Urge una nueva política para la niñez

Mario Luis Fuentes

Lunes 31 de marzo de 2008

México fue uno de los principales países promotores, junto con Egipto, de la realización de la Cumbre Mundial de la Infancia de 1989, gracias a la cual se logró la construcción de la Convención de los Derechos del Niño. Esta ha sido la Convención de más rápida aprobación y también de más rápida adhesión en la historia de las Naciones Unidas, por la mayoría de sus estados parte.

La Convención marcó un hito en materia de derechos de los niños, al romper con el paradigma dominante y pasar, de la llamada doctrina tutelar (en la que los niños son considerados sujetos dependientes totales de sus padres), a la doctrina de los derechos plenos, esto es, el reconocimiento de que los niños y las niñas son sujetos portadores plenos de derechos y, en consecuencia, de la responsabilidad de los estados, las sociedades y las familias, de proteger en todo momento el interés superior de la infancia.

Al ratificar la Convención, el Estado mexicano asumió un conjunto de responsabilidades que, de manera resumida, puede decirse que consisten en poner a los niños siempre primero; empero, debe señalarse que no se puede argumentar que, para el Estado, los niños son primero y, simultáneamente, dejar atrás a las políticas y el presupuesto.

A partir del año 2001, el gobierno federal decidió que la agenda de la niñez sería atendida por una nueva instancia, denominada Consejo Nacional para la Atención de la Niñez y la Adolescencia (COIA), cuya responsabilidad de coordinación recaería en la recientemente creada Comisión Nacional de Desarrollo Social. A la renuncia de ésta, se nombró una presidencia honoraria y el COIA, que bien a bien no había iniciado sus tareas, quedó a la deriva y con él la agenda de la infancia en nuestro país.

En esta administración no se conoce ningún informe oficial que dé cuenta de los avances y los retos que están pendientes en función del PAFI 2002-2010; ni tampoco se ha planteado su revisión, sobre todo ante la evidencia de que son las niñas y los niños de nuestro país quienes viven en mayor proporción y con mayor agudeza la pobreza y la desigualdad.

Es preocupante que en México no haya la posibilidad de conocer cuánto gasto estamos destinando para el cumplimiento de los derechos de los niños, sobre todo porque a un año y medio de esta administración no se ha dado a conocer cuáles son los lineamientos de la política para la infancia y la adolescencia.

Es inaceptable, en esa lógica, que en el apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se hayan cometido errores graves en la definición de acciones y estrategias, que llegan incluso a citar erróneamente el nombre de la Convención de los Derechos del Niño.
Es inaceptable también la pobreza de propuestas en las estrategias definidas para la atención de la niñez y la adolescencia y sorprende sobre todo la omisión de la mayoría de las recomendaciones del alto comisionado de los Derechos Humanos, que ya eran conocidas por el gobierno mexicano al momento de redactar el Plan.

El Informe del secretario general de la ONU sobre violencia contra los niños nos alerta de las proporciones de este fenómeno en nuestro país, pero sobre todo acerca de la enorme “tolerancia social” ante esta violencia, la cual se refleja en carencia de recursos, deficiencias graves en el acceso a oportunidades de salud, alimentación y educación y, en los casos más extremos, en la trata de seres humanos, la explotación sexual comercial e incluso el asesinato; fenómenos todos que nos sitúan como un país que, aun con los avances, continúa siendo altamente inapropiado para los niños.

Es inaceptable que una niña o un niño indígenas tengan tres veces menos probabilidades de ver cumplidos sus derechos, que una niña o un niño del Distrito Federal o Nuevo León; es inaceptable que en los municipios indígenas más pobres las niñas y los niños tengan una expectativa de vida que no rebasa los 55 años; es inaceptable que las niñas y los niños indígenas y los de las zonas rurales más pobres tengan hasta cinco veces más probabilidades de morir antes de los cinco años, que los niños y las niñas de las zonas urbanas con más alto desarrollo humano.

Es deseable que la próxima celebración del Día del Niño rebase con mucho los desayunos y los eventos para la fotografía oficial y se convierta en un punto de inflexión en lo relativo a construir una estrategia de alcances nacionales que permita resarcir los rezagos y el grado de incumplimiento de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños.

Por ello, habrá que cuestionar si la nueva política social que el presidente Calderón ha instruido que construya la Sedesol, avanzará en la inclusión de estas agendas, y habría que preguntar si esta nueva política se encaminará hacia un nuevo diseño institucional que permita atender integralmente los dilemas de la complejidad social que hoy nos abruma.

Educación Superior: oferta insuficiente.

Lo social y los tiempos políticos

Mario Luis Fuentes
Lunes 24 de marzo de 2008

Vigilar, evaluar y cuando es necesario reformar y crear nuevos ordenamientos jurídicos son varias de las responsabilidades fundamentales del Estado y, como tales, tienen que asumirse con suma seriedad. Nada debe haber más importante para el Congreso y, por ello, es indispensable que podamos avanzar como país en la superación del rezago legislativo que se ha mantenido durante varios años.

A pesar de que en esta Legislatura se ha logrado aprobar reformas sustantivas, no se ha conseguido mantener la racionalidad del diálogo político con el fin de asumir la discusión de muchas de las agendas no abordadas, en medio de las disputas y las discusiones políticas de coyuntura.

Así pues, el rezago legislativo que tenemos es mayúsculo. No sólo en cuanto al número de iniciativas presentadas y que no han sido dictaminadas, sino sobre todo en temas sobre los que no se ha legislado de manera suficiente, más que nada en materia de derechos humanos y de la ampliación de las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales que se encuentran en distintas recomendaciones, acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha ratificado ante la comunidad internacional.

