Falta protección social

2 de febrero del 2009

"Lo peor está por venir”. En esa frase se resumen las proyecciones económicas del Banco de México, que aun con la “corrección” presidencial parecen ser las que tienen un mayor sustento técnico-científico y son las que le permiten a Guillermo Ortiz sostener que decreceremos entre 0.08 y 1.8% en 2009. La recesión, puede decirse, hoy es oficial y con ello entramos en una espiral descendente cuya desembocadura resulta incierta y ante la cual no hay blindaje financiero que alcance para garantizarnos puertos seguros ni prontas recuperaciones.

Es cierto que hoy México estaba mejor preparado en sus estructuras económicas y financieras para enfrentar una crisis; sin embargo, también que esta situación resulta planetaria y, por venir del centro de la economía global y haber sido provocada además por el sector privado, es la más profunda que habremos de enfrentar en muchas décadas. Con ello, se hace evidente que los mecanismos tradicionales de respuesta no serán suficientes y que se requiere audacia y una aguda inteligencia para tomar las mejores decisiones en este complejo escenario.
Por otra parte, lo más peligroso de esta crisis es que, si bien se tenía una fortaleza importante en las finanzas públicas, la base real de la economía, es decir, los sectores que más empleos generan, venía ya de un largo periodo de estancamiento que, a decir del Coneval, implica que, de los 15 millones de empleos generados entre 1994 y 2006, diez millones se crearon en el sector informal.

En este contexto, la precariedad de las redes sociales con las que entramos a este proceso recesivo es preocupante. Hay millones de personas sin seguridad social y, aun cuando el planteamiento del gobierno consiste en que a final del sexenio toda la población contará al menos con la cobertura del seguro popular, este objetivo queda en suspenso debido a las limitaciones presupuestales que habremos de enfrentar en sólo unos meses.

La inflación que se sigue acumulando en los precios de los alimentos y los medicamentos sigue presionando a las ya de por sí precarias capacidades económicas de los más pobres, pero cada vez más, también, a sectores más amplios de la clase media, lo que hace prever, no sólo un importante crecimiento en el número de quienes viven con hambre, sino en el de las personas que caerán en eso que eufemísticamente se conoce como “líneas de la pobreza”, pero no significa sino precariedad y carencia.

México entró “mal parado a la crisis” en materia social. Los saldos que arrastramos desde hace décadas parecen hoy impagables. Las desigualdades amenazan con volverse aún más profundas, ante la inacción pública para reformar las estructuras institucionales y jurídicas que permiten y reproducen estas condiciones de inequidad, ya no sólo entre el norte y el sur, sino cada vez más presentes al interior de las ciudades, los pueblos y las colonias.

Son, en efecto, los más pobres quienes tienen acceso a los peores servicios públicos, a las escuelas de baja calidad, a los hospitales y clínicas con menor equipamiento. Si esto es así, hay que poner énfasis en la necesidad de que ante la crisis debe actuarse con el fin de evitar que estas condiciones se recrudezcan y que, en donde se han logrado estándares mínimos de calidad, puedan evitarse retrocesos.

El énfasis tiene que estar en la creación de empleos dignos. Por ello se debe evitar la tentación de que, frente al despido masivo de trabajadores, se recurra a la receta clásica de “flexibilizar” el trabajo, lo que significa más precariedad, inseguridad e injusticia social. Se trata de proteger la economía formal, fortalecer los mecanismos de inclusión a la seguridad social e incentivar y fomentar las actividades de la economía real, la que produce alimentos, materias primas y bienes de consumo básico que, debido a los dictados del liberalismo más radical, hoy estamos ante la necesidad de importar.

Construir un blindaje social ante la crisis implica asumir un momento de oportunidad no sólo para que, al pasar la fase más aguda de sus efectos, regresemos al estado en que nos encontrábamos antes de septiembre de 2008, cuando la crisis financiera global estalló, sino para comenzar a construir un Estado social de derecho que restituya dignidad y oportunidades con miras a una vida de calidad para los más pobres y excluidos.

Se trata de ver desde “la otra orilla”, de situarse en la perspectiva de quienes han sido despojados de todo o están en proceso de serlo, y diseñar políticas para la inclusión, desde el punto de vista de los marginados. Sólo así podremos restituirle capacidad ética al Estado y, con ello, dignidad a la actuación de sus instituciones.

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Los efectos de la crisis: riesgos para la juventud

Es mucho más que discurso

Hacía muchos años que un político no captaba la atención mundial como lo ha hecho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El último liderazgo mundial que atrajo poderosamente las miradas de todo el planeta fue el de Mijaíl Gorbachov, debido a su capacidad transformadora de la ex Unión Soviética.

Hay algunos paralelismos entre las vidas de ambos políticos. Gorbachov provenía de una familia de campesinos y logró culminar estudios en Derecho en la Universidad de Moscú, la más importante en la ex URSS. Completó sus estudios con un posgrado en agronomía y regresó a su región de origen a fin de enfrentar, con mucho éxito, los problemas sociales derivados de una sequía devastadora en 1968. A partir de su trabajo en la comunidad, se afilió al Partido Comunista e inició una meteórica carrera política. Fue electo presidente del Comité del Soviet Supremo en 1970; del Comité Central del Partido en 1971 y del Politburó en 1980.

Una vez en ese cargo, se convirtió en un símbolo de transformación en su país, no sólo en términos de un relevo generacional, sino, sobre todo, de una renovación política y de visión sobre lo que debía ser el Estado soviético, su papel en las relaciones internacionales y la generación de un orden internacional distinto.

El planteamiento de las llamadas Glasnost (transparencia) y la Perestroika (reestructuración política y económica) significó un cambio no sólo en la ex URSS, sino el fin de la Guerra Fría, la transformación del orden global de un “régimen bipolar” a uno regido por la hegemonía de la superpotencia EU, con algunos polos de poder regional en Europa y Asia.

Es muy temprano para poder prever los efectos que tendrá tanto en Estados Unidos como para el orden global la presidencia de Barack Obama, pero lo que se ha visto hasta ahora es una férrea disciplina de acción en la que se está avanzando en el cumplimiento de las ofertas de campaña y aun de las que había hecho antes como senador en el Congreso federal de aquel país.

Los nombramientos en el gabinete presidencial, en los puestos de asesoría clave del gobierno, y la medida anunciada el jueves sobre la prohibición de las cárceles de la CIA y la revisión de Guantánamo, son ya no sólo pronunciamientos. Son decisiones de un poderío simbólico mayor que permiten prever medidas del mismo calado en otras áreas estratégicas para la administración estadunidense, tales como el sistema de salud pública, el sistema educativo y, por supuesto, los mecanismos de regulación de Wall Street y en general de los fundamentos de la dinámica económica de la Unión Americana, así como la global.

En México aún estamos a tiempo de reconstruir un proyecto que nos dé garantías de viabilidad para el desarrollo en los años por venir. Empero, eso requiere que la Presidencia de la República comprenda que debe salirse de la disputa electoral de 2009 y plantear un proyecto de gobierno para enfrentar la crisis social, en el cual estén incluidas todas las visiones que hay sobre México.

Se ha argumentado desde la Presidencia de la República que en México planteamos, al igual que en EU, un programa de recuperación del empleo, un plan de contingencia para enfrentar la recesión, así como un gran programa nacional de infraestructura.

