay ninguna duda, y hasta los más férreos liberales han reconocido que se equivocaron al considerar que el mercado tiene la capacidad de autorregularse y de generar equilibrios distributivos.

Aun cundo la nuestra es una de las 20 economías más grandes del planeta seguimos teniendo una posición periférica que nos sitúa en un dilema todavía mayor: seguir asumiendo modelos impuestos o sugeridos desde las esferas globales de toma de decisiones o, por el contrario, construir desde nuestro país una sólida propuesta de integración mundial, con base en principios definidos desde las necesidades y urgencias de nuestra población.

El conocimiento científico siempre ha sido capaz de explicarnos mucho de nuestros entornos, empero, por sí mismo, no da claridad moral ni tampoco puede ofrecernos solidez ética para tomar decisiones. Y eso es lo que hemos dejado de lado en las últimas décadas: asumimos un “sistema racional de decisiones económicas” y nos olvidamos de la primacía que debe dársele a los juicios éticos sobre qué tipo de sociedad queremos construir.

En ese sentido cobra una relevancia mayor la decisión que el Estado habrá de tomar en el caso de Banamex. Es así no sólo por la magnitud del capital involucrado en el caso, sino porque lo que se haga marcará la ruta que seguiremos en materia de capacidades estatales.

Si el Estado mexicano decide modificar la ley para permitir que Banamex siga formando parte de Citigroup, el mensaje que enviará la clase política será el de que al menos en México vamos a seguir legislando y, con ello, gobernando a favor del interés privado antes que del interés general de la sociedad. Y aquí no cabe presentar la perogrullada de que proteger a los bancos es proteger a la sociedad; voltear hacia Estados Unidos podría ayudar a clarificar un poco las ideas de quienes piensan así.

Esta es la hora del Estado y nuestras instituciones están a prueba. Modificar las leyes para beneficiar a unos resulta contrario al espíritu de nuestra Constitución: las leyes son generales y buscan establecer normas de actuación que rijan a todos, por lo que legislar para proteger intereses específicos, aun bajo el argumento de la “emergencia”, resulta a todas luces contrario al principio republicano de “una sola ley para toda la comunidad política”.

El asunto no es menor porque en próximas fechas, después de la decisión del gobierno estadunidense de tomar acciones de Citigroup, es probable que otros Estados, tanto en Europa como en Asia, asuman medidas similares y con ello afecten la situación jurídica de bancos que operan en nuestro territorio como filiales de las mayores compañías financieras globales.

México no puede asumir una vez más actuar sólo para salvar la coyuntura, por lo que es preciso entrar con arrojo y audacia —sobre todo, con inteligencia y con argumentos éticos de peso— en una profunda reforma que nos lleve, no sólo en el ámbito de la economía sino en todas las esferas de la vida pública, a restituir el afán constitucional de contar con un Estado social que a su vez pueda dar sustento a un país incluyente y generoso con todos, que ponga al centro de sus decisiones el objetivo de crecer permanentemente con equidad.