Lunes, 07 de septiembre 2009
Muchas voces hablando sobre el mismo tema no siempre clarifican las situaciones. Por el contrario, la saturación de mensajes puede llevarnos a la generación de distorsiones; cuando esto ocurre en política, antes que los acuerdos, lo que puede surgir es un mar de confusión que poco ayuda a la generación de las bases que urgen para reconstruir el pacto nacional.
Lo que el Informe de Gobierno originó fue un alud de declaraciones de los dirigentes y de los actores políticos más relevantes, la mayoría de ellas dirigidas a dar la bienvenida al mensaje presidencial y a las diez propuestas planteadas para impulsar las “reformas estructurales” que requiere el país.
Más allá de que el triunfalismo presidencial fue matizado en el discurso, lo cierto es que durante los días previos al Tercer Informe de Gobierno fuimos sorprendidos con una intensa campaña mediática que buscó a toda costa mostrar a un régimen preocupado por el ingreso y la seguridad de las familias.
Esta actitud del gobierno, de tratar de minimizar la magnitud de la crisis económica y social por la que atravesamos, es el primer elemento que genera un “ruido mayor” en la comunicación y en el diálogo público nacional. No se puede, por una parte, tratar de obtener rentabilidad política con la publicidad gubernamental y, por otra, ofrecer una nueva manera de construir negociaciones sobre puntos que no están en lo absoluto claros.
Lanzar una iniciativa con diez temas a través de los cuales se pretende iniciar la reconstrucción del país parece más un acto de campaña que un proceso acabado de operación política. En ese sentido, los gobiernos del PAN, en todos los niveles, llaman la atención por su reiterada actitud de creer que, con mencionar las cosas, éstas van a ocurrir o a desarrollarse de manera automática.
La voluntad política se traduce en esencia en intensos procesos de diálogo inteligente, en el que las partes generan acuerdos y consensos en torno a proyectos comunes, que nos pueden dar cohesión e identidad nacional.
El problema es que, a tres años de la actual administración, no queda claro cuál es el proyecto que se está impulsando. A este tipo de críticas se ha dado el argumento retórico de que “el proyecto es México”, sin detenerse a llenar de contenido a esta idea ni tampoco a darle nuevos significados a conceptos como la unidad y la conciliación nacional.
Es cierto, por otro lado, que el proyecto nacional está en nuestra Constitución Política. El asunto de fondo es que no hemos logrado que los gobiernos asuman que su responsabilidad fundamental es cumplir con las garantías que están ahí plasmadas, y que en todo caso la discusión que debe darse es cómo lograr que los gobiernos sean verdaderos garantes del orden constitucional y no sólo prestadores de servicios y administradores de los intereses creados por los poderes fácticos.
Octavio Paz, vale la pena repetirlo una y otra vez, nos advertía que México se encuentra en el riesgo de ver suplantadas sus instituciones por intereses ajenos al Estado. En ese sentido, el riesgo consiste en que haya una verdadera usurpación, no sólo de funciones y atribuciones, sino de la capacidad de orientar al Estado hacia la generación del bienestar colectivo.
Ahí es donde se encuentra la mayor confusión en estos momentos difíciles para la República. Ante la vaguedad de la propuesta gubernamental, los actores políticos responden con una retórica semejante, sin conocer siquiera los planteamientos específicos para llevar a cabo la instrumentación de los diez puntos presentados por el Presidente (y eso asumiendo que efectivamente son los diez temas que deberíamos asumir como prioritarios) y sin definir además un método específico para el debate sobre cómo construir un verdadero proyecto de integración nacional.
¿Por qué no transformar el primer punto de los diez planteados por el Presidente en una lucha contra la desigualdad, antes que contra la pobreza? ¿Por qué no plantear una reestructuración económica, diseñada para crecer con equidad y poniendo al centro la categoría del trabajo digno?
Debemos tener claridad de que, en la medida en que pase más tiempo sin definir el método de discusión nacional, sin clarificar los objetivos en el corto y el mediano plazos y sin reconocer que es urgente modificar el modelo de desarrollo del país, la confusión seguirá incrementándose y limitará con ello la posibilidad de construir los acuerdos que requerimos con urgencia para verdaderamente generar justicia social.