El problema está una vez más en la cuestión en torno a desde dónde y cómo se dicen las cosas. El lenguaje, nos enseñaba Octavio Paz, es la síntesis entre el arco y la lira, pronunciado desde una historia de vida que lo respalda se convierte en la más poderosa de las vanguardias; pronunciado desde la arrogancia del poder puede convertirse en un dragón envenenado capaz de devorar a quien lo pronuncia.

Es cierto que Obama ha recurrido a simbolismos religiosos, pero su laicismo no ha sido puesto a prueba; también lo es que ha apelado al discurso de la esperanza, pero ha comenzado a actuar en el cumplimiento de sus promesas; es cierto que ha convocado a la unidad, y en función de ello no formó un “gabinete de leales”, sino de las mejores mujeres y los mejores hombres; es cierto que Obama ha llamado a la reconciliación, y ha operado políticamente para lograr el apoyo de los republicanos para impulsar las reformas planteadas.

En México, por el contrario, el gobierno no ha logrado aún cimentar liderazgos nacionales y regionales, capaces de convocar a las diferencias y de sumarlas en un proyecto compartido.

Se debe comprender que el hecho de “decir” no implica que las cosas ya estén hechas. Nunca es tarde para comenzar a ser ejemplar y hoy el gobierno mexicano tiene no sólo la oportunidad y el reto de hacerlo, sino la enorme responsabilidad que la historia y sobre todo nuestra Constitución le mandan.

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Crece la incertidumbre

19 de enero de 2009

El escenario del crecimiento cero para la economía en 2009 constituye un punto de inflexión para México. Es cierto que esta situación es resultado de la profunda crisis financiera internacional, pero lo es también el hecho de que aquí no hemos mejorado la calidad ni los niveles de educación; se abandonaron las nociones de un desarrollo regional equilibrado; no hemos mejorado ni el ingreso ni el poder adquisitivo de la población en 15 años, las desigualdades se han acrecentado, y hemos renunciado a toda posibilidad de que el Estado sea el conductor de los esfuerzos para el crecimiento y los desarrollos social y humano.

Como consecuencia, un mercado cada vez más voraz se apoderó de muchas de las instituciones públicas de regulación; nuestro escenario económico se vio cada vez más anclado a poderosos monopolios en sectores estratégicos y, sobre todo, la incertidumbre jurídica en todos los ámbitos públicos se incrementó de la mano de la corrupción y de los malos manejos de recursos e instituciones gubernamentales.

Paradójicamente ni la alternancia en el poder ni las jóvenes estructuras e instituciones democráticas con las que contamos se han convertido en palancas del desarrollo. Y los partidos políticos, lejos de recurrir a la reforma interna y a la renovación ideológica y de sus cuadros políticos, asumieron lógicas sectarias y renunciaron a la innovación en sus propuestas y en sus plataformas ideológicas.

La delincuencia, no está demás subrayarlo, campea en todo el país, y la violencia se ha instalado como una dramática forma de vida que lastima y vulnera a las relaciones personales, de pareja y de familia, generando escenarios inéditos de maltrato, abuso y tratos infamantes en contra de los más vulnerables.

En este contexto la incertidumbre de la población crece. Las encuestas más recientes sobre la confianza y el estado de ánimo de los mexicanos muestran retrocesos importantes en materia de sensación de bienestar, proyectos de futuro y confianza en sus entornos e instituciones. Todos ellos son activos imprescindibles para incrementar la competitividad, la productividad y la posibilidad de rendimientos crecientes en el desempeño económico y la convivencia social.

La complejidad de estos elementos es mayúscula y cada vez es más evidente que el diseño de las instituciones de nuestro país se encuentra rebasado para enfrentar con oportunidad los retos que un escenario de esta naturaleza nos impone.

Al contrario de generar un proceso de reflexión y diálogo mayor sobre cómo y con base en qué prioridades habría que emprender un largo proceso de reforma social del Estado, el gobierno y los partidos políticos siguen atrapados en discusiones ajenas a la realidad y a los problemas urgentes que tenemos que resolver.

Así, mientras se discuten con criterios electorales montos y presupuestos, la gente tiene que salir a la calle con la incertidumbre de si regresará a casa aún con empleo; aquellos que ya lo perdieron o que estaban desempleados, con la incertidumbre de si volverán con lo suficiente para comer y, no es exagerado decirlo, las cada vez más amplias filas de los indigentes, viven el drama de la sobrevivencia y la incertidumbre sobre la posibilidad siquiera del mañana.

El crecimiento cero de la economía implica pérdida de fuentes de trabajo y que quienes se incorporan al mercado laboral no encuentren puestos de trabajo. Además, implica que quienes viven la informalidad o la precariedad laboral verán recrudecerse las dificultades y las posibilidades de mantener sus ya de por sí mermados recursos.

Nos urge una revisión del entramado institucional. Si en 1995 se inició el diseño del hoy llamado Programa Oportunidades con el fin de contener los efectos de la crisis económica, hoy, ante el dilema no sólo de las dificultades internas sino de un modelo de globalidad fallido, bien valdría la pena reflexionar si lo que necesitamos no es una nueva estrategia para responder con mayor eficacia a los dilemas de una realidad que ya nos desbordó y cuyas aguas están subiendo aceleradamente.

La gran reforma hasta ahora pospuesta es la reforma social, la cual implica asumir con seriedad la redefinición de las dimensiones, las facultades y las responsabilidades del Estado y, con ello, poner al centro de discusión como categoría principalísima al trabajo digno. Ello implica, a su vez, redefinir el entramado institucional que favorece la desigualdad; romper los perversos círculos de reproducción de la pobreza, así como la construcción de nuevas estrategias para hacer frente a fenómenos tan complejos como el cambio climático, una nueva era de tráficos y migraciones, y toda una nueva agenda de problemas sociales asociados a la salud mental de las personas.

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Dos discursos

12 de enero de 2009

Generar acuerdos implica hablar de las mismas cosas, sí, pero también comprender y asumir las perspectivas desde las que el otro habla. El consenso implica asumir los antecedentes y las consecuencias de las palabras, porque éstas, aun siendo las mismas, pueden estar cargadas de significados radicalmente opuestos, dependiendo de los contextos y, sin duda, de los emisores.

Por ello es importante acercarse a los pronunciamientos que recientemente ha hecho la Presidencia de la República ante la crisis económica, y los que articulan la propuesta que está planteando el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama.

Poner en perspectiva ambos discursos implica, en primer término, destacar el “tono” en el que se han pronunciado. En esa lógica, el dramatismo planteado por el presidente electo Obama es digno de llamar la atención, pues plantea una disyuntiva mayúscula para su país y el resto del mundo: o se supera con éxito la crisis o el proyecto del “sueño americano” estará cancelado al menos en el mediano plazo, es decir, en los próximos 15 o 20 años.

En nuestro país destaca el optimismo con respecto a que el “crecimiento cero” es una buena noticia, si se considera que hace diez años hubiese significado algo mucho peor. Explicación a todas luces maniquea, pues desde el gobierno no es válido plantear los logros con respecto a lo obtenido en el pasado, sino en relación con nuestras capacidades actuales y la construcción de perspectivas de futuro.

En ese sentido, el discurso de Barack Obama avanza con una agresividad inusual: se reformará la manera de hacer política en Washington y el Estado asumirá una posición seria de regulación frente al mercado. Definiciones mayores, pues de llevarse a cabo van a generar verdaderas ondas de choque entre los grupos de poder económico y político que, aun diezmados ante la crisis, mantienen muchos de los hilos de la burocracia y el poder estadunidense.

