lunes, 4 de agosto de 2008
lunes, 28 de julio de 2008
El reto del Presupuesto
Mario Luis Fuentes
Lunes 28 de julio de 2008
A partir de julio ha empezado el proceso para el Presupuesto de Egresos 2009, cuya discusión y análisis seguramente será el mayor reto que habrá de enfrentar la presente Legislatura en todo su ejercicio.
Esto, porque el análisis y la aprobación se sitúan en el eje de distintas coordenadas de la mayor trascendencia para el desarrollo. Por un lado, el arranque del año electoral está a sólo semanas de comenzar, lo cual llevará a todos los partidos a una fuerte disputa por los recursos para las regiones en donde tienen prioridades político-electorales, así como a un debate simultáneo sobre cómo evitar que a los destinados al desarrollo se les utilice con fines político-electorales por las instituciones públicas de todos los niveles y órdenes de gobierno.
Por otro lado, mucho de la composición del PEF dependerá de si se logra o no aprobar la reforma a distintas leyes en materia energética, lo cual podría modificar el régimen fiscal de Pemex y, con ello, el flujo de ingresos a las arcas públicas y la disponibilidad de dinero para ampliar o mantener al menos el nivel de inversión pública con miras al desarrollo del país.
Habrá que incorporar en la construcción del presupuesto consideraciones en torno a la crisis global del precio de los alimentos, elementos fundamentales, no sólo en la distribución del gasto de los hogares, sino también en la composición de los programas públicos para el combate a la pobreza, tales como Oportunidades, los Desayunos Escolares, Liconsa y Diconsa, y todo el catálogo de programas dirigidos a la producción agrícola o a la adquisición de insumos para la producción.
De otra parte, el proceso inflacionario y de recesión económica global está impactando a la economía nacional, la cual ha comenzado a presentar también signos de “calentamiento” inflacionario, el cual ha llegado a la tasa más alta registrada desde hace cinco años. Este proceso, aunado a una apreciación constante del peso frente al dólar, ha impactado también al sector exportador, lo que originará presiones para diversos sectores económicos.
En medio de estos y otros factores, el reto de esta Legislatura consiste en lograr un Presupuesto de Egresos y una Ley de Ingresos que, por un lado, puedan enfrentar los dilemas señalados y, por otro, tengan una doble capacidad: generar un efecto redistributivo, con equidad, de la riqueza, y reactivar la economía, a fin de generar mucho más empleos con salarios dignos y acceso a servicios de seguridad social.
Esta doble función del PEF y de la Ley de Ingresos debe estar dirigida a la activación de sectores económicos cuyas potencialidades siguen desperdiciadas y asumir además un sentido histórico en la lógica de la proximidad de la celebración tanto del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional como del Centenario de nuestra Revolución de 1910.
La celebración del Bicentenario debe aprovecharse, hay que insistir en ello una y otra vez, para realizar una convocatoria a la unidad, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la generación de una propuesta de inclusión y justicia para el largo plazo. Pensar, por citar sólo un ejemplo, en el sureste mexicano, debería llevar al impulso de un poderoso programa de inversión pública que, más allá de generar mayores capacidades para la captación del turismo y sus divisas, pueda garantizarle a las y los mexicanos entrar en contacto con nuestra historia y raíces.
La promoción de nuestros sitios históricos más importantes debería considerarse un asunto prioritario, porque con ello podría lograrse una mayor valoración de lo que somos y propiciar o fortalecer ideales de comunidad, de sentido de pertenencia y, nuevamente, de inclusión social, mediante el encuentro con lo mejor de nuestro pasado.
Todos estos retos son sin duda mayúsculos, pues requieren la inclusión de criterios transversales de no discriminación; criterios para la garantía de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos de los niños, así como elementos dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo digno. La tarea no es sencilla y construirla requerirá una amplia convocatoria, a fin de que, en el proceso de construcción del PEF 2009, sean las prioridades nacionales las que logren anteponerse a los intereses de grupo que, hasta hoy, mayoritariamente han logrado prevalecer.
Todo lo anterior implicará adicionalmente que los grupos parlamentarios desarrollen la capacidad para resistir a grupos privados y a otros, de poder local, que gestionan y cabildean la asignación de recursos que responden más a intereses particulares que al interés del país. En ese sentido sería un importante precedente que, aun sin estar legislado de manera apropiada, el Congreso documente y haga públicos los procesos de gestión que se realizan ante las comisiones legislativas y que, en un ejercicio de transparencia, esta información quede registrada y disponible para todos, porque es el interés nacional lo que está en juego.
http://www.exonline.com.mx
A partir de julio ha empezado el proceso para el Presupuesto de Egresos 2009, cuya discusión y análisis seguramente será el mayor reto que habrá de enfrentar la presente Legislatura en todo su ejercicio.
Esto, porque el análisis y la aprobación se sitúan en el eje de distintas coordenadas de la mayor trascendencia para el desarrollo. Por un lado, el arranque del año electoral está a sólo semanas de comenzar, lo cual llevará a todos los partidos a una fuerte disputa por los recursos para las regiones en donde tienen prioridades político-electorales, así como a un debate simultáneo sobre cómo evitar que a los destinados al desarrollo se les utilice con fines político-electorales por las instituciones públicas de todos los niveles y órdenes de gobierno.
Por otro lado, mucho de la composición del PEF dependerá de si se logra o no aprobar la reforma a distintas leyes en materia energética, lo cual podría modificar el régimen fiscal de Pemex y, con ello, el flujo de ingresos a las arcas públicas y la disponibilidad de dinero para ampliar o mantener al menos el nivel de inversión pública con miras al desarrollo del país.
Habrá que incorporar en la construcción del presupuesto consideraciones en torno a la crisis global del precio de los alimentos, elementos fundamentales, no sólo en la distribución del gasto de los hogares, sino también en la composición de los programas públicos para el combate a la pobreza, tales como Oportunidades, los Desayunos Escolares, Liconsa y Diconsa, y todo el catálogo de programas dirigidos a la producción agrícola o a la adquisición de insumos para la producción.
De otra parte, el proceso inflacionario y de recesión económica global está impactando a la economía nacional, la cual ha comenzado a presentar también signos de “calentamiento” inflacionario, el cual ha llegado a la tasa más alta registrada desde hace cinco años. Este proceso, aunado a una apreciación constante del peso frente al dólar, ha impactado también al sector exportador, lo que originará presiones para diversos sectores económicos.
En medio de estos y otros factores, el reto de esta Legislatura consiste en lograr un Presupuesto de Egresos y una Ley de Ingresos que, por un lado, puedan enfrentar los dilemas señalados y, por otro, tengan una doble capacidad: generar un efecto redistributivo, con equidad, de la riqueza, y reactivar la economía, a fin de generar mucho más empleos con salarios dignos y acceso a servicios de seguridad social.
Esta doble función del PEF y de la Ley de Ingresos debe estar dirigida a la activación de sectores económicos cuyas potencialidades siguen desperdiciadas y asumir además un sentido histórico en la lógica de la proximidad de la celebración tanto del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional como del Centenario de nuestra Revolución de 1910.
La celebración del Bicentenario debe aprovecharse, hay que insistir en ello una y otra vez, para realizar una convocatoria a la unidad, al fortalecimiento de la identidad nacional y a la generación de una propuesta de inclusión y justicia para el largo plazo. Pensar, por citar sólo un ejemplo, en el sureste mexicano, debería llevar al impulso de un poderoso programa de inversión pública que, más allá de generar mayores capacidades para la captación del turismo y sus divisas, pueda garantizarle a las y los mexicanos entrar en contacto con nuestra historia y raíces.
La promoción de nuestros sitios históricos más importantes debería considerarse un asunto prioritario, porque con ello podría lograrse una mayor valoración de lo que somos y propiciar o fortalecer ideales de comunidad, de sentido de pertenencia y, nuevamente, de inclusión social, mediante el encuentro con lo mejor de nuestro pasado.
Todos estos retos son sin duda mayúsculos, pues requieren la inclusión de criterios transversales de no discriminación; criterios para la garantía de la equidad de género y el cumplimiento de los derechos de los niños, así como elementos dirigidos a la reactivación económica y la generación de empleo digno. La tarea no es sencilla y construirla requerirá una amplia convocatoria, a fin de que, en el proceso de construcción del PEF 2009, sean las prioridades nacionales las que logren anteponerse a los intereses de grupo que, hasta hoy, mayoritariamente han logrado prevalecer.
Todo lo anterior implicará adicionalmente que los grupos parlamentarios desarrollen la capacidad para resistir a grupos privados y a otros, de poder local, que gestionan y cabildean la asignación de recursos que responden más a intereses particulares que al interés del país. En ese sentido sería un importante precedente que, aun sin estar legislado de manera apropiada, el Congreso documente y haga públicos los procesos de gestión que se realizan ante las comisiones legislativas y que, en un ejercicio de transparencia, esta información quede registrada y disponible para todos, porque es el interés nacional lo que está en juego.
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lunes, 21 de julio de 2008
Políticas para la adolescencia
Mario Luis Fuentes
Lunes 21 de julio de 2008
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) advertía en el año 2000, en su documento Adolescencia y Juventud en América Latina y el Caribe: “Mientras el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exige un aprovechamiento óptimo de los activos que se concentran en ellos (en los jóvenes y adolescentes), se da la paradoja de que aumenta la exclusión social que los afecta”.
Esta paradoja es en efecto la principal característica de los primeros años del siglo XXI en cuando a los jóvenes y a los adolescentes se refiere: nunca en la historia de la humanidad se había tenido tal cantidad de bienes, servicios y satisfactores disponibles en el mercado y, paradójicamente, en consecuencia, nunca la historia de la humanidad había registrado tal magnitud de privaciones.
De manera lamentable, nuestra sociedad no logró prepararse en las décadas de los 70 y los 80 a fin de recibir y acoger a las y los jóvenes de entonces y, en el marco de ese déficit, llegaron las severas crisis económicas de 1982 y de 1995, las cuales literalmente truncaron los proyectos de vida de millones de personas, la mayoría de ellos niñas, niños, adolescentes y mujeres.
En el citado documento de la Cepal, hace ocho años, ya se advertía el preocupante nexo ente juventud y violencia. Hoy sabemos, debido a una reciente encuesta realizada por la SEP, que 48% de los adolescentes saben de alguien que es “muy su amigo”, que se droga; y otro 25% reporta que sabe que en sus escuelas algunos de sus compañeros llevan armas.
Frente a estas dimensiones sociales, la oferta de programas y servicios se reduce a procesos de escolarización, con una cobertura que hoy apenas roza 60% en el bachillerato; y con algunos programas adicionales dirigidos a actividades deportivas, los cuales difícilmente llegan a 50% de la población juvenil y la adolescente.
La complejidad que implica diseñar programas y políticas públicas para este grupo de población resulta mayor. Se trata de comprender que es una fase de la vida no transicional, como tradicionalmente se le ha visto. Esto es, los adolescentes ni son “niños grandes” ni “adultos en potencia”. Se trata de personas que viven una etapa de maduración y como tal se necesita desarrollar todo el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y familiares requeridas para lograr el pleno cumplimiento de sus derechos.
El reto mayor consiste en generar, desde la niñez y la adolescencia, a ciudadanos plenos que puedan asumir valores convivenciales, de tolerancia, cooperación y solidaridad, sobre todo porque nuestro país no logrará abatir ni la desigualdad ni la pobreza si antes no se construyen puentes con miras a la creación de una sociedad para todas las edades.
La salud sexual y la reproductiva, la inclusión laboral, la salud mental, la educción, las adicciones y la violencia son agendas para las cuales en nuestro país aún no hay respuestas adecuadas ni tampoco planteamientos sólidos sobre cómo lograr que no se rompan nuestros vínculos sociales básicos y podamos fortalecer puentes para la solidaridad intergeneracional.
Nuestros jóvenes de hoy conocen en carne propia, como nunca en la historia, la noción de ser extranjeros aun en su respectivo país: las minorías sin visibilidad pública son un claro ejemplo del aislamiento, generado socialmente o autoimpuesto, de cómo hemos roto el principio de hospitalidad, el cual, en palabras de Derrida, debe llevarnos, sí, a “calcular los riesgos, mas no a cerrar la puerta a lo incalculable, es decir, al porvenir y al extranjero.
No hay, entonces, en efecto, una apuesta más absurda para una sociedad que abonar a la cancelación de su porvenir y, si en México no actuamos en el sentido correcto, gran parte de nuestro futuro estará realmente cerrado y en muchos ámbitos corremos el riesgo de que estas cancelaciones se conviertan en irreversibles.
Una sociedad hospitalaria no es sólo la que da la bienvenida al extranjero, sino aquella que genera cordialidad y se dispone a hablar la misma lengua de los diferentes. Hoy estamos en la encrucijada de conseguir descifrar la lengua de nuestros adolescentes y jóvenes y, con ello, deconstruir nuestras nociones de progreso, desarrollo y crecimiento, para generar una nueva forma de comprender la inclusión, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales.
mlfuentes@ceidas.org
Esta paradoja es en efecto la principal característica de los primeros años del siglo XXI en cuando a los jóvenes y a los adolescentes se refiere: nunca en la historia de la humanidad se había tenido tal cantidad de bienes, servicios y satisfactores disponibles en el mercado y, paradójicamente, en consecuencia, nunca la historia de la humanidad había registrado tal magnitud de privaciones.
De manera lamentable, nuestra sociedad no logró prepararse en las décadas de los 70 y los 80 a fin de recibir y acoger a las y los jóvenes de entonces y, en el marco de ese déficit, llegaron las severas crisis económicas de 1982 y de 1995, las cuales literalmente truncaron los proyectos de vida de millones de personas, la mayoría de ellos niñas, niños, adolescentes y mujeres.