A lo anterior hay que agregar los estrechos márgenes de maniobra que el Ejecutivo se ha autoimpuesto en la determinación de las agendas prioritarias para el país y que, al menos por lo que puede percibirse públicamente, se reducen al combate al crimen organizado, a lograr la reforma energética y, sólo marginalmente, al crecimiento económico y el combate a la pobreza.

Esto ha derivado en la ausencia de interlocutores institucionales para que los distintos grupos sociales, organizados o no, puedan entablar discusiones que, en la lógica del diálogo y el acercamiento de las diferencias, permitan generar soluciones a los ingentes problemas que enfrentan día a día. Así el caso de los productores agrícolas o de los indígenas, por citar sólo dos ejemplos.

Hoy más que nunca, aprovechar el tiempo para la construcción de acuerdos políticos en el Congreso es sumamente valioso, en aras de poder incorporar temas de enorme urgencia para nuestro país: porque justo dentro de un año, seguramente estaremos atrapados una vez más en la disputa electoral, la que, es de esperarse, sea de más virulencia, en el afán de conseguir la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados.

Estamos próximos, además, a que venza el plazo para que la Comisión Especial para la Reforma del Estado entregue sus resultados y habrá que esperar que tanto el Ejecutivo como los partidos asuman en su dimensión los límites y los alcances de las iniciativas que deberán presentarse como resultado de estos trabajos.

Lo que todo esto evidencia es la urgente necesidad de renovar las capacidades con que contamos para generar acuerdos políticos que nos lleven a una adecuada y suficiente incorporación de las agendas de lo social en el trabajo legislativo. Se trata, pues, de construir paquetes consensuados, que recuperen temas fundamentales, que bien pueden contribuir a generar mejores condiciones de diálogo parlamentario en otros asuntos.
En esa lógica, es indispensable que, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, tengan la capacidad de separar el debate político de la discusión técnico-racional en torno a asuntos que nos reclaman, a todos, acciones y medidas urgentes. La pobreza, la desigualdad y la frustración de millones de proyectos de vida no pueden esperar a que se resuelva el tema de la mayoría en el Congreso en 2009. Para ello falta mucho y los datos sociales existentes dan cuenta de la desesperación y la frustración de muchos jóvenes, para quienes es necesario construir las oportunidades y la posibilidad de un futuro de vida digno.

Ahora que se llegó a la mitad del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 2008 se está muy a tiempo para plantear una ruta crítica en la lógica mencionada. Los acuerdos que puedan construirse hoy, deben ser la base para que la disputa electoral que se avecina no genere más polarización, mayor encono y más división nacional. Y, sin duda alguna, avanzar a través de nuevos consensos en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos puede abonar a la certidumbre y a la estabilidad política requerida en nuestro país.

Colima: disparidad entre municipios.

La ética pública

Mario Luis Fuentes

Lunes 17 de marzo de 2008

Negar que la política debe estar regida por la ética constituye, en términos lógicos, una contrictio in adjecto; esto es así, porque alejada de la ética la política se convierte en irracionalidad, en tiranía de uno o de varios sobre las mayorías y, sobre todo, abre la puerta a las tentaciones de la violencia, el autoritarismo y de los amantes de la guerra y la injusticia.

A pesar del pragmatismo de muchos políticos de la Grecia antigua, ninguno se atrevió, al menos públicamente, a negar el valor y la importancia de la ética en tanto eje de articulación de la política. Así, Solón o Pericles, y desde el ámbito de la filosofía, Sócrates, Platón y Aristóteles, nunca cejaron en su empeño de exigir a los gobernantes asumir que la política constituye el ejercicio de la mayor de las virtudes en la comunidad política.

En nuestra modernidad, siempre envuelta en tensiones y contradicciones, la ética ha tratado de ser expulsada distintas veces del ejercicio de la política, en aras de justificar un pragmatismo que hace un énfasis estricto en la eficacia y en la búsqueda del poder a toda costa y prácticamente a cualquier costo.

Empero, asumirlo así constituye dejar de hacer política. La política en su esencia es el ejercicio de un diálogo permanente, de un duelo entre inteligencias en el que la conciencia derrotada nunca lo es definitivamente, porque en el diálogo lo que impera es la tolerancia y el respeto mutuo y, porque en donde no hay reconocimiento explícito de la igualdad, el ejercicio de la comunicación es simplemente imposible.
Para los pensadores clásicos, una discusión en torno a si la ética forma parte sustancial de la política hubiese resultado absurda. Esto era así, porque para ellos resultaba evidente que, más allá de la ley, los hombres de Estado debían sujetarse a las más estrictas normas de actuación, disciplina y prudencia, a fin de evitar en todo momento cualquier crítica, fundada o infundada, en el ejercicio del poder.

Plutarco, filósofo nacido en el primer siglo de nuestra era, se pregunta en una de sus obras, pensando en el hombre de Estado: ¿Cómo puede un político vengarse de sus enemigos? La respuesta en nuestro contexto podría resultar quizás ingenua, de no ser tan poderosa y aleccionadora: “Siendo tú mismo bueno y honrado”. Y agrega Plutarco: “Por eso, el que ve que su enemigo es un rival de su vida y su fama, pone más atención en sí mismo, examina con cuidado sus acciones y ordena su vida”.

Hoy que vivimos en medio de un país dividido, en el que el encono político es la nota de todos los días y en el que las discusiones fundamentales del país se están relegando en aras de la descalificación, es momento de exigir a los políticos la consigna de Plutarco.

El hombre de Estado no puede ser valorado con base en la ética cotidiana, nos dice Tolstoi, pero, por ello mismo, es exigible para quien toma decisiones públicas ir mucho más allá de lo que la ley le marca y retraerse de cualquier acción que pueda llevarlo a la sospecha y a la pérdida de la confianza, la cual es la base de cualquier negociación o posibilidad de diálogo en torno a las decisiones fundamentales que requiere nuestro país.