Por el contrario, en México la propuesta del plan anticrisis, mediado por un acuerdo en el que sólo el gobierno asumió compromisos (lo cual pone en severa cuestión si se trata o no de un acuerdo real), se ha reducido a contener los precios de los bienes y servicios que otorga y presta la autoridad, pero no se ha planteado ninguna reforma a los instrumentos y mecanismos de regulación económica, aun con las lecciones ya aprendidas de los recientes ataques especulativos que han puesto a empresas irresponsables al borde de la quiebra y a la economía nacional en momentos de fragilidad preocupantes.

El discurso presentado el pasado jueves por el presidente electo Obama fue pronunciado en una Universidad. En ese sentido, el contexto cuenta, los lugares y los escenarios también y, hablar de una profunda reforma ética y política en Washington en una casa del pensamiento, es un asunto mayor.

Desde ahí, el planteamiento de Obama, en el sentido de reconsiderar los esquemas de “reclutamiento” de los mejores estudiantes de las universidades públicas hacia Wall Street o a la iniciativa privada, para transitar a un esquema en el que se apoye más su inserción en la educación, la investigación e incluso la administración pública, debería ser retomado en México y, con ello, buscar nuevas alternativas para el desarrollo y la equidad.

Por el contrario, en nuestro país, el anuncio del “gran acuerdo nacional” para contener la crisis se llevó a cabo ante “los mismos de siempre” y con base en los usos y costumbres de siempre. No hay planteamientos de renovación ni de transformaciones estructurales; se trata, pareciera, una vez más, de la agenda del día siguiente con un discurso desgastado y que ya no convence a nadie.

La capacidad de transformar a un país depende de tomar decisiones de gran calado; pero también de la de comunicar y convocar a la ciudadanía a la construcción de un proyecto común. Y aquí, una vez más, quién y cómo lo dice, importa.

La evidencia de que en nuestro país el discurso político es no sólo ineficaz sino vacuo, debe constituir un llamado de atención a toda la clase política. Lo que se dice requiere el respaldo de lo que se hace y se ha hecho a lo largo de la vida; lo que lleva a la reflexión de si lo que necesitamos no es una profunda renovación en todas las esferas de la vida pública nacional.

México requiere profundas transformaciones, pero éstas no pueden llevarse a cabo desde un pensamiento que es incapaz siquiera de reconstruir sus capacidades para la convocatoria y el discurso públicos. Como lo dijo Rolando Cordera, en una reciente conferencia, ante la carencia del recurso, al menos sería deseable la oferta de un buen discurso. Hoy carecemos de ello.

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Competitividad: Indicadores a la baja

Construir esperanza

5 de enero de 2009

Ningún país puede aspirar a la prosperidad sin contar con una sociedad cohesionada por una noción compartida de futuro. En lo general, esta noción puede denominarse “esperanza”, porque es lo que la gente espera como el punto de llegada al que todos, independientemente de las creencias particulares, desearían como mínimo para todos.

Es tal el poder de este concepto que, a lo largo de la historia, numerosos movimientos políticos lo han utilizado de bandera y propuesta ante la ciudadanía. En México el candidato López Obrador lo usó como parte de su discurso político durante el proceso electoral de 2006 y, en Estados Unidos de Norteamérica, fue el principal contenido de la campaña del ahora presidente electo Barack Obama.

A diferencia de lo que ocurrió en México, en Estados Unidos el mensaje logró un posicionamiento público sin precedentes al grado de que, según un reciente artículo publicado por The New York Times, fue la palabra más utilizada en internet durante 2008. También, la más usada en los noticiarios estadunidenses, y al mismo tiempo la que más se utilizó en las conversaciones cotidianas.

Si algo queda claro es que, ante la incertidumbre, la política tiene la capacidad de generar cohesión social en torno a metas y proyectos comunes. Empero, esto se logra sólo cuando la acción política posee sólidos cimientos anclados en posiciones éticas. Cuando las acciones de los políticos tienen como respaldo una vida de acreditación de compromiso social y cuando la política posee la capacidad de innovar y renovarse.

Por lo que se conoce en medios de comunicación, la trayectoria del ahora presidente electo de Estados Unidos así lo acredita. Y es esa posición la que le permitió desplegar una estrategia de discurso que condenó una y otra vez el “cinismo de la clase política tradicional de aquel país”, así como las posiciones que llevaron a la polarización política y social de los estadunidenses.

Así, lo que se ha visto es una estrategia que busca generar cohesión política y social. Ante el panorama de división, Obama optó por las mentes más brillantes para integrar su gabinete, antes que por amigos o familiares. Debido a la crisis económica ha propuesto un plan con el fin de crear tres millones de empleos en 2009. Por la crisis del sistema financiero global ha propuesto nuevos mecanismos tendientes a regular la actividad económica, incluida la bolsa de valores y, en la política, ha hecho reiterados llamados al diálogo y la concertación, antes que al encono y la división. Su mensaje del sábado fue categórico: no se trata de cuestiones de partidos, sino de su país y del mundo entero.

En México tenemos este reto pendiente: lograr la concertación; cerrar las brechas de polarización que dividen y confrontan las posiciones políticas pero, sobre todo, iniciar un proceso de renovación ética de la acción política, a fin de lograr anteponer los intereses públicos a los de grupos de poder fáctico que mantienen atrapadas a las instituciones del país. El otro gran reto es lograr construir una enorme plataforma social para la cooperación, en donde las posiciones éticas sean exigibles también al sector privado.

A diferencia de lo que se está viviendo en Estados Unidos, donde las principales empresas han iniciado estrategias de protección del salario, reducción de precios de mercado, acciones destinadas a frenar el desempleo y propuestas con el fin de proteger el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, en México todo parece estar yendo en sentido contrario: más explotación laboral, precarización de la calidad del trabajo, pérdida del poder adquisitivo e incremento de los precios, sobre todo en los de consumo básico, lo cual afecta en mayor medida a la clase media y a los más pobres.

La construcción de esperanza en un escenario así, y en el que la escalada de violencia no cede, es prácticamente imposible. Hoy debe exigírsele a todas las instituciones capacidad para avanzar hacia una sociedad con más equidad y justicia, con mayor sentido social y solidez en las posiciones éticas que se defienden desde los espacios públicos y los privados.

Nos urge una nueva política fundada en una profunda eticidad. Construirla es tarea de todos los actores políticos, de aquellos que tienen alguna representación social y también de la iniciativa privada. En ello nos jugamos buena parte de nuestro futuro, así que sin duda vale la pena intentarlo.

Atentados contra el Estado

29 de diciembre de 2008

La violencia, tanto la social como la que genera el crimen organizado, está llegando a niveles intolerables, sobre todo si se considera que nuestra aspiración debe orientarse a vivir en un Estado social de derecho, en donde la democracia, la legalidad y la protección de los derechos humanos sean los ejes sobre los que se construya y desarrolle la vida cotidiana.

El poder de robar, de secuestrar o de asesinar, constituye una forma de poder ilegítima; es también una forma de poder cruel si se le ve desde una posición ética, y es atentatoria de la dignidad humana desde una perspectiva anclada en la tradición de los derechos humanos.

En esta lógica, las instituciones del Estado tienen, además de la responsabilidad de brindar seguridad a la población, la de garantizar que ésta pueda vivir en un entorno en el que el desarrollo social sea posible; en el que la prosperidad esté al alcance de todas las familias y en el que las oportunidades para la realización de los proyectos de vida sean equitativas.

