Mario Luis Fuentes
Lunes 02 de junio de 2008
La violencia ha sido uno de los principales temas en la historia del pensamiento político moderno. En efecto, en sus orígenes, el pensamiento de la modernidad en torno a la figura del Estado parte del reconocimiento básico de que la constitución del poder estatal tiene como finalidad regular el conflicto entre los ciudadanos. Así, por ejemplo, la propuesta de Maquiavelo puede leerse en el fondo como una teoría del poder basado en el uso “racional” de la violencia y su control. Y Hobbes fundamenta la existencia del Estado a partir del reconocimiento de que los ciudadanos son violentos y es preciso regular su actuación.
Si se analizan con cuidado las ideas de éstos y otros autores, puede verse con claridad que en el fondo de sus propuestas lo que se encuentra son completas teorías e interpretaciones sobre la moral y el comportamiento social de las personas.
En todo caso, en todas las propuestas de los pensadores clásicos subyace la intención de no sólo atemperar y regular la violencia de las personas, sino de construir capacidades de intervención del Estado, para construir un orden social capaz de garantizar a todos niveles de bienestar e incluso felicidad a los integrantes de la comunidad política.
En esa lógica, sería prudente volver la mirada hacia el pensamiento complejo y tratar de construir, en nuestro contexto, nuevas capacidades para el Estado y sus instituciones con el fin de lograr, disminuir el conflicto, la violencia y el crimen, pero también para que esa configuración del Estado sea capaz de generar bienestar y calidad de vida a las personas.
En la lógica liberal de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, se construyeron poderosas visiones sobre cómo garantizar bienestar y seguridad simultáneos para los ciudadanos. Por un lado, se le asignaron al Estado tareas de defensa de la soberanía frente a otros países, así como la seguridad interna, y por otra parte, tareas tendientes a la promoción y la movilidad de los mercados.
Hoy nos encontramos en una peligrosa situación en la que la seguridad de las personas está realmente amenazada. Los altos niveles de violencia del crimen organizado y sus recientes amenazas, incluso a la sociedad civil, exigen de una intervención, no sólo judicial de las autoridades públicas, sino sobre todo en el ámbito social.
Por ello es inadmisible que aun ahora que los niveles de violencia han cobrado dimensiones inéditas, se siga considerando que la violencia no es un tema central para la política social. Por el contrario, debe entenderse que la presencia “masificada” de la violencia exige mayores niveles de cohesión y convivencia social.
Empero, lo anterior no puede construirse sólo con la intervención de las policías o de las Fuerzas Armadas. Se trata de que, de manera paralela, la política social se articule sobre dos ejes imprescindibles para nuestra mejorar nuestra realidad: la cohesión y convivencia sociales, y la plena integración de los que ahora permanecen excluidos del bienestar y la garantía de sus derechos.
El Informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños nos advierte acerca del hecho de que los altos niveles de violencia que persisten en contra de niños, niñas y mujeres, no serían posibles de no ser por una extensa “tolerancia social a la violencia”. Debemos comprender, ante esa afirmación, que no se trata de una frase grandilocuente, sino de una poderosa advertencia que bien podría marcar la ruta para nuevas intervenciones gubernamentales y en general de todas las estructuras de gobierno del Estado.
Al contrario de una visión como la anterior, el combate al crimen organizado se centra exclusivamente en contra del narcotráfico; pero hay otras amenazas igual de violentas y quizá más extremas, como la trata de seres humanos, que no se está combatiendo con la misma fuerza, aun cuando su presencia amenaza y fractura la convivencia, las capacidades de solidaridad y de convivencia entre las personas.
Frente a ello, la política social sigue circunscrita en el combate a la pobreza; la economía y su funcionamiento han sido reducidos a una limitada noción de “mercado” y dinámica monetaria; la prevención de riesgos sociales (adicciones, suicidio, accidentes, prevalencia del VIH, el cambio climático) se encuentra aún ausente de los objetivos y programas de las principales instituciones públicas. Y la noción de la seguridad pública ha sido igualmente circunscrita a una lucha cruenta entre las fuerzas del orden y algunos grupos de narcotraficantes.
Reconocer esta realidad debe llevarnos nuevamente al pensamiento ampliado; a no renunciar a los ejemplos de los clásicos, para comprender que la realidad social es mucho más compleja que lo que en ocasiones podemos procesar y que es necesario modificar y ampliar las capacidades del Estado y de la sociedad para enfrentar una nueva realidad de este siglo XXI, marcada por una violencia, que ahora sí puede calificarse como “generalizada” y frente a la cual es preciso intervenir con nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas y, desde luego, con la aplicación de toda la fuerza del Estado.