En el citado documento de la Cepal, hace ocho años, ya se advertía el preocupante nexo ente juventud y violencia. Hoy sabemos, debido a una reciente encuesta realizada por la SEP, que 48% de los adolescentes saben de alguien que es “muy su amigo”, que se droga; y otro 25% reporta que sabe que en sus escuelas algunos de sus compañeros llevan armas.
Frente a estas dimensiones sociales, la oferta de programas y servicios se reduce a procesos de escolarización, con una cobertura que hoy apenas roza 60% en el bachillerato; y con algunos programas adicionales dirigidos a actividades deportivas, los cuales difícilmente llegan a 50% de la población juvenil y la adolescente.
La complejidad que implica diseñar programas y políticas públicas para este grupo de población resulta mayor. Se trata de comprender que es una fase de la vida no transicional, como tradicionalmente se le ha visto. Esto es, los adolescentes ni son “niños grandes” ni “adultos en potencia”. Se trata de personas que viven una etapa de maduración y como tal se necesita desarrollar todo el conjunto de intervenciones institucionales, sociales y familiares requeridas para lograr el pleno cumplimiento de sus derechos.
El reto mayor consiste en generar, desde la niñez y la adolescencia, a ciudadanos plenos que puedan asumir valores convivenciales, de tolerancia, cooperación y solidaridad, sobre todo porque nuestro país no logrará abatir ni la desigualdad ni la pobreza si antes no se construyen puentes con miras a la creación de una sociedad para todas las edades.
La salud sexual y la reproductiva, la inclusión laboral, la salud mental, la educción, las adicciones y la violencia son agendas para las cuales en nuestro país aún no hay respuestas adecuadas ni tampoco planteamientos sólidos sobre cómo lograr que no se rompan nuestros vínculos sociales básicos y podamos fortalecer puentes para la solidaridad intergeneracional.
Nuestros jóvenes de hoy conocen en carne propia, como nunca en la historia, la noción de ser extranjeros aun en su respectivo país: las minorías sin visibilidad pública son un claro ejemplo del aislamiento, generado socialmente o autoimpuesto, de cómo hemos roto el principio de hospitalidad, el cual, en palabras de Derrida, debe llevarnos, sí, a “calcular los riesgos, mas no a cerrar la puerta a lo incalculable, es decir, al porvenir y al extranjero.
No hay, entonces, en efecto, una apuesta más absurda para una sociedad que abonar a la cancelación de su porvenir y, si en México no actuamos en el sentido correcto, gran parte de nuestro futuro estará realmente cerrado y en muchos ámbitos corremos el riesgo de que estas cancelaciones se conviertan en irreversibles.
Una sociedad hospitalaria no es sólo la que da la bienvenida al extranjero, sino aquella que genera cordialidad y se dispone a hablar la misma lengua de los diferentes. Hoy estamos en la encrucijada de conseguir descifrar la lengua de nuestros adolescentes y jóvenes y, con ello, deconstruir nuestras nociones de progreso, desarrollo y crecimiento, para generar una nueva forma de comprender la inclusión, la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales.
mlfuentes@ceidas.org
martes, 15 de julio de 2008
lunes, 14 de julio de 2008
La observación ciudadana
Mario Luis Fuentes
Lunes 14 de julio de 2008
La semana pasada fue presentado el Observatorio Ciudadano de la Salud y será dirigido por la doctora Felicia Knaul y fondeado por el Instituto Carso de la Salud y Funsalud.
En la presentación del Observatorio, el doctor Julio Frenk hizo énfasis en distintos puntos de esencial importancia para nuestro sistema institucional y de ellos pueden derivarse dos temas sustantivos: el primero, el reconocimiento de que la salud pública no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, por lo que la participación activa de la ciudadanía, en su discusión, análisis y generación de propuestas, es esencial. Este punto lleva al reconocimiento de que, en una democracia, las y los ciudadanos no sólo tenemos mucho qué decir, sino además, una responsabilidad ineludible en la protección y exigencia de los derechos de todos.
El otro punto para destacarlo es generar miradas alternativas en torno a los temas de interés público, a fin de que, en la pluralidad de visiones, puedan construirse propuestas viables de solución a los principales problemas que enfrentamos como sociedad, en este caso, los relativos a la salud de las y los mexicanos y las nuevas amenazas y los riesgos que enfrentamos, como la epidemia de VIH-sida.
Debe destacarse que uno de los mensajes más interesantes en esta presentación es el reconocimiento de que “el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder”. Esta tesis es importante, no sólo por su consistencia, sino por llevarnos a la posibilidad de replantear las lógicas de construcción de legitimidad democrática en las sociedades contemporáneas.
En efecto, se trata hoy de que los estados regidos por sistemas democráticos, tengan la capacidad de fortalecer las estructuras y vías de diálogo para lograr que no sólo haya una adecuada protección de las minorías parlamentarias, dentro de las instituciones políticas, sino puedan crearse nuevos mecanismos de interlocución con grupos de ciudadanos que, desde la ciencia, la filosofía, las disciplinas sociales o la atención directa a grupos de población, se dedican al estudio, diagnóstico y generación de propuestas para enfrentar los problemas de todos.
En esa lógica, es de destacarse que en nuestro país existen ya varios Observatorios: el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias; el Ciudadano de la Educación; el Ciudadano de la Vivienda; la Red por los Derechos de los Niños y, hace poco, se creó el Ciudadano en temas de discapacidad.
Estos esfuerzos han sido vistos en ocasiones como “amenazas” a las instituciones públicas. Sin embargo, debe insistirse que, en sociedades abiertas, una mayor participación ciudadana permite la consolidación de los valores democráticos y, por lo tanto, de los sistemas de gobierno en democracia.
Sin duda alguna, uno de los temas de mayor relevancia en el mundo occidental de hoy es cómo lograr la generación de mecanismos de control del gobierno. En ese sentido, los primeros mecanismos fueron dirigidos al control de la corrupción y al fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas sobre el presupuesto y el ejercicio de los recursos públicos.
Hoy de lo que se trata es de ampliar estos mecanismos y transitar hacia unos de control, no sólo del dinero de todos, sino de la manera en que se diseñan las políticas y los programas públicos, los cuales, debe reconocerse, pueden generar efectos no deseados o no tomados en cuenta, como ha ocurrido en nuestro país, en donde la desigualdad está en parte arraigada y cimentada en el diseño de las instituciones.
Una de las propuestas más sólidas del Observatorio de la Salud consiste en crear nuevos sistemas de información y de construcción de datos, a fin de contar con mayores capacidades para tomar decisiones con mayor racionalidad y eficacia. Al respecto, vale la pena destacar que es una propuesta que puede extrapolarse al resto de los sectores que están vinculados a la cuestión social y en torno a la cual ya hay propuestas viables acerca de cómo avanzar sobre una reforma social gradual que nos dé la posibilidad de construir un país justo y menos desigual que el de hoy.
El surgimiento de un Observatorio de estas características es siempre una buena noticia, desde el punto de vista que se vea. Hace falta ahora que los gobiernos, en todos sus órdenes, asuman la urgencia de cambiar la lógica del diálogo social y dar paso a gobiernos que tengan la capacidad de tratar con mayor respeto las iniciativas de la sociedad civil.
A nuestra democracia le hacen falta muchos elementos para consolidarse y quizás el más importante de ellos consiste en la necesidad de que todos podamos asumir que, en efecto, la legitimidad pública está en relación directa con el reconocimiento de que ha llegado el tiempo para una nueva ciudadanía social.
mlfuentes@ceidas.org
http://www.exonline.com.mx
La semana pasada fue presentado el Observatorio Ciudadano de la Salud y será dirigido por la doctora Felicia Knaul y fondeado por el Instituto Carso de la Salud y Funsalud.
En la presentación del Observatorio, el doctor Julio Frenk hizo énfasis en distintos puntos de esencial importancia para nuestro sistema institucional y de ellos pueden derivarse dos temas sustantivos: el primero, el reconocimiento de que la salud pública no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, por lo que la participación activa de la ciudadanía, en su discusión, análisis y generación de propuestas, es esencial. Este punto lleva al reconocimiento de que, en una democracia, las y los ciudadanos no sólo tenemos mucho qué decir, sino además, una responsabilidad ineludible en la protección y exigencia de los derechos de todos.
El otro punto para destacarlo es generar miradas alternativas en torno a los temas de interés público, a fin de que, en la pluralidad de visiones, puedan construirse propuestas viables de solución a los principales problemas que enfrentamos como sociedad, en este caso, los relativos a la salud de las y los mexicanos y las nuevas amenazas y los riesgos que enfrentamos, como la epidemia de VIH-sida.
Debe destacarse que uno de los mensajes más interesantes en esta presentación es el reconocimiento de que “el poder de las ideas puede influir en las ideas del poder”. Esta tesis es importante, no sólo por su consistencia, sino por llevarnos a la posibilidad de replantear las lógicas de construcción de legitimidad democrática en las sociedades contemporáneas.
En efecto, se trata hoy de que los estados regidos por sistemas democráticos, tengan la capacidad de fortalecer las estructuras y vías de diálogo para lograr que no sólo haya una adecuada protección de las minorías parlamentarias, dentro de las instituciones políticas, sino puedan crearse nuevos mecanismos de interlocución con grupos de ciudadanos que, desde la ciencia, la filosofía, las disciplinas sociales o la atención directa a grupos de población, se dedican al estudio, diagnóstico y generación de propuestas para enfrentar los problemas de todos.
En esa lógica, es de destacarse que en nuestro país existen ya varios Observatorios: el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias; el Ciudadano de la Educación; el Ciudadano de la Vivienda; la Red por los Derechos de los Niños y, hace poco, se creó el Ciudadano en temas de discapacidad.
Estos esfuerzos han sido vistos en ocasiones como “amenazas” a las instituciones públicas. Sin embargo, debe insistirse que, en sociedades abiertas, una mayor participación ciudadana permite la consolidación de los valores democráticos y, por lo tanto, de los sistemas de gobierno en democracia.
Sin duda alguna, uno de los temas de mayor relevancia en el mundo occidental de hoy es cómo lograr la generación de mecanismos de control del gobierno. En ese sentido, los primeros mecanismos fueron dirigidos al control de la corrupción y al fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas sobre el presupuesto y el ejercicio de los recursos públicos.
Hoy de lo que se trata es de ampliar estos mecanismos y transitar hacia unos de control, no sólo del dinero de todos, sino de la manera en que se diseñan las políticas y los programas públicos, los cuales, debe reconocerse, pueden generar efectos no deseados o no tomados en cuenta, como ha ocurrido en nuestro país, en donde la desigualdad está en parte arraigada y cimentada en el diseño de las instituciones.
Una de las propuestas más sólidas del Observatorio de la Salud consiste en crear nuevos sistemas de información y de construcción de datos, a fin de contar con mayores capacidades para tomar decisiones con mayor racionalidad y eficacia. Al respecto, vale la pena destacar que es una propuesta que puede extrapolarse al resto de los sectores que están vinculados a la cuestión social y en torno a la cual ya hay propuestas viables acerca de cómo avanzar sobre una reforma social gradual que nos dé la posibilidad de construir un país justo y menos desigual que el de hoy.
El surgimiento de un Observatorio de estas características es siempre una buena noticia, desde el punto de vista que se vea. Hace falta ahora que los gobiernos, en todos sus órdenes, asuman la urgencia de cambiar la lógica del diálogo social y dar paso a gobiernos que tengan la capacidad de tratar con mayor respeto las iniciativas de la sociedad civil.
A nuestra democracia le hacen falta muchos elementos para consolidarse y quizás el más importante de ellos consiste en la necesidad de que todos podamos asumir que, en efecto, la legitimidad pública está en relación directa con el reconocimiento de que ha llegado el tiempo para una nueva ciudadanía social.
mlfuentes@ceidas.org
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martes, 8 de julio de 2008
lunes, 7 de julio de 2008
El ejemplo de Ingrid Betancourt
Mario Luis Fuentes
Lunes 7 de julio de 2008
Hay personas que, por su valor, congruencia y consistencia ética se convierten en ejemplares, y dan muestras de que sí pueden construirse proyectos anclados en ideales y esperanzas. La libertad, la equidad, la justicia y la dignidad son, en ese sentido, espacios de conciencia que deben seguir defendiéndose a toda costa y ante los cuales resistir todas las adversidades vale la pena.
Esta es a mi juicio la mayor lección que nos deja el caso de Ingrid Betancourt y su liberación del secuestro en que vivía desde 2002. Lección que, a la luz de nuestra realidad, debería leerse en dos sentidos: uno, el de la consistencia personal de esta ejemplar mujer y, el otro, en el nivel de las instituciones y del gobierno.
En uno, sorprende el tono de las declaraciones de Betancourt. En sus entrevistas se percibe un mensaje aleccionador en el que el llamado a la cordura, la libertad y la defensa de la democracia tiene un peso singular porque quien pronuncia tales palabras ha vivido en carne propia la violación de sus derechos humanos y el cautiverio impuesto por el rapto y la violencia.
En otro, el institucional, llama la atención la efectividad de la inteligencia del gobierno colombiano y la capacidad de confrontar, dentro de la legalidad, a un grupo criminal que ha hecho del narcotráfico y en algunos casos hasta del terrorismo, instrumentos para boicotear y amenazar a las instituciones democráticas consolidadas en Colombia en los últimos años.
Este caso ha cobrado relevancia mundial, no sólo por la intervención de varios gobiernos (los de Francia y Venezuela, fundamentalmente), sino porque hay una señal muy clara en torno a que el Estado sí tiene la posibilidad de combatir con efectividad al crimen organizado y sí es posible orientar a las actividades de inteligencia a la protección de las libertades públicas.
