Mario Luis Fuentes
Lunes 09 de junio de 2008
Desde 2000, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene como mandato de su Congreso realizar un informe global sobre la trata de seres humanos. Este informe clasifica en cuatro categorías a los países que evalúa. En 2007, México se encontraba en la “Lista 2 de Observación” y este año está en la “Lista 2”, lo cual significa, desde la perspectiva del gobierno de EU, que hemos mejorado relativamente en algunos aspectos de la lucha contra la trata de personas.
La razón fundamental por la que se situó a México en esa nueva posición se debe fundamentalmente a la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2007.
No obstante lo anterior, el Informe sostiene una vez más que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para prevenir y combatir este crimen, así como proteger a sus víctimas. Además, que hay una política inadecuada en la sanción judicial de la trata de seres humanos y que faltan recursos para la investigación y capacitación en todo el sistema; destaca el Informe que aún hay muy pocas visas humanitarias para proteger a las víctimas de la trata y no existen esquemas institucionales eficaces para detectar a probables víctimas en las estaciones migratorias.
Asimismo, más allá de estas valoraciones es de destacarse el hecho de que el Informe de este año pone el énfasis en uno de los temas clave en el combate a la trata, al asumir el asunto desde la perspectiva del consumo y sostener que, mientras no se combata con eficacia la demanda existente por parte de los tratantes, la lucha contra este crimen va a seguir resultando insuficiente.
En esa lógica, debe considerarse que, por el grado de sofisticación de este crimen, son precisamente las personas de ingresos medios y altos quienes tienen acceso a los servicios de los tratantes, tanto en el ámbito de la explotación laboral forzosa como en el de la explotación sexual comercial. Convertir a una persona en víctima de trata no es sencillo: se requieren procesos complejos para llegar a la comisión de crímenes como la falsificación de documentos, el secuestro, el robo de identidad, la corrupción policiaca y de autoridades aduanales y de migración, complicidad y corrupción de autoridades locales que autorizan el funcionamiento de establecimientos “disfrazados” en los que se cometen muchos de los delitos relacionados con la explotación sexual comercial, corrupción y omisión de autoridades en la supervisión laboral y protección de los derechos humanos y laborales, en particular de los trabajadores migrantes y en situación irregular.
En esa lógica, una de las vertientes más importantes para trabajar en nuestro país debe centrarse en las tareas de prevención. Hay que dar espacio a más campañas de comunicación que alerten a la población sobre los riesgos de convertirse en víctimas de la trata y que simultáneamente estén dirigidas a la construcción de una cultura para la paz, capaz de reconocer a las diferencias y que permita erradicar simultáneamente estigmas en contra de mujeres, niñas y niños. Al respecto hay que destacar que, de acuerdo con el documento Por una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso, de la OIT, en el mundo hay al menos 2.3 millones de víctimas de la trata de personas, 250 mil de ellas en América Latina. Quizá lo más aterrador de estas cifras es que, de acuerdo con el mismo organismo, más de 90% son mujeres, niñas y niños.
Se requiere generar también mayor información y conocimiento en torno a estos temas. Por ello es importante que la Jornada Mundial en contra del Trabajo Infantil, que dirige una de sus vertientes precisamente acerca de las peores formas de explotación infantil, sea tomada con seriedad por todas las autoridades relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la niñez y pueda servir como referencia para construir de nuevas rutas de prevención y sanción de este crimen, así como con miras a la adecuada protección de las víctimas.
Finalmente debe hacerse énfasis en que el reto primordial para solucionar éste y otros problemas sociales se encuentra en la reducción de la pobreza y la desigualdad: la OIT estima que la mayoría de las víctimas de la trata son mayormente vulnerables por sus condiciones socioeconómicas, las cuales las convierten en personas cuyos entornos de protección se fracturan y pierden capacidades para protegerse o prevenir el caer en estas redes criminales.
Nunca será suficiente volver una y otra vez sobre temas de la agenda social que son de la mayor urgencia y, ante los cuales, aun con los avances que se han logrado, resulta imperativo actuar con mayor contundencia, más rapidez, pero, sobre todo, con mucho mayor sentido de lo humano y, en consecuencia, de nuestros vínculos sociales más elementales.