México está atrapado en el lenguaje leguleyo en el que cualquier resquicio es aprovechado para limpiar expedientes o justificar acciones de suyo y a todas vistas inmorales. Un país, cualquiera que éste sea, requiere liderazgo ético y moral de sus políticos. Por ello, cuando esto no ocurre, la falta de respeto a la ley, la impunidad, la violencia y la corrupción pueden fácilmente arraigarse en el tejido social, con consecuencias funestas para todos.

No es posible que nuestra clase política esté atrapada en escándalos recurrentes: si es legal o no lo que hacen es lo de menos. Lo importante es que hoy no hay una clase política que pueda responder éticamente ante la ciudadanía, porque hoy las élites están atrapadas en medio de intereses que, por su dimensión, bien pueden ser calificados de siniestros.

México necesita un liderazgo que pueda generar certidumbre y confianza en la población; empero, un liderazgo así no puede nacer en un contexto de poder en el que desde hace varios años se han antepuesto los intereses del dinero, a los de la ética y al interés general de la población.

Hoy es momento de construir una forma distinta de hacer política; de asumir que es la ética la columna vertebral de la actuación del hombre de Estado, y que la desigualdad, el encono y la división que privan en nuestro país, sólo serán superados cuando los políticos estén tan lejos del escándalo que les sea posible pensar en serio sobre un proyecto de país de alcances mayores.

Carreteras peligrosas: la epidemia oculta.

Hay que estar muy atentos

Mario Luis Fuentes

Lunes 10 de marzo de 2008

Las multitudes arrastran a otras multitudes, afirma Elías Canetti en su célebre texto de Masa y poder. Estos arrastres pueden ser de diversos tipos y magnitudes y, cuando están vinculados a cuestiones de política, pueden llevar fácilmente a la revuelta.

Octavio Paz diferenciaba a la revuelta de la revolución, estableciendo que la primera no tiene como efecto la transformación radical de las sociedades. La revuelta cumple la función de la denuncia, de la manifestación del descontento, es síntoma de un malestar social mayor ante circunstancias generalmente de injusticia, intolerancia, represión, desigualdad y, desde luego, pobreza.

La revuelta también es ocasional y termina con la represión o bien con una especie de “disolución espontánea”. No es fruto de una propuesta ideológica o de la pretensión de llegar al poder (como sí ocurre en las revoluciones). La revuelta no tiene programa de acción, sus vaivenes están marcados antes bien por el ritmo de la vorágine, el descontento y el afán de destruir todo aquello que oprime o que parece hacerlo.

Las revueltas son por ello mucho más violentas que otros movimientos sociales, en tanto que no hay racionalidad organizativa del movimiento, no hay líderes visibles, sino aquellos que en el “momento de la masa” asumen su conducción. No hay disciplina, por el contrario, existen el desfogue, la explosión masiva de odios, frustraciones y descontentos acumulados a través de años de exclusión social y privación de derechos humanos fundamentales.

No hay tiempos para las revueltas, es decir, no son predecibles, no son programadas y, por lo tanto, pueden aparecer en el momento menos pensado o esperado. Por ello, cuando una sociedad ha generado los “caldos de cultivo” necesarios para que las condiciones de una revuelta aparezcan, debe tenerse mucho cuidado y debe estarse muy atento a cómo se está procesando el conflicto social y cuáles son las medidas de política que los gobiernos asumen para evitar las tragedias que generalmente vienen asociadas a este tipo de movilizaciones.

Ya hemos visto que no es necesario que haya extrema pobreza para que esto ocurra. En la ciudad de Los Ángeles, uno de los enclaves económicos más poderosos del mundo, vimos cómo en 1984 la discriminación y el racismo fueron los detonantes de una movilización y unos disturbios sin precedentes en la historia estadunidense contemporánea. París fue el reciente escenario de episodios de violencia, igualmente provocados por la exclusión, la desesperación y la frustración de miles de jóvenes excluidos del bienestar y del cumplimiento de sus derechos.

Los datos que tenemos en México deben situarnos en un estado de alerta y atención mayor. Miles, millones de jóvenes, están hoy en las calles sin estudiar y sin trabajar, excluidos de un sistema educativo que no sólo carece de las capacidades para absorber a todos, sino que además continúa siendo de muy mala calidad. En los últimos años hemos padecido un déficit de empleo cuya fuga de escape más efectiva se ha encontrado en el drama de la migración, documentada e indocumentada, que nos ha llevado a la recomposición de las dinámicas sociales y familiares cuyas consecuencias aún estamos lejos de conocer.

La presencia del narcotráfico y el crimen organizado ha llevado a una estrategia de alta intervención militar en las calles, que puede estar generando más miedo que certidumbre en la población, en particular de los jóvenes, los niños y los adultos mayores, quienes son y han sido siempre los grupos más desprotegidos y vulnerables en nuestro país.

Una sociedad con cientos de miles de jóvenes condenados a literalmente no hacer nada, es una sociedad en la que la revuelta es siempre una posibilidad y, sobre todo, un riesgo que no puede ni debe buscar prevenirse y evitarse con más presencia policiaca, sino con más escuelas, más universidades públicas, más creación de empleo y, por supuesto, muchas más y mejores oportunidades para la realización efectiva de los derechos humanos y sociales.

No sabemos qué está pasando en los “sustratos” de la sociedad y mucho menos en los espacios que viven y están construyendo en el día a día nuestros jóvenes. Hoy es tiempo de estar atentos y mucho más, de comenzar a actuar para que nuestros panoramas sean mucho más alentadores y esperanzadores.

México no puede tener como principal oferta un futuro ennegrecido para sus jóvenes, y mucho menos podemos decir que simplemente no hay nada que hacer. Por el contrario, es momento de actuar y transformar esta realidad que, sin duda alguna, a nadie beneficia.

De adultas sufren discriminación.

Coahuila: dosis a la baja en vacunación.