Del otro lado, una vez más, se evidencia que es posible construir puentes entre las diferencias; un diálogo civilizado entre fuerzas políticas distintas y que las divergencias ideológicas no son justificantes del rencor y el odio y, por ende, de llamados a la división o el encono social.
Betancourt ha sido quizá la mayor crítica del presidente Uribe y, sin embargo, en la civilidad han sido capaces de tenderse la mano en una situación de crisis y amenaza real al Estado y hoy, en libertad, ha ofrecido trabajar y cooperar para liberar a más rehenes todavía secuestrados.
Para el caso mexicano, el asunto debe tomarse como aleccionador; vivimos igualmente una amenaza creciente de los grupos del crimen organizado y no se ha conseguido aún generar un pacto nacional de dimensiones mayores, a través del cual todas las fuerzas políticas puedan cerrar filas y combatir de manera coordinada las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad.
Sin duda alguna, hay temas que deben situarse más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas políticas: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, son asuntos que debieran convocarnos a un diálogo cordial entre las distintas fuerzas y los grupos políticos, a fin de cerrar las brechas de división que hoy nos separan y han impedido la generación de acuerdos de gran envergadura para detonar todas las capacidades y recursos con que contamos en aras de ser el país justo y generoso que podemos anhelar y, desde luego, construir.
El mensaje de conciliación que envía Betancourt luego de seis años de cautiverio nos debe enseñar que, aun en la peor de las adversidades, hay espacio para la prudencia, la tenacidad y la dignidad; y este ejemplo debe recordarnos que la vida democrática y tolerante es posible y el diálogo respetuoso constituye siempre la mejor ruta para una sociedad convivencial.
México se enfrenta hoy a una circunstancia en la que los puentes del diálogo entre las distintas visiones y los proyectos de país están rotos; en el que la inteligencia del Estado se utiliza para vigilar a los adversarios; en el que el crimen organizado parece incontenible; en el que la impunidad, la corrupción y la ilegalidad se mantienen en niveles peligrosos y en el que la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes.
En ese sentido, tenemos hoy, no sólo el reto, sino la posibilidad, de construir una sociedad de consensos, los cuales, como nos explica Hanna Arendt, no significan el consentimiento callado, sino el apoyo activo a todos los asuntos de alcance público y la participación continuada en todos ellos.
El ejemplo de Ingrid Betancourt nos hace ver que efectivamente, cuando hay inteligencia y serenidad de ánimo, los consensos son posibles. Eso hay que celebrarlo y, desde luego, asumirlo en todos sus alcances y consecuencias. Enhorabuena.
Hay personas que, por su valor, congruencia y consistencia ética se convierten en ejemplares, y dan muestras de que sí pueden construirse proyectos anclados en ideales y esperanzas. La libertad, la equidad, la justicia y la dignidad son, en ese sentido, espacios de conciencia que deben seguir defendiéndose a toda costa y ante los cuales resistir todas las adversidades vale la pena.
Esta es a mi juicio la mayor lección que nos deja el caso de Ingrid Betancourt y su liberación del secuestro en que vivía desde 2002. Lección que, a la luz de nuestra realidad, debería leerse en dos sentidos: uno, el de la consistencia personal de esta ejemplar mujer y, el otro, en el nivel de las instituciones y del gobierno.
En uno, sorprende el tono de las declaraciones de Betancourt. En sus entrevistas se percibe un mensaje aleccionador en el que el llamado a la cordura, la libertad y la defensa de la democracia tiene un peso singular porque quien pronuncia tales palabras ha vivido en carne propia la violación de sus derechos humanos y el cautiverio impuesto por el rapto y la violencia.
En otro, el institucional, llama la atención la efectividad de la inteligencia del gobierno colombiano y la capacidad de confrontar, dentro de la legalidad, a un grupo criminal que ha hecho del narcotráfico y en algunos casos hasta del terrorismo, instrumentos para boicotear y amenazar a las instituciones democráticas consolidadas en Colombia en los últimos años.
Este caso ha cobrado relevancia mundial, no sólo por la intervención de varios gobiernos (los de Francia y Venezuela, fundamentalmente), sino porque hay una señal muy clara en torno a que el Estado sí tiene la posibilidad de combatir con efectividad al crimen organizado y sí es posible orientar a las actividades de inteligencia a la protección de las libertades públicas.
Del otro lado, una vez más, se evidencia que es posible construir puentes entre las diferencias; un diálogo civilizado entre fuerzas políticas distintas y que las divergencias ideológicas no son justificantes del rencor y el odio y, por ende, de llamados a la división o el encono social.
Betancourt ha sido quizá la mayor crítica del presidente Uribe y, sin embargo, en la civilidad han sido capaces de tenderse la mano en una situación de crisis y amenaza real al Estado y hoy, en libertad, ha ofrecido trabajar y cooperar para liberar a más rehenes todavía secuestrados.
Para el caso mexicano, el asunto debe tomarse como aleccionador; vivimos igualmente una amenaza creciente de los grupos del crimen organizado y no se ha conseguido aún generar un pacto nacional de dimensiones mayores, a través del cual todas las fuerzas políticas puedan cerrar filas y combatir de manera coordinada las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad.
Sin duda alguna, hay temas que deben situarse más allá de las diferencias ideológicas y de las disputas políticas: la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, son asuntos que debieran convocarnos a un diálogo cordial entre las distintas fuerzas y los grupos políticos, a fin de cerrar las brechas de división que hoy nos separan y han impedido la generación de acuerdos de gran envergadura para detonar todas las capacidades y recursos con que contamos en aras de ser el país justo y generoso que podemos anhelar y, desde luego, construir.
El mensaje de conciliación que envía Betancourt luego de seis años de cautiverio nos debe enseñar que, aun en la peor de las adversidades, hay espacio para la prudencia, la tenacidad y la dignidad; y este ejemplo debe recordarnos que la vida democrática y tolerante es posible y el diálogo respetuoso constituye siempre la mejor ruta para una sociedad convivencial.
México se enfrenta hoy a una circunstancia en la que los puentes del diálogo entre las distintas visiones y los proyectos de país están rotos; en el que la inteligencia del Estado se utiliza para vigilar a los adversarios; en el que el crimen organizado parece incontenible; en el que la impunidad, la corrupción y la ilegalidad se mantienen en niveles peligrosos y en el que la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes.
En ese sentido, tenemos hoy, no sólo el reto, sino la posibilidad, de construir una sociedad de consensos, los cuales, como nos explica Hanna Arendt, no significan el consentimiento callado, sino el apoyo activo a todos los asuntos de alcance público y la participación continuada en todos ellos.
El ejemplo de Ingrid Betancourt nos hace ver que efectivamente, cuando hay inteligencia y serenidad de ánimo, los consensos son posibles. Eso hay que celebrarlo y, desde luego, asumirlo en todos sus alcances y consecuencias. Enhorabuena.
martes, 1 de julio de 2008
lunes, 30 de junio de 2008
Premio Unicef México
Mario Luis Fuentes
Lunes 30 de junio de 2008
La desigualdad tiene distintas dimensiones. Puede expresarse en niveles de ingreso, necesidades básicas insatisfechas en regiones o en formas de exclusión social que pueden conducir a la discriminación o, de violencia, que lastiman y vulneran derechos.
Estas desigualdades son al mismo tiempo niveles de complejidad muy difíciles de comprender. Pero indicadores y cifras nos permiten aproximarnos a esas realidades y nos abren “ventanas de interpretación” para procesar y tratar de incidir en la reducción de las desigualdades y las injusticias que éstas constituyen.
Una de las dimensiones más profundas de estas desigualdades se halla en la pobreza, la marginación y el incumplimiento de los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes en México. Sí, son los menores de 18 años quienes en mayor medida viven en circunstancias de vulnerabilidad social y padecen lo más crudo de las condiciones de pobreza y marginación que aquí se viven.
Según datos del Programa Nacional de Salud, por citar un caso, las probabilidades que una mujer indígena adolescente tiene de morir durante o por un parto son mucho más altas que las de una de zonas urbanas. Y niñas y niños indígenas tienen en promedio hasta tres veces más probabilidades de morir antes de los cinco años que quienes nacen en el DF o Nuevo León. De acuerdo con un reciente estudio de Thais, A. C., cerca de 3.3 millones de niñas y de niños mexicanos trabajan. Y, según la SEP, aún hay alrededor de 1.3 millones de niñas y niños de seis a 14 años que no asisten a la escuela.
Incluso con estos datos, es muy poco lo que sabemos de las circunstancias en que viven niñas, niños y adolescentes aquí. De hecho, una de las conclusiones más duras del Informe Alternativo sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hecho en 2005 por el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, es que carecemos de información suficiente para realizar un análisis completo del grado de cumplimiento de los derechos de los niños en México.
Por ello, es de destacar el esfuerzo conjunto de la Oficina de Unicef-México, encabezada por la doctora Susana Sottoli, y del Consejo Consultivo de Unicef-México, al lanzar como una nueva iniciativa el Premio Unicef-México 2008, para reconocer a las mejores investigaciones hechas sobre derechos de la niñez, así como a las mejores prácticas de organizaciones de la sociedad para construir modelos de atención o nuevas metodologías que protejan derechos de niñas, niños y adolescentes.
Además, el Premio Unicef-México busca incentivar la generación de más y mejor conocimiento, así como promover que más organizaciones de la sociedad asuman la agenda de la niñez como parte central de sus actividades.
Otro aspecto de importante es que, como parte del Programa-país que tiene la Oficina de Unicef-México, se busca, igualmente, posicionar, en la proporción y medida que le corresponde, a la agenda de los derechos de los niños en el marco de las prioridades nacionales.
En el fondo, lo que el Premio busca es darle una mayor visibilidad a los temas relacionados con el cumplimiento de esos derechos y lograr que cada vez más autoridades, cada vez más gobiernos, en todos sus órdenes, asuman que la prioridad fundamental que debemos tener como sociedad es colocar a las niñas y los niños al centro de todas las decisiones públicas privadas y no permitirnos más que las desigualdades que persisten ancladas en nuestra realidad social sigan afectando fundamentalmente a niñas, niños y mujeres.
Hay quien ha argumentado, con razón, que no se puede sostener que se busca “poner a los niños primero” y dejar los presupuestos atrás. Sin embargo, a ello procedería agregar que no se trata sólo de presupuestos y dinero, sino de políticas integrales, de transformación de prioridades y valores, para asumir que no hay nada más importante como la protección de la niñez, que se requieren la adecuación y el perfeccionamiento del marco jurídico social vigente y urge la transformación del entramado institucional, con el fin de incorporar una visión integral para el cumplimiento de sus derechos.
México requiere, entonces, mucho más inteligencia social, mucho más saberes que aporten conocimientos para mejorar nuestras capacidades de protección de la infancia y de construcción de políticas y programas y, sobre todo, se necesita una radical transformación cultural para convocar a todas y todos a construir un México apropiado para los niños.
En esa tarea, estoy convencido de que el Premio Unicef-México 2008 abonará, en su dimensión, en la tarea de construir una sociedad protectora de sus niños, completamente consciente, pero también congruente en actitudes, de que no hay nada más importante para el presente y el futuro de un país que cuidar de nuestros niños. Enhorabuena.
La desigualdad tiene distintas dimensiones. Puede expresarse en niveles de ingreso, necesidades básicas insatisfechas en regiones o en formas de exclusión social que pueden conducir a la discriminación o, de violencia, que lastiman y vulneran derechos.
Estas desigualdades son al mismo tiempo niveles de complejidad muy difíciles de comprender. Pero indicadores y cifras nos permiten aproximarnos a esas realidades y nos abren “ventanas de interpretación” para procesar y tratar de incidir en la reducción de las desigualdades y las injusticias que éstas constituyen.
Una de las dimensiones más profundas de estas desigualdades se halla en la pobreza, la marginación y el incumplimiento de los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes en México. Sí, son los menores de 18 años quienes en mayor medida viven en circunstancias de vulnerabilidad social y padecen lo más crudo de las condiciones de pobreza y marginación que aquí se viven.
Según datos del Programa Nacional de Salud, por citar un caso, las probabilidades que una mujer indígena adolescente tiene de morir durante o por un parto son mucho más altas que las de una de zonas urbanas. Y niñas y niños indígenas tienen en promedio hasta tres veces más probabilidades de morir antes de los cinco años que quienes nacen en el DF o Nuevo León. De acuerdo con un reciente estudio de Thais, A. C., cerca de 3.3 millones de niñas y de niños mexicanos trabajan. Y, según la SEP, aún hay alrededor de 1.3 millones de niñas y niños de seis a 14 años que no asisten a la escuela.
Incluso con estos datos, es muy poco lo que sabemos de las circunstancias en que viven niñas, niños y adolescentes aquí. De hecho, una de las conclusiones más duras del Informe Alternativo sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hecho en 2005 por el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, es que carecemos de información suficiente para realizar un análisis completo del grado de cumplimiento de los derechos de los niños en México.
Por ello, es de destacar el esfuerzo conjunto de la Oficina de Unicef-México, encabezada por la doctora Susana Sottoli, y del Consejo Consultivo de Unicef-México, al lanzar como una nueva iniciativa el Premio Unicef-México 2008, para reconocer a las mejores investigaciones hechas sobre derechos de la niñez, así como a las mejores prácticas de organizaciones de la sociedad para construir modelos de atención o nuevas metodologías que protejan derechos de niñas, niños y adolescentes.
Además, el Premio Unicef-México busca incentivar la generación de más y mejor conocimiento, así como promover que más organizaciones de la sociedad asuman la agenda de la niñez como parte central de sus actividades.
Otro aspecto de importante es que, como parte del Programa-país que tiene la Oficina de Unicef-México, se busca, igualmente, posicionar, en la proporción y medida que le corresponde, a la agenda de los derechos de los niños en el marco de las prioridades nacionales.
