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lunes, 23 de diciembre de 2013

Desafío 2014

 Excélsior, 23/12/2013

El resumen que se hace desde el Congreso sobre la magnitud de los cambios que se han generado en la presente Legislatura es relevante: 16 reformas constitucionales en 16 meses.

Sin entrar a la valoración respecto del contenido de tales reformas, el dato revela en sí mismo la magnitud de la tarea que tendrá que desarrollar la administración pública federal, así como los gobiernos estatales y municipales, a fin de materializar e implementar el contenido de estas reformas en el ejercicio del gobierno.

Frente a este panorama, no podemos —no debemos—, como país, cometer una vez más el error de asignar “capacidades míticas” a los cambios constitucionales y legales. La tarea recién comienza y es preciso avanzar hacia el abordaje de las otras urgencias, casi todas ubicadas en el terreno de lo social, y que se expresa fundamentalmente en una compleja matriz en la que interactúan conceptos como: desigualdad, pobreza, exclusión, segregación, violencia y marginación.

Debemos estar conscientes de que la “recuperación económica” prevista para el próximo año nos llevará, si acaso, a crecer a un ritmo de 3.5% del PIB; pero también debemos tener claro que aún no se han diseñado nuevos mecanismos redistributivos de la riqueza, con lo que podríamos enfrentar la paradoja de crecer más, pero profundizar la desigualdad y las disparidades regionales.

El inmenso desafío de quienes hoy tienen la responsabilidad de tomar las principales decisiones nacionales y estatales, se encuentra en darle contexto a las reformas; es decir, ubicar con claridad que tendrán que operarlas en ámbitos de violencia nunca antes vistos; en territorios con una institucionalidad débil; y frente a entornos familiares en constante transformación.

Todo esto implica, dicho de manera llana, reconocer que luego de las reformas, nuestros más graves dilemas siguen allí; que el primer paso —si es que efectivamente éstas constituyen la base de la solución— apenas está dado, y que ahora el más grande reto se encuentra en traducir lo que se encuentra en la Carta Magna y sus leyes, en efectivas condiciones de bienestar para la población.
Debemos tener claridad en torno a que el Estado todavía no se ha fortalecido para poner límites y reglas de funcionamiento equilibrado a los mercados; que no se ha construido una nueva institucionalidad para dar cauce a renovados procesos de crecimiento para generar oportunidades para todos; que el mundo del empleo sigue desestructurado; y que la existencia de un sistema integral de protección social sigue siendo una agenda pendiente de resolver.

Quizá uno de los mayores retos que tendremos como país para el próximo año se encuentra en leer las reformas conseguidas, en clave de bienestar; es decir, percibirlas como mecanismos del Estado para orientar nuestro curso de desarrollo hacia un nuevo modelo que permita crecer con y para la equidad, porque, de otro modo, lo que ocurrirá una vez más será que habremos perdido valioso tiempo, y ese sí que es un recurso escaso y nunca renovable.

Más aún, debería asumirse que las reformas construidas deberán orientar al gobierno, en todos sus órdenes y niveles, hacia el cumplimiento universal de los derechos humanos; porque si las modificaciones legislativas no tienen como objetivo contribuir al cumplimiento del artículo 1º constitucional, entonces vamos a repetir el error recurrente en las últimas tres décadas: promoveremos la generación de riqueza, pero prohijaremos mayor pobreza y desigualdad.

*Director del CEIDAS, A. C.
Twitter: @ML_fuentes

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