La violencia contra las mujeres

Mario Luis Fuentes

Lunes 03 de marzo de 2008

La inequidad de género es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la garantía de la justicia social de cualquier sociedad. Hay muchas formas en las que la inequidad de género se manifiesta: la desigualdad en las oportunidades de acceso a bienes y servicios sociales; la subordinación en el interior de las familias; la desigualdad en el ingreso y en la distribución de los bienes y el patrimonio de las familias, entre otras más.

Sin embargo, la desigualdad y la inequidad entre los géneros pueden ser aún peores, cuando adoptan la forma de la violencia y, en muchos casos, violencia extrema que puede llegar a la violación sexual e incluso al asesinato o el intento de homicidio.

Estas afirmaciones resultarían exageradas de no ser por las estadísticas que hoy se conocen en nuestro país y que sin duda no alcanzan a reflejar la magnitud y la dimensión del problema de la violencia contra las mujeres y, en particular, contra las niñas y las adolescentes, quienes viven en contextos de constante agresión y maltrato por parte, en la mayoría de los casos, de miembros de su respectiva familia o de personas cercanas a ellas.

Frente a lo anterior, la campaña que dio inicio el pasado 25 de febrero, con el llamado del secretario general de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres, debería tener un significado mayor en el caso de nuestro país, más aún si se hace caso a los resultados, sólo por citar uno, de la más reciente Encuesta Nacional de la Dinámica en los Hogares (Endireh).

De acuerdo con el secretario general de la ONU, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia: agresiones físicas y golpes, violación sexual o asesinato, entre otros crímenes y delitos. En México los datos son todavía peores que los presentados como promedio mundial: la Endireh nos muestra que, al menos seis de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (el doble del promedio mundial) y México vive cada vez más casos en los que los derechos y la dignidad de miles de niñas y adolescentes se ven pisoteados por redes de tratantes y proxenetas que actúan con altos niveles de impunidad a lo largo y ancho del país.

Como cada año, se celebrará en México y en el resto del mundo el Día Internacional de las Mujeres el próximo sábado 8 de marzo. Así que debería hacerse eco del llamado del secretario general de la ONU y establecer metas precisas que, de acuerdo con su declaración del pasado 25 de febrero, deberán ser revisadas en 2010, ante la urgencia y la dimensión del reto que se enfrenta a fin de tener evaluaciones, en el corto plazo, que permitan poner fin a la violencia ejercida en todo el mundo en contra de las mujeres.

Sin duda, una de las grandes aportaciones de la Cumbre de Pekín estuvo en señalar que el problema de la inequidad de género compete tanto a hombres como a mujeres y que, en ese reconocimiento, los estados deberían desarrollar acciones para involucrar a cada vez más hombres en cursos, talleres de sensibilización y acciones afirmativas, con el fin de dar marcha atrás al machismo y otros atavismos culturales que frenan la construcción de una sociedad equitativa y justa.

En su llamado a combatir la violencia contra las mujeres, el secretario general retoma esta idea y enfatiza que es, sobre todo, a las autoridades de los estados, a quienes compete construir políticas de alcances mayores que contribuyan a terminar con la discriminación, la exclusión social y la violencia que sufren las mujeres, en especial la que tiene como origen precisamente la discriminación de género.

En esta tarea es indispensable también la participación de los medios de comunicación y de la iniciativa privada: los primeros, generando una oferta cultural y del entretenimiento que permita eliminar estereotipos, avance hacia la eliminación de la figura de la mujer como objeto sexual y promueva eficazmente los valores de la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el reconocimiento de las diferencias. Los segundos tienen la responsabilidad de avanzar hacia esquemas de contratación que no discriminen por género, reconozcan plenamente los derechos laborales de las mujeres y contribuyan a eliminar los obstáculos que impiden la participación de ellas en cargos directivos y de alta dirección en las empresas.

En esta tarea, los partidos políticos tienen aún enormes saldos, pues los porcentajes de participación política y de acceso de las mujeres a cargos de elección popular continúan siendo simplemente inaceptables.

Una sociedad libre de violencia contra las mujeres es posible; empero, los esfuerzos realizados hasta ahora resultan a todas luces insuficientes y es necesario que las autoridades del Estado contribuyan para generar las condiciones institucionales y programáticas con el fin de avanzar hacia una sociedad plenamente convivencial y sin violencia en contra de las mujeres.

www.exonline.com.mx

Campeche:deuda con la salud materna.

La trata de personas en México

Mario Luis Fuentes

Lunes 25 de febrero de 2008

Entre el 13 y el 15 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Viena el Foro Global contra la Trata de Personas. Convocado por organismos como la OIT, el UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, permitió generar un conjunto de observaciones y propuestas en torno a este crimen que, de acuerdo con la declaración inicial del director general de la OIT, aun cuando es un tema que genera indignación en todo el mundo, preocupa que continúe siendo un delito con una rápida expansión, no sólo en el número de víctimas, sino sobre todo en cuanto a su presencia y crecimiento en distintos países.
Uno de los temas que más llaman la atención es el análisis ofrecido en el taller sobre el perfil de los traficantes, en el cual se destaca que, aun cuando las víctimas de la trata de personas asumen el valor de denunciar a los tratantes y éstos llegan a ser capturados por las policías, el número de personas sentenciadas a causa de este crimen sigue siendo muy bajo.

En esa lógica, el Foro Mundial hace un llamado, a las autoridades judiciales de todos los países, para capacitar a los jueces y a todo el sistema de procuración e impartición de justicia con el fin de reducir la impunidad existente en torno a la trata de personas, pues, en el fondo, el hecho de que haya tan pocas sentencias en contra de los tratantes, constituye un “mensaje” a los criminales de que la trata, además de ser un crimen de altas ganancias, también resulta de bajo riesgo en el caso de quien lo perpetra, a pesar de las profundas y terribles implicaciones para sus víctimas.