En el fondo, lo que el Premio busca es darle una mayor visibilidad a los temas relacionados con el cumplimiento de esos derechos y lograr que cada vez más autoridades, cada vez más gobiernos, en todos sus órdenes, asuman que la prioridad fundamental que debemos tener como sociedad es colocar a las niñas y los niños al centro de todas las decisiones públicas privadas y no permitirnos más que las desigualdades que persisten ancladas en nuestra realidad social sigan afectando fundamentalmente a niñas, niños y mujeres.
Hay quien ha argumentado, con razón, que no se puede sostener que se busca “poner a los niños primero” y dejar los presupuestos atrás. Sin embargo, a ello procedería agregar que no se trata sólo de presupuestos y dinero, sino de políticas integrales, de transformación de prioridades y valores, para asumir que no hay nada más importante como la protección de la niñez, que se requieren la adecuación y el perfeccionamiento del marco jurídico social vigente y urge la transformación del entramado institucional, con el fin de incorporar una visión integral para el cumplimiento de sus derechos.
México requiere, entonces, mucho más inteligencia social, mucho más saberes que aporten conocimientos para mejorar nuestras capacidades de protección de la infancia y de construcción de políticas y programas y, sobre todo, se necesita una radical transformación cultural para convocar a todas y todos a construir un México apropiado para los niños.
En esa tarea, estoy convencido de que el Premio Unicef-México 2008 abonará, en su dimensión, en la tarea de construir una sociedad protectora de sus niños, completamente consciente, pero también congruente en actitudes, de que no hay nada más importante para el presente y el futuro de un país que cuidar de nuestros niños. Enhorabuena.
lunes, 23 de junio de 2008
Migraciones y tráficos del siglo XXI
Mario Luis Fuentes
Lunes 23 de junio de 2008
México vive desde hace 15 años, de acuerdo con el análisis demográfico del Consejo Nacional de Población (Conapo), una nueva era de migraciones que es compartida por toda la región de América Latina y el Caribe. En efecto, de acuerdo con distintas estimaciones, América Latina es la región del mundo con mayor intensidad migratoria en todo el planeta y convierte a nuestra frontera con Estados Unidos, en la “zona de cruce” con mayor intensidad en todo el globo terráqueo.
Aun con ello, debe considerarse que Europa constituye la segunda región receptora de migrantes, provenientes sobre todo de África, Asia y, en menor medida, de América Latina. En ese sentido, vale la pena destacar que, la semana recién concluida, Europa tomó una decisión colectiva para endurecer sus políticas migratorias e imponer mayores medidas restrictivas para el ingreso, la permanencia y el tránsito de migrantes en situación irregular.
Hace sólo seis años, en Durban, Sudáfrica, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia. En ella, una de las resoluciones más importantes fue hacer un llamado conjunto a las naciones que han tenido prácticas imperialistas o colonialistas en el pasado, cuyos efectos se expresan aún hoy, en la pobreza, la desigualdad, la exclusión y, por supuesto, en la migración generada por necesidades económicas. En esta Conferencia, las naciones desarrolladas aceptaron ofrecer una disculpa y literalmente “pedir perdón” a los países pobres y se comprometieron a llevar a cabo acciones que, de algún modo, ayuden a resarcir el daño, el dolor y la pobreza generada en los países que fueron colonizados.
En evidencia, la decisión europea de asumir una política restrictiva común frente a la migración constituye un elemento más de los síntomas globales de la carencia de liderazgo moral y de inteligencia social para procesar los complejos fenómenos que se están recrudeciendo y se recrudecerán aún más a causa de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y las condiciones de conectividad global hoy existentes.
En esa lógica, la decisión europea en torno a su nueva política migratoria constituye un retroceso frente a las resoluciones adoptadas en Durban y pueden transformarse en elementos de aliento a actitudes racistas, de exclusión y, desde luego, de discriminación en contra de quienes, en la inmensa mayoría de los casos, emigran por razones económicas y, cada vez más, para reunirse o reencontrarse con sus familiares.
La migración tiene, sin embargo, correlatos oscuros que deben ser comprendidos y tiene que buscarse su erradicación inmediata: el tráfico de indocumentados es hoy una práctica cruel, pero palidece ante la perversidad de crímenes como el tráfico de armas dirigido hacia países en los que hay prácticas genocidas o bien la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o de explotación sexual comercial.
Lo grave de estas nuevas formas de configuración de los tráficos en el siglo XXI, nos advierte Benjamin Mayer, es que al parecer son formas constitutivas propias de la globalización; no son su antítesis, sino su síntoma. No atentan en contra de ella, sino que incluso en algunos sectores económicos y políticos la dinamizan y la fortalecen.
Ante esta advertencia, debemos ser cautos. ¿Qué pasa si Mayer tiene razón? ¿Y qué habría que hacer si, en la lógica de organización social, política y económica actual de la globalidad, no tenemos manera de erradicar estas formas de violencia extrema que se expresan en las nuevas dimensiones de los tráficos contemporáneos?
Las medidas restrictivas jamás han frenado los flujos migratorios; por el contrario, sí han incrementado patologías violentas, como la xenofobia y el racismo porque, a final de cuentas, en palabras de un migrante anónimo detenido en la frontera con Estados Unidos, “si se construyen muros de dos metros, la gente siempre conseguirá escaleras de tres”.
Con base en lo anterior, la nueva era de las migraciones debe entenderse también a la luz de la comprensión de que existe una nueva era en las dinámicas y las configuraciones de los tráficos del siglo XXI. Negarse a verlos, constituye una invitación al rechazo de los diferentes; a legitimar en cierta medida las actitudes intolerantes y el repudio a quienes son concebidos como “amenazas” a la seguridad y la estabilidad laboral de la población de los países receptores de migrantes.
Si el consenso en Durban se basa en el reconocimiento de que los países pobres lo son en buena medida por la expoliación que sufrieron de parte de los países desarrollados, sería momento de reconocer que las actuales “amenazas” que se perciben en Europa, Estados Unidos y otras naciones receptoras de migrantes, serían entonces sólo el resultado lógico de actos destructivos realizados por ellos en el pasado, y que parecieran revertírseles de una manera mucho más sublimada a como Frankenstein se reveló en contra de su creador: y esto es así, porque la migración es un fenómeno de humanos y es en esa dimensión en la que debe comprenderse.
México vive desde hace 15 años, de acuerdo con el análisis demográfico del Consejo Nacional de Población (Conapo), una nueva era de migraciones que es compartida por toda la región de América Latina y el Caribe. En efecto, de acuerdo con distintas estimaciones, América Latina es la región del mundo con mayor intensidad migratoria en todo el planeta y convierte a nuestra frontera con Estados Unidos, en la “zona de cruce” con mayor intensidad en todo el globo terráqueo.
Aun con ello, debe considerarse que Europa constituye la segunda región receptora de migrantes, provenientes sobre todo de África, Asia y, en menor medida, de América Latina. En ese sentido, vale la pena destacar que, la semana recién concluida, Europa tomó una decisión colectiva para endurecer sus políticas migratorias e imponer mayores medidas restrictivas para el ingreso, la permanencia y el tránsito de migrantes en situación irregular.
Hace sólo seis años, en Durban, Sudáfrica, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia. En ella, una de las resoluciones más importantes fue hacer un llamado conjunto a las naciones que han tenido prácticas imperialistas o colonialistas en el pasado, cuyos efectos se expresan aún hoy, en la pobreza, la desigualdad, la exclusión y, por supuesto, en la migración generada por necesidades económicas. En esta Conferencia, las naciones desarrolladas aceptaron ofrecer una disculpa y literalmente “pedir perdón” a los países pobres y se comprometieron a llevar a cabo acciones que, de algún modo, ayuden a resarcir el daño, el dolor y la pobreza generada en los países que fueron colonizados.
En evidencia, la decisión europea de asumir una política restrictiva común frente a la migración constituye un elemento más de los síntomas globales de la carencia de liderazgo moral y de inteligencia social para procesar los complejos fenómenos que se están recrudeciendo y se recrudecerán aún más a causa de la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y las condiciones de conectividad global hoy existentes.
En esa lógica, la decisión europea en torno a su nueva política migratoria constituye un retroceso frente a las resoluciones adoptadas en Durban y pueden transformarse en elementos de aliento a actitudes racistas, de exclusión y, desde luego, de discriminación en contra de quienes, en la inmensa mayoría de los casos, emigran por razones económicas y, cada vez más, para reunirse o reencontrarse con sus familiares.
La migración tiene, sin embargo, correlatos oscuros que deben ser comprendidos y tiene que buscarse su erradicación inmediata: el tráfico de indocumentados es hoy una práctica cruel, pero palidece ante la perversidad de crímenes como el tráfico de armas dirigido hacia países en los que hay prácticas genocidas o bien la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o de explotación sexual comercial.
Lo grave de estas nuevas formas de configuración de los tráficos en el siglo XXI, nos advierte Benjamin Mayer, es que al parecer son formas constitutivas propias de la globalización; no son su antítesis, sino su síntoma. No atentan en contra de ella, sino que incluso en algunos sectores económicos y políticos la dinamizan y la fortalecen.
Ante esta advertencia, debemos ser cautos. ¿Qué pasa si Mayer tiene razón? ¿Y qué habría que hacer si, en la lógica de organización social, política y económica actual de la globalidad, no tenemos manera de erradicar estas formas de violencia extrema que se expresan en las nuevas dimensiones de los tráficos contemporáneos?
Las medidas restrictivas jamás han frenado los flujos migratorios; por el contrario, sí han incrementado patologías violentas, como la xenofobia y el racismo porque, a final de cuentas, en palabras de un migrante anónimo detenido en la frontera con Estados Unidos, “si se construyen muros de dos metros, la gente siempre conseguirá escaleras de tres”.
Con base en lo anterior, la nueva era de las migraciones debe entenderse también a la luz de la comprensión de que existe una nueva era en las dinámicas y las configuraciones de los tráficos del siglo XXI. Negarse a verlos, constituye una invitación al rechazo de los diferentes; a legitimar en cierta medida las actitudes intolerantes y el repudio a quienes son concebidos como “amenazas” a la seguridad y la estabilidad laboral de la población de los países receptores de migrantes.
Si el consenso en Durban se basa en el reconocimiento de que los países pobres lo son en buena medida por la expoliación que sufrieron de parte de los países desarrollados, sería momento de reconocer que las actuales “amenazas” que se perciben en Europa, Estados Unidos y otras naciones receptoras de migrantes, serían entonces sólo el resultado lógico de actos destructivos realizados por ellos en el pasado, y que parecieran revertírseles de una manera mucho más sublimada a como Frankenstein se reveló en contra de su creador: y esto es así, porque la migración es un fenómeno de humanos y es en esa dimensión en la que debe comprenderse.
lunes, 16 de junio de 2008
El marco jurídico de lo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 16 de junio de 2008
Estamos a menos de 120 días de que comience formalmente el año electoral de 2009 y, hoy como nunca, los tiempos políticos son vitales en la definición de estrategias y rutas de acción tanto para el gobierno federal como para los de los estados y los municipales.
En ese contexto, se ha planteado en los últimos meses la necesidad de llevar a cabo reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a fin de lograr la imparcialidad de los gobiernos en los procesos electorales, así como evitar el uso político de los recursos destinados a la generación del desarrollo social y el combate a la pobreza.
A pesar de que estas reformas son importantes, el contexto social nacional e internacional debe obligarnos a concebir a las políticas sociales como ejes estratégicos en la construcción del gobierno, y no sólo acciones secundarias o residuales de las políticas económicas.
Una concepción así, con respecto a la política social, requiere sin embargo un conjunto de reformas que puedan establecer en el marco jurídico criterios claros que permitan la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y que, en esa lógica, establezcan mecanismos para construir un sentido compartido de acción en todo el país.
Debe insistirse en que la reforma a la Ley General de Desarrollo Social debería articularse con un conjunto de reformas a otros ordenamientos jurídicos tales como la Ley General de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Asistencia Social, entre otros, con la finalidad de articular un sólido marco jurídico que no sólo asigne más responsabilidades, sino dote a las instituciones de capacidades y recursos para cumplir con sus mandatos.
Reducir la reforma del marco jurídico social a un asunto de rendición de cuentas y a evitar el uso político de los recursos asignados al desarrollo significa secuestrar a lo social y convertirlo en rehén de disputas de coyuntura que en otras ocasiones nos ha llevado al absurdo de una semiparálisis en la operación de los principales programas de combate a la pobreza.
Es claro que la crisis de los precios de los energéticos, que ha generado una escalada en los costos de los combustibles, la energía eléctrica y otros factores determinantes de la producción y la satisfacción de necesidades básicas, combinada con el acelerado proceso inflacionario en los precios de los alimentos, el cual se prevé que se mantenga constante al menos hasta 2015, debe llevarnos a una profunda reflexión sobre uno de los temas urgentes que hemos postergado y hoy es inaplazable enfrentarlo en México: la profunda desigualdad que nos ha convertido en un país a todas luces injusto.
En ese sentido, la reforma jurídica que debe plantearse para lo social debe estar cimentada en objetivos de largo plazo, que nos permitan pensar en un país equitativo y en el cual todos podamos ver cumplidos nuestros derechos.
De poco nos servirá contar con más recursos, ya sean provenientes de los impuestos o de la renta petrolera, si no poseemos al mismo tiempo reglas del juego claras en la determinación sobre cómo distribuir de manera justa la riqueza social, lo cual implica una reforma que tenga como alcance final una profunda transformación de las instituciones, con el fin de garantizar justicia social y desarrollo humano.
Hoy, cualquier reforma del marco jurídico de lo social debe partir del reconocimiento de que es necesario garantizar un piso básico de derechos universales que, al mismo tiempo, logre reducir, si no es que eliminar, la enorme dispersión, desarticulación y divergencia entre distintas leyes federales, con marcos jurídicos que en los estados han hecho aún más compleja la operación y el funcionamiento de los programas y de las instituciones.