Preocupantemente en México no se están cumpliendo ni la una ni la otra; por el contrario, la escalada de violencia parece no tener fin y en los últimos meses estamos siendo testigos de nuevas formas de actuación del crimen organizado, que constituyen verdaderos atentados terroristas y graves afrentas a las instituciones del Estado.

Las granadas que fueron arrojadas la noche del 15 de septiembre en contra de la población civil en Morelia y la reciente ejecución de ocho miembros del Ejército Mexicano en el estado de Guerrero, quienes fueron torturados y decapitados, son dos de los puntos de mayor envergadura en el reto que los narcotraficantes están planteando al Estado.

El primero porque, además de ser un acto de cobardía y sadismo, tuvo como propósito sembrar el terror entre la población civil; el segundo, porque el mensaje al Estado es de un completo desacato de la Ley, del Estado de derecho y de un virtual desconocimiento de la autoridad en su más alto nivel, que en el ámbito de seguridad se encarna en nuestras Fuerzas Armadas.

El ataque directo a los activos del Ejército debe ser asumido en toda la complejidad de lo que implica y se debe actuar en consecuencia. Nuestras Fuerzas Armadas han sido en los últimos años uno de los principales símbolos de lealtad al país, así como del apego a los más altos valores patrióticos que tenemos como mexicanos. Han sido también la institución al frente de la acción pública en situaciones de desastre, protegiendo a la población vulnerada, y cuentan con un amplio programa de intervención social en comunidades pobres.

Todo esto tiene que ser protegido, pues si bien los miembros de las Fuerzas Armadas han jurado defender con su vida la integridad de la República, su participación en la lucha contra el narcotráfico las está situando en circunstancias de nuevos riesgos en cuanto a su presencia y dimensión institucional, pues no es su tarea Constitucional, en sentido estricto, la de luchar en contra del crimen organizado.

La guerra contra el narco es una que definitivamente no se puede perder; pero parece que la estrategia no está funcionando del todo ni tan bien como sería deseable. En ese sentido, se requiere del replanteamiento de las tácticas y de las acciones en las que intervienen las Fuerzas Armadas y quizá construir nuevos cuerpos que puedan asumir la fuerza de tarea para mejorar las capacidades de patrullaje, persecución e investigación de las estructuras y capacidades de los grupos criminales.

Empero, lo anterior tendría poca efectividad si en el contexto de la crisis económica que vivimos no se construye de manera simultánea una nueva estrategia de intervención en lo social. Es cierto que el crecimiento de la criminalidad no es causa directa del incremento en los niveles de pobreza; pero también es cierto que en medio de la desigualdad y del hambre, las posibilidades de que más población se vea involucrada en la cultura de la ilegalidad, es mayor.

En medio de todo esto, lo evidente es que, frente a los ataques del narcotráfico en contra del Ejército, sólo caben dos posibilidades: o se trata de una actitud de abierto desafío o bien son actos de desesperación de los grupos criminales debido a las bajas y pérdidas que han tenido en esta cruenta lucha. Por el bien del país, lo deseable es que se trate de la segunda opción, porque de ser la primera, lo que habrá de venir en los próximos meses sería más violencia, sangre en las calles y mucha más incertidumbre social. Y no sabemos a ciencia cierta si en México estamos preparados y dispuestos a vivir más de esto.

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Para crecer con equidad

22 de diciembre de 2008

México ha tenido un crecimiento económico muy bajo desde la década de los 80. En efecto, la crisis económica de 1982, así como las espirales inflacionarias de esa década, en la que hubo un mes en 1987 con inflación de 180%, provocaron una severa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, así como graves retrocesos estructurales en nuestras capacidades para el crecimiento.

A pesar de los avances en el control de la inflación al inicio de los 90, los procesos de deterioro estructural de la economía no se detuvieron y, en diciembre de 1994, vino la más severa crisis financiera en nuestra historia. Se perdieron las reservas internacionales y, en pocas palabras, nuestra economía quedó devastada.

1997 fue un año positivo para la economía, y marcó el inicio de un proceso de crecimiento muy breve. 2000 fue el último de crecimiento importante, con un indicador cercano a 7 por ciento. Esto, más la alternancia en la Presidencia, llevó a muchos a creer que por fin México se encaminaría hacia un círculo virtuoso de crecimiento sostenido.

No fue así: llevamos siete años dilapidando el bono demográfico y el democrático, pues se asumió, al igual que en los 70, que de lo que se trataba era de “administrar la abundancia”. Así, el Ejecutivo Federal declaró públicamente que México crecería al menos 5% anual entre 2001 y 2006 y se crearían al menos un millón de empleos anuales.

Los resultados fueron desastrosos: en ese periodo no se pasó de un crecimiento acumulado de 8%; se crearon en promedio menos de 400 mil empleos al año, y la economía entró en un periodo de peligrosa ralentización sin lograrse nuevas reformas de largo alcance.

Entre 2007 y 2008 las condiciones negativas se han agudizado. Se ha registrado la pérdida de los empleos formales registrados en el IMSS. Y, según los datos de Coneval, de los más de 15 millones de trabajadores que se han incorporado al mercado laboral entre 1993 y 1998, más de diez millones lo han hecho al mercado informal. Esto, en el contexto de la nueva crisis que se está viviendo y frente a la expectativa de crecimiento de prácticamente 0.0% anunciada por el Banco de México, debería ser motivo para plantear nuevas reformas.

Sin embargo, a diferencia de lo que los economistas “ortodoxos” están planteando, las reformas que se requieren no pueden estar orientadas simplemente hacia la “profundización” de la economía de mercado sino, por el contrario, deberían estar dirigidas a reducir significativamente la desigualdad que vivimos.

Si no lo asumimos de este modo, estamos ante el riesgo de condenar a una o dos generaciones más a oprobiosas condiciones de atraso y ruptura de expectativas. Esto es así porque de poco servirá impulsar el crecimiento económico si las estructuras institucionales y económicas permiten nuevamente la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos.

Las reformas que deben impulsarse deben llegar a un grado tal que se constituyan en una refundación del pacto social; lo cual tiene que ver con la redefinición del gobierno y con asumir que su objetivo es cumplir con el mandato constitucional de garantizar justicia social para toda la población, y no los malentendidos en que se ha caído en las últimas décadas, desde los que se asume que la tarea del gobierno es simplemente “gerenciar a las instituciones públicas”.

Gobernar no es comunicar, ni tampoco simplemente “crear empleos y brindar seguridad”, como se ha asumido en las últimas administraciones. Gobernar implica construir y darle viabilidad a una nación incluyente, para lo que se requieren al menos tres grandes reformas: la primera, una laboral y fiscal que permita al menos en los próximos seis años captar entre 20 y 25% del PIB mediante impuestos y crear por lo menos un millón de empleos anuales; otra, que permita cerrar la brecha educativa y digital que tenemos con respecto a los países más avanzados y, la tercera, dirigida a replantear los esquemas de cobertura y prestación de servicios de salud.

Sin estas reformas, aun cuando lográsemos crecer a un ritmo de 7% anual, la desigualdad, la pobreza y la exclusión seguirían siendo notas cotidianas. Hoy, en medio de la crisis, tenemos la oportunidad de revertir esta realidad; y no depende sino de nosotros avanzar en tales reformas o permitir que el país se nos siga yendo de las manos.

Migración: la frontera de la pobreza

El peor escenario

15 diciembre 2008

Corren los meses de abril y mayo de 2009. Como en la película de Spike Lee o en El extranjero, de Albert Camus, comienza el calor. Los efectos de la crisis económica se sienten con mayor agudeza en los bolsillos de los mexicanos, la pobreza y la desigualdad siguen en ascenso.