Desde 2000, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene como mandato de su Congreso realizar un informe global sobre la trata de seres humanos. Este informe clasifica en cuatro categorías a los países que evalúa. En 2007, México se encontraba en la “Lista 2 de Observación” y este año está en la “Lista 2”, lo cual significa, desde la perspectiva del gobierno de EU, que hemos mejorado relativamente en algunos aspectos de la lucha contra la trata de personas.
La razón fundamental por la que se situó a México en esa nueva posición se debe fundamentalmente a la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2007.
No obstante lo anterior, el Informe sostiene una vez más que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para prevenir y combatir este crimen, así como proteger a sus víctimas. Además, que hay una política inadecuada en la sanción judicial de la trata de seres humanos y que faltan recursos para la investigación y capacitación en todo el sistema; destaca el Informe que aún hay muy pocas visas humanitarias para proteger a las víctimas de la trata y no existen esquemas institucionales eficaces para detectar a probables víctimas en las estaciones migratorias.
Asimismo, más allá de estas valoraciones es de destacarse el hecho de que el Informe de este año pone el énfasis en uno de los temas clave en el combate a la trata, al asumir el asunto desde la perspectiva del consumo y sostener que, mientras no se combata con eficacia la demanda existente por parte de los tratantes, la lucha contra este crimen va a seguir resultando insuficiente.
En esa lógica, debe considerarse que, por el grado de sofisticación de este crimen, son precisamente las personas de ingresos medios y altos quienes tienen acceso a los servicios de los tratantes, tanto en el ámbito de la explotación laboral forzosa como en el de la explotación sexual comercial. Convertir a una persona en víctima de trata no es sencillo: se requieren procesos complejos para llegar a la comisión de crímenes como la falsificación de documentos, el secuestro, el robo de identidad, la corrupción policiaca y de autoridades aduanales y de migración, complicidad y corrupción de autoridades locales que autorizan el funcionamiento de establecimientos “disfrazados” en los que se cometen muchos de los delitos relacionados con la explotación sexual comercial, corrupción y omisión de autoridades en la supervisión laboral y protección de los derechos humanos y laborales, en particular de los trabajadores migrantes y en situación irregular.
En esa lógica, una de las vertientes más importantes para trabajar en nuestro país debe centrarse en las tareas de prevención. Hay que dar espacio a más campañas de comunicación que alerten a la población sobre los riesgos de convertirse en víctimas de la trata y que simultáneamente estén dirigidas a la construcción de una cultura para la paz, capaz de reconocer a las diferencias y que permita erradicar simultáneamente estigmas en contra de mujeres, niñas y niños. Al respecto hay que destacar que, de acuerdo con el documento Por una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso, de la OIT, en el mundo hay al menos 2.3 millones de víctimas de la trata de personas, 250 mil de ellas en América Latina. Quizá lo más aterrador de estas cifras es que, de acuerdo con el mismo organismo, más de 90% son mujeres, niñas y niños.
Se requiere generar también mayor información y conocimiento en torno a estos temas. Por ello es importante que la Jornada Mundial en contra del Trabajo Infantil, que dirige una de sus vertientes precisamente acerca de las peores formas de explotación infantil, sea tomada con seriedad por todas las autoridades relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la niñez y pueda servir como referencia para construir de nuevas rutas de prevención y sanción de este crimen, así como con miras a la adecuada protección de las víctimas.
Finalmente debe hacerse énfasis en que el reto primordial para solucionar éste y otros problemas sociales se encuentra en la reducción de la pobreza y la desigualdad: la OIT estima que la mayoría de las víctimas de la trata son mayormente vulnerables por sus condiciones socioeconómicas, las cuales las convierten en personas cuyos entornos de protección se fracturan y pierden capacidades para protegerse o prevenir el caer en estas redes criminales.
Nunca será suficiente volver una y otra vez sobre temas de la agenda social que son de la mayor urgencia y, ante los cuales, aun con los avances que se han logrado, resulta imperativo actuar con mayor contundencia, más rapidez, pero, sobre todo, con mucho mayor sentido de lo humano y, en consecuencia, de nuestros vínculos sociales más elementales.
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