Para lograr lo anterior es necesario pensar de manera distinta a como lo hemos hecho en los últimos 30 años, en los cuales no hemos sido capaces de trastocar las dinámicas de exclusión y concentración excesiva del ingreso en unas cuantas manos, lo cual ha sido posible debido a un funcionamiento regresivo de las instituciones, pero también por la estructura de un entramado jurídico sin la articulación necesaria para garantizar la integralidad de las políticas pero, sobre todo, regular la vida social de tal forma que no haya unos cuantos ganadores frente a millones de excluidos del bienestar, como nos sucede ahora.
Debemos ser capaces de volver a una visión desde la cual una crítica de la economía política sea posible y, en función de ella, pueda iniciarse un proceso de diálogo ampliado para construir un marco jurídico a la inclusión, que restituya pactos fundamentales pero, sobre todo, que nos dé la posibilidad de construir un nuevo horizonte para el futuro de nuestro país.
Estamos a menos de 120 días de que comience formalmente el año electoral de 2009 y, hoy como nunca, los tiempos políticos son vitales en la definición de estrategias y rutas de acción tanto para el gobierno federal como para los de los estados y los municipales.
En ese contexto, se ha planteado en los últimos meses la necesidad de llevar a cabo reformas a la Ley General de Desarrollo Social, a fin de lograr la imparcialidad de los gobiernos en los procesos electorales, así como evitar el uso político de los recursos destinados a la generación del desarrollo social y el combate a la pobreza.
A pesar de que estas reformas son importantes, el contexto social nacional e internacional debe obligarnos a concebir a las políticas sociales como ejes estratégicos en la construcción del gobierno, y no sólo acciones secundarias o residuales de las políticas económicas.
Una concepción así, con respecto a la política social, requiere sin embargo un conjunto de reformas que puedan establecer en el marco jurídico criterios claros que permitan la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población y que, en esa lógica, establezcan mecanismos para construir un sentido compartido de acción en todo el país.
Debe insistirse en que la reforma a la Ley General de Desarrollo Social debería articularse con un conjunto de reformas a otros ordenamientos jurídicos tales como la Ley General de Planeación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Asistencia Social, entre otros, con la finalidad de articular un sólido marco jurídico que no sólo asigne más responsabilidades, sino dote a las instituciones de capacidades y recursos para cumplir con sus mandatos.
Reducir la reforma del marco jurídico social a un asunto de rendición de cuentas y a evitar el uso político de los recursos asignados al desarrollo significa secuestrar a lo social y convertirlo en rehén de disputas de coyuntura que en otras ocasiones nos ha llevado al absurdo de una semiparálisis en la operación de los principales programas de combate a la pobreza.
Es claro que la crisis de los precios de los energéticos, que ha generado una escalada en los costos de los combustibles, la energía eléctrica y otros factores determinantes de la producción y la satisfacción de necesidades básicas, combinada con el acelerado proceso inflacionario en los precios de los alimentos, el cual se prevé que se mantenga constante al menos hasta 2015, debe llevarnos a una profunda reflexión sobre uno de los temas urgentes que hemos postergado y hoy es inaplazable enfrentarlo en México: la profunda desigualdad que nos ha convertido en un país a todas luces injusto.
En ese sentido, la reforma jurídica que debe plantearse para lo social debe estar cimentada en objetivos de largo plazo, que nos permitan pensar en un país equitativo y en el cual todos podamos ver cumplidos nuestros derechos.
De poco nos servirá contar con más recursos, ya sean provenientes de los impuestos o de la renta petrolera, si no poseemos al mismo tiempo reglas del juego claras en la determinación sobre cómo distribuir de manera justa la riqueza social, lo cual implica una reforma que tenga como alcance final una profunda transformación de las instituciones, con el fin de garantizar justicia social y desarrollo humano.
Hoy, cualquier reforma del marco jurídico de lo social debe partir del reconocimiento de que es necesario garantizar un piso básico de derechos universales que, al mismo tiempo, logre reducir, si no es que eliminar, la enorme dispersión, desarticulación y divergencia entre distintas leyes federales, con marcos jurídicos que en los estados han hecho aún más compleja la operación y el funcionamiento de los programas y de las instituciones.
Para lograr lo anterior es necesario pensar de manera distinta a como lo hemos hecho en los últimos 30 años, en los cuales no hemos sido capaces de trastocar las dinámicas de exclusión y concentración excesiva del ingreso en unas cuantas manos, lo cual ha sido posible debido a un funcionamiento regresivo de las instituciones, pero también por la estructura de un entramado jurídico sin la articulación necesaria para garantizar la integralidad de las políticas pero, sobre todo, regular la vida social de tal forma que no haya unos cuantos ganadores frente a millones de excluidos del bienestar, como nos sucede ahora.
Debemos ser capaces de volver a una visión desde la cual una crítica de la economía política sea posible y, en función de ella, pueda iniciarse un proceso de diálogo ampliado para construir un marco jurídico a la inclusión, que restituya pactos fundamentales pero, sobre todo, que nos dé la posibilidad de construir un nuevo horizonte para el futuro de nuestro país.
lunes, 9 de junio de 2008
La trata de personas en México
Mario Luis Fuentes
Lunes 09 de junio de 2008
Desde 2000, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene como mandato de su Congreso realizar un informe global sobre la trata de seres humanos. Este informe clasifica en cuatro categorías a los países que evalúa. En 2007, México se encontraba en la “Lista 2 de Observación” y este año está en la “Lista 2”, lo cual significa, desde la perspectiva del gobierno de EU, que hemos mejorado relativamente en algunos aspectos de la lucha contra la trata de personas.
La razón fundamental por la que se situó a México en esa nueva posición se debe fundamentalmente a la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2007.
No obstante lo anterior, el Informe sostiene una vez más que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para prevenir y combatir este crimen, así como proteger a sus víctimas. Además, que hay una política inadecuada en la sanción judicial de la trata de seres humanos y que faltan recursos para la investigación y capacitación en todo el sistema; destaca el Informe que aún hay muy pocas visas humanitarias para proteger a las víctimas de la trata y no existen esquemas institucionales eficaces para detectar a probables víctimas en las estaciones migratorias.
Asimismo, más allá de estas valoraciones es de destacarse el hecho de que el Informe de este año pone el énfasis en uno de los temas clave en el combate a la trata, al asumir el asunto desde la perspectiva del consumo y sostener que, mientras no se combata con eficacia la demanda existente por parte de los tratantes, la lucha contra este crimen va a seguir resultando insuficiente.
En esa lógica, debe considerarse que, por el grado de sofisticación de este crimen, son precisamente las personas de ingresos medios y altos quienes tienen acceso a los servicios de los tratantes, tanto en el ámbito de la explotación laboral forzosa como en el de la explotación sexual comercial. Convertir a una persona en víctima de trata no es sencillo: se requieren procesos complejos para llegar a la comisión de crímenes como la falsificación de documentos, el secuestro, el robo de identidad, la corrupción policiaca y de autoridades aduanales y de migración, complicidad y corrupción de autoridades locales que autorizan el funcionamiento de establecimientos “disfrazados” en los que se cometen muchos de los delitos relacionados con la explotación sexual comercial, corrupción y omisión de autoridades en la supervisión laboral y protección de los derechos humanos y laborales, en particular de los trabajadores migrantes y en situación irregular.
En esa lógica, una de las vertientes más importantes para trabajar en nuestro país debe centrarse en las tareas de prevención. Hay que dar espacio a más campañas de comunicación que alerten a la población sobre los riesgos de convertirse en víctimas de la trata y que simultáneamente estén dirigidas a la construcción de una cultura para la paz, capaz de reconocer a las diferencias y que permita erradicar simultáneamente estigmas en contra de mujeres, niñas y niños. Al respecto hay que destacar que, de acuerdo con el documento Por una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso, de la OIT, en el mundo hay al menos 2.3 millones de víctimas de la trata de personas, 250 mil de ellas en América Latina. Quizá lo más aterrador de estas cifras es que, de acuerdo con el mismo organismo, más de 90% son mujeres, niñas y niños.
Se requiere generar también mayor información y conocimiento en torno a estos temas. Por ello es importante que la Jornada Mundial en contra del Trabajo Infantil, que dirige una de sus vertientes precisamente acerca de las peores formas de explotación infantil, sea tomada con seriedad por todas las autoridades relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la niñez y pueda servir como referencia para construir de nuevas rutas de prevención y sanción de este crimen, así como con miras a la adecuada protección de las víctimas.
Finalmente debe hacerse énfasis en que el reto primordial para solucionar éste y otros problemas sociales se encuentra en la reducción de la pobreza y la desigualdad: la OIT estima que la mayoría de las víctimas de la trata son mayormente vulnerables por sus condiciones socioeconómicas, las cuales las convierten en personas cuyos entornos de protección se fracturan y pierden capacidades para protegerse o prevenir el caer en estas redes criminales.
Nunca será suficiente volver una y otra vez sobre temas de la agenda social que son de la mayor urgencia y, ante los cuales, aun con los avances que se han logrado, resulta imperativo actuar con mayor contundencia, más rapidez, pero, sobre todo, con mucho mayor sentido de lo humano y, en consecuencia, de nuestros vínculos sociales más elementales.
Desde 2000, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene como mandato de su Congreso realizar un informe global sobre la trata de seres humanos. Este informe clasifica en cuatro categorías a los países que evalúa. En 2007, México se encontraba en la “Lista 2 de Observación” y este año está en la “Lista 2”, lo cual significa, desde la perspectiva del gobierno de EU, que hemos mejorado relativamente en algunos aspectos de la lucha contra la trata de personas.
La razón fundamental por la que se situó a México en esa nueva posición se debe fundamentalmente a la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2007.
No obstante lo anterior, el Informe sostiene una vez más que el gobierno no ha hecho los esfuerzos suficientes para prevenir y combatir este crimen, así como proteger a sus víctimas. Además, que hay una política inadecuada en la sanción judicial de la trata de seres humanos y que faltan recursos para la investigación y capacitación en todo el sistema; destaca el Informe que aún hay muy pocas visas humanitarias para proteger a las víctimas de la trata y no existen esquemas institucionales eficaces para detectar a probables víctimas en las estaciones migratorias.
Asimismo, más allá de estas valoraciones es de destacarse el hecho de que el Informe de este año pone el énfasis en uno de los temas clave en el combate a la trata, al asumir el asunto desde la perspectiva del consumo y sostener que, mientras no se combata con eficacia la demanda existente por parte de los tratantes, la lucha contra este crimen va a seguir resultando insuficiente.
En esa lógica, debe considerarse que, por el grado de sofisticación de este crimen, son precisamente las personas de ingresos medios y altos quienes tienen acceso a los servicios de los tratantes, tanto en el ámbito de la explotación laboral forzosa como en el de la explotación sexual comercial. Convertir a una persona en víctima de trata no es sencillo: se requieren procesos complejos para llegar a la comisión de crímenes como la falsificación de documentos, el secuestro, el robo de identidad, la corrupción policiaca y de autoridades aduanales y de migración, complicidad y corrupción de autoridades locales que autorizan el funcionamiento de establecimientos “disfrazados” en los que se cometen muchos de los delitos relacionados con la explotación sexual comercial, corrupción y omisión de autoridades en la supervisión laboral y protección de los derechos humanos y laborales, en particular de los trabajadores migrantes y en situación irregular.
En esa lógica, una de las vertientes más importantes para trabajar en nuestro país debe centrarse en las tareas de prevención. Hay que dar espacio a más campañas de comunicación que alerten a la población sobre los riesgos de convertirse en víctimas de la trata y que simultáneamente estén dirigidas a la construcción de una cultura para la paz, capaz de reconocer a las diferencias y que permita erradicar simultáneamente estigmas en contra de mujeres, niñas y niños. Al respecto hay que destacar que, de acuerdo con el documento Por una Alianza Global contra el Trabajo Forzoso, de la OIT, en el mundo hay al menos 2.3 millones de víctimas de la trata de personas, 250 mil de ellas en América Latina. Quizá lo más aterrador de estas cifras es que, de acuerdo con el mismo organismo, más de 90% son mujeres, niñas y niños.
Se requiere generar también mayor información y conocimiento en torno a estos temas. Por ello es importante que la Jornada Mundial en contra del Trabajo Infantil, que dirige una de sus vertientes precisamente acerca de las peores formas de explotación infantil, sea tomada con seriedad por todas las autoridades relacionadas con el cumplimiento de los derechos de la niñez y pueda servir como referencia para construir de nuevas rutas de prevención y sanción de este crimen, así como con miras a la adecuada protección de las víctimas.
Finalmente debe hacerse énfasis en que el reto primordial para solucionar éste y otros problemas sociales se encuentra en la reducción de la pobreza y la desigualdad: la OIT estima que la mayoría de las víctimas de la trata son mayormente vulnerables por sus condiciones socioeconómicas, las cuales las convierten en personas cuyos entornos de protección se fracturan y pierden capacidades para protegerse o prevenir el caer en estas redes criminales.
Nunca será suficiente volver una y otra vez sobre temas de la agenda social que son de la mayor urgencia y, ante los cuales, aun con los avances que se han logrado, resulta imperativo actuar con mayor contundencia, más rapidez, pero, sobre todo, con mucho mayor sentido de lo humano y, en consecuencia, de nuestros vínculos sociales más elementales.
martes, 3 de junio de 2008
lunes, 2 de junio de 2008
Pensar la violencia
Mario Luis Fuentes
Lunes 02 de junio de 2008
La violencia ha sido uno de los principales temas en la historia del pensamiento político moderno. En efecto, en sus orígenes, el pensamiento de la modernidad en torno a la figura del Estado parte del reconocimiento básico de que la constitución del poder estatal tiene como finalidad regular el conflicto entre los ciudadanos. Así, por ejemplo, la propuesta de Maquiavelo puede leerse en el fondo como una teoría del poder basado en el uso “racional” de la violencia y su control. Y Hobbes fundamenta la existencia del Estado a partir del reconocimiento de que los ciudadanos son violentos y es preciso regular su actuación.
