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martes, 2 de junio de 2009

La ausencia


18 de mayo de 2009

Ante el evidente crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que estamos viviendo en 2009, surge la pregunta: ¿en dónde está la propuesta del gobierno, a través de su Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para hacer frente al Tsunami social que ya tenemos encima y está generando nuevas tragedias familiares expresadas en la pérdida del empleo e incluso bienes patrimoniales tan importantes como las viviendas?

Sostener que sólo se mantendrá la operación de los programas sociales que viene aplicando la Sedesol es una incomprensión del contexto, la dimensión y la complejidad que implica que, en sólo 15 años, los mexicanos padeceremos dos severas crisis económicas, las cuales, a estas alturas, da lo mismo si “vinieron de afuera” o se originaron en el país, pues la consecuencia será la misma: más dolor y miseria para millones de mexicanos.

La fractura del mundo del trabajo no es una novedad. La fantasmagórica figura de la informalidad nos ha perseguido de manera creciente desde 1995 y hoy ha llegado a niveles insostenibles que han orillado al Estado a condiciones de flaqueza hacendaria, insuficiencia de recursos, y a un acelerado desgaste de la infraestructura y de las capacidades nacionales para generar bienestar social.

Por ello debe insistirse en que una nueva política social hay que centrarla en la categoría del trabajo y ser su objetivo construir un modelo de crecimiento incluyente y que promueva cumplir en pleno los derechos sociales.

Debido a ello, es pertinente destacar que el descrédito en que viven el gobierno y los partidos no es menor. Según la ENCUP, 2008, 49% de los mexicanos cree que “estamos más cerca de un gobierno que se impone” que de uno que consulta a la gente. Por su parte, 58% de la población se dice poco o nada satisfecha con la democracia, lo cual coincide con el bajo nivel de confianza en las instituciones, en particular los partidos, ante los cuales más de 70% de la población muestra poca o ninguna confianza.

Estos datos obligan a repensar las estrategias con las que cuenta el Estado para garantizar los derechos sociales, pues es manifiesto que, ante la pobreza y la desigualdad prevalecientes, hay un real malestar social, que no se va a revertir simplemente haciendo más de lo mismo.

Evidentemente, el Programa Oportunidades está desbordado en sus capacidades, no sólo para enfrentar la crisis, sino cumplir con el propósito esencial por el que fue creado: romper con los círculos intergeneracionales de la pobreza.

La gran ausencia cada vez más evidente es carecer de una propuesta renovada para el desarrollo social, la generación de empleo digno, el rescate del mundo rural e indígena, mitigar el impacto del cambio climático y reconstruir los sistemas nacionales de educación y de salud.

Una nueva política social no puede ser omisa de la compleja agenda del siglo XXI, que está marcada por la discriminación, la violencia en los hogares y en la calle, las adicciones, la migración, el rezago en infraestructura, el trabajo infantil, la pérdida de confianza y la ruptura del capital social.

Por ello, es inaceptable que, ante la posibilidad de que en este año rebasemos la escalofriante cifra de 50 millones de pobres, se perciba cada vez con más fuerza el rumor de que el titular de la Sedesol, como muchos de sus homólogos en las entidades, se encuentran ocupados, más en la reflexión y operación política y electoral que en la construcción de una nueva estrategia que permita detonar de una vez por todas procesos de inclusión, equidad y justicia social para los mexicanos.

Construir gobierno es una actividad propia de la política, para generar consensos y legitimidad. Lo grave para nuestro país es que pareciera que esa posibilidad está cancelada: se dialoga poco con quienes piensan diferente y menos aún con quienes asumen una franca oposición.

En una sociedad dividida, son el Estado y sus instituciones los responsables de propiciar la reconciliación, la unidad y el diálogo franco en aras de acercar las diferencias y de construir proyectos compartidos para la equidad y la dignidad.

Esta nueva crisis económica y social va a generar nuevos excluidos y es momento de dejar en claro, sin maniqueísmos, de qué lado se está. A mí me parece que lo ético es construir una nueva plataforma de justicia ante las víctimas; lo demás constituirá un grave despropósito.

Una nueva política no puede ser omisa de la compleja agenda del siglo XXI, que está marcada por la discriminación.