La violencia ha sido uno de los principales temas en la historia del pensamiento político moderno. En efecto, en sus orígenes, el pensamiento de la modernidad en torno a la figura del Estado parte del reconocimiento básico de que la constitución del poder estatal tiene como finalidad regular el conflicto entre los ciudadanos. Así, por ejemplo, la propuesta de Maquiavelo puede leerse en el fondo como una teoría del poder basado en el uso “racional” de la violencia y su control. Y Hobbes fundamenta la existencia del Estado a partir del reconocimiento de que los ciudadanos son violentos y es preciso regular su actuación.
Si se analizan con cuidado las ideas de éstos y otros autores, puede verse con claridad que en el fondo de sus propuestas lo que se encuentra son completas teorías e interpretaciones sobre la moral y el comportamiento social de las personas.
En todo caso, en todas las propuestas de los pensadores clásicos subyace la intención de no sólo atemperar y regular la violencia de las personas, sino de construir capacidades de intervención del Estado, para construir un orden social capaz de garantizar a todos niveles de bienestar e incluso felicidad a los integrantes de la comunidad política.
En esa lógica, sería prudente volver la mirada hacia el pensamiento complejo y tratar de construir, en nuestro contexto, nuevas capacidades para el Estado y sus instituciones con el fin de lograr, disminuir el conflicto, la violencia y el crimen, pero también para que esa configuración del Estado sea capaz de generar bienestar y calidad de vida a las personas.
En la lógica liberal de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, se construyeron poderosas visiones sobre cómo garantizar bienestar y seguridad simultáneos para los ciudadanos. Por un lado, se le asignaron al Estado tareas de defensa de la soberanía frente a otros países, así como la seguridad interna, y por otra parte, tareas tendientes a la promoción y la movilidad de los mercados.
Hoy nos encontramos en una peligrosa situación en la que la seguridad de las personas está realmente amenazada. Los altos niveles de violencia del crimen organizado y sus recientes amenazas, incluso a la sociedad civil, exigen de una intervención, no sólo judicial de las autoridades públicas, sino sobre todo en el ámbito social.
Por ello es inadmisible que aun ahora que los niveles de violencia han cobrado dimensiones inéditas, se siga considerando que la violencia no es un tema central para la política social. Por el contrario, debe entenderse que la presencia “masificada” de la violencia exige mayores niveles de cohesión y convivencia social.
Empero, lo anterior no puede construirse sólo con la intervención de las policías o de las Fuerzas Armadas. Se trata de que, de manera paralela, la política social se articule sobre dos ejes imprescindibles para nuestra mejorar nuestra realidad: la cohesión y convivencia sociales, y la plena integración de los que ahora permanecen excluidos del bienestar y la garantía de sus derechos.
El Informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños nos advierte acerca del hecho de que los altos niveles de violencia que persisten en contra de niños, niñas y mujeres, no serían posibles de no ser por una extensa “tolerancia social a la violencia”. Debemos comprender, ante esa afirmación, que no se trata de una frase grandilocuente, sino de una poderosa advertencia que bien podría marcar la ruta para nuevas intervenciones gubernamentales y en general de todas las estructuras de gobierno del Estado.
Al contrario de una visión como la anterior, el combate al crimen organizado se centra exclusivamente en contra del narcotráfico; pero hay otras amenazas igual de violentas y quizá más extremas, como la trata de seres humanos, que no se está combatiendo con la misma fuerza, aun cuando su presencia amenaza y fractura la convivencia, las capacidades de solidaridad y de convivencia entre las personas.
Frente a ello, la política social sigue circunscrita en el combate a la pobreza; la economía y su funcionamiento han sido reducidos a una limitada noción de “mercado” y dinámica monetaria; la prevención de riesgos sociales (adicciones, suicidio, accidentes, prevalencia del VIH, el cambio climático) se encuentra aún ausente de los objetivos y programas de las principales instituciones públicas. Y la noción de la seguridad pública ha sido igualmente circunscrita a una lucha cruenta entre las fuerzas del orden y algunos grupos de narcotraficantes.
Reconocer esta realidad debe llevarnos nuevamente al pensamiento ampliado; a no renunciar a los ejemplos de los clásicos, para comprender que la realidad social es mucho más compleja que lo que en ocasiones podemos procesar y que es necesario modificar y ampliar las capacidades del Estado y de la sociedad para enfrentar una nueva realidad de este siglo XXI, marcada por una violencia, que ahora sí puede calificarse como “generalizada” y frente a la cual es preciso intervenir con nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas y, desde luego, con la aplicación de toda la fuerza del Estado.
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