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lunes, 7 de septiembre de 2009

Presentación del Primer Diagnóstico Nacional sobre Trata de Personas

Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de septiembre de 2009

El mal persiste en nuestras sociedades; no como categoría moral, sino como expresión de la perversidad humana. El mal radical se expresa en fenómenos extremos como el de la trata de personas.

El mal del que se habla aquí tiene una expresión dura en la realidad cotidiana que vivimos. Se trata de la capacidad de cientos de personas que actúan al amparo de la corrupción, la complicidad silenciosa de autoridades de todos los órdenes, la tolerancia social hacia nuevas y cada vez más cruentas formas de violencia.

La trata de personas es una de las expresiones más sofisticadas de estas nuevas formas del crimen. Sus mecanismos operativos van desde métodos como el enamoramiento o las falsas promesas, hasta la utilización de herramientas basadas en tecnologías como la del internet.

Puede sostenerse que la trata de personas es uno de los crímenes, no sólo más invisibles, sino de mayor infamia, porque implica la fractura de prácticamente todos los derechos humanos de quienes son sus víctimas.

Ante un crimen de esta magnitud, las Organizaciones de la Sociedad Civil, como CEIDAS, hemos asumido el liderazgo social y esta causa, para evitar que este crimen continúe.

Por ello, se ha construido el Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México que hoy presentamos la CNDH y CEIDAS, el cual pretende dar mayor visibilidad al tema y contribuir a situarlo como una agenda prioritaria en México.

Debe decirse que este Primer Diagnóstico Nacional es un instrumento que busca evidenciar los vacíos de información existentes y los rezagos estructurales que muestran la necesidad de hacer mucho más y más rápido en materia de prevención y erradicación de la trata de personas en México.

Lo que se busca es contribuir a detonar más acciones tanto de política pública, como en el ámbito jurídico, a fin de fortalecer el marco de protección de los derechos humanos en México.

En ese sentido, este Primer Diagnóstico Nacional pretende ser una plataforma de información que le permita a los Gobiernos estatales, organizaciones de la sociedad civil, al Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, los académicos y al público interesado, contar con mayores elementos sobre lo que se está haciendo en el país; y sobre todo, de lo que falta por hacer para proteger con mayor eficacia los derechos humanos, en especial de los grupos de población en mayores condiciones y circunstancias de vulnerabilidad.

El Diagnostico sostiene que las víctimas de la trata de personas provienen mayoritariamente de entornos de vulnerabilidad, lo que implica no sólo la fragilidad individual y familiar, sino también de la incapacidad de las instituciones para construir entornos protectores y de seguridad para proteger a quienes viven en mayor medida la posibilidad de sufrir daños, tanto en su persona, como en su salud mental.

El analfabetismo; la baja escolaridad; entornos de violencia, adicciones o abuso; la vida en las calles; el hambre; o hasta la inexistencia o deficiencia de los marcos jurídicos, son todos elementos que incrementan la posibilidad de que las personas se conviertan en víctimas de la trata de personas.

A fin de documentar las acciones en los gobiernos, CEIDAS, con el apoyo del Congreso, solicitó información relativa a la trata de personas, a los 32 gobiernos de las entidades federativas.

Con base en las respuestas que se obtuvieron, pudo documentarse que en el ámbito de las políticas públicas, el Gobierno federal y los Gobiernos estatales cuentan con programas con bajas capacidades para prevenir y combatir la trata de personas.

En materia de persecución del delito, al cierre de la edición del Informe no se había dictado ninguna sentencia condenatoria al amparo de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y sólo se habían iniciado 24 averiguaciones previas en el Ministerio Público Federal.

En el ámbito de la protección la mayoría de las acciones que se han llevado a cabo han sido iniciativa, mayoritariamente, de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en cuanto al refugio a las víctimas se refiere; asimismo, no se han presentado hasta el momento protocolos o procedimientos para la plena reintegración social de las víctimas, lo que limita la posibilidad de replicar modelos de atención a nivel nacional.

En este tema es importante destacar que aún con la reforma constitucional en materia judicial que se aprobó recientemente, no se ha construido un programa adecuado de protección a testigos en materia de persecución de la trata de personas.

Asimismo, se encuentran las paradojas de los gobiernos: que le asignan nuevas responsabilidades a las instituciones, sin dotarlas de los instrumentos y recursos para cumplirlas. Como caso paradigmático están los DIF estatales, a los que se les han asignado nuevas tareas para atender a víctimas del delito, sin dotarlos de personal, recursos y en ocasiones, incluso de las facultades jurídicas para intervenir adecuadamente.

En materia de prevención, se tiene registro sólo de campañas aisladas por parte del Gobierno Federal, y una vez más, organismos autónomos como la CNDH, o bien organizaciones de la sociedad civil, han sido quienes han propuesto en mayor medida, mecanismos de comunicación e información para alertar a la población sobre este pernicioso crimen.