Por otro lado, la criminalidad y la violencia no ceden. Las campañas políticas están caracterizadas por la agresividad en el lenguaje, la polarización de los grupos antagónicos y los intentos del narcotráfico y el crimen organizado de incidir en la definición de quiénes serán los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales de las distintas regiones del país.

Por si fuera poco, el clima político se enrarece por uno o varios atentados en contra de actores políticos en distintos niveles y, en medio de una de las crecientes movilizaciones sociales que se dan en el “día a día”, se comete un “error” por cualquiera de las partes y se enciende “la mecha” de la crispación social.

Estas ideas pueden parecer en un primer momento producto de una visión pesimista de la realidad, sin embargo, valdría la pena hacer la reflexión en torno a que, si la “revuelta” ya se presentó en París y ahora en Grecia, ¿qué nos garantiza que en México no puede ocurrir algo similar?

El linchamiento de dos policías federales en Tláhuac, el asesinato de trabajadores mineros en Michoacán y los recientes intentos de linchamiento en contra de presuntos delincuentes en distintos pueblos de México pueden ser vistos de manera aislada o bien podrían ser percibidos como los “síntomas” de un malestar social que en cualquier momento podría desbordarse.

Si algo tiene de característico “la revuelta” es que en muchos sentidos es imprevisible. Es decir, nadie puede saber cuándo ni en qué circunstancias puede ocurrir. Sin embargo, lo que sí puede saberse es que en ciertas condiciones económicas y sociales las posibilidades de que suceda son mayores y, sin duda alguna, México se está enfilando aceleradamente hacia ellas.

Frente a éste, que sería uno de los peores escenarios, lo peor que podría ocurrir es que los aparatos de inteligencia y las instituciones de seguridad pública no estuviesen en alerta ni conscientes de que un escenario de esta índole podría presentarse en nuestro país. Lo deseable es que no pase, pero ¿y si llegase a ocurrir?

Tener la capacidad de plantear el peor escenario desde las instituciones del Estado no es sinónimo de “catastrofistas”; por el contrario, implica tener capacidad de anticipación y respuesta para que, en caso de que algo tan crítico como una revuelta social ocurra, las instituciones estén preparadas para intervenir desde una lógica de contención, pero también desde una visión garantista de los derechos humanos de todos.

Más aún, la capacidad de anticipación debería llevar al diseño de políticas e intervenciones que tengan como objetivo modificar las condiciones estructurales que potencian las posibilidades de que una movilización social violenta ocurra; esto es: contención de la crisis económica, rediseño de la política social e implementación de nuevas políticas para la inclusión, a fin de iniciar un proceso realmente anticíclico que no sólo nos ponga “a flote” en medio de la crisis, sino permita revertir los procesos de desigualdad y pauperización de la gente.

Las cifras sobre el número de jóvenes que trabajan es alarmante; y hay entidades en las que han comenzado a fluir datos sobre los miles de ellos que están abandonando sus estudios debido a las carencias económicas de sus familiares. La privación del derecho de los jóvenes a tener una educación de calidad, su pronta incorporación al mercado laboral, así como el incremento en los niveles de actitudes de riesgo que están “disparando” las cifras sobre consumo de drogas, accidentes e incluso suicidios, son un caldo de cultivo bastante peligroso ante el cual más valdría tomar medidas mucho más asertivas para intentar bajar los niveles de presión social que se perciben en todos lados.

México no puede darse el lujo de simplemente “esperar a que no pase nada” y seguir con las mismas políticas y acciones, las cuales, a la luz de los resultados, requieren profundas revisiones y replanteamientos.

Lo deseable es que el peor escenario sea sólo eso: un planteamiento hipotético que gracias a las medidas que fuimos capaces de adoptar desde ahora, fue conjurado y pasó simplemente a una bodega con “archivos muertos”.

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La inteligencia ante la crisis

8 diciembre de 2008

Las estimaciones que ha hecho hasta ahora el Coneval indican que la crisis económica que está golpeando a todo el mundo tendrá severas consecuencias para la población nacional, en particular los más pobres y quienes viven la precariedad laboral.

De acuerdo con el Informe 2008 de ese organismo, en México los ingresos de las personas se han mantenido prácticamente sin cambios en los últimos 14 años; el documento señala, además, que entre 1998 y 2006 la inflación se mantuvo controlada, lo que se identifica como el principal factor de la lenta pero paulatina reducción de la pobreza.

Sin embargo, entre 2006 y 2008 el costo de la canasta básica alimentaria creció alrededor de 18%, lo que, contrastado con la baja tasa de creación de empleos y el estancamiento en los niveles de ingresos, según el Coneval, se traducirá en un incremento de pobres en todas sus dimensiones. Hay estimaciones independientes que calculan en hasta un millón de pobres alimentarios más que en 2006, es decir, la cifra llegaría a más de 15.5 millones de mexicanos en esa condición y, en hasta tres millones más, los pobres de patrimonio, con lo que se llegaría a casi 47 millones de mexicanos en pobreza.

Frente a un escenario de estas magnitudes, el reto, tanto del gobierno federal como de los estados, consiste en tener la capacidad suficiente para comprender que sus proyectos iniciales de gobierno ya no podrán realizarse o no al menos en los términos y plazos planteados al inicio de las distintas administraciones.

Lo sorprendente es que ni el gobierno federal ni los estatales han planteado públicamente que llevarán a cabo la revisión tanto del Plan Nacional de Desarrollo como de los planes estatales de desarrollo, en función de la crisis.

¿Cómo van a reaccionar, por ejemplo, las entidades en donde la crisis de sectores específicos de la economía, tales como el automotriz, el textil o el de la construcción, van a cerrar puestos de trabajo y en donde las cadenas productivas que están ancladas a estos sectores entrarán a un periodo de ralentización, con la consecuente pérdida de empleos o reducciones salariales?

En este escenario, las decisiones que al respecto se están tomando en Estados Unidos deberían servir como referente en el sentido de un modelo de gobierno que apuesta, no por el reparto de cargos a los aliados políticos, sino por lo que se puede considerar un gabinete que integra a muchas de las mejores mentes de aquel país. El presidente electo Barack Obama no ha titubeado al nombrar en cargos estratégicos a personalidades como Hillary Clinton o el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volker, de quienes ha recibido severas críticas en los últimos meses.

En nuestro país, por el contrario, la apuesta de las autoridades continúa siendo la de gobernar desde los grupos de poder y, atendiendo en primer término a los contenidos de las encuestas y a sus relaciones personales, lo cual no lleva ni a las mejores decisiones políticas ni de política pública.

Es deseable que, ante la crisis, el gobierno federal y los de los estados inicien un proceso de consulta con aquellos que han acreditado, a lo largo de los años, contar con experiencia y capacidad e incluso avanzar hacia la construcción de comités asesores ad hoc que, ante la crisis, puedan hacer recomendaciones específicas para las modificaciones que será necesario realizar a lo largo de todo el próximo año tanto al Presupuesto de Egresos de la Federación como a los de las entidades de la República y, con ello, al conjunto de políticas y programas públicos.

