Lunes 27 de julio de 2009
La Ley General de Desarrollo Social, de 2004, ha significado importantes avances en protección de los derechos sociales. Por ejemplo, es el único dique con el que contamos para evitar que ocurra lo que en medio de otras crisis ha sido la fórmula favorita de los gobiernos: el recorte a los programas sociales, así como drásticas reducciones de presupuesto en áreas y sectores clave para la garantía de los derechos sociales.
En efecto, su artículo 18 establece que los montos presupuestales destinados al desarrollo social no podrán sufrir cambios, excepto en los casos que así lo determine la Cámara baja al aprobar el Presupuesto de Egresos, por lo que la mayor responsabilidad de los miembros de la nueva Legislatura, que empezará en septiembre, será salvaguardar al menos los mismos niveles de inversión social, en 2010, que los asignados en 2009.
Otro aporte está en su capítulo VI, titulado: De la definición y medición de la pobreza. En éste, le otorga al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social la facultad de establecer lineamientos y criterios para medir, identificar y definir a la pobreza.
Ese mismo establece que tales lineamientos y criterios son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social y que el Coneval deberá utilizar los datos generados por el INEGI. En esa lógica, la autonomía de gestión otorgada recientemente por el Congreso a este organismo resulta importante para garantizar la certeza, la cientificidad y la solidez técnica en la generación de datos, así como en su procesamiento y cálculo, de instancias como el Coneval.
De esta forma, lo que debe destacarse son los avances que ha tenido éste. Es un asunto mayor que, por primera vez, contemos con mediciones frecuentes que permiten evaluar a corto y mediano plazos el impacto de las políticas sociales en el bienestar y el cumplimiento de los derechos sociales de las personas.
En efecto, a partir de su creación, el Coneval generó los Mapas de la Pobreza, con base en la información del Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005; diseñó y construyó el Primer Índice de Rezago Social, actualizó los datos sobre pobreza con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, 2006 y, hace poco, con base en la misma Encuesta, la de 2008, nos ha informado las escalofriantes cifras de pobreza, medida por ingresos. En ese sentido, el Coneval ha iniciado también un proceso de evaluación de programas sociales sujetos a reglas de operación, cuyo informe lo divulgó en 2008.
Debe reconocerse que, en un contexto de recursos limitados, pero con base en el enorme talento de sus investigadores académicos, el Coneval se ha situado rápidamente como un órgano que, sin tener las atribuciones jurídicas suficientes, funciona casi como del Estado, más que como un organismo del gobierno federal.
Entonces, lo deseable es que la próxima Legislatura dé el paso en dos sentidos elementales para fortalecerlo. Uno, convertir al Coneval en un organismo del Estado que, más allá de la autonomía técnica y de gestión, permita fortalecer los procedimientos institucionales de control democrático del gobierno.
El otro, dotarlo de facultades para emitir recomendaciones de política pública que, sin invadir la facultad exclusiva que le da la Constitución al Ejecutivo para conducir el desarrollo y la planeación nacionales, permitan evitar desperdicio de recursos, dispersión de acciones, descoordinación de niveles y órganos de gobierno, así como garantizar la pertinencia de programas y recursos.
Sin duda, de esas evaluaciones, pueden derivarse recomendaciones vinculantes, con plazos y metas específicos, en mejoramiento, corrección o cambio de las políticas cuyo objetivo es generar el desarrollo social.
Esquemas similares deberán buscarse en las entidades, para contar con organismos con la capacidad y la dimensión ética suficientes y, así, evaluar y elaborar recomendaciones a las políticas estatales, y no generar organismos que se conviertan en espacios que busquen legitimar la acción gubernamental local.
En todo caso, urge avanzar en fortalecer nuestro entramado institucional para lo social y potenciar experiencias que, como la del Coneval, han mostrado hasta ahora ser eficaces.
Urge avanzar en fortalecer nuestro entramado institucional para lo social y potenciar experiencias que han mostrado hasta ahora ser eficaces.
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