¿Qué entendemos por pobreza?

Lunes, 21 de septiembre 2009

Las respuestas simples a este cuestionamiento pueden saltar de inmediato: se mide para determinar áreas de atención prioritaria.

La discusión sobre el paquete fiscal 2010, y en particular acerca del nuevo impuesto eufemísticamente llamado “contribución para el combate a la pobreza”, a través del cual pretende gravarse con 2% a los alimentos y las medicinas, está marcado por una trampa originaria que poco se ha hecho notar.

La trampa consiste en asumir que hay un consenso en torno a qué se entiende por pobreza y sobre los mecanismos más eficaces para combatirla y erradicarla. La visión dominante responde a una lógica de pensamiento lineal que concibe a la pobreza sólo como carencia de ingreso.

Y aquí se encuentra el primer problema. Una cosa es asumir que el indicador más importante con que se cuenta, debido a las insuficientes estadísticas sociales, es el del ingreso, y otra muy distinta asumir que la pobreza es sinónimo de recursos monetarios nulos o precarios. Así, desde esta perspectiva, resulta congruente plantear que es transfiriendo dinero a los pobres como se va a solucionar el problema.

Ocurrió, pues, que de pronto se dio por sentado que no era necesario llevar a cabo un debate a profundidad sobre qué es la pobreza y, con base en ello, determinar los instrumentos a través de los cuales puede estimársele o medírsele.

Esta cuestión lleva a la segunda trampa, y ésta consiste precisamente en que, si bien el Coneval ha avanzado aceleradamente en la construcción de indicadores, por otra parte no se ha generado un debate de fondo sobre una pregunta fundamental: ¿medir, para qué? Esto sin descontar que la Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la pobreza debe ser multidimensional. De llevarse a cabo un ejercicio así, se abriría la posibilidad de comenzar a romper el reduccionismo que implica el sólo ponderar el ingreso monetario.

Las respuestas simples a este cuestionamiento pueden saltar de inmediato se mide: para determinar áreas de atención prioritaria, conocer cuántas personas son susceptibles de convertirse en beneficiarios de los programas gubernamentales, así como determinar los montos presupuestales necesarios con el fin de atenderlos.

El problema aquí es que, como los criterios de medición se determinaron, una vez más, sobre el supuesto de que la pobreza es sinónimo de carencia de ingresos, se ha formado un círculo vicioso en el que, por no habernos hecho a tiempo las preguntas fundamentales, hemos estado en los últimos 20 años dando tumbos en el diseño de programas efectivos de combate a la pobreza.

La discusión que falta, entonces, sí tiene una vertiente conceptual y académica, pero es sobre todo un debate político de fondo que se ha rehuido, porque está claro que el sustrato de la pobreza que hoy vivimos porque la existencia de más de 50 millones de pobres resulta un problema de todos es la desigualdad y el incumplimiento de los derechos humanos, los cuales son producto de un régimen de privilegios y canonjías para quienes detentan el poder y, sobre todo, los poderes fácticos que operan en el país.

Debatir a fondo el tema de la pobreza implica afectar intereses. Y en buena medida es a ello que se puede atribuir la renuencia a generar un debate político que tenga como finalidad construir un país cimentado en la justicia.

La realidad inocultable de hoy es que hay 20 millones de personas con hambre, con quienes debemos ser solidarios urgentemente, por lo que imponerles un costo adicional de 2% a los alimentos y las medicinas, que ya de por sí hoy son caros, constituye un extravío que no se debe de permitir.

La realidad inocultable de hoy es que hay 20 millones de personas con hambre.

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