martes, 12 de mayo de 2009
lunes, 11 de mayo de 2009
Monólogo del poder
Lunes 11 de mayo de 2009
Me atrevo a sostener que la única manera de romper con el círculo de violencia política y social en el que estamos atrapados es a base de diálogo. Una democracia sólo puede sobrevivir y fortalecerse en la medida en que logra construir canales institucionales para garantizar que todas las visiones en el interior de un Estado puedan tener representatividad y voz.
El diálogo es fundamental, porque implica el reconocimiento de la igualdad entendida en dos vías: desde el punto de vista jurídico, que da a los individuos la capacidad formal de interlocución y, la otra, con la que se garantiza reconocer una igualdad en dignidad de las personas.
La política en ese sentido debería fijarse como meta la erradicación de la violencia, entendida, según Hanna Arendt, como la capacidad de hacer o de provocar un daño físico y quizás hasta simbólico a los demás; desde esta perspectiva, el riesgo que se corre con respecto a las autoridades del Estado consiste en que éstas pueden generar daños a escala; es decir, la autoridad política puede, y en sentido estricto lo ha hecho, magnificar las dimensiones del daño y el terror en contra de la población.
La noción de la violencia es básica para comprender entonces por qué la consolidación de un régimen democrático resulta fundamental para erradicar la violencia que causa aquí el crimen organizado. En primer lugar y, sobre todo, porque la existencia de redes criminales implica la corrupción de las autoridades.
Visto así, el Estado democrático está severamente amenazado, porque son sus instituciones, como ha sido evidente con la llamada “operación limpieza”, las que, aun cuando sólo parcialmente, están “autorizando” y ejecutando la violencia en contra de la población civil.
Por ello, alarma la dimensión que tiene la delincuencia. No sólo debido a los miles de muertos generados por ella en los últimos años, sino porque la autoridad, con el argumento de que estamos en medio de “una guerra”, ha cerrado los pocos espacios de interlocución entre la sociedad civil, los académicos, los estudiosos de varios temas y las instituciones del Estado.
No se trata, pues, de organizar foros y más foros para la presentación infinita de monólogos. En todo caso, lo que se requiere es propiciar nuevos mecanismos para el establecimiento de un diálogo social en los términos arriba descritos.
Es innegable que en los últimos dos años ha habido algunos esfuerzos importantes en la materia: los debates organizados por el Senado para la reforma energética y debido a la crisis económica y las necesidades de crecimiento, son un ejemplo de cómo podríamos iniciar la institucionalización de mecanismos de intercambio honesto de ideas y puntos de vista. Y, ante la epidemia de influenza, la reunión del Ejecutivo Federal con tres ex secretarios de Salud es emblemática.
Pero en ambos casos destaca una cuestión: han sido espacios abiertos ante coyunturas de gran magnitud, lo que nos debe llevar a la reflexión sobre por qué no hay una actitud política permanente de apertura ante todo frente a quienes de antemano sabemos que piensan distinto. Sí, en escenario de electoral puede sonar difícil, pero es justamente cuando más se requiere capacidad de interlocución y de construcción de una patria compartida.
Si esto es así, entonces no sólo resulta deseable, sino urgente, construir un proceso mediante el cual el poder político se abra a la ciudadanía; en el que prevalezca la capacidad de escuchar y se logre asumir que, enviar mensajes a la nación desde tribunas diseñadas para el soliloquio, es definitivamente una apuesta por el absurdo.
Preocupa que, en cada mensaje que envían el Ejecutivo o los representantes del Congreso, queda siempre la sensación de que se trata de discursos cuyo destinatario exclusivo son los grupos de intereses que representan; empero, a la ciudadanía poco o nada se le dice, y mucho menos se le escucha.
Nuestra democracia exige romper con el monólogo del poder. Nuestras salidas a la violencia, a la desigualdad y a la pobreza podrán construirse en la medida en que podamos originar renovadas plataformas y capacidades de diálogo y, si en ello no están las respuestas definitivas, intentarlo nos llevará al menos a conocernos mejor como país o, cuando menos, nos permitirá, en el reconocimiento de nuestras diferencias, apostar por la cohesión y la identidad nacionales.
El Estado democrático se encuentra severamente amenazado, porque son sus instituciones las que, aun cuando sólo parcialmente, están “autorizando” y ejecutando la violencia.
Me atrevo a sostener que la única manera de romper con el círculo de violencia política y social en el que estamos atrapados es a base de diálogo. Una democracia sólo puede sobrevivir y fortalecerse en la medida en que logra construir canales institucionales para garantizar que todas las visiones en el interior de un Estado puedan tener representatividad y voz.
El diálogo es fundamental, porque implica el reconocimiento de la igualdad entendida en dos vías: desde el punto de vista jurídico, que da a los individuos la capacidad formal de interlocución y, la otra, con la que se garantiza reconocer una igualdad en dignidad de las personas.
La política en ese sentido debería fijarse como meta la erradicación de la violencia, entendida, según Hanna Arendt, como la capacidad de hacer o de provocar un daño físico y quizás hasta simbólico a los demás; desde esta perspectiva, el riesgo que se corre con respecto a las autoridades del Estado consiste en que éstas pueden generar daños a escala; es decir, la autoridad política puede, y en sentido estricto lo ha hecho, magnificar las dimensiones del daño y el terror en contra de la población.
La noción de la violencia es básica para comprender entonces por qué la consolidación de un régimen democrático resulta fundamental para erradicar la violencia que causa aquí el crimen organizado. En primer lugar y, sobre todo, porque la existencia de redes criminales implica la corrupción de las autoridades.
Visto así, el Estado democrático está severamente amenazado, porque son sus instituciones, como ha sido evidente con la llamada “operación limpieza”, las que, aun cuando sólo parcialmente, están “autorizando” y ejecutando la violencia en contra de la población civil.
Por ello, alarma la dimensión que tiene la delincuencia. No sólo debido a los miles de muertos generados por ella en los últimos años, sino porque la autoridad, con el argumento de que estamos en medio de “una guerra”, ha cerrado los pocos espacios de interlocución entre la sociedad civil, los académicos, los estudiosos de varios temas y las instituciones del Estado.
No se trata, pues, de organizar foros y más foros para la presentación infinita de monólogos. En todo caso, lo que se requiere es propiciar nuevos mecanismos para el establecimiento de un diálogo social en los términos arriba descritos.
Es innegable que en los últimos dos años ha habido algunos esfuerzos importantes en la materia: los debates organizados por el Senado para la reforma energética y debido a la crisis económica y las necesidades de crecimiento, son un ejemplo de cómo podríamos iniciar la institucionalización de mecanismos de intercambio honesto de ideas y puntos de vista. Y, ante la epidemia de influenza, la reunión del Ejecutivo Federal con tres ex secretarios de Salud es emblemática.
Pero en ambos casos destaca una cuestión: han sido espacios abiertos ante coyunturas de gran magnitud, lo que nos debe llevar a la reflexión sobre por qué no hay una actitud política permanente de apertura ante todo frente a quienes de antemano sabemos que piensan distinto. Sí, en escenario de electoral puede sonar difícil, pero es justamente cuando más se requiere capacidad de interlocución y de construcción de una patria compartida.
Si esto es así, entonces no sólo resulta deseable, sino urgente, construir un proceso mediante el cual el poder político se abra a la ciudadanía; en el que prevalezca la capacidad de escuchar y se logre asumir que, enviar mensajes a la nación desde tribunas diseñadas para el soliloquio, es definitivamente una apuesta por el absurdo.
Preocupa que, en cada mensaje que envían el Ejecutivo o los representantes del Congreso, queda siempre la sensación de que se trata de discursos cuyo destinatario exclusivo son los grupos de intereses que representan; empero, a la ciudadanía poco o nada se le dice, y mucho menos se le escucha.
Nuestra democracia exige romper con el monólogo del poder. Nuestras salidas a la violencia, a la desigualdad y a la pobreza podrán construirse en la medida en que podamos originar renovadas plataformas y capacidades de diálogo y, si en ello no están las respuestas definitivas, intentarlo nos llevará al menos a conocernos mejor como país o, cuando menos, nos permitirá, en el reconocimiento de nuestras diferencias, apostar por la cohesión y la identidad nacionales.
El Estado democrático se encuentra severamente amenazado, porque son sus instituciones las que, aun cuando sólo parcialmente, están “autorizando” y ejecutando la violencia.
Una nueva agenda social
Lunes 4 de mayo de 2009
El Banco Mundial presentó en marzo un documento que actualiza las proyecciones del desempeño esperado de la economía en 2009. Panorama desalentador, pues se contraerá en al menos 1.7% del PIB planetario.
Para México, el escenario es más grave: se espera que retroceda aproximadamente 6% del PIB, la inflación se mantenga por arriba de 5% y el proceso devaluatorio se conserve en los niveles mostrados hasta ahora.