El Diagnóstico muestra una enorme falta de coordinación interinstitucional; que no hay una política de concertación y coordinación entre la Federación, entidades y municipios, ni presupuestos asignados por ninguna autoridad para el cumplimiento de las responsabilidades que marca la Ley.

Los contenidos del Diagnóstico muestran por otra parte, que la trata de personas con fines de explotación laboral aún es muy poco visible en el país, y que poco se ha hecho para involucrar al sector privado en la prevención del delito, en la defensa de los derechos humanos y en desincentivar la explotación laboral.

A pesar del esfuerzo y de los avances jurídicos que se han impulsado desde el Congreso, la implementación de la Ley ha sido muy lenta. Por ello es importante destacar el liderazgo que el Senado de la República ha asumido en este tema, dando un seguimiento constante al tema; vigilando el grado de observancia de la Ley; así como promoviendo la difusión de la información disponible sobre la trata de personas, ya bien a través del Canal del Congreso, o incluso mediante la discusión y aprobación de relevantes Puntos de Acuerdo en la materia.

Con base en esta información, CEIDAS sostiene que el Gobierno mexicano ha fallado en la protección de los más vulnerables ante este crimen.

Los rezagos son evidentes, el reglamento de la Ley fue emitido sólo después de 4 Puntos de Acuerdo emitidos por ambas Cámaras del Congreso, y por la presión ejercida por numerosas organizaciones de la sociedad civil; la Comisión Intersecretarial que marca la Ley fue instalada apenas el pasado 20 de julio, más de 18 meses después de que fue promulgada la Ley; el Programa Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas, no se ha elaborado y la Fiscalía especializada para perseguir este delito no tiene titular.

Por su parte, en las entidades de la República se ha logrado avanzar muy poco en la creación de marcos jurídicos integrales para prevenir y sancionar este crimen, así como para proteger a sus víctimas. Sólo se tiene registro de 21 entidades que han modificado sus códigos penales para tipificar el delito de la trata de personas, de acuerdo al Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

México está atrapado en un doble problema con respecto a la trata de problemas: no se ha logrado combatir adecuadamente a las redes de delincuentes, debido a la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para perseguir e investigar los grupos criminales que operan en nuestro país y que, de acuerdo con las estimaciones más conservadoras, victimizan a más de 20 mil personas cada año.

En segundo lugar, no se han construido acciones para frenar la demanda, a la vista de las autoridades, bares, loncherías, estéticas, spas, table dance se promueve la explotación sexual sumada a la que se realiza vía internet y las páginas de los periódicos.

La venta de niñas y niños es una realidad lacerante; su explotación sexual es un acto aberrante que no puede ser tolerado; hay evidencia de que muchas playas mexicanas son escenario de turismo sexual, donde niños y niñas son consumidos ; los matrimonios forzados siguen realizándose en muchas comunidades; el trabajo infantil y la servidumbre domestica sigue siendo un fenómeno que se tolera y que provoca graves condiciones de vulnerabilidad para quienes se ven obligados a realizarlo; todo ello a la vista de todos nosotros.

No podemos seguir siendo un país que ante los fenómenos más crueles esquiva la mirada; y que no termina por asumir la construcción de un país de justicia en donde los derechos humanos son protegidos con toda la fuerza de las instituciones.

México no puede ser un país en el que los abusos son aceptados socialmente como parte de la vida y de nuestros escenarios cotidianos; y mucho menos un país en el que la corrupción y la búsqueda ilegal de ganancias se convierten en prácticas delictivas toleradas, por complicidad y omisión autoridades de todos los órdenes y niveles.

En síntesis:

El diagnostico que hoy presentamos la CNDH y CEIDAS hace énfasis en responder a la necesidad de:

Reconocer que como producto de la crisis económica y social por la que atravesamos, los fenómenos que generan vulnerabilidad se están recrudeciendo. Así, el crecimiento en la deserción escolar y el ausentismo escolar, en los niveles de pobreza, en los índices delictivos y de violencia, y en otros ámbitos sociales, pueden llevar a más personas a convertirse en víctimas de la explotación sexual, laboral o incluso a que más personas estén dispuestas a la venta de órganos o tejidos, a fin de obtener ingresos para la satisfacción de sus necesidades básicas.

De la urgencia de impulsar un intenso proceso de mejora al marco jurídico para la prevención y sanción de la trata de personas, así como promover la armonización nacional de los Códigos penales y de los mecanismos de restitución del daño, rehabilitación psicológica y plena reintegración social de las víctimas;

La necesidad de construir un marco de políticas públicas nacionales, estatales y municipales, que en un proceso de coordinación y concertación, se conviertan en un eje fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México, así como en la prevención del delito.
Y, la urgencia de colocar a la agenda de los derechos humanos al centro de todas las políticas públicas. En ese sentido es preciso insistir en que los derechos humanos de millones de mexicanos se ve amenazada por la pobreza, la desigualdad, la destrucción del empleo, la discriminación, la violencia, y la debilidad de nuestras instituciones de protección social.