Si se analizan con cuidado las ideas de éstos y otros autores, puede verse con claridad que en el fondo de sus propuestas lo que se encuentra son completas teorías e interpretaciones sobre la moral y el comportamiento social de las personas.
En todo caso, en todas las propuestas de los pensadores clásicos subyace la intención de no sólo atemperar y regular la violencia de las personas, sino de construir capacidades de intervención del Estado, para construir un orden social capaz de garantizar a todos niveles de bienestar e incluso felicidad a los integrantes de la comunidad política.
En esa lógica, sería prudente volver la mirada hacia el pensamiento complejo y tratar de construir, en nuestro contexto, nuevas capacidades para el Estado y sus instituciones con el fin de lograr, disminuir el conflicto, la violencia y el crimen, pero también para que esa configuración del Estado sea capaz de generar bienestar y calidad de vida a las personas.
En la lógica liberal de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, se construyeron poderosas visiones sobre cómo garantizar bienestar y seguridad simultáneos para los ciudadanos. Por un lado, se le asignaron al Estado tareas de defensa de la soberanía frente a otros países, así como la seguridad interna, y por otra parte, tareas tendientes a la promoción y la movilidad de los mercados.
Hoy nos encontramos en una peligrosa situación en la que la seguridad de las personas está realmente amenazada. Los altos niveles de violencia del crimen organizado y sus recientes amenazas, incluso a la sociedad civil, exigen de una intervención, no sólo judicial de las autoridades públicas, sino sobre todo en el ámbito social.
Por ello es inadmisible que aun ahora que los niveles de violencia han cobrado dimensiones inéditas, se siga considerando que la violencia no es un tema central para la política social. Por el contrario, debe entenderse que la presencia “masificada” de la violencia exige mayores niveles de cohesión y convivencia social.
Empero, lo anterior no puede construirse sólo con la intervención de las policías o de las Fuerzas Armadas. Se trata de que, de manera paralela, la política social se articule sobre dos ejes imprescindibles para nuestra mejorar nuestra realidad: la cohesión y convivencia sociales, y la plena integración de los que ahora permanecen excluidos del bienestar y la garantía de sus derechos.
El Informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños nos advierte acerca del hecho de que los altos niveles de violencia que persisten en contra de niños, niñas y mujeres, no serían posibles de no ser por una extensa “tolerancia social a la violencia”. Debemos comprender, ante esa afirmación, que no se trata de una frase grandilocuente, sino de una poderosa advertencia que bien podría marcar la ruta para nuevas intervenciones gubernamentales y en general de todas las estructuras de gobierno del Estado.
Al contrario de una visión como la anterior, el combate al crimen organizado se centra exclusivamente en contra del narcotráfico; pero hay otras amenazas igual de violentas y quizá más extremas, como la trata de seres humanos, que no se está combatiendo con la misma fuerza, aun cuando su presencia amenaza y fractura la convivencia, las capacidades de solidaridad y de convivencia entre las personas.
Frente a ello, la política social sigue circunscrita en el combate a la pobreza; la economía y su funcionamiento han sido reducidos a una limitada noción de “mercado” y dinámica monetaria; la prevención de riesgos sociales (adicciones, suicidio, accidentes, prevalencia del VIH, el cambio climático) se encuentra aún ausente de los objetivos y programas de las principales instituciones públicas. Y la noción de la seguridad pública ha sido igualmente circunscrita a una lucha cruenta entre las fuerzas del orden y algunos grupos de narcotraficantes.
Reconocer esta realidad debe llevarnos nuevamente al pensamiento ampliado; a no renunciar a los ejemplos de los clásicos, para comprender que la realidad social es mucho más compleja que lo que en ocasiones podemos procesar y que es necesario modificar y ampliar las capacidades del Estado y de la sociedad para enfrentar una nueva realidad de este siglo XXI, marcada por una violencia, que ahora sí puede calificarse como “generalizada” y frente a la cual es preciso intervenir con nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas y, desde luego, con la aplicación de toda la fuerza del Estado.
La violencia ha sido uno de los principales temas en la historia del pensamiento político moderno. En efecto, en sus orígenes, el pensamiento de la modernidad en torno a la figura del Estado parte del reconocimiento básico de que la constitución del poder estatal tiene como finalidad regular el conflicto entre los ciudadanos. Así, por ejemplo, la propuesta de Maquiavelo puede leerse en el fondo como una teoría del poder basado en el uso “racional” de la violencia y su control. Y Hobbes fundamenta la existencia del Estado a partir del reconocimiento de que los ciudadanos son violentos y es preciso regular su actuación.
Si se analizan con cuidado las ideas de éstos y otros autores, puede verse con claridad que en el fondo de sus propuestas lo que se encuentra son completas teorías e interpretaciones sobre la moral y el comportamiento social de las personas.
En todo caso, en todas las propuestas de los pensadores clásicos subyace la intención de no sólo atemperar y regular la violencia de las personas, sino de construir capacidades de intervención del Estado, para construir un orden social capaz de garantizar a todos niveles de bienestar e incluso felicidad a los integrantes de la comunidad política.
En esa lógica, sería prudente volver la mirada hacia el pensamiento complejo y tratar de construir, en nuestro contexto, nuevas capacidades para el Estado y sus instituciones con el fin de lograr, disminuir el conflicto, la violencia y el crimen, pero también para que esa configuración del Estado sea capaz de generar bienestar y calidad de vida a las personas.
En la lógica liberal de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, se construyeron poderosas visiones sobre cómo garantizar bienestar y seguridad simultáneos para los ciudadanos. Por un lado, se le asignaron al Estado tareas de defensa de la soberanía frente a otros países, así como la seguridad interna, y por otra parte, tareas tendientes a la promoción y la movilidad de los mercados.
Hoy nos encontramos en una peligrosa situación en la que la seguridad de las personas está realmente amenazada. Los altos niveles de violencia del crimen organizado y sus recientes amenazas, incluso a la sociedad civil, exigen de una intervención, no sólo judicial de las autoridades públicas, sino sobre todo en el ámbito social.
Por ello es inadmisible que aun ahora que los niveles de violencia han cobrado dimensiones inéditas, se siga considerando que la violencia no es un tema central para la política social. Por el contrario, debe entenderse que la presencia “masificada” de la violencia exige mayores niveles de cohesión y convivencia social.
Empero, lo anterior no puede construirse sólo con la intervención de las policías o de las Fuerzas Armadas. Se trata de que, de manera paralela, la política social se articule sobre dos ejes imprescindibles para nuestra mejorar nuestra realidad: la cohesión y convivencia sociales, y la plena integración de los que ahora permanecen excluidos del bienestar y la garantía de sus derechos.
El Informe del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños nos advierte acerca del hecho de que los altos niveles de violencia que persisten en contra de niños, niñas y mujeres, no serían posibles de no ser por una extensa “tolerancia social a la violencia”. Debemos comprender, ante esa afirmación, que no se trata de una frase grandilocuente, sino de una poderosa advertencia que bien podría marcar la ruta para nuevas intervenciones gubernamentales y en general de todas las estructuras de gobierno del Estado.
Al contrario de una visión como la anterior, el combate al crimen organizado se centra exclusivamente en contra del narcotráfico; pero hay otras amenazas igual de violentas y quizá más extremas, como la trata de seres humanos, que no se está combatiendo con la misma fuerza, aun cuando su presencia amenaza y fractura la convivencia, las capacidades de solidaridad y de convivencia entre las personas.
Frente a ello, la política social sigue circunscrita en el combate a la pobreza; la economía y su funcionamiento han sido reducidos a una limitada noción de “mercado” y dinámica monetaria; la prevención de riesgos sociales (adicciones, suicidio, accidentes, prevalencia del VIH, el cambio climático) se encuentra aún ausente de los objetivos y programas de las principales instituciones públicas. Y la noción de la seguridad pública ha sido igualmente circunscrita a una lucha cruenta entre las fuerzas del orden y algunos grupos de narcotraficantes.
Reconocer esta realidad debe llevarnos nuevamente al pensamiento ampliado; a no renunciar a los ejemplos de los clásicos, para comprender que la realidad social es mucho más compleja que lo que en ocasiones podemos procesar y que es necesario modificar y ampliar las capacidades del Estado y de la sociedad para enfrentar una nueva realidad de este siglo XXI, marcada por una violencia, que ahora sí puede calificarse como “generalizada” y frente a la cual es preciso intervenir con nuevas políticas sociales, nuevas políticas económicas y, desde luego, con la aplicación de toda la fuerza del Estado.
martes, 27 de mayo de 2008
lunes, 26 de mayo de 2008
La estadística de lo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 26 de mayo de 2008
El desempeño de las instituciones depende en buena medida de la disponibilidad de información y datos para tomar decisiones, valorar circunstancias y dimensionar la complejidad de los problemas y los riesgos sociales a que se enfrentan las poblaciones. En ese sentido, es preciso señalar que en México existe un gran cúmulo de información sobre lo social, así como una importante experiencia acumulada en los últimos 20 años en la generación de estadística básica.
Pero debe destacarse también que falta mucho por construir y la información disponible no es suficiente aún para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre en torno a la cuestión social. No contamos, por ejemplo, con información desagregada lo suficiente por entidades en materia de adicciones y consumo de sustancias adictivas o desnutrición y obesidad; no existe públicamente un indicador actualizado de mortalidad materna, desagregado al nivel municipal, y los datos sobre mortalidad en los municipios datan de 2005.
El Censo Agropecuario aún no ha dado a conocer sus resultados definitivos y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) no la ha publicada el INEGI, encuesta sumamente necesaria para el conocimiento de los patrones migratorios, la composición poblacional en los estados y otros fenómenos relacionados con la movilidad y la dinámica demográfica de nuestro país.
A lo anterior debe agregarse el enorme déficit que enfrentamos en la generación de información de calidad de los gobiernos estatales y los municipales. Desde esa perspectiva, preocupa que, en distintos ámbitos, las estadísticas sociales que reportan las entidades no coinciden con la información vertida por las dependencias federales. Así, es común encontrar porcentajes de cobertura en vacunación, de cobertura y calidad educativa o de avances en índices de marginación reportados por las entidades, que no coinciden con los datos de los informes oficiales de las dependencias federales coordinadoras de Sectores.
Un caso mayor que puede ilustrar la complejidad y las dimensiones de esta problemática es la reciente corrección que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de registro de empleos, a través de la cual se detectó que se habían contabilizado más empleos formales de los que realmente se habían creado y que fueron reportados en los últimos años.
La cuestión para destacar es que el IMSS ha sido durante décadas el referente en la medición del empleo formal y, por ello, de la calidad del crecimiento económico en México y, si un error de esta magnitud pudo ocurrir en una dependencia con tal relevancia, el cuestionamiento obligado es qué está sucediendo con otros sistemas de información y si realmente podemos asumir que contamos con registros adecuados sobre nuestros problemas sociales más elementales.
En esa lógica, es importante aclarar si en efecto se trata sólo de un error de método y sistema o, por el contrario, es una estrategia de manipulación de los datos, a fin de presentar resultados a los que se pretende capitalizar políticamente.
Otro de los temas pendientes en la discusión política en México es precisamente cómo asegurar que la información de lo social no sea “dosificada” o “administrada” en función de los calendarios electorales y, en ese sentido, que no sea manipulada con fines políticos, pues lo que está detrás es la posibilidad de diseñar políticas públicas con la capacidad de cumplir con los derechos humanos y sociales de todos.
En función de lo anterior, debe decirse que la reforma social del Estado necesita pasar forzosamente por la reforma de los sistemas de construcción estadística, que abonen al pleno cumplimiento del derecho a la información que nos garantiza a todos el texto constitucional y, en esa medida, sumar a la responsabilidad que tienen los gobiernos de actuar con transparencia y apegados a estrictos criterios de rendición de cuentas.
Es un hecho, entonces, que esta realidad debe obligar a los gobiernos, en todos sus diversos órdenes, a evaluar sus sistemas de información, a conciliar datos y cifras y a avanzar hacia la construcción de criterios uniformes con miras a la generación de indicadores.
La estadística social es indispensable no sólo para la construcción de las políticas, sino con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa avances y retrocesos. Un ejercicio de esta naturaleza corresponde a un régimen plenamente democrático y es evidente que en nuestro país este es un ámbito en el que aún hay muchos saldos pendientes de cubrir.
El desempeño de las instituciones depende en buena medida de la disponibilidad de información y datos para tomar decisiones, valorar circunstancias y dimensionar la complejidad de los problemas y los riesgos sociales a que se enfrentan las poblaciones. En ese sentido, es preciso señalar que en México existe un gran cúmulo de información sobre lo social, así como una importante experiencia acumulada en los últimos 20 años en la generación de estadística básica.
Pero debe destacarse también que falta mucho por construir y la información disponible no es suficiente aún para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre en torno a la cuestión social. No contamos, por ejemplo, con información desagregada lo suficiente por entidades en materia de adicciones y consumo de sustancias adictivas o desnutrición y obesidad; no existe públicamente un indicador actualizado de mortalidad materna, desagregado al nivel municipal, y los datos sobre mortalidad en los municipios datan de 2005.
El Censo Agropecuario aún no ha dado a conocer sus resultados definitivos y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica de 2006 (Enadid) no la ha publicada el INEGI, encuesta sumamente necesaria para el conocimiento de los patrones migratorios, la composición poblacional en los estados y otros fenómenos relacionados con la movilidad y la dinámica demográfica de nuestro país.