Por otro lado, el BM estima que el precio del petróleo fluctuará en 50% por debajo del promediado en 2008; y se espera que, debido al desempleo en Estados Unidos, las remesas disminuyan significativamente. A lo anterior deberá sumársele el tremendo impacto económico que va a significar la epidemia de influenza que estamos enfrentando y que en materia de ingresos en el sector turismo puede llegar a una reducción de hasta 40% con respecto al año pasado.
Sobre estos datos se pueden hacer muchas conjeturas, pero en términos llanos se van a traducir en más pobres y en un número mucho mayor de personas vulnerables ante la miseria y la enfermedad.
Al respecto vale la pena destacar que, si algo han revelado las crisis que estamos viviendo es la fragilidad del entramado institucional para el desarrollo social, incluido desde luego el Sector Salud. Seguimos con reducido número de médicos, enfermeras y profesionales de la salud per cápita; infraestructura y equipamiento deficientes, y desigualdades abismales en el acceso a los servicios.
Con base en lo anterior se puede sostener que nuestra política social está desbordada. No se han construido las capacidades de coordinación y orientación de las acciones de todo el gabinete en ése ámbito, no se ha terminado de armonizar el marco jurídico, y los programas sociales más importantes no bastan para enfrentar una pobreza de la magnitud alcanzada en los últimos meses y que seguirá aumentando a lo largo de 2009.
A lo anterior debemos comenzar a sumar los efectos que la presencia del crimen organizado tiene en las ciudades que más lo han padecido, así como en la fractura y distorsión de los mercados locales, por acción de los delincuentes.
Con todo esto y, basándose en los datos sobre la caída en la economía global y la nacional, no es exagerado pensar que este año podríamos llegar a casi 53 millones de pobres, con la tragedia social que ello conlleva.
Frente a esto, el Programa Oportunidades no ha crecido en cobertura desde 2006; la del Seguro Popular de Salud, aunque avanza, lo hace muy lentamente y, en todo el país, ya hay registros de niñas, niños y adolescentes que han dejado la escuela en los últimos meses porque sus familiares no tienen los recursos para que sigan estudiando.
En 1997, la estrategia del Programa Progresa se centró en los ejes de educación, salud y alimentación, con el objetivo mayor de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Fue un programa de contención, que hoy está rebasado, porque no se logró evitar la fractura mayor que significa la ruptura del mundo del trabajo. Hoy debemos reconocer que el objetivo del Programa Progresa hoy Oportunidades— no se ha logrado y se requiere replantear la política social en su conjunto.
Es claro que con esos programas no superaríamos la pobreza en los poco más de tres años que le restan a este gobierno, pero tampoco en diez años más.
Así, argumentar frente a la emergencia que sólo se va a garantizar el funcionamiento y la cobertura de los programas sociales, es algo fallido y un salto al vacío mediante el cual se renuncia a reconstruir un país incluyente.
El México social no puede esperar más, pues en la generación de la justicia y la garantía de dignidad para todos, nos estamos jugando nuestra viabilidad.
No puede haber más pretextos: nuestra agenda más urgente es la social y urge convocar a un amplio e intenso diálogo para poner al centro de todas las decisiones del país el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Todo lo demás será retórica.
El Banco Mundial presentó en marzo un documento que actualiza las proyecciones del desempeño esperado de la economía en 2009. Panorama desalentador, pues se contraerá en al menos 1.7% del PIB planetario.
Para México, el escenario es más grave: se espera que retroceda aproximadamente 6% del PIB, la inflación se mantenga por arriba de 5% y el proceso devaluatorio se conserve en los niveles mostrados hasta ahora.
Por otro lado, el BM estima que el precio del petróleo fluctuará en 50% por debajo del promediado en 2008; y se espera que, debido al desempleo en Estados Unidos, las remesas disminuyan significativamente. A lo anterior deberá sumársele el tremendo impacto económico que va a significar la epidemia de influenza que estamos enfrentando y que en materia de ingresos en el sector turismo puede llegar a una reducción de hasta 40% con respecto al año pasado.
Sobre estos datos se pueden hacer muchas conjeturas, pero en términos llanos se van a traducir en más pobres y en un número mucho mayor de personas vulnerables ante la miseria y la enfermedad.
Al respecto vale la pena destacar que, si algo han revelado las crisis que estamos viviendo es la fragilidad del entramado institucional para el desarrollo social, incluido desde luego el Sector Salud. Seguimos con reducido número de médicos, enfermeras y profesionales de la salud per cápita; infraestructura y equipamiento deficientes, y desigualdades abismales en el acceso a los servicios.
Con base en lo anterior se puede sostener que nuestra política social está desbordada. No se han construido las capacidades de coordinación y orientación de las acciones de todo el gabinete en ése ámbito, no se ha terminado de armonizar el marco jurídico, y los programas sociales más importantes no bastan para enfrentar una pobreza de la magnitud alcanzada en los últimos meses y que seguirá aumentando a lo largo de 2009.
A lo anterior debemos comenzar a sumar los efectos que la presencia del crimen organizado tiene en las ciudades que más lo han padecido, así como en la fractura y distorsión de los mercados locales, por acción de los delincuentes.
Con todo esto y, basándose en los datos sobre la caída en la economía global y la nacional, no es exagerado pensar que este año podríamos llegar a casi 53 millones de pobres, con la tragedia social que ello conlleva.
Frente a esto, el Programa Oportunidades no ha crecido en cobertura desde 2006; la del Seguro Popular de Salud, aunque avanza, lo hace muy lentamente y, en todo el país, ya hay registros de niñas, niños y adolescentes que han dejado la escuela en los últimos meses porque sus familiares no tienen los recursos para que sigan estudiando.
En 1997, la estrategia del Programa Progresa se centró en los ejes de educación, salud y alimentación, con el objetivo mayor de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Fue un programa de contención, que hoy está rebasado, porque no se logró evitar la fractura mayor que significa la ruptura del mundo del trabajo. Hoy debemos reconocer que el objetivo del Programa Progresa hoy Oportunidades— no se ha logrado y se requiere replantear la política social en su conjunto.
Es claro que con esos programas no superaríamos la pobreza en los poco más de tres años que le restan a este gobierno, pero tampoco en diez años más.
Así, argumentar frente a la emergencia que sólo se va a garantizar el funcionamiento y la cobertura de los programas sociales, es algo fallido y un salto al vacío mediante el cual se renuncia a reconstruir un país incluyente.
El México social no puede esperar más, pues en la generación de la justicia y la garantía de dignidad para todos, nos estamos jugando nuestra viabilidad.
No puede haber más pretextos: nuestra agenda más urgente es la social y urge convocar a un amplio e intenso diálogo para poner al centro de todas las decisiones del país el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Todo lo demás será retórica.
Pensar la emergencia
Lunes 27 de abril de 2009
Nuestro país vive la mayor emergencia sanitaria de los últimos 50 años aquí. Supera incluso el brote de cólera de los inicios de la década de los 90, porque la situación está generada esta vez por un virus nuevo, no sólo en México, sino en todo el mundo, lo que obliga a redoblar los esfuerzos de prevención y atención.
El problema es de la mayor seriedad. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, emitió un comunicado el sábado anterior para advertir que la epidemia en nuestro país y en Estados Unidos puede adquirir el nivel de pandemia si no se actúa con eficacia y a tiempo. Por ello, dijo, se trata de una “emergencia sanitaria internacional”.
Así que la evolución del mal tendrá un seguimiento detallado, pues ayer domingo, en la escala internacional de riesgos sanitarios, se le situó en el nivel tres de seis posibles, es decir que, aun cuando el potencial de contagio masivo sigue siendo considerado relativamente bajo, en cualquier momento la situación puede modificarse.
Una emergencia así tiene que ser atendida de inmediato, pero también debe ser motivo para que, una vez superada la contingencia, se aborden las cuestiones de fondo que persisten en nuestro país en materia de salud.
Sin duda, una de las esferas de la vida social en que en mayor medida se hacen patentes nuestras desigualdades es en el acceso a los servicios de salud. Debe recordarse que son aún miles quienes cada año se enferman de padecimientos como el dengue (el clásico y el hemorrágico), el paludismo y la tuberculosis, todos 100% prevenibles, y que afectan especialmente a los más pobres.
Sería interesante, en ese sentido, verificar el perfil sociodemográfico de quienes han fallecido por la más reciente epidemia de influenza, así como de aquellas a quienes se les ha confirmado tener el virus de la influenza porcina, para determinar si la epidemia está asociada no sólo a cuestiones de índole viral, sino a la pobreza y la desigualdad.
A ello debe agregarse que en nuestro país no está muy claro cuáles son los procedimientos estandarizados para actuar en una situación de esta magnitud. Sin duda, de ello tenemos aún mucho que aprender y voltear la mirada al desarrollo institucional de EU, en donde hay incluso manuales de procedimientos para emergencias de este tipo, lo que podría ayudar.
El Estado, en esa lógica, no puede dejar al libre juego del mercado los temas de la salud. Hay que reiterar pues, que hay esferas relacionadas con la justicia social que simplemente deben seguir siendo una materia prioritaria en la que la rectoría del Estado y sus instituciones estén garantizadas plenamente.