Este punto es de destacarse, pues evidencia que en un país no basta contar con una ley. Ésta requiere presupuesto asignado con montos y criterios de aplicación eficientes, que permitan una adecuada y rápida implementación; también, de las adecuaciones institucionales y la capacitación suficiente de los responsables de su observancia con el fin de que tengan los elementos para garantizar lo plasmado en la ley y, en un tema de las implicaciones para los derechos humanos y las dimensiones de tragedia que tiene para las víctimas de la trata, se requiere la sensibilización y capacitación de los juzgadores. Todo esto ha comenzado en nuestro país, pero aún son insuficientes los esfuerzos para combatir este crimen, el cual se ha convertido, desde hace ya varios años, en un país de origen, destino y tránsito de víctimas de la trata.

Otra de las conclusiones relevantes del Foro es la reflexión en torno a que, no obstante haberse logrado un rápido posicionamiento mundial del tema en medios de comunicación y conseguirse que muchas ONG y personas se involucren en su estudio, se sabe muy poco sobre el perfil de los tratantes, las motivaciones y formas de actuar de quienes solicitan sus servicios y los procedimientos y modelos de atención para rehabilitar a las víctimas y reintegrarlas a sus ambientes cotidianos, con el mayor grado de protección posible.

Por ello CEIDAS ha insistido constantemente en la necesidad de involucrar a más investigadores y académicos en el tema. De ahí la decisión de haber editado hace poco las Memorias del Primer Coloquio Universitario sobre Trata de Personas, hecho en coordinación con el Seminario Universitario de la Cuestión Social y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Por ello también, la próxima edición de las Memorias del Seminario Internacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, realizado con el decidido apoyo del Cámara alta, y en el cual se vertieron múltiples aportaciones para generar precisamente un mayor conocimiento en torno a las implicaciones de este crimen.
Uno de los esfuerzos que deberán realizarse en México se centra en dos puntos de alta prioridad: 1) asignar la mayor cantidad de recursos posibles y darle de inmediato capacidades de operación y de articulación efectiva a la Comisión Intersecretarial para Combatir la Trata de Personas, que la ley manda y, 2), avanzar rápidamente en la capacitación de policías, ministerios públicos y jueces, para la identificación de posibles víctimas y ofrecerles un trato digno y humanitario, protección efectiva y posibilidades de plena reintegración social.

México no podrá ser un país plenamente justo si persisten crímenes como la trata. La protección de los derechos humanos y la irrenunciable defensa de la libertad y la dignidad humana requieren la intervención decidida de autoridades, la sociedad civil y los legisladores. Además, nuevos mecanismos de coordinación e incluso de participación social, pero, sobre todo, una real voluntad para erradicar este crimen que hoy sigue siendo forma contemporánea de la esclavitud, en nuestro país y el resto del mundo.

La pobreza quema los bosques

El Día Internacional de la Justicia Social

Mario Luis Fuentes
Lunes 18 de febrero de 2008

En una resolución del pasado 30 de noviembre, la Asamblea General de la ONU estableció, mediante un acuerdo que aprobaron por unanimidad 190 países, la proclamación, a partir de este 2008, cada 20 de febrero, del Día Internacional de la Justicia Social.

En esta resolución, la Asamblea General hace un llamado a todos los estados a llevar a cabo acciones de promoción y a rescatar las metas y propuestas planteadas en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, realizada en 1995 en la ciudad de Copenhague.

De acuerdo con el texto presentado por esa Asamblea General, México fue uno de los países que participaron en la redacción de la resolución final y, como un acto de congruencia, es de esperar que haya un firme pronunciamiento, así como el establecimiento de metas que permitan acreditar en los hechos el cumplimiento de los compromisos sociales adquiridos ante la comunidad internacional.

Es importante destacar en este contexto la reciente visita de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, quien no sólo hizo observaciones de la mayor importancia en materia de derechos humanos, sino que además insistió en el hecho de que la desigualdad y la pobreza impiden el pleno cumplimiento de los derechos de las personas y urge avanzar en una rápida reducción de la pobreza en nuestro país.

Simultáneamente, la alta comisionada hizo un llamado a adecuar los contenidos de nuestra Constitución y de nuestras demás leyes, con los acuerdos, tratados y convenciones que el Estado mexicano ha signado y, en consecuencia, a generar las acciones institucionales requeridas para dar cumplimiento pleno a los derechos sociales de las personas, en particular de quienes en mayor medida viven en circunstancias de vulnerabilidad.

Una jornada de promoción de acciones a nivel nacional requeriría preparativos previos y un intenso trabajo de diálogo y de acuerdo político que permitiera generar una estrategia nacional para el cumplimiento de las metas establecidas hace cerca de 13 años en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, y ante las cuales, tanto México como el resto del mundo, aún se encuentran lejos de alcanzarlas.

De hecho, resulta paradójico que en 2008 apenas hayamos logrado superar los niveles de pobreza que teníamos hace 15 años, en 1993, lo que evidencia que, aun con los avances, tenemos mucho camino por recorrer y, por lo tanto, es necesario insistir en que la velocidad a la que estamos reduciendo la pobreza y la desigualdad debe incrementarse en aras de conseguir verdaderamente la justicia social.

Julián Marías nos dice, en su clásico texto sobre la justicia social, que para entender este concepto es imprescindible distinguir entre las carencias y la privación. Las primeras tienen que ver con aquello que no se puede poseer en una sociedad; la privación, al contrario, tiene que ver con un acto de negación, de incumplimiento de un derecho. Por ello, lo social no puede ser identificado exclusivamente con lo económico, pues esto último se refiere a los recursos disponibles. En ese sentido, Marías argumenta: “Imaginemos que se ponga a disposición de un pueblo de analfabetos la mejor biblioteca que jamás haya existido”. ¿De qué sirven los recursos si las personas no pueden utilizarlos?