¿Por qué no plantear una reestructuración económica?
http://www.exonline.com.mx
Muchas voces hablando sobre el mismo tema no siempre clarifican las situaciones. Por el contrario, la saturación de mensajes puede llevarnos a la generación de distorsiones; cuando esto ocurre en política, antes que los acuerdos, lo que puede surgir es un mar de confusión que poco ayuda a la generación de las bases que urgen para reconstruir el pacto nacional.
Lo que el Informe de Gobierno originó fue un alud de declaraciones de los dirigentes y de los actores políticos más relevantes, la mayoría de ellas dirigidas a dar la bienvenida al mensaje presidencial y a las diez propuestas planteadas para impulsar las “reformas estructurales” que requiere el país.
Más allá de que el triunfalismo presidencial fue matizado en el discurso, lo cierto es que durante los días previos al Tercer Informe de Gobierno fuimos sorprendidos con una intensa campaña mediática que buscó a toda costa mostrar a un régimen preocupado por el ingreso y la seguridad de las familias.
Esta actitud del gobierno, de tratar de minimizar la magnitud de la crisis económica y social por la que atravesamos, es el primer elemento que genera un “ruido mayor” en la comunicación y en el diálogo público nacional. No se puede, por una parte, tratar de obtener rentabilidad política con la publicidad gubernamental y, por otra, ofrecer una nueva manera de construir negociaciones sobre puntos que no están en lo absoluto claros.
Lanzar una iniciativa con diez temas a través de los cuales se pretende iniciar la reconstrucción del país parece más un acto de campaña que un proceso acabado de operación política. En ese sentido, los gobiernos del PAN, en todos los niveles, llaman la atención por su reiterada actitud de creer que, con mencionar las cosas, éstas van a ocurrir o a desarrollarse de manera automática.
La voluntad política se traduce en esencia en intensos procesos de diálogo inteligente, en el que las partes generan acuerdos y consensos en torno a proyectos comunes, que nos pueden dar cohesión e identidad nacional.
El problema es que, a tres años de la actual administración, no queda claro cuál es el proyecto que se está impulsando. A este tipo de críticas se ha dado el argumento retórico de que “el proyecto es México”, sin detenerse a llenar de contenido a esta idea ni tampoco a darle nuevos significados a conceptos como la unidad y la conciliación nacional.
Es cierto, por otro lado, que el proyecto nacional está en nuestra Constitución Política. El asunto de fondo es que no hemos logrado que los gobiernos asuman que su responsabilidad fundamental es cumplir con las garantías que están ahí plasmadas, y que en todo caso la discusión que debe darse es cómo lograr que los gobiernos sean verdaderos garantes del orden constitucional y no sólo prestadores de servicios y administradores de los intereses creados por los poderes fácticos.
Octavio Paz, vale la pena repetirlo una y otra vez, nos advertía que México se encuentra en el riesgo de ver suplantadas sus instituciones por intereses ajenos al Estado. En ese sentido, el riesgo consiste en que haya una verdadera usurpación, no sólo de funciones y atribuciones, sino de la capacidad de orientar al Estado hacia la generación del bienestar colectivo.
Ahí es donde se encuentra la mayor confusión en estos momentos difíciles para la República. Ante la vaguedad de la propuesta gubernamental, los actores políticos responden con una retórica semejante, sin conocer siquiera los planteamientos específicos para llevar a cabo la instrumentación de los diez puntos presentados por el Presidente (y eso asumiendo que efectivamente son los diez temas que deberíamos asumir como prioritarios) y sin definir además un método específico para el debate sobre cómo construir un verdadero proyecto de integración nacional.
¿Por qué no transformar el primer punto de los diez planteados por el Presidente en una lucha contra la desigualdad, antes que contra la pobreza? ¿Por qué no plantear una reestructuración económica, diseñada para crecer con equidad y poniendo al centro la categoría del trabajo digno?
Debemos tener claridad de que, en la medida en que pase más tiempo sin definir el método de discusión nacional, sin clarificar los objetivos en el corto y el mediano plazos y sin reconocer que es urgente modificar el modelo de desarrollo del país, la confusión seguirá incrementándose y limitará con ello la posibilidad de construir los acuerdos que requerimos con urgencia para verdaderamente generar justicia social.
¿Por qué no plantear una reestructuración económica?
http://www.exonline.com.mx
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