Por lo demás, bien vale la pena anotar que esta es, quizá, la primera epidemia plenamente característica del siglo XXI. Los brotes en otros países parecen estar relacionados con los viajes hechos a México y, en sus orígenes, parece que el virus proviene de Asia, lo que debe llevar a la consideración de la capacidad de esparcimiento que, gracias a la expansión y velocidad de los nuevos sistemas de transporte globales, tienen enfermedades y brotes epidémicos como el que enfrentamos.
El Estado necesita tener más clínicas, laboratorios y, desde luego, el personal médico suficiente para garantizar el derecho constitucional de todos a la salud. Al respecto debe destacarse que seguimos siendo un país con un bajo número de médicos y enfermeras per cápita, pues nos superan los promedios de Chile, Cuba y Brasil, por ejemplo, y somos los últimos en el interior de la OCDE.
Es importante pensar en la complejidad social que vivimos y en el impacto que una epidemia así puede generar en la población, sobre todo en salud mental, si se considera que nos encontramos en medio de una crisis financiera sin precedentes, un escenario de decrecimiento económico cercano a -4% y una violencia y unos asesinatos asociados al crimen organizado que no ceden.
Lo anterior debe ser un punto de partida para repensar nuestro sistema de seguridad social y asumir la urgente necesidad de construir un sistema de cobertura universal que articule lo que hoy tenemos, pero pueda potenciarlo a fin de garantizar a todos, con calidad y oportunidad, el derecho constitucional a la salud.
El problema es de la mayor seriedad. La directora general de la OMS emitió un comunicado el sábado anterior para advertir que la epidemia puede adquirir el nivel de pandemia.
Nuestro país vive la mayor emergencia sanitaria de los últimos 50 años aquí. Supera incluso el brote de cólera de los inicios de la década de los 90, porque la situación está generada esta vez por un virus nuevo, no sólo en México, sino en todo el mundo, lo que obliga a redoblar los esfuerzos de prevención y atención.
El problema es de la mayor seriedad. La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, emitió un comunicado el sábado anterior para advertir que la epidemia en nuestro país y en Estados Unidos puede adquirir el nivel de pandemia si no se actúa con eficacia y a tiempo. Por ello, dijo, se trata de una “emergencia sanitaria internacional”.
Así que la evolución del mal tendrá un seguimiento detallado, pues ayer domingo, en la escala internacional de riesgos sanitarios, se le situó en el nivel tres de seis posibles, es decir que, aun cuando el potencial de contagio masivo sigue siendo considerado relativamente bajo, en cualquier momento la situación puede modificarse.
Una emergencia así tiene que ser atendida de inmediato, pero también debe ser motivo para que, una vez superada la contingencia, se aborden las cuestiones de fondo que persisten en nuestro país en materia de salud.
Sin duda, una de las esferas de la vida social en que en mayor medida se hacen patentes nuestras desigualdades es en el acceso a los servicios de salud. Debe recordarse que son aún miles quienes cada año se enferman de padecimientos como el dengue (el clásico y el hemorrágico), el paludismo y la tuberculosis, todos 100% prevenibles, y que afectan especialmente a los más pobres.
Sería interesante, en ese sentido, verificar el perfil sociodemográfico de quienes han fallecido por la más reciente epidemia de influenza, así como de aquellas a quienes se les ha confirmado tener el virus de la influenza porcina, para determinar si la epidemia está asociada no sólo a cuestiones de índole viral, sino a la pobreza y la desigualdad.
A ello debe agregarse que en nuestro país no está muy claro cuáles son los procedimientos estandarizados para actuar en una situación de esta magnitud. Sin duda, de ello tenemos aún mucho que aprender y voltear la mirada al desarrollo institucional de EU, en donde hay incluso manuales de procedimientos para emergencias de este tipo, lo que podría ayudar.
El Estado, en esa lógica, no puede dejar al libre juego del mercado los temas de la salud. Hay que reiterar pues, que hay esferas relacionadas con la justicia social que simplemente deben seguir siendo una materia prioritaria en la que la rectoría del Estado y sus instituciones estén garantizadas plenamente.
Por lo demás, bien vale la pena anotar que esta es, quizá, la primera epidemia plenamente característica del siglo XXI. Los brotes en otros países parecen estar relacionados con los viajes hechos a México y, en sus orígenes, parece que el virus proviene de Asia, lo que debe llevar a la consideración de la capacidad de esparcimiento que, gracias a la expansión y velocidad de los nuevos sistemas de transporte globales, tienen enfermedades y brotes epidémicos como el que enfrentamos.
El Estado necesita tener más clínicas, laboratorios y, desde luego, el personal médico suficiente para garantizar el derecho constitucional de todos a la salud. Al respecto debe destacarse que seguimos siendo un país con un bajo número de médicos y enfermeras per cápita, pues nos superan los promedios de Chile, Cuba y Brasil, por ejemplo, y somos los últimos en el interior de la OCDE.
Es importante pensar en la complejidad social que vivimos y en el impacto que una epidemia así puede generar en la población, sobre todo en salud mental, si se considera que nos encontramos en medio de una crisis financiera sin precedentes, un escenario de decrecimiento económico cercano a -4% y una violencia y unos asesinatos asociados al crimen organizado que no ceden.
Lo anterior debe ser un punto de partida para repensar nuestro sistema de seguridad social y asumir la urgente necesidad de construir un sistema de cobertura universal que articule lo que hoy tenemos, pero pueda potenciarlo a fin de garantizar a todos, con calidad y oportunidad, el derecho constitucional a la salud.
El problema es de la mayor seriedad. La directora general de la OMS emitió un comunicado el sábado anterior para advertir que la epidemia puede adquirir el nivel de pandemia.
martes, 21 de abril de 2009
Armas
20 de abril de 2009
Según los datos del Small Arms Survey, en el mundo hay más de 200 millones de armas de uso militar, de los cuales al menos 76 millones son consideradas “excedentes”. Y cada año se extravían en todo el mundo alrededor de 650 mil armas de uso civil, lo que genera un enorme mercado para los grupos delincuenciales y las guerrillas.
Asimismo, se estima que una de cada mil en manos de civiles es susceptible de ser desviada de su uso legal, lo que ocasiona una inmensa cantidad de armas de fuego disponibles para la comisión de delitos, particularmente el secuestro, el robo a mano armada y los asesinatos.
Es de destacar que en todo el mundo hay arsenales oficiales con entre 100 y 140 millones de toneladas de municiones para armas pequeñas, de los cuales entre 20 y 30 millones se consideran municiones excedentes.
Estos datos llevan a la necesidad de preguntarse por qué estas armas y municiones no son destruidas. En efecto, los expertos sostienen que uno de los debates que no se ha dado de manera suficiente es qué se entiende por armas y municiones excedentes. Y en tanto tal es el estado del debate, el hecho real es que, mientras sigan existiendo cantidades excesivas de armas y municiones, habrá la posibilidad de la corrupción y de su tráfico ilícito.
El estudio para 2008, del Small Arms Survey, muestra cómo un traficante de armas puede, por 200 dólares, obtener, de funcionarios corruptos en Estados Unidos, certificados de “usuarios finales de armas” en blanco, con los sellos y firmas necesarios para que los traficantes puedan mover las armas a cualquier parte del mundo.
Sin duda, una de las cuestiones pendientes en el marco de la política social y de salud en nuestro país es comprender los alcances y las dimensiones de la violencia armada, tanto la relacionada con el crimen organizado, como con la inmensa cantidad de asesinatos y delitos cometidos con el uso de armas pequeñas en México.
De acuerdo con un documento elaborado por el INEGI, Mujeres y Hombres 2009, en México hay una tasa de mortalidad por homicidios de 8.4 casos por cada 100 mil habitantes. Del total de esas muertes, 56.8% fueron causadas debido a agresión por arma de fuego.
A diferencia de otras causas de mortalidad en las que las tasas entre hombres y mujeres tienen un cierto equilibrio, la mortalidad por homicidios es mucho más elevada para los hombres. Por ejemplo, mientras que en Chiapas la tasa de mortalidad por homicidio contra las mujeres fue de sólo 0.7 casos por cada 100 mil mujeres, en Guerrero la tasa para los hombres fue de 44 casos por cada 100 mil personas del sexo masculino.
Según datos de la PGR, en 2009 se ha logrado asegurar poco más de cinco mil armas y más de 894 mil cartuchos útiles. Estos datos confirman que hay un enorme descontrol en cuanto a posesión, tránsito y venta ilegal, lo que obliga a desarrollar estrategias más allá del ámbito policial, para lograr la destrucción y el aseguramiento de mucho más de estos artefactos y municiones y evitar más homicidios y crímenes cometidos con su utilización.
La violencia generalizada a lo largo y lo ancho del país ha cobrado niveles de una pandemia difícil de controlar. Si a una cultura de discriminación, intolerancia y exclusión, se le agrega la disponibilidad y la falta de control sobre las armas, hay una peligrosa combinación que puede desatar fracturas estructurales en el tejido social, las familias y comunidades, que no sabemos todavía si alguna vez podrán reconstruirse.
