Urge una nueva política para la niñez

Mario Luis Fuentes

Lunes 31 de marzo de 2008

México fue uno de los principales países promotores, junto con Egipto, de la realización de la Cumbre Mundial de la Infancia de 1989, gracias a la cual se logró la construcción de la Convención de los Derechos del Niño. Esta ha sido la Convención de más rápida aprobación y también de más rápida adhesión en la historia de las Naciones Unidas, por la mayoría de sus estados parte.

La Convención marcó un hito en materia de derechos de los niños, al romper con el paradigma dominante y pasar, de la llamada doctrina tutelar (en la que los niños son considerados sujetos dependientes totales de sus padres), a la doctrina de los derechos plenos, esto es, el reconocimiento de que los niños y las niñas son sujetos portadores plenos de derechos y, en consecuencia, de la responsabilidad de los estados, las sociedades y las familias, de proteger en todo momento el interés superior de la infancia.

Al ratificar la Convención, el Estado mexicano asumió un conjunto de responsabilidades que, de manera resumida, puede decirse que consisten en poner a los niños siempre primero; empero, debe señalarse que no se puede argumentar que, para el Estado, los niños son primero y, simultáneamente, dejar atrás a las políticas y el presupuesto.

A partir del año 2001, el gobierno federal decidió que la agenda de la niñez sería atendida por una nueva instancia, denominada Consejo Nacional para la Atención de la Niñez y la Adolescencia (COIA), cuya responsabilidad de coordinación recaería en la recientemente creada Comisión Nacional de Desarrollo Social. A la renuncia de ésta, se nombró una presidencia honoraria y el COIA, que bien a bien no había iniciado sus tareas, quedó a la deriva y con él la agenda de la infancia en nuestro país.

En esta administración no se conoce ningún informe oficial que dé cuenta de los avances y los retos que están pendientes en función del PAFI 2002-2010; ni tampoco se ha planteado su revisión, sobre todo ante la evidencia de que son las niñas y los niños de nuestro país quienes viven en mayor proporción y con mayor agudeza la pobreza y la desigualdad.

Es preocupante que en México no haya la posibilidad de conocer cuánto gasto estamos destinando para el cumplimiento de los derechos de los niños, sobre todo porque a un año y medio de esta administración no se ha dado a conocer cuáles son los lineamientos de la política para la infancia y la adolescencia.

Es inaceptable, en esa lógica, que en el apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se hayan cometido errores graves en la definición de acciones y estrategias, que llegan incluso a citar erróneamente el nombre de la Convención de los Derechos del Niño.
Es inaceptable también la pobreza de propuestas en las estrategias definidas para la atención de la niñez y la adolescencia y sorprende sobre todo la omisión de la mayoría de las recomendaciones del alto comisionado de los Derechos Humanos, que ya eran conocidas por el gobierno mexicano al momento de redactar el Plan.

El Informe del secretario general de la ONU sobre violencia contra los niños nos alerta de las proporciones de este fenómeno en nuestro país, pero sobre todo acerca de la enorme “tolerancia social” ante esta violencia, la cual se refleja en carencia de recursos, deficiencias graves en el acceso a oportunidades de salud, alimentación y educación y, en los casos más extremos, en la trata de seres humanos, la explotación sexual comercial e incluso el asesinato; fenómenos todos que nos sitúan como un país que, aun con los avances, continúa siendo altamente inapropiado para los niños.

Es inaceptable que una niña o un niño indígenas tengan tres veces menos probabilidades de ver cumplidos sus derechos, que una niña o un niño del Distrito Federal o Nuevo León; es inaceptable que en los municipios indígenas más pobres las niñas y los niños tengan una expectativa de vida que no rebasa los 55 años; es inaceptable que las niñas y los niños indígenas y los de las zonas rurales más pobres tengan hasta cinco veces más probabilidades de morir antes de los cinco años, que los niños y las niñas de las zonas urbanas con más alto desarrollo humano.

Es deseable que la próxima celebración del Día del Niño rebase con mucho los desayunos y los eventos para la fotografía oficial y se convierta en un punto de inflexión en lo relativo a construir una estrategia de alcances nacionales que permita resarcir los rezagos y el grado de incumplimiento de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños.

Por ello, habrá que cuestionar si la nueva política social que el presidente Calderón ha instruido que construya la Sedesol, avanzará en la inclusión de estas agendas, y habría que preguntar si esta nueva política se encaminará hacia un nuevo diseño institucional que permita atender integralmente los dilemas de la complejidad social que hoy nos abruma.