Lunes 03 de marzo de 2008
La inequidad de género es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la garantía de la justicia social de cualquier sociedad. Hay muchas formas en las que la inequidad de género se manifiesta: la desigualdad en las oportunidades de acceso a bienes y servicios sociales; la subordinación en el interior de las familias; la desigualdad en el ingreso y en la distribución de los bienes y el patrimonio de las familias, entre otras más.
Sin embargo, la desigualdad y la inequidad entre los géneros pueden ser aún peores, cuando adoptan la forma de la violencia y, en muchos casos, violencia extrema que puede llegar a la violación sexual e incluso al asesinato o el intento de homicidio.
Estas afirmaciones resultarían exageradas de no ser por las estadísticas que hoy se conocen en nuestro país y que sin duda no alcanzan a reflejar la magnitud y la dimensión del problema de la violencia contra las mujeres y, en particular, contra las niñas y las adolescentes, quienes viven en contextos de constante agresión y maltrato por parte, en la mayoría de los casos, de miembros de su respectiva familia o de personas cercanas a ellas.
Frente a lo anterior, la campaña que dio inicio el pasado 25 de febrero, con el llamado del secretario general de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres, debería tener un significado mayor en el caso de nuestro país, más aún si se hace caso a los resultados, sólo por citar uno, de la más reciente Encuesta Nacional de la Dinámica en los Hogares (Endireh).
De acuerdo con el secretario general de la ONU, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia: agresiones físicas y golpes, violación sexual o asesinato, entre otros crímenes y delitos. En México los datos son todavía peores que los presentados como promedio mundial: la Endireh nos muestra que, al menos seis de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (el doble del promedio mundial) y México vive cada vez más casos en los que los derechos y la dignidad de miles de niñas y adolescentes se ven pisoteados por redes de tratantes y proxenetas que actúan con altos niveles de impunidad a lo largo y ancho del país.
Como cada año, se celebrará en México y en el resto del mundo el Día Internacional de las Mujeres el próximo sábado 8 de marzo. Así que debería hacerse eco del llamado del secretario general de la ONU y establecer metas precisas que, de acuerdo con su declaración del pasado 25 de febrero, deberán ser revisadas en 2010, ante la urgencia y la dimensión del reto que se enfrenta a fin de tener evaluaciones, en el corto plazo, que permitan poner fin a la violencia ejercida en todo el mundo en contra de las mujeres.
Sin duda, una de las grandes aportaciones de la Cumbre de Pekín estuvo en señalar que el problema de la inequidad de género compete tanto a hombres como a mujeres y que, en ese reconocimiento, los estados deberían desarrollar acciones para involucrar a cada vez más hombres en cursos, talleres de sensibilización y acciones afirmativas, con el fin de dar marcha atrás al machismo y otros atavismos culturales que frenan la construcción de una sociedad equitativa y justa.
En su llamado a combatir la violencia contra las mujeres, el secretario general retoma esta idea y enfatiza que es, sobre todo, a las autoridades de los estados, a quienes compete construir políticas de alcances mayores que contribuyan a terminar con la discriminación, la exclusión social y la violencia que sufren las mujeres, en especial la que tiene como origen precisamente la discriminación de género.
En esta tarea es indispensable también la participación de los medios de comunicación y de la iniciativa privada: los primeros, generando una oferta cultural y del entretenimiento que permita eliminar estereotipos, avance hacia la eliminación de la figura de la mujer como objeto sexual y promueva eficazmente los valores de la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el reconocimiento de las diferencias. Los segundos tienen la responsabilidad de avanzar hacia esquemas de contratación que no discriminen por género, reconozcan plenamente los derechos laborales de las mujeres y contribuyan a eliminar los obstáculos que impiden la participación de ellas en cargos directivos y de alta dirección en las empresas.
En esta tarea, los partidos políticos tienen aún enormes saldos, pues los porcentajes de participación política y de acceso de las mujeres a cargos de elección popular continúan siendo simplemente inaceptables.
Una sociedad libre de violencia contra las mujeres es posible; empero, los esfuerzos realizados hasta ahora resultan a todas luces insuficientes y es necesario que las autoridades del Estado contribuyan para generar las condiciones institucionales y programáticas con el fin de avanzar hacia una sociedad plenamente convivencial y sin violencia en contra de las mujeres.