En ese mismo sentido, Waltzer sostiene en su texto Esferas de la justicia: la privación de los bienes y satisfactores básicos es la manera como se presentan diversas formas de dominación en nuestras sociedades: por ello, la desigualdad no puede ser entendida sino como injusticia social.

Debido a ello, también debemos asumir que la justicia social no puede ser alcanzada sólo mediante los instrumentos del mercado o sólo generando ingresos para los más pobres. Se trata de un conjunto de arreglos sociales sobre cómo se distribuyen las tareas y los beneficios, por una parte, y sobre cómo se generan las capacidades para que las personas puedan exigir y realizar sus derechos.
El Día Internacional de la Justicia Social no puede ser pasado por alto y debe exigir de todas las autoridades y órdenes de gobierno una reflexión mayor, para avanzar hacia construir una nueva generación de pactos y arreglos sociales que nos permitan implementar un sistema de protección efectivamente justo y diseñado deliberadamente con el fin de alcanzar de manera plena la equidad y la justicia social.

Baja California Sur: una entidad sedienta.

La radio y lo social

Mario Luis Fuentes

Lunes 11 de febrero de 2008

Las sociedades contemporáneas cuentan con distintos instrumentos para fortalecer sus identidades, reconocer sus diferencias y defenderlas, generar nuevas formas de educar y de formar capacidades cívicas y ciudadanas y llegar a auditorios masivos y difundir información de utilidad pública.

Uno de los más poderosos y efectivos instrumentos comunicacionales e informativos es la radio. Hay ejemplos históricos sobre cómo ha sido un elemento de cohesión y generador de confianza y unidad frente a problemas de gran envergadura: así, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos de los países aliados utilizaron a la radio para difundir mensajes de esperanza y también informar de la recuperación de espacios seguros destinados a las personas; o bien la difusión masiva de la llegada del hombre a la Luna y su mensaje para la humanidad, el cual fue conocido en la mayoría de los casos a través de la radio.

La aparición de la televisión y otros medios electrónicos no ha restado ni eficacia ni presencia a la radio y, por ello, es preciso que hoy las empresas radiofónicas puedan contribuir a construir mayores capacidades ciudadanas para la cohesión social, la solidaridad, la cooperación y, sobre todo, la construcción de un diálogo nacional que, en las circunstancias de pobreza y desigualdad que vivimos, es urgente para mejorar nuestras condiciones de vida.

La formación de verdaderas escuelas y formas de hacer radio en México ha derivado diversas veces en la formación de redes ciudadanas que permiten resolver o aligerar algunos de los problemas de nuestra vida cotidiana. Así, el surgimiento de nuevos grupos radiofónicos y la consolidación de otros es importante en aras de generar más pluralidad y una mayor apertura de oportunidades de información de calidad y con facilidades para todas las personas.

La reciente creación de Grupo Imagen, por ejemplo, ha abierto el abanico de posibilidades en el espectro radiofónico y, la decisión de apoyar proyectos como el “México social”, de todos los martes en el espacio de Pedro Ferriz de Con en el 90.5 del FM, ha generado una nueva oportunidad para debatir en torno a la que es quizá la mayor agenda pendiente que tenemos en nuestro país: la de la pobreza, la desigualdad y el desgaste y la fractura que estos problemas constituyen para lo social en México.

En efecto, la apertura mostrada por Grupo Imagen con el fin de tratar y de posicionar éste y otros temas, por ejemplo, las agendas de la migración y crímenes y fenómenos tan graves como la trata de personas, nos habla de un México en el que la radio aún tiene mucho que aportar y sigue siendo el principal espacio de debate y de posicionamiento de agendas y temas sociales de principal relevancia para nuestro país.

Destaca también, en esa lógica, el esfuerzo anunciado esta semana, mediante el cual se creará la Fundación ACIR, cuyos propósitos básicos son contribuir, a base de un esfuerzo radiofónico sin precedentes, al fortalecimiento de la educación y de los valores nacionales, el apoyo a proyectos sustentables de la sociedad civil, así como el rescate del patrimonio histórico y cultural de México.

La radio, al igual que otros medios masivos de comunicación, es un espacio que puede y debe fortalecer sus capacidades para encontrar coincidencias y oportunidades con miras a la unidad nacional, para cumplir con la función pedagógica que le marca la ley y continuar defendiendo la libertad de expresión, la consolidación del pluralismo y, sin duda, la generación de una sociedad cada vez más democrática y abierta.

Debemos asumir que sólo en un régimen de plena democracia es como podremos reducir la desigualdad y la pobreza. Que en esa lógica la ciudadanía requiere mayores y mejores espacios para dialogar en civilidad y tolerancia y que, sobre todo, urge fortalecer efectivamente nuestra identidad nacional, nuestros valores democráticos y nuestra historia, para poder generar una mejor perspectiva de futuro y, en todo ello, la radio juega un papel imprescindible que debe alentarse y debe ser defendido en todo momento.

Baja California: la frontera de los divorcios

Los ajustes que vienen

Mario Luis Fuentes Lunes 4 de febrero de 2008

Por definición, toda contracción en las expectativas de crecimiento implica un riesgo de reducción de las expectativas de ingresos públicos; si esto es así, el Presupuesto de Egresos requiere ajustes inmediatos, si no se quiere alterar el equilibrio fiscal de las finanzas públicas.

En ese sentido, la turbulencia económica y financiera que se está viviendo en Estados Unidos y que es, de acuerdo con George Soros, la más severa que se ha tenido desde cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, tendrá necesariamente efectos sobre nuestra economía y nuestras capacidades para enfrentar rezagos y retos mayores.

Uno de los temas que no se ha discutido con suficiencia es cómo la política social se adecuará ante esta turbulencia económica y cómo se va a lograr mantener los objetivos y las metas planteadas por la actual administración, en materia de desarrollo social y combate a la pobreza, cuando éstas se encuentran directamente relacionadas con el crecimiento económico, de acuerdo con lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo Social.