Una ruta para explorarla es cuál es el impacto de la proliferación y disponibilidad de videojuegos basados en la violencia, el uso simulado de armas y un “entrenamiento” para su uso sin consecuencias, pero que podrían predisponer a miles de niños y jóvenes para habituarse a una presencia permanente de la violencia armada.
Controlar la importación, el flujo y la distribución de armas en el país es urgente. No hay nada que justifique la existencia de un mercado ilegal en el que casi cualquiera puede adquirir una que no sabemos si ya fue utilizada o no para la comisión de un delito.
Las armas en manos de asesinos y criminales provocan la muerte, la inseguridad y el temor en la sociedad. Este es un lujo que no podemos darnos en una democracia que, como la nuestra, intenta apenas consolidarse y generar bienestar social para todos.
En todo el mundo hay arsenales oficiales con entre 100 y 140 millones de toneladas de municiones para armas pequeñas; 20 y 30 millones se consideran municiones excedentes.
El Estado Laico
13 de abril de 2009
Hay una diferencia fundamental entre una postura laica y una anticlerical. La primera forma parte del espíritu democrático, al reconocer el derecho de todos a profesar sus creencias; la segunda es muestra de intolerancia que busca reducir espacios de manifestación de las creencias o la religiosidad.
Nuestra historia está llena de ejemplos de por qué un Estado laico es lo mejor para consolidar la democracia. En la vida independiente hemos vivido graves episodios en los que esa intolerancia como el anticlericalismo han apostado por suprimir o reducir libertades individuales.
En un Estado laico, todas las expresiones religiosas tienen cabida, sin demérito o sin acciones que vayan en detrimento de las demás; esto es, un ambiente en el que todos pueden manifestar y profesar sus creencias sin temor a ser reprimidos por ninguna autoridad pública.
Pero es importante considerar que muchas iglesias exigen al Estado suprimir las otras manifestaciones o formas de organización religiosa. Sí, muchas veces, las mayoritarias en una sociedad buscan imponerse o suprimir a las que enseñan cuestiones distintas de las propias.
Esa intolerancia busca precisamente suprimir el Estado laico con un argumento simple: la verdad les pertenece y debe ser aceptada o hasta impuesta, a los demás. Lo interesante estriba en pensar que todas las religiones asumen más o menos lo mismo: la verdad revelada está de su lado y, Dios, dispuesto a hacerla prevalecer.
En México, la religión católica fue impuesta a través de una sangrienta conquista ideológica y militar. Pocos procesos históricos han sido tan sangrientos y crueles como la destrucción de varias cosmovisiones precolombinas, para imponer una visión de la vida y el mundo expresada en el catolicismo reaccionario que vino de España.
Un ejemplo al contrario, de una ocupación militar que no impuso su religiosidad es la del mundo árabe en España: 800 años de ocupación no fueron pretexto para imponer ni una lengua ni una religión. Es difícil imaginar casi un milenio de tolerancia y aceptación, pero no hubo un proceso sistemático de destrucción del cristianismo desde el poder militar y político árabe.
Al contrario, la mentalidad totalitaria que auspició la Conquista construyó, en los 300 años de la Colonia, un discurso de exclusión en el cual lo que no fuera catolicismo en la versión de la contrarreforma impulsada por Loyola e importada a México a través del Santo Oficio, fue rechazado y se sancionó, con el destierro, la cárcel y, en no pocos casos, con la pena de muerte, bajo la acusación de herejía.
La discusión de las últimas semanas, en México, de si los clérigos, de cualquier religión, deben o no participar en política, ha estado tamizada por una concepción falaz: no se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si las creencias que profesa exigen de los demás aceptarlas a ultranza porque se trata de la “verdad revelada”.
Desde esta perspectiva de nuestro desarrollo histórico, la discusión sobre religión o creencias del jefe del Estado y de quienes encabezan las instituciones no debería ser tema de debate. En un Estado democrático, el laicismo es una política de Estado, porque ello garantiza las libertades de creencia, religión y pensamiento de todos.
No se trata, pues, de coartar la posibilidad de nadie para expresar públicamente sus creencias, sino de que todos podamos hacerlo en un contexto de tolerancia y respeto a quien no cree lo mismo que nosotros.
En síntesis, el tema de debate de fondo en un Estado democrático no es sobre si los políticos profesan la religión de la mayoría o si profesan siquiera algún tipo de creencia. Se trata de saber si el jefe del Estado o quien aspira a serlo y quienes encabezan a las instituciones públicas tienen una firme convicción republicana, si sus principios y valores son plenamente democráticos y si sus convicciones teóricas e ideológicas tienen un firme arraigo en una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Eso no se ha discutido hoy a cabalidad.
No se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si éstas exigen de los demás aceptarlas a ultranza.
Hay una diferencia fundamental entre una postura laica y una anticlerical. La primera forma parte del espíritu democrático, al reconocer el derecho de todos a profesar sus creencias; la segunda es muestra de intolerancia que busca reducir espacios de manifestación de las creencias o la religiosidad.
Nuestra historia está llena de ejemplos de por qué un Estado laico es lo mejor para consolidar la democracia. En la vida independiente hemos vivido graves episodios en los que esa intolerancia como el anticlericalismo han apostado por suprimir o reducir libertades individuales.
En un Estado laico, todas las expresiones religiosas tienen cabida, sin demérito o sin acciones que vayan en detrimento de las demás; esto es, un ambiente en el que todos pueden manifestar y profesar sus creencias sin temor a ser reprimidos por ninguna autoridad pública.
Pero es importante considerar que muchas iglesias exigen al Estado suprimir las otras manifestaciones o formas de organización religiosa. Sí, muchas veces, las mayoritarias en una sociedad buscan imponerse o suprimir a las que enseñan cuestiones distintas de las propias.
Esa intolerancia busca precisamente suprimir el Estado laico con un argumento simple: la verdad les pertenece y debe ser aceptada o hasta impuesta, a los demás. Lo interesante estriba en pensar que todas las religiones asumen más o menos lo mismo: la verdad revelada está de su lado y, Dios, dispuesto a hacerla prevalecer.
En México, la religión católica fue impuesta a través de una sangrienta conquista ideológica y militar. Pocos procesos históricos han sido tan sangrientos y crueles como la destrucción de varias cosmovisiones precolombinas, para imponer una visión de la vida y el mundo expresada en el catolicismo reaccionario que vino de España.
Un ejemplo al contrario, de una ocupación militar que no impuso su religiosidad es la del mundo árabe en España: 800 años de ocupación no fueron pretexto para imponer ni una lengua ni una religión. Es difícil imaginar casi un milenio de tolerancia y aceptación, pero no hubo un proceso sistemático de destrucción del cristianismo desde el poder militar y político árabe.
Al contrario, la mentalidad totalitaria que auspició la Conquista construyó, en los 300 años de la Colonia, un discurso de exclusión en el cual lo que no fuera catolicismo en la versión de la contrarreforma impulsada por Loyola e importada a México a través del Santo Oficio, fue rechazado y se sancionó, con el destierro, la cárcel y, en no pocos casos, con la pena de muerte, bajo la acusación de herejía.
La discusión de las últimas semanas, en México, de si los clérigos, de cualquier religión, deben o no participar en política, ha estado tamizada por una concepción falaz: no se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si las creencias que profesa exigen de los demás aceptarlas a ultranza porque se trata de la “verdad revelada”.
Desde esta perspectiva de nuestro desarrollo histórico, la discusión sobre religión o creencias del jefe del Estado y de quienes encabezan las instituciones no debería ser tema de debate. En un Estado democrático, el laicismo es una política de Estado, porque ello garantiza las libertades de creencia, religión y pensamiento de todos.
No se trata, pues, de coartar la posibilidad de nadie para expresar públicamente sus creencias, sino de que todos podamos hacerlo en un contexto de tolerancia y respeto a quien no cree lo mismo que nosotros.
En síntesis, el tema de debate de fondo en un Estado democrático no es sobre si los políticos profesan la religión de la mayoría o si profesan siquiera algún tipo de creencia. Se trata de saber si el jefe del Estado o quien aspira a serlo y quienes encabezan a las instituciones públicas tienen una firme convicción republicana, si sus principios y valores son plenamente democráticos y si sus convicciones teóricas e ideológicas tienen un firme arraigo en una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Eso no se ha discutido hoy a cabalidad.
No se trata de definir si quien gobierna puede hacer públicas o no sus creencias, sino de saber si éstas exigen de los demás aceptarlas a ultranza.
martes, 7 de abril de 2009
100 mil rechazados y el proyecto de país
Lunes 6 de abril de 2009
México se enfrenta, a la mayor crisis económica de los últimos 100 años, en condiciones estructurales adversas. Los efectos que la reconversión del orden internacional tendrá en nuestro país exigen la revisión del conjunto de políticas y estrategias del Estado a fin de insertarnos con eficacia, no sólo al nuevo orden que habrá de construirse, sino, sobre todo, para lograr tener voz y voto en los procesos de construcción de ese orden.