La inequidad de género es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la garantía de la justicia social de cualquier sociedad. Hay muchas formas en las que la inequidad de género se manifiesta: la desigualdad en las oportunidades de acceso a bienes y servicios sociales; la subordinación en el interior de las familias; la desigualdad en el ingreso y en la distribución de los bienes y el patrimonio de las familias, entre otras más.
Sin embargo, la desigualdad y la inequidad entre los géneros pueden ser aún peores, cuando adoptan la forma de la violencia y, en muchos casos, violencia extrema que puede llegar a la violación sexual e incluso al asesinato o el intento de homicidio.
Estas afirmaciones resultarían exageradas de no ser por las estadísticas que hoy se conocen en nuestro país y que sin duda no alcanzan a reflejar la magnitud y la dimensión del problema de la violencia contra las mujeres y, en particular, contra las niñas y las adolescentes, quienes viven en contextos de constante agresión y maltrato por parte, en la mayoría de los casos, de miembros de su respectiva familia o de personas cercanas a ellas.
Frente a lo anterior, la campaña que dio inicio el pasado 25 de febrero, con el llamado del secretario general de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres, debería tener un significado mayor en el caso de nuestro país, más aún si se hace caso a los resultados, sólo por citar uno, de la más reciente Encuesta Nacional de la Dinámica en los Hogares (Endireh).
De acuerdo con el secretario general de la ONU, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia: agresiones físicas y golpes, violación sexual o asesinato, entre otros crímenes y delitos. En México los datos son todavía peores que los presentados como promedio mundial: la Endireh nos muestra que, al menos seis de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (el doble del promedio mundial) y México vive cada vez más casos en los que los derechos y la dignidad de miles de niñas y adolescentes se ven pisoteados por redes de tratantes y proxenetas que actúan con altos niveles de impunidad a lo largo y ancho del país.
Como cada año, se celebrará en México y en el resto del mundo el Día Internacional de las Mujeres el próximo sábado 8 de marzo. Así que debería hacerse eco del llamado del secretario general de la ONU y establecer metas precisas que, de acuerdo con su declaración del pasado 25 de febrero, deberán ser revisadas en 2010, ante la urgencia y la dimensión del reto que se enfrenta a fin de tener evaluaciones, en el corto plazo, que permitan poner fin a la violencia ejercida en todo el mundo en contra de las mujeres.
Sin duda, una de las grandes aportaciones de la Cumbre de Pekín estuvo en señalar que el problema de la inequidad de género compete tanto a hombres como a mujeres y que, en ese reconocimiento, los estados deberían desarrollar acciones para involucrar a cada vez más hombres en cursos, talleres de sensibilización y acciones afirmativas, con el fin de dar marcha atrás al machismo y otros atavismos culturales que frenan la construcción de una sociedad equitativa y justa.
En su llamado a combatir la violencia contra las mujeres, el secretario general retoma esta idea y enfatiza que es, sobre todo, a las autoridades de los estados, a quienes compete construir políticas de alcances mayores que contribuyan a terminar con la discriminación, la exclusión social y la violencia que sufren las mujeres, en especial la que tiene como origen precisamente la discriminación de género.
En esta tarea es indispensable también la participación de los medios de comunicación y de la iniciativa privada: los primeros, generando una oferta cultural y del entretenimiento que permita eliminar estereotipos, avance hacia la eliminación de la figura de la mujer como objeto sexual y promueva eficazmente los valores de la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el reconocimiento de las diferencias. Los segundos tienen la responsabilidad de avanzar hacia esquemas de contratación que no discriminen por género, reconozcan plenamente los derechos laborales de las mujeres y contribuyan a eliminar los obstáculos que impiden la participación de ellas en cargos directivos y de alta dirección en las empresas.
En esta tarea, los partidos políticos tienen aún enormes saldos, pues los porcentajes de participación política y de acceso de las mujeres a cargos de elección popular continúan siendo simplemente inaceptables.
Una sociedad libre de violencia contra las mujeres es posible; empero, los esfuerzos realizados hasta ahora resultan a todas luces insuficientes y es necesario que las autoridades del Estado contribuyan para generar las condiciones institucionales y programáticas con el fin de avanzar hacia una sociedad plenamente convivencial y sin violencia en contra de las mujeres.
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