A lo anterior debe agregarse el enorme déficit que enfrentamos en la generación de información de calidad de los gobiernos estatales y los municipales. Desde esa perspectiva, preocupa que, en distintos ámbitos, las estadísticas sociales que reportan las entidades no coinciden con la información vertida por las dependencias federales. Así, es común encontrar porcentajes de cobertura en vacunación, de cobertura y calidad educativa o de avances en índices de marginación reportados por las entidades, que no coinciden con los datos de los informes oficiales de las dependencias federales coordinadoras de Sectores.
Un caso mayor que puede ilustrar la complejidad y las dimensiones de esta problemática es la reciente corrección que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de registro de empleos, a través de la cual se detectó que se habían contabilizado más empleos formales de los que realmente se habían creado y que fueron reportados en los últimos años.
La cuestión para destacar es que el IMSS ha sido durante décadas el referente en la medición del empleo formal y, por ello, de la calidad del crecimiento económico en México y, si un error de esta magnitud pudo ocurrir en una dependencia con tal relevancia, el cuestionamiento obligado es qué está sucediendo con otros sistemas de información y si realmente podemos asumir que contamos con registros adecuados sobre nuestros problemas sociales más elementales.
En esa lógica, es importante aclarar si en efecto se trata sólo de un error de método y sistema o, por el contrario, es una estrategia de manipulación de los datos, a fin de presentar resultados a los que se pretende capitalizar políticamente.
Otro de los temas pendientes en la discusión política en México es precisamente cómo asegurar que la información de lo social no sea “dosificada” o “administrada” en función de los calendarios electorales y, en ese sentido, que no sea manipulada con fines políticos, pues lo que está detrás es la posibilidad de diseñar políticas públicas con la capacidad de cumplir con los derechos humanos y sociales de todos.
En función de lo anterior, debe decirse que la reforma social del Estado necesita pasar forzosamente por la reforma de los sistemas de construcción estadística, que abonen al pleno cumplimiento del derecho a la información que nos garantiza a todos el texto constitucional y, en esa medida, sumar a la responsabilidad que tienen los gobiernos de actuar con transparencia y apegados a estrictos criterios de rendición de cuentas.
Es un hecho, entonces, que esta realidad debe obligar a los gobiernos, en todos sus diversos órdenes, a evaluar sus sistemas de información, a conciliar datos y cifras y a avanzar hacia la construcción de criterios uniformes con miras a la generación de indicadores.
La estadística social es indispensable no sólo para la construcción de las políticas, sino con el fin de evaluar de manera objetiva y precisa avances y retrocesos. Un ejercicio de esta naturaleza corresponde a un régimen plenamente democrático y es evidente que en nuestro país este es un ámbito en el que aún hay muchos saldos pendientes de cubrir.
lunes, 19 de mayo de 2008
La reforma educativa y la reforma social
Mario Luis Fuentes
Lunes 19 de mayo de 2008
México se enfrenta a un reto: cerrar la brecha educativa, científica y tecnológica que lo separa de los países con mayor desarrollo y equidad en el mundo, en un contexto de crecimiento económico sostenido y con generación suficiente de empleos dignos. Esta fórmula, que pareciera sumamente simple, requiere sin embargo avanzar en reformas de largo plazo en distintas esferas del entramado institucional.
En este escenario, es de destacarse la reforma que se pactó esta semana entre el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de impulsar la profesionalización de los maestros mexicanos; así como fortalecer las capacidades de evaluación, mejorar la calidad de la educación y establecer nuevos criterios de contratación e ingreso laboral de los trabajadores de la educación. En esa lógica, habrá que estar atentos para que los acuerdos que hoy se han planteado logren permear en todas las estructuras y los espacios de la educación pública en México, a fin de que la reforma pueda operarse y concretarse en resultados positivos para todos.
Hay que insistir, pues, más allá de la discusión política de coyuntura, en que esta reforma es importante porque la educación constituye uno de los derechos fundamentales que la Carta Magna otorga; además de que es un “derecho habilitante”, pues da a las personas habilidades y capacidades para la vida, así como mayores oportunidades de inserción laboral y desempeño productivo.
Aun con ello, debemos considerar que, en los últimos 15 años, es la tercera vez que se habla de una gran reforma educativa y que, pese a ello, los rezagos en cobertura, aprovechamiento y calidad de la educación siguen siendo uno de los espacios de mayor desigualdad en México, los cuales se profundizan todavía más si se piensa en los contrastes existentes entre la educación pública y la privada y entre los ámbitos urbanos, los rurales y, más aún, frente al mundo indígena.
En este reconocimiento, estamos ante el desafío de asumir que la reforma es apenas un primer paso en la generación de un México mucho más justo, pues hay varias pendientes, que deberán realizarse si de verdad se quiere detonar procesos de generación masiva de empleos de calidad y de una planta productiva vigorosa, a fin de estar en posibilidad de asimilar a los millones de jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa, la cual, en las condiciones en que estamos, no ha encontrado más opciones que empleos mal remunerados, la migración irregular, la fuga en las adicciones o, lamentablemente en muchos casos, la ruta de la informalidad o la peor todavía de la criminalidad.
La reforma educativa que hoy se plantea puede servir como la plataforma inicial para un nuevo debate sobre una reforma social de gran envergadura, la cual, de ser pensada con seriedad, debiera plantearse metas específicas a 30 años cuando menos, a fin de lograr la consolidación de nuestro país como una de las principales economías del planeta, pero también de un país que, en democracia, permita a sus habitantes vivir con justicia, equidad y dignidad.
No hay nada que genere más cohesión social que tener acceso a una educación de calidad, contar con servicios integrales de seguridad social, así como la oportunidad de trabajar y obtener salarios dignos por el desempeño de actividades profesionales que permitan la realización vocacional y personal de todas y todos.
Lo anterior implica, pues, la construcción de nuevos pactos políticos que den apertura a nuevos mecanismos de inclusión: mejor reparto social del ingreso; mejores normas e instituciones; mejores mecanismos de protección social, pero, sobre todo, de una ciudadanía de mayor “calidad”, capaz de hacerse responsable del cuidado y la plena integración de todos, así como de la exigencia permanente de la vigencia de nuestras instituciones y de nuestros derechos humanos y sociales.
Hay claros ejemplos de que una reforma social de gran calado es posible: España, Finlandia e Irlanda son tres modelos sobre los que deberíamos poner más atención, pues justamente en 30 años lograron situarse entre los países más equitativos y de mayores ingresos en el mundo. En Finlandia, por ejemplo, hay evidencia de que 30% de los más ricos no percibe ingresos por arriba de 30% que los más pobres; y esto pudo lograrse gracias a un sólido modelo de Estado de bienestar, basado en una profunda reforma de sus instituciones, incluidos desde luego los sectores de la educación y del empleo.
Esa es precisamente la parte de la reforma que habrá que llevar a cabo en los próximos meses y años, pues, de acuerdo con el Banco Mundial, en México los supermillonarios obtienen ingresos 14 mil veces por arriba del promedio de ingresos nacional.
Tal realidad es a todas luces inaceptable y por ello se debe insistir en que esta reforma educativa, sin duda alguna importante, quedará trunca si no conseguimos abatir, mediante un nuevo Estado social de derecho, la profunda desigualdad que todavía hoy nos caracteriza.
México se enfrenta a un reto: cerrar la brecha educativa, científica y tecnológica que lo separa de los países con mayor desarrollo y equidad en el mundo, en un contexto de crecimiento económico sostenido y con generación suficiente de empleos dignos. Esta fórmula, que pareciera sumamente simple, requiere sin embargo avanzar en reformas de largo plazo en distintas esferas del entramado institucional.
En este escenario, es de destacarse la reforma que se pactó esta semana entre el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de impulsar la profesionalización de los maestros mexicanos; así como fortalecer las capacidades de evaluación, mejorar la calidad de la educación y establecer nuevos criterios de contratación e ingreso laboral de los trabajadores de la educación. En esa lógica, habrá que estar atentos para que los acuerdos que hoy se han planteado logren permear en todas las estructuras y los espacios de la educación pública en México, a fin de que la reforma pueda operarse y concretarse en resultados positivos para todos.
Hay que insistir, pues, más allá de la discusión política de coyuntura, en que esta reforma es importante porque la educación constituye uno de los derechos fundamentales que la Carta Magna otorga; además de que es un “derecho habilitante”, pues da a las personas habilidades y capacidades para la vida, así como mayores oportunidades de inserción laboral y desempeño productivo.
Aun con ello, debemos considerar que, en los últimos 15 años, es la tercera vez que se habla de una gran reforma educativa y que, pese a ello, los rezagos en cobertura, aprovechamiento y calidad de la educación siguen siendo uno de los espacios de mayor desigualdad en México, los cuales se profundizan todavía más si se piensa en los contrastes existentes entre la educación pública y la privada y entre los ámbitos urbanos, los rurales y, más aún, frente al mundo indígena.
En este reconocimiento, estamos ante el desafío de asumir que la reforma es apenas un primer paso en la generación de un México mucho más justo, pues hay varias pendientes, que deberán realizarse si de verdad se quiere detonar procesos de generación masiva de empleos de calidad y de una planta productiva vigorosa, a fin de estar en posibilidad de asimilar a los millones de jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa, la cual, en las condiciones en que estamos, no ha encontrado más opciones que empleos mal remunerados, la migración irregular, la fuga en las adicciones o, lamentablemente en muchos casos, la ruta de la informalidad o la peor todavía de la criminalidad.
La reforma educativa que hoy se plantea puede servir como la plataforma inicial para un nuevo debate sobre una reforma social de gran envergadura, la cual, de ser pensada con seriedad, debiera plantearse metas específicas a 30 años cuando menos, a fin de lograr la consolidación de nuestro país como una de las principales economías del planeta, pero también de un país que, en democracia, permita a sus habitantes vivir con justicia, equidad y dignidad.
No hay nada que genere más cohesión social que tener acceso a una educación de calidad, contar con servicios integrales de seguridad social, así como la oportunidad de trabajar y obtener salarios dignos por el desempeño de actividades profesionales que permitan la realización vocacional y personal de todas y todos.
Lo anterior implica, pues, la construcción de nuevos pactos políticos que den apertura a nuevos mecanismos de inclusión: mejor reparto social del ingreso; mejores normas e instituciones; mejores mecanismos de protección social, pero, sobre todo, de una ciudadanía de mayor “calidad”, capaz de hacerse responsable del cuidado y la plena integración de todos, así como de la exigencia permanente de la vigencia de nuestras instituciones y de nuestros derechos humanos y sociales.
Hay claros ejemplos de que una reforma social de gran calado es posible: España, Finlandia e Irlanda son tres modelos sobre los que deberíamos poner más atención, pues justamente en 30 años lograron situarse entre los países más equitativos y de mayores ingresos en el mundo. En Finlandia, por ejemplo, hay evidencia de que 30% de los más ricos no percibe ingresos por arriba de 30% que los más pobres; y esto pudo lograrse gracias a un sólido modelo de Estado de bienestar, basado en una profunda reforma de sus instituciones, incluidos desde luego los sectores de la educación y del empleo.
Esa es precisamente la parte de la reforma que habrá que llevar a cabo en los próximos meses y años, pues, de acuerdo con el Banco Mundial, en México los supermillonarios obtienen ingresos 14 mil veces por arriba del promedio de ingresos nacional.
Tal realidad es a todas luces inaceptable y por ello se debe insistir en que esta reforma educativa, sin duda alguna importante, quedará trunca si no conseguimos abatir, mediante un nuevo Estado social de derecho, la profunda desigualdad que todavía hoy nos caracteriza.
martes, 13 de mayo de 2008
lunes, 12 de mayo de 2008
La violencia y el miedo social
Mario Luis Fuentes
Lunes 12 de mayo de 2008
Es difícil pensar en un fenómeno de mayor capacidad para alterar la cohesión de las sociedades que la violencia. En efecto, los vínculos sociales más elementales se sustentan no sólo en el llamado “instinto gregario” de las personas, sino en la capacidad de generar los mecanismos institucionales para garantizar a sus miembros seguridad frente a las amenazas externas o en el interior de la comunidad.
La existencia de la autoridad pública implica un reconocimiento de todos, a través del cual se asume que hay alguien que legítimamente pude mandar, pero, sobre todo, que hay una norma y un conjunto de reglas a las que debemos sujetarnos en nuestro actuar en relación con los demás. Este reconocimiento es el que posibilita la existencia de la autoridad legítima del Estado, así como el funcionamiento de una ciudadanía que asume responsabilidades y cuenta con derechos elementales que le deben ser garantizados.
En esa lógica debe entenderse la enorme amenaza que constituyen los niveles de violencia que estamos presenciando en nuestro país; más aún cuando esta violencia es relativamente atípica en el conjunto de las amenazas que tradicionalmente enfrentaba el Estado.
No se trata estrictamente de una amenaza en contra de nuestra soberanía; no es tampoco un intento de subversión del orden político mediante la lucha armada; no es sólo un asunto de crímenes y delitos del orden común. La lucha que hoy está enfrentando el Estado mexicano es en contra de grupos de crimen organizado cuyos recursos han conducido a la formación de células criminales con la “audacia” de enfrentar y retar incluso a nuestras Fuerzas Armadas.
Las ejecuciones están presentándose en todas partes y no hay entidad de la República en que no se hayan realizado ya actos alarmantes, incluso nunca antes vistos en pequeñas ciudades y localidades, producto del enfrentamiento, ya bien entre grupos de narcotraficantes o bien entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
Esta presencia generalizada de la violencia y el crimen es inédita, también, en el sentido de que su expansión obedece a dos fenómenos, los cuales nos alertan de que nuestro tejido social se está desgarrando en muchos de sus vínculos elementales, lo que debe llevarnos a la consideración de la otra parte de esta crisis: la demanda de estupefacientes y drogas de todo tipo.
