Una política social fragmentada

Lunes 29 de junio de 2009

Hay quienes sostienen que el problema de la pobreza y la desigualdad en México puede resolverse con una mejor gerencia social de la profundización de las llamadas “reformas económicas estructurales” e, incluso, por medio de lo que ya tenemos mediante el mejoramiento de las reglas y los procesos de operación de los programas sociales.

Mi percepción, y la de muchos otros, parte de una idea distinta: el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad dependen de la visión que se tiene tanto de lo que es el Estado como de lo que es el poder político; en ese sentido, es válido sostener que la visión imperante hoy en el mundo, y en nuestro país, asume que la pobreza es una cuestión carencial (de ingresos, insuficiencia de servicios, falta de capacidades), y no un elemento constitutivo de un modelo de desarrollo diseñado para que unos ganen mucho y las mayorías pierdan casi todo.

Desde una perspectiva como la que impera es consecuente diseñar estrategias de combate a la pobreza, caracterizadas por esquemas de transferencias de ingresos, algunas condicionadas, otras asignadas universalmente, a fin de que los individuos puedan incorporarse racionalmente al consumo en el ámbito de un mercado considerado infalible, neutro, eficaz y racional.

Siguiendo esa lógica, es natural que el gobierno, desde hace dos administraciones, haya apostado por un esquema de prestación de servicios sociales a los que se pretendió descentralizar en un modelo que puede caracterizarse en los términos que ha utilizado recientemente Rolando Cordera: de un “federalismo salvaje”.

Esta forma de concebir lo social ha derivado en una desarticulación de la política nacional de combate a la pobreza y, quizá, de manera no deseada, pero que ha generado también un juego, no sólo de libres fuerzas del mercado en la oferta de programas sociales, sino de impulsos e intereses políticos de todos los signos y colores que han visto en los programas sociales el mejor instrumento para fortalecer sus bases de apoyo social (electoral, si se quiere), así como mecanismos de legitimación política y ciudadano.

Como resultado de todo lo anterior, se ha perdido de vista el problema de fondo: reducir la pobreza y la desigualdad constituyen metas de un Estado social que se fija a sí mismo la responsabilidad de garantizar los derechos reservados a la sociedad que explícita o implícitamente están contenidos en su Constitución Política y, en la medida de lo posible, busca ampliar progresivamente ese marco de garantías que reconoce y otorga a sus ciudadanos.

Visto así, lo que México requiere no son procesos de mejora continua y reingeniería de programas y reglas de operación, como si se tratara de hacer más eficiente la producción de papas fritas.
Por el contrario, lo que se necesita es refundar el pacto social que nos da sentido como nación, bajo al menos tres ejes:

1) Garantizar universalmente los derechos sociales.
2) Promover la cohesión social.
3) Reformar las disposiciones jurídicas y las estructuras institucionales que permiten la reproducción de la desigualdad en la sociedad.

Reconstruir el pacto social no es entonces una tarea para técnicos capaces de diseñar las más avanzadas fórmulas econométricas que nos muestren que la tendencia hacia lo que se ha llamado en otro lado el “horror económico”, no varía en el tiempo.

Lo necesario hoy es un gran acuerdo político nacional en el que se asuma que no hay tarea más importante para el Estado que garantizar el bienestar y la calidad de vida para todas las personas.
En ese sentido, es preciso sostener que si ya tenemos suficiente evidencia de que el modelo de país asumido en los 30 años recientes nos ha llevado a crisis recurrentes y a la catástrofe social que implica que en 15 años no hayamos logrado reducir significativamente la pobreza, entonces lo que se hace urgente no es revisar los programas implícitos en ese modelo de país sino construir otro que nos sitúe lo más rápido posible en condiciones de garantizar equidad para todos los mexicanos.
El combate a la pobreza depende de la visión que se tiene tanto de lo que es el Estado como de lo que es el poder político.