Si se atiende al “discurso inaugural” del presidente Barack Obama, pueden percibirse algunos de los ejes más importantes desde los cuales nuestro vecino del norte buscará afianzar su liderazgo mundial y garantizar seguir siendo la principal potencia, aun en el marco de un orden internacional con más y mejores equilibrios.
Uno de esos ejes es la educación y la investigación científica y tecnológica. Obama dijo, en uno de sus primeros discursos, que, ante la crisis, EU debía aprovechar que no han dejado de ser los primeros en producción e investigación en ciencia y tecnología y el tener más de la mitad de las 100 mejores universidades del mundo.
La tragedia aquí es que, ante la crisis, las universidades públicas no han sido vistas como ámbitos de oportunidad para distintos procesos, entre otros, cerrar la brecha en investigación y desarrollo que tenemos con respecto a nuestros principales socios estratégicos; fomentar un nuevo sistema nacional de investigación que promueva, no sólo ciencia y tecnología, sino también las humanidades y las artes y, por último, un proceso de fortalecimiento de las universidades públicas, para detonar una nueva forma de educar a nuestras niñas, niños y jóvenes.
Hemos cometido el grave error de abandonar, por ejemplo, el proyecto de la Universidad Nacional en todo lo que implicaba: ser un centro para la investigación al servicio de la humanidad y también un catalizador de la cohesión y la inclusión social.
La educación pública, como gran proyecto de solidaridad nacional, se ha perdido. La decisión de llevar, en una visita oficial, a la secretaria de Estado de EU, al Tec de Monterrey, es reveladora de cómo el gobierno federal ha perdido el rumbo en materia educativa y cómo carece de una sólida visión sobre la necesidad de que la universidad pública sea dimensionada en sus capacidades para generar inclusión social y, sobre todo, formar a personas capaces de ser solidarias y de preocuparse por los problemas sociales más graves que debemos resolver.
El Sistema Nacional de Universidades, a pesar de los grandes esfuerzos de la comunidad académica, sigue estando desarticulado en sus capacidades para reconducir el desarrollo, y eso no es producto sino de la falta de presupuesto, de recursos humanos y materiales suficientes, pero, más aún, de una visión que logre comprender a las universidades públicas como los campus, no sólo en los que se forma a profesionistas, científicos y técnicos, sino, sobre todo, espacios para educar a formadores del país.
El problema de los más de 100 mil jóvenes que fueron rechazados en el examen de admisión de la UNAM no es un problema que por sí mismo pueda resolver esa Universidad. Habría que sumar, a estos 100 mil jóvenes, los otros cientos de miles que año con año son rechazados de otras universidades e instituciones de educación superior pública, para dimensionar bien los asuntos de fondo.
Quizás uno de los más importantes consiste en reconocer que enfrentamos una tragedia silenciosa en todos los niveles de la educación pública. En ese sentido, la urgencia consiste en revalorar el papel de la educación pública como un gran sistema de inclusión social; en donde puedan convivir los más favorecidos con quienes tienen más carencias, y en donde todos tengan la oportunidad de acceder a una educación oportuna y de calidad, sustentada en profundas nociones de derechos humanos, democracia y una cultura para la paz.
La crisis del mundo privado nos ha enseñado, a un costo muy alto, que no todo lo que proviene del Estado puede rechazarse sólo por un dogma ideológico. Ante ello, es posible apostar por la reconstrucción de un sistema educativo nacional que, al incluir a todos, incrementaría en una sola generación nuestros niveles de competitividad, impactaría en la reducción de tasas de mortalidad por causas enteramente prevenibles y, quizás, hasta podríamos aspirar a tener un país cimentado en los valores de la equidad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.
http://www.exonline.com.mx
martes, 31 de marzo de 2009
La UNAM por un México Social
Lunes 30 de marzo de 2009
Uno de los mayores errores que se han cometido en las últimas administraciones consiste en haber abandonado el proyecto nacional implícito en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en las cuales se sintetiza una visión relativa a un país que tiene como objetivo mayor la inclusión social de toda su población.
La Universidad Nacional ha significado para México el espacio privilegiado de la reflexión, la crítica, la movilidad y la capilaridad social y, ¿por qué no decirlo también?, de la disidencia y el llamado a la protesta y la movilización ante la injusticia, el autoritarismo y los excesos del poder.
La UNAM ha sido también a lo largo del tiempo la casa por excelencia de la construcción de propuestas: en ella se han generado los principales avances científicos del país y ha sido la sede para la coexistencia y la convivencia de distintas formas de pensar y comprender al mundo, a la sociedad y a nuestro país.
La Universidad es una de esas instituciones de las que hablaba Gilberto Rincón Gallardo, en el sentido de que, a veces, a fuerza de verlas y de reconocer implícitamente su importancia, parecieran pasar desapercibidas, pero cuya sola reducción o incluso su desaparición, aun por un día, nos mostraría la inviabilidad social, política y cultural de toda la nación mexicana.
Por éstas y muchas otras razones, la voz de la Universidad Nacional debería ser escuchada y atendida cuando se emite a fin de convocar al país a una reflexión sobre los temas de mayor relevancia y trascendencia para construir visiones de largo plazo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mayorías depauperadas.
En ese sentido, es importante destacar que, la semana pasada, la Universidad Nacional llevó a cabo el Seminario México Social, en el que expertos y académicos discutimos sobre las alternativas de nuestro país para salir de la crisis pero, sobre todo, construir las condiciones necesarias para que, en el momento en que se logre la reactivación, podamos detonar un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento económico que garantice la equidad social.
Lo que quedó de manifiesto en este importante foro de nuestra Universidad Nacional es que la principal agenda de este siglo es precisamente la de lo social. Que no hay nada más importante, como principal objetivo del Estado, que conseguir el pleno cumplimiento de los derechos sociales de la población, y no habrá manera de lograr un crecimiento sostenido y respetuoso del medio ambiente si no transitamos hacia un modelo distinto de generación de riqueza, a través de inteligencia agregada, innovación científica y desarrollo tecnológico.
La fractura de un modelo global sustentado en un sistema económico capitalista tendiente a la atrocidad, obliga a repensar, no sólo qué estructuras económicas debemos generar para evitar y revertir la desigualdad y la pobreza que hoy nos aquejan, sino también a replantear el modelo civilizatorio que ha puesto al borde del colapso a la naturaleza y a la viabilidad social del mundo.
Las coordenadas para la inserción de México en un nuevo orden global que habrá de construirse a partir de los siguientes meses, están determinadas por sus capacidades de moverse hacia una estrategia que apueste por recimentar la cohesión social con base en instituciones que, deliberadamente, desde el Estado, privilegien acciones para la cooperación, la solidaridad y la búsqueda de una prosperidad al alcance de todos.
El título del Seminario realizado por la UNAM, México Social, es indicativo de hacia dónde hay que movernos. El proyecto nacional expresado en la parte dogmática de nuestra Constitución puede y debe fortalecerse, y eso sólo se logrará en la medida en que el adjetivo de lo “social” logre dimensionarse y permear en todas las estructuras y decisiones del Estado.
La Universidad Nacional nos ha hecho un llamado a todos a suscribir un Manifiesto por un México Social, un documento que, desde una perspectiva ética, plantea renovar lo que significa nuestra nación y que, sin ambages, pone el énfasis en la urgencia de construir un Estado con la capacidad de generar justicia y dignidad para todos porque, a la luz de los datos de los que disponemos, el que ahora tenemos no lo ha conseguido.
martes, 24 de marzo de 2009
El vaciamiento de la política
Lunes 23 de marzo de 2009
La política puede ser comprendida al menos de dos maneras: la primera, como una actividad utilitaria desde la cual se persigue el poder y su conservación. Desde esta perspectiva, la política es vista como un medio; es decir, un conjunto de procedimientos en los que el criterio de la eficacia puede anteponerse a otras dimensiones, como la ética.
La segunda forma de comprender la política apela, por el contrario, al perfeccionamiento de la vida pública. Desde una posición aristotélica, por ejemplo, la política es concebida como la virtud perfecta; esto es, un fin en sí mismo que convierte a los hombres en el mejor tipo de persona que pueden llegar a ser. Desde una posición así, la práctica política exige anteponer a la ética y la rectitud moral como los criterios predominantes de la acción humana.
Sin duda, siempre será preferible contar con una clase política que conciba a sus actividades desde el punto de vista de la segunda perspectiva. Hacerlo así implica que la política se convierte siempre en una actividad que apela a la inteligencia, entendida como un diálogo constructivo para encontrar las mejores soluciones a los problemas de la comunidad.
No es casualidad que tanto en Esparta como en la Atenas del siglo V a.C., la política haya sido concebida básicamente como una actividad deliberativa; una actividad de hombres virtuosos cuya función principal era actuar con base en la razón dialogante y el establecimiento de mecanismos de discusión y toma de decisiones colectivas.
