Mario Luis Fuentes
Lunes 24 de marzo de 2008
Vigilar, evaluar y cuando es necesario reformar y crear nuevos ordenamientos jurídicos son varias de las responsabilidades fundamentales del Estado y, como tales, tienen que asumirse con suma seriedad. Nada debe haber más importante para el Congreso y, por ello, es indispensable que podamos avanzar como país en la superación del rezago legislativo que se ha mantenido durante varios años.
A pesar de que en esta Legislatura se ha logrado aprobar reformas sustantivas, no se ha conseguido mantener la racionalidad del diálogo político con el fin de asumir la discusión de muchas de las agendas no abordadas, en medio de las disputas y las discusiones políticas de coyuntura.
Así pues, el rezago legislativo que tenemos es mayúsculo. No sólo en cuanto al número de iniciativas presentadas y que no han sido dictaminadas, sino sobre todo en temas sobre los que no se ha legislado de manera suficiente, más que nada en materia de derechos humanos y de la ampliación de las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales que se encuentran en distintas recomendaciones, acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha ratificado ante la comunidad internacional.
A lo anterior hay que agregar los estrechos márgenes de maniobra que el Ejecutivo se ha autoimpuesto en la determinación de las agendas prioritarias para el país y que, al menos por lo que puede percibirse públicamente, se reducen al combate al crimen organizado, a lograr la reforma energética y, sólo marginalmente, al crecimiento económico y el combate a la pobreza.
Esto ha derivado en la ausencia de interlocutores institucionales para que los distintos grupos sociales, organizados o no, puedan entablar discusiones que, en la lógica del diálogo y el acercamiento de las diferencias, permitan generar soluciones a los ingentes problemas que enfrentan día a día. Así el caso de los productores agrícolas o de los indígenas, por citar sólo dos ejemplos.
Hoy más que nunca, aprovechar el tiempo para la construcción de acuerdos políticos en el Congreso es sumamente valioso, en aras de poder incorporar temas de enorme urgencia para nuestro país: porque justo dentro de un año, seguramente estaremos atrapados una vez más en la disputa electoral, la que, es de esperarse, sea de más virulencia, en el afán de conseguir la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Estamos próximos, además, a que venza el plazo para que la Comisión Especial para la Reforma del Estado entregue sus resultados y habrá que esperar que tanto el Ejecutivo como los partidos asuman en su dimensión los límites y los alcances de las iniciativas que deberán presentarse como resultado de estos trabajos.
Lo que todo esto evidencia es la urgente necesidad de renovar las capacidades con que contamos para generar acuerdos políticos que nos lleven a una adecuada y suficiente incorporación de las agendas de lo social en el trabajo legislativo. Se trata, pues, de construir paquetes consensuados, que recuperen temas fundamentales, que bien pueden contribuir a generar mejores condiciones de diálogo parlamentario en otros asuntos.
En esa lógica, es indispensable que, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, tengan la capacidad de separar el debate político de la discusión técnico-racional en torno a asuntos que nos reclaman, a todos, acciones y medidas urgentes. La pobreza, la desigualdad y la frustración de millones de proyectos de vida no pueden esperar a que se resuelva el tema de la mayoría en el Congreso en 2009. Para ello falta mucho y los datos sociales existentes dan cuenta de la desesperación y la frustración de muchos jóvenes, para quienes es necesario construir las oportunidades y la posibilidad de un futuro de vida digno.
Ahora que se llegó a la mitad del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 2008 se está muy a tiempo para plantear una ruta crítica en la lógica mencionada. Los acuerdos que puedan construirse hoy, deben ser la base para que la disputa electoral que se avecina no genere más polarización, mayor encono y más división nacional. Y, sin duda alguna, avanzar a través de nuevos consensos en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos puede abonar a la certidumbre y a la estabilidad política requerida en nuestro país.
Lunes 24 de marzo de 2008
Vigilar, evaluar y cuando es necesario reformar y crear nuevos ordenamientos jurídicos son varias de las responsabilidades fundamentales del Estado y, como tales, tienen que asumirse con suma seriedad. Nada debe haber más importante para el Congreso y, por ello, es indispensable que podamos avanzar como país en la superación del rezago legislativo que se ha mantenido durante varios años.
A pesar de que en esta Legislatura se ha logrado aprobar reformas sustantivas, no se ha conseguido mantener la racionalidad del diálogo político con el fin de asumir la discusión de muchas de las agendas no abordadas, en medio de las disputas y las discusiones políticas de coyuntura.
Así pues, el rezago legislativo que tenemos es mayúsculo. No sólo en cuanto al número de iniciativas presentadas y que no han sido dictaminadas, sino sobre todo en temas sobre los que no se ha legislado de manera suficiente, más que nada en materia de derechos humanos y de la ampliación de las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales que se encuentran en distintas recomendaciones, acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha ratificado ante la comunidad internacional.
A lo anterior hay que agregar los estrechos márgenes de maniobra que el Ejecutivo se ha autoimpuesto en la determinación de las agendas prioritarias para el país y que, al menos por lo que puede percibirse públicamente, se reducen al combate al crimen organizado, a lograr la reforma energética y, sólo marginalmente, al crecimiento económico y el combate a la pobreza.
Esto ha derivado en la ausencia de interlocutores institucionales para que los distintos grupos sociales, organizados o no, puedan entablar discusiones que, en la lógica del diálogo y el acercamiento de las diferencias, permitan generar soluciones a los ingentes problemas que enfrentan día a día. Así el caso de los productores agrícolas o de los indígenas, por citar sólo dos ejemplos.
Hoy más que nunca, aprovechar el tiempo para la construcción de acuerdos políticos en el Congreso es sumamente valioso, en aras de poder incorporar temas de enorme urgencia para nuestro país: porque justo dentro de un año, seguramente estaremos atrapados una vez más en la disputa electoral, la que, es de esperarse, sea de más virulencia, en el afán de conseguir la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Estamos próximos, además, a que venza el plazo para que la Comisión Especial para la Reforma del Estado entregue sus resultados y habrá que esperar que tanto el Ejecutivo como los partidos asuman en su dimensión los límites y los alcances de las iniciativas que deberán presentarse como resultado de estos trabajos.
Lo que todo esto evidencia es la urgente necesidad de renovar las capacidades con que contamos para generar acuerdos políticos que nos lleven a una adecuada y suficiente incorporación de las agendas de lo social en el trabajo legislativo. Se trata, pues, de construir paquetes consensuados, que recuperen temas fundamentales, que bien pueden contribuir a generar mejores condiciones de diálogo parlamentario en otros asuntos.
En esa lógica, es indispensable que, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, tengan la capacidad de separar el debate político de la discusión técnico-racional en torno a asuntos que nos reclaman, a todos, acciones y medidas urgentes. La pobreza, la desigualdad y la frustración de millones de proyectos de vida no pueden esperar a que se resuelva el tema de la mayoría en el Congreso en 2009. Para ello falta mucho y los datos sociales existentes dan cuenta de la desesperación y la frustración de muchos jóvenes, para quienes es necesario construir las oportunidades y la posibilidad de un futuro de vida digno.
Ahora que se llegó a la mitad del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 2008 se está muy a tiempo para plantear una ruta crítica en la lógica mencionada. Los acuerdos que puedan construirse hoy, deben ser la base para que la disputa electoral que se avecina no genere más polarización, mayor encono y más división nacional. Y, sin duda alguna, avanzar a través de nuevos consensos en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos puede abonar a la certidumbre y a la estabilidad política requerida en nuestro país.
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