En las últimas semanas se han integrado de manera independiente distintos grupos de reflexión en donde han participado académicos y expertos de distintas áreas, cuyas propuestas bien podrían ayudar a los gobiernos a equivocarse menos. Al respecto, es procedente comentar que hay experiencias de grupos plurales que han dado resultados sumamente positivos en la reflexión y en la construcción de propuestas para un mejor desarrollo nacional; por lo que la convocatoria a filósofos, sociólogos, artistas y expertos en temas políticos y de gestión pública puede abonar a una mejor comprensión de lo que tenemos enfrente y, en función de ello, tomar las mejores decisiones posibles.

El Cofipe establece que la última semana de enero es cuando deben iniciarse las precampañas de candidatos a cargos federales de elección popular; una vez iniciado este proceso va a ser muy difícil poder convocar a mesas de diálogo que no estén permeadas por lo electoral. Debido a ello, los días que quedan de diciembre y los primeros de enero de 2009 serán cruciales para que, tanto en lo federal como en lo local, las administraciones consigan convocar y realmente escuchar lo que las y los especialistas tienen que decir.

Calderón olvida al Conapred: lleva tres meses acéfalo. Noticia de El Universal

El Universal, 1 de diciembre de 2008

Crisis de Desempleo: los riesgos para 2009

El gran tema de 2009

1 diciembre de 2008

El cierre de 2008 deja varios saldos negativos en materias clave para el desarrollo nacional. La más grave de todas parece ser la caída del empleo y la pérdida de la protección social que ello implica para quien deja de ser un trabajador del sector formal.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre del tercer trimestre de 2008 se registró la tasa de desempleo abierto más alta en los últimos ocho años, con lo que el número de desempleados llegó a 1.9 millones de personas fuera del mercado laboral.

El reto para el gobierno sigue siendo formidable. Si a estos desempleados se agrega el poco más de un millón de jóvenes que seguirán incorporándose a la población económicamente activa al menos de aquí a 2012, el requerimiento mínimo será de seis millones de puestos de trabajo, es decir, 1.5 millones de empleos anuales lo que, con un ritmo de crecimiento esperado para 2009 inferior a 2%, implica que la meta será difícil de alcanzar.

Los datos que arroja la evaluación del Coneval permiten sostener que el estancamiento en la generación de empleos es sobre todo resultado de un déficit estructural de las instituciones del Estado, primero para reformarse, y segundo, con el fin de impulsar un modelo de desarrollo económico que se dé de manera simultánea al social.

En efecto, desde 1992 a la fecha, el Coneval estima que se han incorporado poco más de 15 millones de personas al mercado laboral; de éstas, diez millones lo hicieron en el informal, y poco más de cinco millones en el formal. Esta cifra es de pavor y permite explicar en una buena medida por qué el hampa ha logrado penetrar en sectores sociales de bajos recursos y por qué las personas no han tenido, en la mayoría de los casos, más opción que participar de la economía subterránea que circula, desde la piratería, pasando por la venta de bienes robados y hasta el narcomenudeo.

A ello, Coneval añade el dato de que el ingreso promedio de las personas entre 1993 y 2008 prácticamente no ha crecido, números que contrastan con el acelerado crecimiento en los costos de la canasta básica alimentaria tanto en el sector rural, en donde se estima un crecimiento acumulado entre 2006 y 2008, cercano a 18%, como en los ámbitos urbanos, donde en ese mismo periodo se registró un alza cercana a 12 por ciento.

Recapitulando: un entorno con crecimiento económico casi nulo, con una acelerada precarización de las condiciones laborales y una inflación por arriba de 6%, la cual tiene efectos mucho más severos para los más pobres, debe llevar a un replanteamiento de las estrategias gubernamentales, en todos los niveles, para tratar de llevar la mayor cantidad de apoyos y servicios, de manera simultánea, a quienes más lo requieren.

No hay ningún argumento racional que permita sostener que las reformas y las políticas sociales que comenzaron a aplicarse desde la década de los 90 tendrán éxito ahora, y menos aún considerando los contextos ya descritos. Se requiere una nueva agenda pública a construir con dos propósitos mayores: 1) contener los efectos que la crisis tendrá para los más pobres, redefiniendo las políticas de asistencia social a través de la entrega de apoyos y servicios directos para los más pobres y, 2), relanzar una estrategia masiva de generación de empleos, partiendo de la inversión en infraestructura social básica; es decir, no grandes puentes, carreteras y obras de las llamadas “de relumbrón”, sino dirigidas al mejoramiento de escuelas, hospitales y espacios públicos para la convivencia.

No hay duda de que el gran tema de 2009 será el del empleo. Asumirlo con éxito va a implicar reformas económicas y sociales de gran envergadura, por lo que se requerirá mucho más que la sola actuación del gobierno. Ello implica, a su vez, acuerdos con otras fuerzas políticas y capacidad de entendimiento entre las partes, para asegurar, en esta ocasión, una verdadera transición hacia la equidad y la justicia social. Sólo entonces comenzará a completarse lo que hasta hoy muchos han llamado “la transición democrática”.

Los tiempos nublados que presagiaba Paz son ahora además tiempos borrascosos; por lo que requerimos, más que nunca, desarrollar y agudizar nuestras capacidades de diálogo y sobre todo de cordura, con el fin de poder transitar con ventajas la turbulencia global por la que atravesamos.

http://www.exonline.com.mx

Primer Premio UNICEF 2008 "Los derechos de la niñez y la adolescencia en México"

Trabajo Infantil: Riesgos y Explotación

La explotación sexual infantil

24 de noviembre de 2008

Concebir que la agenda de seguridad pública debe centrarse sólo en el combate al narcotráfico es un error grave que impide asumir en su dimensión otros crímenes que se cometen al amparo de la invisibilidad pública y el absoluto anonimato a sus perpetradores.

Debe reconocerse que, en los últimos años, los crímenes cometidos contra niñas y niños han sido tratados de manera insuficiente por la opinión pública y los medios de comunicación; más aún considerando que son ellos los más vulnerables ante la crueldad y la perversión de quienes hacen de la explotación sexual, no sólo un descarnado entretenimiento, sino sobre todo uno de los más crueles negocios.

En esta semana, a partir del día 25 y hasta el 28, se llevará a cabo en Brasil el Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes; en torno a este Congreso, Nils Kastberg, director regional del UNICEF para América Latina, estimó que cada día 228 menores de 18 años son explotados sexualmente en la región, con la característica de que, de éstos, más de 80% son niñas.

Asimismo, Victoria Cruz López, coordinadora del Proyecto Regional contra la Trata y la Explotación de Personas de la Organización Internacional del Trabajo, en la región, hizo un llamado para que todos los integrantes de la sociedad podamos impulsar una revolución cultural y educativa para impedir que siga creciendo la inaceptable realidad de que mueran más de 80 mil menores de 18 años cada año, como víctimas de la violencia doméstica, y que haya más de dos millones de casos de abusos sexuales contra niñas y niños en América Latina.

De acuerdo con la Hoja de Datos presentada por el UNICEF como preámbulo al Congreso de Brasil, el abuso sexual contra niños es la forma de violencia menos denunciada y en ocho de cada diez casos el agresor es el padre, el esposo o pareja de la madre de la niña o niño abusados, o bien parientes cercanos.

La violencia contra los niños es en todos los casos un acto aberrante y por lo tanto no sólo inaceptable, sino condenable. Sin embargo, es difícil sancionarlo cuando las estructuras jurídicas e institucionales no han sido reformadas plenamente para clasificar de manera adecuada en todos los códigos penales los delitos que atentan en contra de los niños y, en particular, de las niñas.