Según estos documentos, uno de los objetivos del desarrollo social consiste en reducir 30% el número de personas en pobreza alimentaria en nuestro país. Sin embargo, esto sólo podría lograrse en la medida en que nuestra economía lograra crecer al menos a un ritmo de 3.5% anual.

Pero México creció, según las estimaciones publicadas recientemente, apenas 3% en 2007, y las expectativas de crecimiento del Banco de México para 2008 fueron ajustadas con el fin de prever un crecimiento entre 2.5 y 2.8%, dato que coincide con las proyecciones hace poco presentadas por la Secretaría de Hacienda.

De esta forma, lo que debe venir son acciones determinantes para evitar reducir las metas sociales; lo que implica incluir una serie de medidas emergentes que permitan intensificar lo hasta ahora logrado a fin de conseguir las metas, de por sí mínimas, sostenidas públicamente por la Secretaría de Desarrollo Social.

En esa lógica, el Poder Legislativo deberá estar vigilante de que, ante un año electoral en el que se juega la mayoría en la Cámara de Diputados, se pretenda generar acciones de alta visibilidad y rentabilidad política, pero que en poco abonen a la protección y la generación de bienestar de los más pobres.
Estas cuestiones deben preocuparnos a todos y ratifican lo que muchos hemos venido sosteniendo desde hace ya varios años: es necesario replantear nuestra política social y, sobre todo, urge volver a plantear sus objetivos, a fin de conseguir orientarla hacia la disminución de la desigualdad y, desde luego, a la reducción inmediata de las condiciones de pobreza en que viven millones de mexicanos.

Debe insistirse, pues, en que es éticamente inaceptable que, ante las dificultades económicas, el gobierno intente reducir sus metas sociales o bien pretenda que con sólo mantener los presupuestos y los programas actuales se logrará revertir la inequidad, la pobreza y la marginación que siguen campeando en todo el territorio nacional.

Al respecto, debe considerarse que en este 2008 se llevará a cabo el levantamiento de una encuesta que va a intentar medir, por primera vez, de manera multivariable, la pobreza de nuestro país. Es de esperar que las dimensiones y la profundidad de lo que conocemos se agudice y tengamos datos mucho más cercanos a los niveles de profundidad y complejidad que implica la pobreza actual en nuestro país.

Continuar asumiendo que es nada más mediante la asistencia social como se logrará abatir la desigualdad, implica una pobreza conceptual mayor y eso es lo que transmina el actual Programa Sectorial de Desarrollo Social: confusiones sobre asuntos elementales que van, desde no diferenciar entre un objetivo, una meta y una estrategia, hasta dimensiones mayores, como asumir que el desarrollo social consiste en únicamente garantizar ingresos monetarios mínimos para los más pobres.

México requiere otra política social y, con miras a poder construirla, hace falta inicialmente la voluntad de generar un proceso político de alcances mayores, con el fin de revisar nuestros arreglos sociales y generar nuevas instituciones capaces de concretarlos. Y esto implica una dimensión también mayor en la concepción de aquello que se puede conseguir mediante la reforma del Estado.

Suman canas y exigencias de atención

Las consecuencias de los crecimientos mínimos

Mario Luis Fuentes

Lunes 28 de enero de 2008

La reducción de las expectativas de crecimiento mundial y en nuestro país tiene repercusiones que se verán reflejadas necesariamente en los niveles de calidad de vida de las familias, particularmente en detrimento de los más pobres y de las personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad social.

De acuerdo con la información del INEGI, en México hay al menos 1.5 millones de personas en edad de trabajar que no han logrado encontrar empleo en el último año. El dato es preocupante porque, por cada punto porcentual del PIB que se reduce en la expectativa de crecimiento, debe considerarse también que se pierde la capacidad de generar alrededor de 400 mil empleos.

En México, cerca de 60% de los habitantes son ya parte de la población económicamente activa, es decir, más de 60 millones de mexicanos que se encuentran en edad de trabajar. De esta población, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo informa que 4.43% se encontraba desocupada a diciembre de 2007.

Aun con las discusiones metodológicas y sobre la precisión y confiabilidad de las cifras acerca de empleo y ocupación en México, sí es una realidad que hoy los jóvenes se enfrentan a cada vez más dificultades para encontrar trabajo. Al respecto, es ilustradora la crítica que hacen algunos grupos empresariales al Programa de Primer Empleo y su inefectividad en cuanto a estimular la generación de trabajo digno en México.

Esta realidad implica la pérdida de capacidades para el ejercicio de la autonomía de los jóvenes, a la vez que una severa restricción a las libertades con miras a elegir sus formas y estilos de vida. Decisiones tales como cuándo contraer matrimonio; cuándo, cuánto y dónde estudiar; cuándo y cuántos hijos se van a tener, están relacionadas en la mayoría de las ocasiones con la posibilidad de contar con un empleo que permita acceder a niveles mínimos de bienestar para los integrantes de las familias.

Como correlato de esta situación, los jóvenes se encuentran atrapados en cada vez mayores relaciones de dependencia en todos los sentidos y, lamentablemente, no se ha logrado construir una plataforma institucional que les permita acceder al menos a espacios educativos de nivel medio y superior y, con ello, retrasar su ingreso al mercado laboral y generar al mismo tiempo mayores capacidades para la competitividad y el acceso a empleos bien remunerados y con seguridad social.

Por otro lado, la contracción de la economía estadunidense seguramente impactará en las posibilidades de acceso de nuestros paisanos que viven en aquel país, a empleos que, por precarios que parezcan, significan la diferencia entre poder enviar o no el dinero que permite la supervivencia a sus familiares aquí en México. La expectativa es, pues, que también baje el flujo de las remesas y con ello el consumo en las zonas rurales, las que en mayor medida se benefician de estos ingresos.

