Además de la indignación y el rechazo socialmente generalizado en contra del atentado terrorista del 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, debemos reconocer que este trágico evento lamentablemente cumplió con su cometido: hoy en México corre una sensación de que puede ocurrir en cualquier parte y en cualquier lugar, pues la inseguridad que impera amenaza con afectarnos a todos, sin distingo de clase social o posición socioeconómica.
A esta inseguridad se le añade una sensación de incertidumbre provocada por la crisis económica que se vive en Estados Unidos de América y que ya obligó a un ajuste a la baja en las expectativas de crecimiento para éste y el próximo año, lo cual, aunado al incremento de la inflación, nos sitúa en condiciones de alta vulnerabilidad que amenazan, como casi siempre, mayoritariamente a los más pobres.
Como resultado, quizás uno de los mayores saldos que estamos teniendo como sociedad es la pérdida de la confianza: valor esencial en cualquier sistema democrático, porque de ésta depende la construcción de lazos de solidaridad, ayuda mutua, cooperación y, por supuesto, la protección de redes sociales de autocuidado, mismas que han sido denominadas por muchos como “capital social”.
En efecto, la Encuesta Nacional sobre Capital Social, levantada en 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estimó que en México casi 70% de las personas opinaban que, con respecto a los demás, era mejor “cuidarse las espaldas” que confiar plenamente. En esta misma encuesta, las personas opinaron en forma mayoritaria que el año en que se les preguntó, percibían que la gente se ayudaba menos entre sí que en el año anterior, básicamente debido a que la situación económica no lo permitía.
Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación muestra que, en una inmensa mayoría, los mexicanos creen que lo que más nos divide es la condición económica, la posición social y el nivel educativo.
En el contexto en que vivimos vale la pena releer los datos de éstas y otras encuestas, porque nos llevan a una cuestión de fondo: el Estado no puede considerar que el incremento en la violencia en todos los ámbitos de la vida social está desligado de los contextos sociales en los que viven las personas y sus familiares.
Así, en vez de generar una estrategia que pueda garantizar la convergencia, la integralidad y la simultaneidad de acciones y procesos de gobierno para detonar el desarrollo social y económico, lo que vemos, al contrario, es un estado de incertidumbre y parálisis de prácticamente todas las dependencias, lo cual se percibe, en su expresión más visible, en los increíbles niveles de subejercicio de los recursos públicos en prácticamente todos los sectores de la administración.
Cuando el miedo se apodera de una sociedad, lo que aparece con mayor fuerza es precisamente la incertidumbre, la cual se constituye de manera inmediata en una peligrosa amenaza para una democracia, sobre todo si no hay una ciudadanía plena que la sustente y garantice su viabilidad en el mediano y el largo plazos.
Estamos frente a un escenario en realidad complejo y las instituciones no han logrado generar espacios de certeza y de confianza para los ciudadanos. Antes bien, lo que hemos visto públicamente es un estado de duda de todos frente a todos: policías estatales investigando a municipales; la Policía Federal y el Ejército interviniendo e investigando a policías estatales y ministeriales y, ahora, incluso, la Policía Federal ocupando las instalaciones de los responsables de la investigación de los crímenes federales, que es precisamente la Agencia Federal de Investigación.
No hay nada que pueda erosionar más y lastimar en mayor medida la confianza de los ciudadanos en la autoridad pública, y simultáneamente generar confusión social, que la incapacidad de ésta para garantizar seguridad a todos, así como mínimos de bienestar. Pero también la confusión se incrementa cuando es la autoridad la que desconfía de sus elementos y se ve en la necesidad de investigarse a sí misma y, más aún, con tan malos resultados.
A México le hace falta una nueva batería de políticas e intervenciones públicas para la construcción de una ciudadanía plena y restituir relaciones de confianza y de solidaridad en las comunidades, a fin de intentar revertir los perniciosos efectos que están teniendo la inseguridad, la impunidad y la delincuencia en la vida de las personas. Necesitamos, en síntesis, nuevas políticas que nos ofrezcan seguridad y, sobre todo, bienestar social.
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