Basta revisar la Clasificación Mexicana de Delitos contra las Mujeres, 2008, en donde se destaca que a julio de ese año, sólo 20 entidades tipificaban el delito del “rapto equiparado” y en sólo tres de éstas este delito se seguía por oficio. Asimismo, el del abuso sexual, principalmente cometido en contra de las niñas, no está tipificado en todos los códigos penales de los estados y, en los casos de incesto, paradójicamente, las penas son menores cuando es cometido por uno de los ascendentes contra los descendentes y se contravienen con ello no sólo todos los tratados internacionales en la materia, sino también la realidad que arrojan las cifras al respecto.

Aun cuando el delito de la violación está tipificado en todas las entidades federativas, en sólo 20 existe la figura de la violación entre cónyuges, figura de suma importancia porque se combina con una serie de situaciones de violencia y abusos en las entidades en las que la edad mínima para contraer matrimonio en el caso de las mujeres continúa siendo de 14 años.

El citado análisis de la clasificación mexicana de delitos estipula que aún hay entidades en las que el bien tutelado en los casos de abuso sexual continúa siendo “el pudor” o bien es considerado similar a la práctica de “actos deshonestos”, “prácticas libidinosas” y una serie de términos de una imprecisión jurídica mayor, que permiten la persistencia de la impunidad y la no protección del libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

En los casos en los que la explotación sexual de niñas y niños está relacionado con la trata de seres humanos, destaca que en nuestro país sigue sin emitirse el reglamento de la ley en la materia, lo que impide en términos prácticos una adecuada aplicación y operación de la norma: no se ha instalado la Comisión Intersecretarial, no hay un Programa Nacional en la materia y tampoco hay presupuestos ni recursos suficientes para combatir este flagelo.

Es lamentable aceptarlo, pero nuestro país continúa siendo un lugar inapropiado para los niños, comenzando por la enorme desatención que sobre ésta y otras agendas han mostrado en los últimos años tanto el gobierno federal como la mayoría de los estatales.

Es momento de transformar esta realidad si de verdad queremos construir una sociedad en la que todas las niñas, niños y adolescentes tengan como perspectiva de futuro una mejor calidad de vida que la que nosotros hemos tenido. No asumirlo así constituye un despropósito cuyos saldos, de no revertirse, serán muy altos en los años por venir.

Combate a la pobreza: esfuerzo sin coordinación

Las historias que somos

17 de noviembre de 2008

En su columna de ayer, Juan María Alponte narra pasajes relevantes de la vida de Gerardo Murillo, extraordinario paisajista mexicano que a la postre ha sido conocido y reconocido como el Dr. Atl.

Gerardo Murillo fue actor y artífice de su tiempo. En ese hacer y actuar histórico se encontró y confrontó con personajes de relevancia singular para nuestra historia. Al concluir su artículo, Alponte escribe: “El papel de Atl entre Carranza, Zapata y Obregón es una etapa dramática de un tiempo histórico que ignora, abomina y exalta, condena y destruye. No se dice, ¿por qué?”

Como ésta, muchas otras historias no se han contado; no se han explicado y no se han dimensionado en su lugar preciso y en su relevancia en la formación de esto que hoy somos, y de lo que, en medio de un dramatismo mayúsculo, es nuestro México.

En las décadas recientes de esfuerzos continuados por lograr una verdadera transformación democrática de nuestras instituciones, el análisis histórico ha tomado un cariz especial que va desde las rigurosas investigaciones hasta los escritos que buscan, mediante el argumento de la “desacralización de la historia y sus personajes”, más la fama pasajera de sus autores que una mirada comprensiva del hoy y del futuro posible, a través del espejo del pasado.

Se dice que debemos ver a los héroes en su justa dimensión; se argumenta que “también fueron seres humanos” y que hay que percibirlos así, como simples mortales de los cuales hay que, incluso, reírse. Nada más alejado, a mi juicio, de un ejercicio interpretativo complejo de la historia y de sus actores.

Cuando Homero narra la vida de Héctor, “matador de hombres”, pero también “domador y educador de caballos”, lo que nos dice es precisamente que este Héctor, humano, quizá demasiado humano, contaba con virtudes que lo convirtieron en un hombre ejemplar; es eso lo que lo volvió un héroe: su capacidad de llegar a ser el hombre que fue. No hay una exaltación divina, aunque sí trágica de Héctor.

Nada mejor para comprender la relevancia de dimensionar la historia y a sus constructores, que la advertencia de Tucídides en su introducción a La Guerra del Peloponeso: “Mi historia ha sido compuesta para que sea patrimonio de todos los tiempos, y no la muestra de una hora efímera”.

La “composición de la historia”, como la define Tucídides, tiene también una función pedagógica y asumir que se trata de la “construcción de un patrimonio” no es un asunto menor. Se trata de valorar y de darle significado a aquello que nos puede cohesionar y llevarnos a una construcción social basada en los mejores valores y virtudes humanas. Se trata no de “des-sacralizar” a los héroes, sino de mostrarlos en sus mejores valores y decisiones, a fin de que todos podamos aprender de ellos.

No es lo mismo vivir la historia a través de la ironía —Ibargüengoitia y Luis Guzmán son claros ejemplos sobre cómo hacerlo— que tratar de caricaturizar y minimizar los logros de las personalidades que le dieron rumbo y unidad al sentimiento unificador de nuestro país.
Estamos justo a dos años de celebrar el Centenario de la Revolución Mexicana; también a poco más de un año del Bicentenario de nuestra Independencia. Ante ello, hay un ambiente lúgubre frente al cual más valdría recuperar nuestras capacidades para continuar ejerciendo nuestra capacidad de ser festivos, aún en medio de la tragedia.

Se trata de entender, como Tucídides, que la historia es una cuestión patrimonial. Y que en la absurda disputa por la posesión e identificación de los héroes y los momentos, estamos perdiendo una oportunidad sin parangón para rescatar lo mejor que tenemos como país, a través de las historias que ya han sido contadas y que requieren revalorarse, quizá redimensionarse, y escribir y recuperar aquellas que han dormido al modo en que lo han hecho muchos saberes sometidos a lo largo de los años.

México no se escribió de manera definitiva en el año 2000, como muchos hoy quieren o pretenden mostrar. “Componer la historia” no significa “arreglarla a modo”. Se trata de un ejercicio que debe buscar construir un patrimonio de todos para transitar a un mejor presente e imaginar y alentarnos a construir también un mejor futuro.

Hay historias que no se cuentan; otras que no quieren contarse; otras más que se resisten a ser contadas; me sumo a la pregunta de Alponte, ¿por qué?

Diabetes: crece la epidemia en el país

La oficialización del miedo

En una extraña campaña mediática, Televisa ha puesto en marcha una estrategia para llamar a la población a “no tener miedo” ante la crisis. A través de esta campaña, se hace oficial públicamente que nos hallamos en medio de una crisis, palabra que hasta hace unos meses estaba prácticamente vetada y ausente de los discursos oficiales.

La Real Academia Española define al miedo como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño, real o imaginario. En cualquiera de los casos, la definición de la RAE nos lleva a pensar necesariamente que el miedo es racional; el miedo alerta, advierte y, sobre todo, predispone al organismo a reaccionar.

El miedo, explican importantes antropólogos, ha sido un factor clave en la evolución y la supervivencia de la especie humana. Los mecanismos tanto fisiológicos como sicológicos que desencadena han permitido que los seres humanos reaccionen de manera anticipada a un hecho o un fenómeno peligroso y, en esa medida, ha generado la capacidad de anticipación y prevención.