Por una parte, el crecimiento acelerado del consumo de sustancias adictivas no se ha podido contener, y la edad de inicio en el uso o el abuso de drogas sigue disminuyendo alarmantemente. Esto implica una cada vez mayor demanda y, con ello, una creciente red de distribución “al menudeo” que ha llevado a personas que, muchas sí por la carencia económica, pero muchas más simplemente en el afán de obtener mayores recursos, han decidido vender droga a sus vecinos jóvenes la mayoría de ellos y que en muchos casos pueden ser sus familiares o hijos de conocidos de toda la vida.
La existencia de las llamadas “narcotienditas” habla de la impunidad y la corrupción existente en todos los niveles y órdenes del gobierno y de la ruptura de los vínculos sociales de protección y cuidado mutuo de las personas.
En este tema debe reconocerse que existe una nueva generación de drogas de diseño, de alto costo y accesibles sólo a los grupos de mayores ingresos y son éstos los que poseen mayores capacidades de corromper y de favorecer, a través del consumo, el crecimiento de la impunidad, la corrupción y la violencia social.
Del otro lado están los deudos de los policías y mandos policiacos que literalmente se están jugando todo en esta lucha. Con ellos, el Estado debe ser profundamente solidario y se requiere hoy dar mucho mayores garantías de protección, seguridad social e ingresos mínimos para sus familiares.
Es difícil pensar en un fenómeno de mayor capacidad para alterar la cohesión de las sociedades que la violencia. En efecto, los vínculos sociales más elementales se sustentan no sólo en el llamado “instinto gregario” de las personas, sino en la capacidad de generar los mecanismos institucionales para garantizar a sus miembros seguridad frente a las amenazas externas o en el interior de la comunidad.
La existencia de la autoridad pública implica un reconocimiento de todos, a través del cual se asume que hay alguien que legítimamente pude mandar, pero, sobre todo, que hay una norma y un conjunto de reglas a las que debemos sujetarnos en nuestro actuar en relación con los demás. Este reconocimiento es el que posibilita la existencia de la autoridad legítima del Estado, así como el funcionamiento de una ciudadanía que asume responsabilidades y cuenta con derechos elementales que le deben ser garantizados.
En esa lógica debe entenderse la enorme amenaza que constituyen los niveles de violencia que estamos presenciando en nuestro país; más aún cuando esta violencia es relativamente atípica en el conjunto de las amenazas que tradicionalmente enfrentaba el Estado.
No se trata estrictamente de una amenaza en contra de nuestra soberanía; no es tampoco un intento de subversión del orden político mediante la lucha armada; no es sólo un asunto de crímenes y delitos del orden común. La lucha que hoy está enfrentando el Estado mexicano es en contra de grupos de crimen organizado cuyos recursos han conducido a la formación de células criminales con la “audacia” de enfrentar y retar incluso a nuestras Fuerzas Armadas.
Las ejecuciones están presentándose en todas partes y no hay entidad de la República en que no se hayan realizado ya actos alarmantes, incluso nunca antes vistos en pequeñas ciudades y localidades, producto del enfrentamiento, ya bien entre grupos de narcotraficantes o bien entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
Esta presencia generalizada de la violencia y el crimen es inédita, también, en el sentido de que su expansión obedece a dos fenómenos, los cuales nos alertan de que nuestro tejido social se está desgarrando en muchos de sus vínculos elementales, lo que debe llevarnos a la consideración de la otra parte de esta crisis: la demanda de estupefacientes y drogas de todo tipo.
Por una parte, el crecimiento acelerado del consumo de sustancias adictivas no se ha podido contener, y la edad de inicio en el uso o el abuso de drogas sigue disminuyendo alarmantemente. Esto implica una cada vez mayor demanda y, con ello, una creciente red de distribución “al menudeo” que ha llevado a personas que, muchas sí por la carencia económica, pero muchas más simplemente en el afán de obtener mayores recursos, han decidido vender droga a sus vecinos jóvenes la mayoría de ellos y que en muchos casos pueden ser sus familiares o hijos de conocidos de toda la vida.
La existencia de las llamadas “narcotienditas” habla de la impunidad y la corrupción existente en todos los niveles y órdenes del gobierno y de la ruptura de los vínculos sociales de protección y cuidado mutuo de las personas.
En este tema debe reconocerse que existe una nueva generación de drogas de diseño, de alto costo y accesibles sólo a los grupos de mayores ingresos y son éstos los que poseen mayores capacidades de corromper y de favorecer, a través del consumo, el crecimiento de la impunidad, la corrupción y la violencia social.
Del otro lado están los deudos de los policías y mandos policiacos que literalmente se están jugando todo en esta lucha. Con ellos, el Estado debe ser profundamente solidario y se requiere hoy dar mucho mayores garantías de protección, seguridad social e ingresos mínimos para sus familiares.
Detrás de todo esto, comienza a percibirse una sensación generalizada de miedo. Y no hay nada más peligroso para una democracia o un orden político que la población asuma que sus gobiernos son incapaces de garantizarles lo mínimo exigible: seguridad y estabilidad jurídica que dé certidumbre para el bienestar y el desarrollo social.
El miedo en las sociedades puede llevar a regresiones autoritarias que, a la luz de la experiencia histórica, nunca han traído beneficios sino sólo para quienes detentan el poder o buscan actuar al margen del Estado y de sus leyes.
Por todo lo anterior, hoy más que nunca urge incorporar a todas las políticas sociales, instrumentos que promuevan y generen la cohesión de la sociedad, ofrecer mayor certidumbre a nuestros jóvenes, incrementar los niveles de confianza y solidaridad entre las personas y contribuir a proteger con todo ello a nuestro aún frágil régimen democrático.
martes, 6 de mayo de 2008
lunes, 5 de mayo de 2008
¿Una nueva política social?
Mario Luis Fuentes
Lunes 05 de mayo de 2008
El gobierno federal ha anunciado una nueva estrategia para agrupar sus programas sociales, bajo un “paraguas” comunicativo que busca sobre todo darle mayor presencia y visibilidad pública a los programas con que hoy ya cuenta, a los cuales añadirá algunas acciones complementarias para intentar llegar a quienes hoy no reciben ninguno o limitados apoyos públicos.
Aún cuando es de destacarse el hecho de que esta nueva estrategia parte del reconocimiento de que los programas federales están desarticulados, y que es necesario integrarlos para lograr una mejor focalización y alcance de los recursos destinados al combate a la pobreza, no se alcanzan a distinguir en los anuncios hechos, los mecanismos de coordinación e integración de la enorme oferta de programas que existen en lo social, y que van desde las transferencias monetarias a los más pobres, hasta recursos y estímulos a la producción agrícola, la capacitación para el empleo, y en general todos los programas dirigidos a la generación del bienestar de la población.
Debe destacarse demás que, aún cuando la nueva estrategia del gobierno plantea la vinculación de la política social con la económica, no logra articular una propuesta clara para enfrentar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, lo cual implicaría como base una reforma fiscal y laboral que permita contar con los recursos para la reconstrucción de un Estado social capaz de garantizar redes de protección permanentes para todos.
A ello habría que agregar que la nueva estrategia social anunciada no asume que en los últimos 10 años se han generado programas propios en las 32 entidades y en los municipios más grandes del país, los cuales se han generado desde distintas visiones y perspectivas, y con los que se busca en casi todos los casos transferir recursos económicos para enfrentar limitadamente riesgos y circunstancias de vulnerabilidad, y con los que se busca diseñar identidades y clientelas y políticas locales.
Esta estrategia deberá abordar el reto sobre cómo articular los recursos del gobierno federal, con este “mosaico” de propuestas locales, que sin duda abonan a la dispersión y la descoordinación de los programas sociales, y que obligan a superar la cuestión de cómo orientar y darle sentido a la acción que se realiza para atender a los más pobres, desde los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, debe reconocerse que a seis meses de que inicie formalmente un nuevo año electoral, cualquier movimiento o decisión que implique tocar o darle mayor visibilidad a los programas sociales, lleva a la generación de sospechas sobre la posibilidad de que la intención del gobierno sea potenciar la rentabilidad política de los programas y acciones que tiene la responsabilidad de operar.
A estas dificultades debe agregarse el hecho de que la violencia generalizada que se vive en todo el país está afectando hábitos, costumbres y percepciones sobre las relaciones sociales; y que la presencia policiaca y de efectivos del ejército patrullando ciudades, calles y carreteras puede alterar capacidades para la participación, la organización y la cooperación de las personas.
Esta nueva estrategia gubernamental deberá asumir que hay fenómenos como la migración, que obligan a pensar en nuevos esquemas y reglas de operación de los programas de transferencias monetarias; sobre todo en la definición de criterios para definir tiempos para la permanencia, ingreso y exclusión de sus beneficiarios.
Otro de los retos que enfrentará esta estrategia es el enorme peso burocrático-sindical existente en las principales dependencias responsables de la garantía de los derechos sociales, lo que vuelve sumamente complicado, en su operación, el desarrollo de mecanismos de convergencia, suma de recursos y de capacidades para potenciar la presencia y los beneficios que pueden generarse en el despliegue de los programas sociales.
Finalmente, en el fondo de esta discusión sobre lo social lo que se encuentra es el debate no abordado suficientemente sobre los arreglos políticos fundamentales que nos dan cohesión y sentido de nación, los cuales, lamentablemente, parece que están pensándose sólo en función de los probables resultados electorales del 2009 y no de las ingentes necesidades que existen en el país.
México requiere de la reconstrucción de nuestros principales pactos, lo cual requiere de consensos políticos previos de alcances mayores, que nos lleven a la redefinición de las estructuras jurídicas, políticas e institucionales que nos han impedido hasta hoy superar la desigualdad.
El gobierno federal ha anunciado una nueva estrategia para agrupar sus programas sociales, bajo un “paraguas” comunicativo que busca sobre todo darle mayor presencia y visibilidad pública a los programas con que hoy ya cuenta, a los cuales añadirá algunas acciones complementarias para intentar llegar a quienes hoy no reciben ninguno o limitados apoyos públicos.
Aún cuando es de destacarse el hecho de que esta nueva estrategia parte del reconocimiento de que los programas federales están desarticulados, y que es necesario integrarlos para lograr una mejor focalización y alcance de los recursos destinados al combate a la pobreza, no se alcanzan a distinguir en los anuncios hechos, los mecanismos de coordinación e integración de la enorme oferta de programas que existen en lo social, y que van desde las transferencias monetarias a los más pobres, hasta recursos y estímulos a la producción agrícola, la capacitación para el empleo, y en general todos los programas dirigidos a la generación del bienestar de la población.
Debe destacarse demás que, aún cuando la nueva estrategia del gobierno plantea la vinculación de la política social con la económica, no logra articular una propuesta clara para enfrentar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, lo cual implicaría como base una reforma fiscal y laboral que permita contar con los recursos para la reconstrucción de un Estado social capaz de garantizar redes de protección permanentes para todos.
A ello habría que agregar que la nueva estrategia social anunciada no asume que en los últimos 10 años se han generado programas propios en las 32 entidades y en los municipios más grandes del país, los cuales se han generado desde distintas visiones y perspectivas, y con los que se busca en casi todos los casos transferir recursos económicos para enfrentar limitadamente riesgos y circunstancias de vulnerabilidad, y con los que se busca diseñar identidades y clientelas y políticas locales.
Esta estrategia deberá abordar el reto sobre cómo articular los recursos del gobierno federal, con este “mosaico” de propuestas locales, que sin duda abonan a la dispersión y la descoordinación de los programas sociales, y que obligan a superar la cuestión de cómo orientar y darle sentido a la acción que se realiza para atender a los más pobres, desde los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, debe reconocerse que a seis meses de que inicie formalmente un nuevo año electoral, cualquier movimiento o decisión que implique tocar o darle mayor visibilidad a los programas sociales, lleva a la generación de sospechas sobre la posibilidad de que la intención del gobierno sea potenciar la rentabilidad política de los programas y acciones que tiene la responsabilidad de operar.
A estas dificultades debe agregarse el hecho de que la violencia generalizada que se vive en todo el país está afectando hábitos, costumbres y percepciones sobre las relaciones sociales; y que la presencia policiaca y de efectivos del ejército patrullando ciudades, calles y carreteras puede alterar capacidades para la participación, la organización y la cooperación de las personas.
Esta nueva estrategia gubernamental deberá asumir que hay fenómenos como la migración, que obligan a pensar en nuevos esquemas y reglas de operación de los programas de transferencias monetarias; sobre todo en la definición de criterios para definir tiempos para la permanencia, ingreso y exclusión de sus beneficiarios.
Otro de los retos que enfrentará esta estrategia es el enorme peso burocrático-sindical existente en las principales dependencias responsables de la garantía de los derechos sociales, lo que vuelve sumamente complicado, en su operación, el desarrollo de mecanismos de convergencia, suma de recursos y de capacidades para potenciar la presencia y los beneficios que pueden generarse en el despliegue de los programas sociales.
Finalmente, en el fondo de esta discusión sobre lo social lo que se encuentra es el debate no abordado suficientemente sobre los arreglos políticos fundamentales que nos dan cohesión y sentido de nación, los cuales, lamentablemente, parece que están pensándose sólo en función de los probables resultados electorales del 2009 y no de las ingentes necesidades que existen en el país.
México requiere de la reconstrucción de nuestros principales pactos, lo cual requiere de consensos políticos previos de alcances mayores, que nos lleven a la redefinición de las estructuras jurídicas, políticas e institucionales que nos han impedido hasta hoy superar la desigualdad.
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