De ahí que el ágora, el lugar por excelencia de discusión de las cuestiones públicas, fuese tomado prácticamente como un lugar cuasi sagrado. Por ello, ahí eran invitados los miembros de la aristocracia, entendida como el grupo de los mejores. Debido a ello, en el ágora había reglas para la emisión de discursos y por eso quienes en ella participaban eran sumamente cuidadosos de sus palabras, porque ahí el rango y la condición económica estaban supeditados a la responsabilidad de lo que se decía. Puesto en términos llanos, cada quien, y nadie más, era el responsable de sus opiniones y de las consecuencias de éstas.
El asunto, por los testimonios de la época, era tan grave, que en ello los ciudadanos espartanos y los atenienses se jugaban el prestigio público de toda una existencia, la libertad, el destierro e incluso la vida. No es menor que a Sócrates le haya costado la vida esa acusación de ser un “corruptor de la juventud e impiedad” y, a Aristóteles, el destierro. Hay además innumerables casos de sentencias al “ostracismo”, que era considerado una de las penas mayores para cualquier griego libre.
Pensar en todo lo anterior tiene relevancia porque lo que hoy vivimos en el escenario político mexicano es nada menos que lo opuesto al ideal político de una sociedad dialogante y constructiva. A la mesura y la prudencia exigibles a los políticos, se les antepone la frivolidad y la vacuidad de los argumentos. Repartir culpas a un gobierno anterior, por ejemplo, hubiese sido indigno de cualquier ateniense sabio, porque la magnanimidad del poderoso y de quien detentaba cargos públicos era también una virtud altamente valorada.
Nuestra política ha devenido en un espacio sin precedentes de renuncia al diálogo y la inteligencia. Los contenidos declarativos de la inmensa mayoría de los políticos mexicanos apuntan a la descalificación de los adversarios, al señalamiento de defectos personales y poco, muy poco, a la construcción de un diálogo edificante. Se renunció simplemente a asumir que la política se corresponde con la actividad arquitectónica en cuanto a la construcción de lo cívico se refiere. Es decir, de los mejores y más profundos valores ciudadanos que pueden darle sustento y perdurabilidad a una democracia.
El vaciamiento de la política comienza con el vaciamiento del lenguaje, nos advirtió con claridad sorprendente Octavio Paz hace ya más de tres décadas. Y pocos prestaron atención a este señalamiento, porque pocos concibieron a la política en un sentido dialogante como el que describo.
Lo peor de todo es que la mayoría de los medios de comunicación, como parte activa de la acción pública y política, han hecho eco del sinsentido del lenguaje en que hoy estamos atrapados.
Reconstruir la política exige reconstruir las capacidades del lenguaje, para significar una vez más cuestiones de mayor calado, dotar de nuevos significados a palabras que hoy suenan viejas y desgastadas y, sobre todo, reconstruir la capacidad dialogante de la política con el fin de que se convierta en un espacio de deliberación de proyectos y no de una cínica disputa por intereses de unos cuantos grupos que han, lamentablemente, usurpado a las instituciones del Estado.
La política puede ser comprendida al menos de dos maneras: la primera, como una actividad utilitaria desde la cual se persigue el poder y su conservación. Desde esta perspectiva, la política es vista como un medio; es decir, un conjunto de procedimientos en los que el criterio de la eficacia puede anteponerse a otras dimensiones, como la ética.
La segunda forma de comprender la política apela, por el contrario, al perfeccionamiento de la vida pública. Desde una posición aristotélica, por ejemplo, la política es concebida como la virtud perfecta; esto es, un fin en sí mismo que convierte a los hombres en el mejor tipo de persona que pueden llegar a ser. Desde una posición así, la práctica política exige anteponer a la ética y la rectitud moral como los criterios predominantes de la acción humana.
Sin duda, siempre será preferible contar con una clase política que conciba a sus actividades desde el punto de vista de la segunda perspectiva. Hacerlo así implica que la política se convierte siempre en una actividad que apela a la inteligencia, entendida como un diálogo constructivo para encontrar las mejores soluciones a los problemas de la comunidad.
No es casualidad que tanto en Esparta como en la Atenas del siglo V a.C., la política haya sido concebida básicamente como una actividad deliberativa; una actividad de hombres virtuosos cuya función principal era actuar con base en la razón dialogante y el establecimiento de mecanismos de discusión y toma de decisiones colectivas.
De ahí que el ágora, el lugar por excelencia de discusión de las cuestiones públicas, fuese tomado prácticamente como un lugar cuasi sagrado. Por ello, ahí eran invitados los miembros de la aristocracia, entendida como el grupo de los mejores. Debido a ello, en el ágora había reglas para la emisión de discursos y por eso quienes en ella participaban eran sumamente cuidadosos de sus palabras, porque ahí el rango y la condición económica estaban supeditados a la responsabilidad de lo que se decía. Puesto en términos llanos, cada quien, y nadie más, era el responsable de sus opiniones y de las consecuencias de éstas.
El asunto, por los testimonios de la época, era tan grave, que en ello los ciudadanos espartanos y los atenienses se jugaban el prestigio público de toda una existencia, la libertad, el destierro e incluso la vida. No es menor que a Sócrates le haya costado la vida esa acusación de ser un “corruptor de la juventud e impiedad” y, a Aristóteles, el destierro. Hay además innumerables casos de sentencias al “ostracismo”, que era considerado una de las penas mayores para cualquier griego libre.
Pensar en todo lo anterior tiene relevancia porque lo que hoy vivimos en el escenario político mexicano es nada menos que lo opuesto al ideal político de una sociedad dialogante y constructiva. A la mesura y la prudencia exigibles a los políticos, se les antepone la frivolidad y la vacuidad de los argumentos. Repartir culpas a un gobierno anterior, por ejemplo, hubiese sido indigno de cualquier ateniense sabio, porque la magnanimidad del poderoso y de quien detentaba cargos públicos era también una virtud altamente valorada.
Nuestra política ha devenido en un espacio sin precedentes de renuncia al diálogo y la inteligencia. Los contenidos declarativos de la inmensa mayoría de los políticos mexicanos apuntan a la descalificación de los adversarios, al señalamiento de defectos personales y poco, muy poco, a la construcción de un diálogo edificante. Se renunció simplemente a asumir que la política se corresponde con la actividad arquitectónica en cuanto a la construcción de lo cívico se refiere. Es decir, de los mejores y más profundos valores ciudadanos que pueden darle sustento y perdurabilidad a una democracia.
El vaciamiento de la política comienza con el vaciamiento del lenguaje, nos advirtió con claridad sorprendente Octavio Paz hace ya más de tres décadas. Y pocos prestaron atención a este señalamiento, porque pocos concibieron a la política en un sentido dialogante como el que describo.
Lo peor de todo es que la mayoría de los medios de comunicación, como parte activa de la acción pública y política, han hecho eco del sinsentido del lenguaje en que hoy estamos atrapados.
Reconstruir la política exige reconstruir las capacidades del lenguaje, para significar una vez más cuestiones de mayor calado, dotar de nuevos significados a palabras que hoy suenan viejas y desgastadas y, sobre todo, reconstruir la capacidad dialogante de la política con el fin de que se convierta en un espacio de deliberación de proyectos y no de una cínica disputa por intereses de unos cuantos grupos que han, lamentablemente, usurpado a las instituciones del Estado.
Débil control del gobierno
Un débil control del gobierno
Lunes 16 de marzo de 2009
La Auditoría Superior de la Federación entregó esta semana el Informe Final respecto de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2007. En el informe se encuentran desde cuestiones que señalan los resultados “sin observaciones” de la auditoría realizada a diversos programas, hasta solicitudes de fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de dependencias o funcionarios que, de acuerdo con el Informe, incumplieron con las responsabilidades que la ley les asigna.
Como cada año, el debate se centra en torno a las escandalosas cifras que en diversas áreas se presentan en materia de subejercicios o desvío de recursos; sin embargo, esta discusión ha dejado pendiente durante muchos años la cuestión relativa a un asunto fundamental para el Estado: el del control del gobierno.
Sin duda alguna, uno de los mecanismos de control del gobierno más eficaces que se han diseñado en las “democracias avanzadas” se centra particularmente en el control del Presupuesto, ámbito de relevancia para el Estado no sólo porque se trata de los recursos de todos los ciudadanos, sino porque se considera que es el principal instrumento de la política económica para generar equidad y redistribuir el ingreso.
Debe reconocerse que las facultades con las que hoy cuenta la Auditoría Superior de la Federación constituyen un importante avance en materia de rendición de cuentas y control gubernamental pero, al mismo tiempo, debe destacarse que muchas de sus recomendaciones no son vinculantes; que no cuenta con facultades para revisar todo el sistema de políticas públicas; que sus observaciones se emiten después de un año de haberse concluido el ejercicio fiscal en turno de análisis, y que no cuenta con los instrumentos para reorientar el gasto público cuando detecta desviaciones, ineficacia o irracionalidad en el diseño del presupuesto.
