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lunes, 28 de octubre de 2013

Reflexionar para reformar


 
La urgencia de transformar al país no debe llevarnos a tomar decisiones apresuradas, y por ello debemos ser capaces de construir un diálogo nacional.
Se encuentran en análisis en el Congreso de la Unión un conjunto de propuestas de reformas de gran calado en temas políticos y energéticos. En el primer rubro se plantea, en términos generales, crear un instituto electoral que organice y supervise todos los procesos electorales que se lleven a cabo en el país.
En materia energética se plantea un cambio en el régimen fiscal de Pemex, la cual sigue siendo una de las empresas petroleras más relevantes del mundo, así como en el contenido de los artículos 27 y 28 Constitucionales, con el propósito de permitir la participación del capital privado en la exploración y extracción de petróleo y gas.
El diagnóstico sobre ambos temas muestra, sin duda alguna, que las cosas no andan bien. La corrupción, el dinero ilícito en las campañas políticas, el uso de programas sociales para obtención de beneficios electorales, así como la “cooptación” de los órganos electorales estatales y municipales, han llevado a las y los expertos en la materia a plantear la necesidad de “centralizar” una vez más la conducción de las elecciones.
Por otro lado, la tendencia al agotamiento del petróleo en yacimientos como Cantarell, así como la insuficiente tecnología para la exploración en aguas profundas, ha llevado a numerosos analistas a sugerir que la solución se encuentra en la apertura del sector energético, y en consecuencia, a la necesidad de eliminar la rectoría estatal contemplada en la Constitución en esta materia.
El grupo de reflexión Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, integrado por el rector José Narro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Rolando Cordera, David Ibarra, Carlos Tello, Norma Samaniego y muchos otros destacados académicos, ha propuesto un documento en el cual se estipulan consideraciones de fondo sobre la reforma energética, haciendo énfasis en la necesidad de profundizar la reflexión sobre los alcances y las implicaciones que tendría que aprobar la iniciativa de reforma constitucional, tal como ha sido planteada.
Uno de los párrafos del documento mencionado sostiene: “La reforma debe garantizar la seguridad nacional, vincular la política energética  al fortalecimiento del aparato productivo y a un desarrollo tecnológico, regional e industrial que aproveche las capacidades nacionales”.
Como puede verse, la preocupación se encuentra en cómo darle viabilidad a una reforma que nos lleve a la construcción de un país con mucho más justicia social y niveles de bienestar dignos para todas las personas; es decir, cómo hacer que la riqueza nacional sirva efectivamente para atemperar las desigualdades y reducir aceleradamente la pobreza.
Lo que debe quedar claro es que las reformas que se aprueben en el Congreso deben ser congruentes con el nuevo paradigma constitucional en materia de derechos humanos; es decir, toda modificación constitucional o jurídica debería tener como objetivo dotar de nuevas capacidades al Estado mexicano para cumplir con el mandato del artículo primero constitucional, y en evidencia, con todo el catálogo de garantías sociales contenidas en la Carta Magna.
En todo caso, lo que debemos asumir es que la urgencia de transformar al país no debe llevarnos a tomar decisiones apresuradas, y por ello debemos ser capaces de construir un diálogo nacional que, ante la premura del tiempo, pueda llevar a cabo una reflexión basada en la templanza, es decir, en el buen juicio y con la altura de miras requerida para cimentar un nuevo Estado de bienestar.