Desde el punto de vista sicológico y fisiológico el miedo es adaptativo: predispone a la sique a la acción, la prepara para concentrarse en un solo punto, que es la fuente del peligro, y fisiológicamente incrementa el ritmo cardiaco y el flujo sanguíneo, con el fin de desarrollar mayor fuerza de reacción, lo que hace que todos los recursos energéticos del cuerpo se concentran y con ello nos preparamos con miras a escapar o a enfrentar la situación de riesgo.

Todas estas consideraciones sobre el miedo son relevantes porque la campaña de Televisa resulta a todas luces inapropiada, por decir lo menos, desde el punto de vista del análisis del discurso. Sin duda alguna la población se enfrenta a graves peligros cuyos resultados conocemos bien desde hace menos de 15 años: en 1995 cerraron más de 30 mil negocios; casi dos millones de personas perdieron su empleo; miles de familias, su patrimonio y, en general, en sólo tres meses, la pobreza se situó en porcentajes por arriba de 60% de la población nacional.

¿Cómo no tener miedo si hace menos de 15 años la crisis dejó en la calle a miles de personas? ¿Cómo no tener miedo si hace menos de 15 años una crisis económica retrasó nuestro desarrollo a tal grado que apenas hoy estamos en niveles de pobreza similares a los de 1993?

Por si fuera poco, la numeralia roja es escalofriante: más de seis mil muertos en las calles de México en los últimos dos años como producto de los enfrentamientos del crimen organizado; más de cuatro mil muertos anuales en accidentes de tránsito; numerosos secuestros y otros delitos impunes y un largo etcétera.

Frente a la campaña política y mediática que se generó a lo largo de la “carrera presidencial” en Estados Unidos, hay numerosos ejemplos de cómo llamar a la unidad, la cohesión y la lucha por objetivos comunes. Por esto resulta lamentable que sigamos desperdiciando valiosos recursos en campañas cuyo diseño es al menos cuestionable, cuyos mensajes son confusos y cuyos contenidos están dirigidos a quienes no tiene sentido hacerlo.

El miedo no lo ha generado la población “de a pie”; sí lo han hecho los especuladores globales y nacionales, los cuales no han tenido empacho en generar incluso ataques contra nuestra moneda a fin de lograr beneficios extra en medio del caos económico global y local. Hay consenso al respecto: lo que nos tiene en la crisis es la codicia de los ricos y no la falta de compromiso con el trabajo y las actividades cotidianas de los menos favorecidos.

Lo que nos llevó a esta crisis es la falta de honestidad de los principales dirigentes financieros y los tomadores de decisiones económicas en los más altos niveles, no las personas que, como dice el comercial de Televisa, “no han hecho más que trabajar toda su vida”, aunque con magros resultados, si se considera aun lo limitado de las cifras oficiales de que disponemos para aproximarnos a la desigualdad y la pobreza.

En numerosas empresas se siente el rumor en los pasillos del futuro “recorte de personal”; de la “congelación de contrataciones”; de paros escalonados que reducirán las horas laborales disponibles para los trabajadores; frente a ello, ¿cómo no sentir miedo sin un Estado de bienestar que pueda reducir los efectos de la crisis?

Lo loable aquí es que nuestra población siga con un ánimo todavía relativamente festivo y no haya caído aún en pánico, como sí lo han hecho los dueños de casi todo en nuestro país.

Connacionales en EU: el peso electoral de una minoría

Bienvenida la Política

3 de noviembre de 2008

Este 2008 es uno de los años más complejos que hayamos vivido en los últimos tiempos. Esto es así no sólo por la brutal guerra que se vive en las calles como producto del combate al crimen organizado, en particular el narcotráfico, sino por la emergencia económica mundial que se agudizó e hizo crisis en septiembre y cuyos efectos para la “economía real” apenas comenzarán a percibirse en países como el nuestro.

Adicionalmente, se desarrolló a lo largo del año un conjunto de discusiones públicas en distintos temas, que por una parte propiciaron un ambiente de tensión entre distintos grupos políticos, pero que, por la otra, abrieron ventanas de oportunidad y propiciaron la innovación en los procedimientos y mecanismos para el diálogo y la concertación política.

No hay duda de que, efectivamente, si algo nos ha hecho falta en esta década, es la capacidad para generar acuerdos sustantivos tendientes a impulsar reformas que le den al país mayor viabilidad económica y social y que, en consecuencia, nos lleven al planteamiento de nuevas rutas de acción para resolver los problemas más profundos que nos aquejan como país.

Es una buena señal que, a unos meses de que se desarrolle el proceso electoral para elegir a una nueva Cámara de Diputados, así como la renovación de gobernadores en seis entidades, se hayan logrado construir nuevos puentes de comunicación y diálogo civilizado entre importantes actores políticos. Es asimismo, una buena señal, que sobre las diferencias se esté logrando en algunos espacios privilegiar el entendimiento y el encuentro de coincidencias.

Es obvio y además deseable que en democracia puedan surgir y expresarse las más disímbolas visiones y posiciones; sin embargo, igualmente importante es que una democracia cuente con las instituciones y los mecanismos procedimentales para lograr dar cauce y vías de encuentro y solución a las divergencias existentes.

Ante la reforma del sector petrolero en México, debe destacarse que se crearon mecanismos novedosos para el diálogo y, más allá de las críticas y las diferencias que existen en la materia, por primera vez en mucho tiempo pudimos escuchar y ver a expertos, académicos, legisladores, funcionarios y ex funcionarios, opinando y divergiendo sobre los contenidos de las iniciativas en el Congreso.

A mi juicio, esta es una importante lección aprendida en nuestra democracia: nunca más debemos permitir la existencia de diálogos y debates cerrados y exclusivos para los grupos políticos que tienen el privilegio, pero también la responsabilidad de tomar las decisiones fundamentales en el país.

Una democracia abierta no puede sobrevivir con base en acuerdos de cúpulas. Por ello los ciudadanos debemos exigir que, en todas las decisiones que están por venir y que deberán tomarse si se quiere transformar para bien a nuestro país, se garantice un procedimiento similar al utilizado con el fin de discutir la reforma petrolera, en el que la mayor cantidad de visiones posible sea incluida en el debate y en el diálogo.

Para nuestra democracia es fundamental que los grupos parlamentarios y el gobierno fijen públicamente sus posiciones, a fin de que las y los ciudadanos sepamos cuáles son las de interés y de representación política que están en juego en los debates de alcance nacional.

Debe dejarse en claro, en ese sentido, que en democracia todos los intereses que se circunscriben en el marco de la ley son legítimos y tienen derecho a ser expresados y defendidos por las vías institucionales; lo que no resulta legítimo es la construcción de acuerdos a espaldas de la ley, a espaldas de la ciudadanía y con base en la clandestinidad de las posiciones y los argumentos.

2008 finca un buen principio para darle la bienvenida a la política. Ojalá que se profundice esta actitud negociadora y se comprenda que no hay nada peor para nuestra democracia que cancelar la oportunidad y los espacios destinados al entendimiento, ya que una sociedad igualitaria sólo podrá consolidarse en la medida en que las y los ciudadanos podamos participar de las decisiones y de los argumentos que dan sustento a las decisiones políticas. Es momento de potenciar estas nuevas capacidades y procedimientos de discusión pública y exigir que se avance en el debate de los temas fundamentales que tenemos pendientes de resolución: el crecimiento económico y la generación de empleos, por un lado, y la erradicación de la desigualdad y la pobreza por el otro. Esos son los debates que están por venir y debemos exigir a la brevedad.