Esta semana, Carlos Rojas presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para regular y garantizar que los recursos públicos de la Federación sean ejercidos en tiempo y forma durante este 2009. Esta iniciativa revela la insuficiencia de los instrumentos con que contamos para garantizar la adecuada aplicación de los recursos gubernamentales pero, sobre todo, la debilidad estructural de las instituciones para que, sin afectar la capacidad operativa de las dependencias públicas, se pueda tener una adecuada supervisión y control del Presupuesto.
Otro punto en el que la citada iniciativa del diputado Carlos Rojas hace énfasis es en lo que muchos hemos insistido, desde hace más de cinco años: las Reglas de Operación de los Programas Públicos se han convertido en verdaderos galimatías que para ser interpretadas requieren “expertos”, lo que en lugar de hacerlas instrumentos que faciliten el acceso de la población a los programas a los que por ley tiene derecho, las ha convertido en poderosos instrumentos de control y en no pocos casos hasta de coyotaje para quienes las diseñan y operan.
A México le urge diseñar nuevos instrumentos para el control del gobierno, vía la transparencia, eficacia y racionalidad en el diseño y ejecución del Presupuesto. Sin duda alguna, este control pasa por el fortalecimiento del Congreso, no para que asuma las funciones de responsabilidad del gobierno y la administración pública que la Constitución claramente le asigna al Ejecutivo federal, sino para contar con los mecanismos de equilibrio y de vigilancia de que los recursos de todos se aplicarán efectivamente en beneficio de todos.
Un Congreso dentro de una democracia consolidada debe avanzar hacia su transformación responsable, y hacia la generación de capacidades para cumplir no sólo con lo que la Constitución le manda expresamente, sino para responder igualmente al espíritu del texto Constitucional, en el sentido de dotar al Legislativo de capacidades para el fortalecimiento, la garantía y el perfeccionamiento de las instituciones del Estado.
Controlar al gobierno por la vía de la fiscalización y la supervisión del Presupuesto es un asunto vital para nuestra democracia; nos ayudaría a redefinir el sentido de las políticas públicas, a incluir criterios transversales como la equidad de género o la protección de los derechos de los niños, entre muchos otros asuntos. Es de esperarse que esta sea una de las agendas prioritarias de los partidos políticos y que en la próxima Legislatura podamos construir, con base en un consenso, un sistema de vigilancia y control democrático del Presupuesto.
Lunes 16 de marzo de 2009
La Auditoría Superior de la Federación entregó esta semana el Informe Final respecto de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2007. En el informe se encuentran desde cuestiones que señalan los resultados “sin observaciones” de la auditoría realizada a diversos programas, hasta solicitudes de fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de dependencias o funcionarios que, de acuerdo con el Informe, incumplieron con las responsabilidades que la ley les asigna.
Como cada año, el debate se centra en torno a las escandalosas cifras que en diversas áreas se presentan en materia de subejercicios o desvío de recursos; sin embargo, esta discusión ha dejado pendiente durante muchos años la cuestión relativa a un asunto fundamental para el Estado: el del control del gobierno.
Sin duda alguna, uno de los mecanismos de control del gobierno más eficaces que se han diseñado en las “democracias avanzadas” se centra particularmente en el control del Presupuesto, ámbito de relevancia para el Estado no sólo porque se trata de los recursos de todos los ciudadanos, sino porque se considera que es el principal instrumento de la política económica para generar equidad y redistribuir el ingreso.
Debe reconocerse que las facultades con las que hoy cuenta la Auditoría Superior de la Federación constituyen un importante avance en materia de rendición de cuentas y control gubernamental pero, al mismo tiempo, debe destacarse que muchas de sus recomendaciones no son vinculantes; que no cuenta con facultades para revisar todo el sistema de políticas públicas; que sus observaciones se emiten después de un año de haberse concluido el ejercicio fiscal en turno de análisis, y que no cuenta con los instrumentos para reorientar el gasto público cuando detecta desviaciones, ineficacia o irracionalidad en el diseño del presupuesto.
Esta semana, Carlos Rojas presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para regular y garantizar que los recursos públicos de la Federación sean ejercidos en tiempo y forma durante este 2009. Esta iniciativa revela la insuficiencia de los instrumentos con que contamos para garantizar la adecuada aplicación de los recursos gubernamentales pero, sobre todo, la debilidad estructural de las instituciones para que, sin afectar la capacidad operativa de las dependencias públicas, se pueda tener una adecuada supervisión y control del Presupuesto.
Otro punto en el que la citada iniciativa del diputado Carlos Rojas hace énfasis es en lo que muchos hemos insistido, desde hace más de cinco años: las Reglas de Operación de los Programas Públicos se han convertido en verdaderos galimatías que para ser interpretadas requieren “expertos”, lo que en lugar de hacerlas instrumentos que faciliten el acceso de la población a los programas a los que por ley tiene derecho, las ha convertido en poderosos instrumentos de control y en no pocos casos hasta de coyotaje para quienes las diseñan y operan.
A México le urge diseñar nuevos instrumentos para el control del gobierno, vía la transparencia, eficacia y racionalidad en el diseño y ejecución del Presupuesto. Sin duda alguna, este control pasa por el fortalecimiento del Congreso, no para que asuma las funciones de responsabilidad del gobierno y la administración pública que la Constitución claramente le asigna al Ejecutivo federal, sino para contar con los mecanismos de equilibrio y de vigilancia de que los recursos de todos se aplicarán efectivamente en beneficio de todos.
Un Congreso dentro de una democracia consolidada debe avanzar hacia su transformación responsable, y hacia la generación de capacidades para cumplir no sólo con lo que la Constitución le manda expresamente, sino para responder igualmente al espíritu del texto Constitucional, en el sentido de dotar al Legislativo de capacidades para el fortalecimiento, la garantía y el perfeccionamiento de las instituciones del Estado.
Controlar al gobierno por la vía de la fiscalización y la supervisión del Presupuesto es un asunto vital para nuestra democracia; nos ayudaría a redefinir el sentido de las políticas públicas, a incluir criterios transversales como la equidad de género o la protección de los derechos de los niños, entre muchos otros asuntos. Es de esperarse que esta sea una de las agendas prioritarias de los partidos políticos y que en la próxima Legislatura podamos construir, con base en un consenso, un sistema de vigilancia y control democrático del Presupuesto.
martes, 10 de marzo de 2009
La economía, el salario y la desigualdad
Lunes 9 de marzo de 2009
La economía mexicana se encuentra en un callejón sin salida desde la década de los 80. Si se revisan a detalle los datos disponibles, en México se apostó por un modelo económico pensando que, en la medida en que se conectara a México con la globalidad, se generaría el desarrollo.
Tanto desde el punto de vista de la economía clásica como de las nuevas versiones del liberalismo, la clave de todo el engranaje económico se encuentra en la capacidad de consumo. La idea es tremendamente simple: a mayor número de consumidores, mayor impulso a la planta productiva; con ello, mayor inversión y, como resultado, una expansión constante de la economía. Si ocurre lo contrario, los efectos se darán simplemente a la inversa.
Hay tres trampas en esta forma de pensamiento. La primera, quizá la más profunda de todas, consiste en asumir que “el ciclo económico” es un organismo vivo al que hay que mantener por sí mismo; es decir, como si el funcionamiento de la economía fuese el último fin al que los seres humanos debemos servir inexorablemente, e inmolarnos si fuese necesario.
Por el contrario, lo que me parece urgente es recobrar la noción clásica que tuvieron de esta actividad humana los griegos antiguos: la buena administración de la casa. Si se percibe así, la economía no es un fin, sino un medio para racionar y administrar de manera inteligente los recursos disponibles. La afirmación anterior lleva a desvelar la segunda trampa del pensamiento económico imperante: “el mercado es capaz de autorregularse, crea su propia demanda y autocontrola sus procesos de producción y consumo.
La crisis económica global muestra que esa tesis es a todas luces errónea. Ni el mercado se autorregula ni como consecuencia genera “lógicas de equilibrio distributivo”. El mercado, como fue diseñado y operado en los últimos 30 años, es excluyente: genera desigualdad y propicia concentración de los ingresos. Ergo, habría que cambiar el modelo de organización de los mercados globales y de los nacionales.
La tercera trampa del pensamiento neoliberal consiste en considerar a los salarios solamente como factores de producción y no un elemento fundamental en la posibilidad de realización de proyectos de vida de los trabajadores.
Lo anterior se refleja en el hecho de que, de acuerdo con el más reciente Informe Global sobre los Salarios, de la OIT, entre 1995 y 2007 han crecido mucho menos que el PIB per cápita registrado como promedio en todo el mundo; y la desigualdad entre los salarios más altos y los más bajos se incrementó en más de dos tercios de los países, de los que se dispone de datos, en ese mismo periodo.
Esto significa simple y llanamente que en todo el mundo hay una tendencia a la super-acumulación para unos cuantos y una intensificación de la explotación laboral, lo que concentra aún más la riqueza en bloques y regiones, así como en el interior de los países.
¿Cómo escapar a esas trampas del pensamiento económico? Lo primero es no pensar según se ha concebido a la economía en los últimos 30 años y regresar a la “multidisciplina” en el estudio de lo social. Entonces, regresar al pensamiento complejo es el reto que tenemos en el siglo XXI.
