Las diferencias que persisten en la calidad de los servicios que prestan los distintos sistemas se explican en buena medida por la carencia de empleos que brinden seguridad social.
Una marejada de propaganda gubernamental se nos ha venido encima, junto con toda una estrategia construida desde la Presidencia de la República, para promover la aprobación del nuevo impuesto con el que pretende gravarse con 2% a alimentos y medicinas.
Lo peor de esta estrategia no se encuentra solamente en el recurso simplista al chantaje, sino sobre todo en el maniqueísmo que implica sostener que quien no apoya el nuevo impuesto le está dando automáticamente la espalda a los más pobres.
Los argumentos son endebles y parten de supuestos profundamente controvertibles. El primero de ellos, por ser el más falso, consiste en asumir que la pobreza es nueva; que de pronto se le apareció a esta administración como producto de la crisis económica y que será mediante los instrumentos de siempre como podremos resolverla.
Nada más falaz. La pobreza ya estaba instalada y arraigada en todo el país; y si bien se habían logrado algunos avances en la recuperación de los tremendos efectos negativos que nos dejó la crisis de 1995, lo cierto es que las condiciones estructurales que generan la desigualdad, y la pobreza como su corolario, no se han modificado en sus fundamentos.
A mediados de 2008 teníamos niveles similares a los de 1993 y, en términos reales, de los 15 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral, diez millones lo hicieron al informal. Las cifras del INEGI dadas a conocer hace poco no hacen sino agravar el cuadro: 2.8 millones de desempleados al segundo trimestre de 2009, más el aderezo que implica el anuncio del sector empresarial, en el que se da cuenta que al final del año habrá al menos un millón de despidos.
La ingente pobreza que se vive tiene en su base la fractura del mundo del empleo. Por ello la falacia del gobierno es mayor: no importa en realidad cuántos impuestos se les ocurran, mientras no haya una ampliación de la base gravable de este país.
Empero, la ampliación no puede consistir únicamente en cobrarle más a quien ya contribuye; cobrarle “algo” a quienes no pagan impuestos, y dejar intacta a la estructura financiera especulativa, y como colmo, no reformar el modelo de desarrollo económico para lograr la generación de empleos dignos.
Las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y las diferencias en la calidad de los servicios que prestan los distintos sistemas, se explican por la carencia de empleos que brinden seguridad social.
Las desigualdades en la calidad de la educación tienen también poderosos vínculos con el desempleo: el INEE muestra que el rendimiento escolar y la permanencia en las escuelas están directamente vinculados al capital cultural familiar (grado de escolaridad de los padres, disponibilidad de libros, y asistencia a actividades recreativas de calidad). Esto implica que la ausencia de empleos dignos que brinden prestaciones sociales, como el acceso a teatros y bibliotecas, además de la precariedad del ingreso, generan resultados negativos en el ámbito de la educación, factor clave para el desarrollo social, democrático y económico del país.
Se equivoca la autoridad si de verdad asume que es cobrando ese 2% como va a resolver el problema de la pobreza. Lo requerido es construir nuevas estructuras de crecimiento basadas en la generación de empleos dignos y recuperar a la educación y la salud pública como sistemas de alta calidad para la integración social.
La ampliación no puede consistir únicamente en cobrarle más a quien ya contribuye.
http://www.exonline.com.mx
Una marejada de propaganda gubernamental se nos ha venido encima, junto con toda una estrategia construida desde la Presidencia de la República, para promover la aprobación del nuevo impuesto con el que pretende gravarse con 2% a alimentos y medicinas.
Lo peor de esta estrategia no se encuentra solamente en el recurso simplista al chantaje, sino sobre todo en el maniqueísmo que implica sostener que quien no apoya el nuevo impuesto le está dando automáticamente la espalda a los más pobres.
Los argumentos son endebles y parten de supuestos profundamente controvertibles. El primero de ellos, por ser el más falso, consiste en asumir que la pobreza es nueva; que de pronto se le apareció a esta administración como producto de la crisis económica y que será mediante los instrumentos de siempre como podremos resolverla.
Nada más falaz. La pobreza ya estaba instalada y arraigada en todo el país; y si bien se habían logrado algunos avances en la recuperación de los tremendos efectos negativos que nos dejó la crisis de 1995, lo cierto es que las condiciones estructurales que generan la desigualdad, y la pobreza como su corolario, no se han modificado en sus fundamentos.
A mediados de 2008 teníamos niveles similares a los de 1993 y, en términos reales, de los 15 millones de personas que se incorporaron al mercado laboral, diez millones lo hicieron al informal. Las cifras del INEGI dadas a conocer hace poco no hacen sino agravar el cuadro: 2.8 millones de desempleados al segundo trimestre de 2009, más el aderezo que implica el anuncio del sector empresarial, en el que se da cuenta que al final del año habrá al menos un millón de despidos.
La ingente pobreza que se vive tiene en su base la fractura del mundo del empleo. Por ello la falacia del gobierno es mayor: no importa en realidad cuántos impuestos se les ocurran, mientras no haya una ampliación de la base gravable de este país.
Empero, la ampliación no puede consistir únicamente en cobrarle más a quien ya contribuye; cobrarle “algo” a quienes no pagan impuestos, y dejar intacta a la estructura financiera especulativa, y como colmo, no reformar el modelo de desarrollo económico para lograr la generación de empleos dignos.
Las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y las diferencias en la calidad de los servicios que prestan los distintos sistemas, se explican por la carencia de empleos que brinden seguridad social.
Las desigualdades en la calidad de la educación tienen también poderosos vínculos con el desempleo: el INEE muestra que el rendimiento escolar y la permanencia en las escuelas están directamente vinculados al capital cultural familiar (grado de escolaridad de los padres, disponibilidad de libros, y asistencia a actividades recreativas de calidad). Esto implica que la ausencia de empleos dignos que brinden prestaciones sociales, como el acceso a teatros y bibliotecas, además de la precariedad del ingreso, generan resultados negativos en el ámbito de la educación, factor clave para el desarrollo social, democrático y económico del país.
Se equivoca la autoridad si de verdad asume que es cobrando ese 2% como va a resolver el problema de la pobreza. Lo requerido es construir nuevas estructuras de crecimiento basadas en la generación de empleos dignos y recuperar a la educación y la salud pública como sistemas de alta calidad para la integración social.
La ampliación no puede consistir únicamente en cobrarle más a quien ya contribuye.
http://www.exonline.com.mx
2 comentarios:
Estimado Mario Luis:
No tenía el gusto de conocerte. También he sido funcionario federal en los 90's y hoy te vi con Raúl Cremoux y tus comentarios sobre las expectativas de jóvenes.
Me interesa hacer un índice de blogs afines precisamente sobre una reforma (claro que integral) del Estado. Digo, claro que eso no es sencillo, porque tratamos con una cultura más edificada: el machismo, el gandallismo, la corrupción, las "negociaciones" clásicas, nuestro sistema legal ilegal y tantisimos rincones por demás viciados.
Tengo algunas lineas prácticas para implementar que me gustaría compartir con alguien como tú y a partir de ahí, ir generando metodologías sistemáticas más depuradas-
Espero tus comentarios a mi blog, que también pretende ser un foro educativo, con un toque levemente picante y una crítica también mínima, sólo usada como punto de partida al tema en cuestión.
errata: "...cultura MAL edificada..."
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