Desde una mirada así, la categoría que estaría al centro de la discusión mundial sería la del salario, anclada en una profunda posición de defensa al trabajo digno; es decir, un trabajo que dé acceso a prestaciones sociales que, sin duda, pueden tener efectos redistributivos mucho más importantes que los que hemos logrado hasta ahora.
Recobrar en México el espíritu de la Constitución en materia de salarios mínimos permitiría transitar a un modelo de desarrollo económico y social, articulado, sí, a través del consumo, pero alentado desde una recuperación constante del salario de los trabajadores, así como desde el acceso a estructuras institucionales que garanticen mínimos de bienestar para todos.
En México, el salario real no ha crecido desde 1993; tampoco lo ha hecho eficientemente el mercado formal. Al respecto, no habría mucho que argumentar, pero sí mucho que hacer para regresar, ya, a una nueva idea de una economía que nos permita crecer, pero con el fin de garantizar equidad. Y la clave, desde mi punto de vista, se encuentra en mejores salarios y en el trabajo digno.
Es la hora del Estado
Lunes 2 de marzo de 2009
La crisis económica mundial sigue su curso en medio de otras crisis paralelas: la ecológica, la política y hasta la de un modelo de civilización que, en su conjunto, ha extraviado justamente la ruta de “un hacia dónde” compartido por todos.
El ideal moderno de construir una sociedad universal para la libertad, la igualdad y la fraternidad está hecho añicos por una realidad que nos muestra un empobrecimiento masivo a escala planetaria: injusticias cotidianas contra los más desvalidos, devastación de culturas y lenguas autóctonas y un largo etcétera.
La primacía que se le dio al mercado como el principal regulador de la sociedad fue un equívoco, un profundo malentendido que llevó a la usurpación de los principales espacios de decisión del Estado por los dueños del dinero, que renunciaron y dieron la espalda al principio democrático de construir un gobierno en el que la participación de la mayoría velara por los intereses de todos.
Hoy nos debatimos en un profundo dilema sobre cómo restituir capacidades a los Estados, a fin de que no se vuelva a repetir una crisis como la que estamos encarando. Así, de que el fortalecimiento del Estado es urgente no hay ninguna duda, y hasta los más férreos liberales han reconocido que se equivocaron al considerar que el mercado tiene la capacidad de autorregularse y de generar equilibrios distributivos.
Aun cundo la nuestra es una de las 20 economías más grandes del planeta seguimos teniendo una posición periférica que nos sitúa en un dilema todavía mayor: seguir asumiendo modelos impuestos o sugeridos desde las esferas globales de toma de decisiones o, por el contrario, construir desde nuestro país una sólida propuesta de integración mundial, con base en principios definidos desde las necesidades y urgencias de nuestra población.
El conocimiento científico siempre ha sido capaz de explicarnos mucho de nuestros entornos, empero, por sí mismo, no da claridad moral ni tampoco puede ofrecernos solidez ética para tomar decisiones. Y eso es lo que hemos dejado de lado en las últimas décadas: asumimos un “sistema racional de decisiones económicas” y nos olvidamos de la primacía que debe dársele a los juicios éticos sobre qué tipo de sociedad queremos construir.
En ese sentido cobra una relevancia mayor la decisión que el Estado habrá de tomar en el caso de Banamex. Es así no sólo por la magnitud del capital involucrado en el caso, sino porque lo que se haga marcará la ruta que seguiremos en materia de capacidades estatales.
Si el Estado mexicano decide modificar la ley para permitir que Banamex siga formando parte de Citigroup, el mensaje que enviará la clase política será el de que al menos en México vamos a seguir legislando y, con ello, gobernando a favor del interés privado antes que del interés general de la sociedad. Y aquí no cabe presentar la perogrullada de que proteger a los bancos es proteger a la sociedad; voltear hacia Estados Unidos podría ayudar a clarificar un poco las ideas de quienes piensan así.
Esta es la hora del Estado y nuestras instituciones están a prueba. Modificar las leyes para beneficiar a unos resulta contrario al espíritu de nuestra Constitución: las leyes son generales y buscan establecer normas de actuación que rijan a todos, por lo que legislar para proteger intereses específicos, aun bajo el argumento de la “emergencia”, resulta a todas luces contrario al principio republicano de “una sola ley para toda la comunidad política”.
El asunto no es menor porque en próximas fechas, después de la decisión del gobierno estadunidense de tomar acciones de Citigroup, es probable que otros Estados, tanto en Europa como en Asia, asuman medidas similares y con ello afecten la situación jurídica de bancos que operan en nuestro territorio como filiales de las mayores compañías financieras globales.
México no puede asumir una vez más actuar sólo para salvar la coyuntura, por lo que es preciso entrar con arrojo y audacia —sobre todo, con inteligencia y con argumentos éticos de peso— en una profunda reforma que nos lleve, no sólo en el ámbito de la economía sino en todas las esferas de la vida pública, a restituir el afán constitucional de contar con un Estado social que a su vez pueda dar sustento a un país incluyente y generoso con todos, que ponga al centro de sus decisiones el objetivo de crecer permanentemente con equidad.
Organización o revuelta
Martes 23 de febrero de 2009
El ferrocarril que pasa por el centro del país fue saqueado hace unas semanas, no por grupos de delincuentes en búsqueda de mercancías de lujo; no por “cuatreros” en pos de ganado de la mejor calidad, sino por gente “de a pie” que se llevó unos cuantos costales de maíz, frijol y trigo.
El escenario del hambre es y ha sido siempre aterrador. No tener nada para llevarse a la boca ha sido siempre el mayor catalizador para la revuelta social o con miras a detonar el inicio de revoluciones.
El saqueo al tren en la ciudad de Celaya debiera constituir un mensaje mayor para el gobierno; lo deben ser también las marchas de “los tapados”, integradas por gente que, ante la pobreza, es perfectamente manipulable a cambio de los 200 pesos que, se dice, les pagaron miembros del crimen organizado.
Estas manifestaciones se están dando, sin duda, porque el Estado no cuenta con los mecanismos de interlocución legítima con la población para atender y conocer sus demandas y, es ante la falta de estas mediaciones, que la capacidad organizativa puede desplazarse, ya sea a favor de los delincuentes o bien hacia el caos y la revuelta, como en Francia y Grecia.
Éstos y otros son poderosos signos de descomposición social que, en el contexto de crisis en la que estamos, pueden agravarse a pasos acelerados. En efecto, las condiciones económicas globales parecen ser peores de lo que los más pesimistas auguraban: el mercado global no responde a los estímulos de los gobiernos; la información en todas partes es caótica; el desempleo crece masivamente; cada vez más empresas se declaran en insolvencia y, por si fuera poco, las desigualdades entre quienes más tienen y los más pobres se acrecientan todos los días.
En ese sentido, destacar las cifras económicas dadas a conocer por el Inegi el pasado viernes debe llevarnos a reflexiones mayores, no sólo por la reducción en el resultado esperado del desempeño económico en 2008, sino porque esto se traduce en la pérdida del empleo y de las capacidades de ingreso de las personas.
Los datos aportados por el Inegi son más que graves: desde abril de 2008 la capacidad de ingresos de los mexicanos se encuentra en números rojos, pues a lo largo del año pasado, la pérdida real para el salario fue de un acumulado de -1.69 por ciento.
Frente a esto, no hay medidas ni capacidades para fortalecer la interlocución de las personas frente al gobierno y los poderes del Estado. El Congreso ha sido rebasado en su capacidad de representatividad y la justicia de la Unión es percibida en muchos sectores como una instancia que beneficia preferentemente a los más ricos.
No hay nada peor que, en un escenario de tal polarización, que la ciudadanía se encuentre desorganizada y desarticulada en sus capacidades para exigir el pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales, de ambiente y de cultura.
No hay nada más riesgoso, para una democracia frágil como la nuestra, a la que amenaza el crimen organizado y, además, los poderes fácticos del mundo económico y político, que una ciudadanía blanda, sin recursos y aparte desalentada desde el gobierno y sus instituciones.
Por esto es fundamental que la autoridad replantee su política de relación con las organizaciones sociales y de la sociedad civil y que, simultáneamente, construya una nueva política de fomento para permitir que, ante la crisis, haya más espacios destinados a la organización, la cooperación y la solidaridad social a fin de enfrentar con mayores posibilidades de éxito la crisis actual.
Por ello he insistido en que debe replantearse el modelo económico para poner al centro de las políticas públicas el objetivo de volver a crecer con el objetivo de garantizar la equidad entre los mexicanos.
De este modo, hay una disyuntiva paradójica para un régimen democrático, pues, ante el falso dilema de optar entre sólo contener o incluso reprimir posibles revueltas sociales o promover la organización social y la formación del capital social, hay un solo camino transitable: apostar por una ciudadanía fuerte, capaz de exigir y defender el régimen de libertades que, aun en la crisis que nos agobia, todavía nos ampara.
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