En esa lógica, las instituciones deberían estar considerando adecuaciones urgentes en el diseño y el planteamiento de objetivos de sus programas, y encontrarse realmente preparadas para enfrentar una coyuntura de bajo crecimiento económico que amenaza con convertirse en un periodo relativamente largo de estancamiento.

Es motivo de preocupación que, ante los nubarrones de la recesión, la cifra de los 14.4 millones de mexicanos que padecen día a día el hambre, pueda incrementarse debido a la falta de empleo y de oportunidades de acceso a ingresos, bienes y servicios que permitan mínimos de bienestar para quienes viven con las mayores carencias.

Una sociedad en constante dependencia; una en que sus jóvenes tienen canceladas sus expectativas de futuro; una que no ha logrado reducir sustancialmente la pobreza y la desigualdad en los últimos 15 años, es una sociedad en riesgo de vivir fracturas sociales mayores.
Reconocer que hay la incertidumbre social es real, es condición necesaria para construir un nuevo pacto fundacional de nuestros principales arreglos sociales; y esta refundación, debe decirse, es ya urgente. Necesitamos avanzar hacia un pacto político que, con base en criterios de una ética para la solidaridad, construya un nuevo entramado institucional que nos dé, de una vez por todas, la certeza de que, aun en medio de recesiones y turbulencias económicas, nuestras capacidades para la igualdad, la justicia y la dignidad nos mantendrán a flote como una sociedad igualitaria.

Reconocen lucha antipobreza

Por Lucía Irabien

lucia.irabien@nuevoexcelsior.com.mx

Viernes 25 de enero de 2008

Mario Luis Fuentes, director del Centro de de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS), criticó que los cambios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no contemplen estrategias para redistribuir la riqueza. "Parece que la nueva política de Sedesol es hacer más eficiente la política social, pero no enfrenta el tema de la desigualdad", dijo.

Durante una ponencia organizada por el Centro de Prospectiva y Debate Contorno, recordó que al nombrar a Ernesto Cordero como nuevo titular de Sedesol, el presidente Felipe Calderón prometió una nueva política social para la pobreza y la desigualdad, y sin embargo no anunció ningún cambio de estrategia.

Mario Luis Fuentes explicó que numerosos estudios señalan que el sustento de la pobreza es la desigualdad en el ingreso que perciben los mexicanos que trabajan. "La desigualdad tiene dimensiones brutales, obviamente sabe el Presidente que la Sedesol no tiene ningún instrumento para enfrentar la desigualdad", explicó.

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social y el DIF Nacional dijo que lo que se necesita es una reestructuración del Estado para otorgarle atributos para enfrentar la desigualdad, porque el modelo de seguridad social del siglo pasado ya no funciona para compensar las disparidades. "Mientras no haya un diseño para redistribución del ingreso no será posible, la inequidad está deteniendo el crecimiento económico, no crecemos tanto porque hay un enorme concentración de riqueza", argumentó.

Fuentes señaló que desde el Poder Legislativo tampoco se vislumbran cambios importantes en la política social y lamentó que la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso no haya concretado ningún acuerdo al respecto, con excepción de la creación de una Comisión Económica y Social, de la que no quedaron claros ni sus objetivos, ni sus funciones.

¿Una nueva política social?

Lunes 21 de enero de 2008

Los cambios que se han llevado a cabo en la titularidad de dos de las secretarías de Estado más importantes del país han generado, no sólo reacciones políticas, sino preguntas en torno al rumbo y el sentido que tomará la presente administración a partir de este 2008.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los argumentos presentados por el Presidente de la República fue la necesidad de construir una nueva política social e impulsar una nueva forma de combatir la desigualdad y la pobreza.

Que este sea un objetivo explícito de la Presidencia de la República es importante de suyo. Sin embargo, habría que comenzar a discutir seriamente cómo se piensa llevar a cabo la construcción de esta nueva política y si este proceso implicará la modificación estructural del entramado jurídico-institucional vigente en nuestro país para regular e impulsar lo social.

Debe considerarse que, de inicio, hay dos opciones probables ante la designación del nuevo secretario de Desarrollo Social. La primera, que se trate de un cambio a través del cual se busque de manera llana mejorar la eficiencia en la operación de los programas de combate a la pobreza y de asistencia social de los que es responsable la Sedesol, sobre todo con el fin de buscar solventar las observaciones hechas por el Coneval y la ASF en la evaluación externa que presentó de los programas sociales del gobierno federal. En ese sentido, no será de extrañar que en los próximos días veamos cambios en las direcciones de los organismos sectorizados a la Sedesol, cambios que tendrían la intención de mejorar los procesos administrativos y de gestión de esas dependencias.

La segunda opción consistiría en replantear en serio la política social en su conjunto, lo cual implica establecer, de inicio, un nuevo diálogo político nacional, para restablecer nuestros arreglos sociales fundamentales mediante los cuales evitemos, con base en capacidades e instrumentos precisos del Estado, que la desigualdad siga acrecentándose y sí logremos llegar a la generación de condiciones de equidad económica y social para todos.

Una segunda pregunta, derivada de asumir esta opción, sería la de cómo construir un proceso de acuerdos y consensos en el mediano plazo, a fin de garantizar la viabilidad de las reformas institucionales requeridas para atemperar la desigualdad generada por nuestra estructura institucional vigente. Esto es, un proceso de reformas jurídico-políticas con miras a modificar el entramado institucional que hoy contribuye, aun de manera involuntaria, a la persistencia de la desigualdad.

Una reforma cuyo propósito sea modificar el estado de cosas imperante requiere un serio debate sobre cómo conseguir que las instancias responsables de garantizar la justicia social puedan intervenir de manera decisoria sobre los presupuestos y los procedimientos de distribución, no sólo de recursos, sino de las tareas y responsabilidades de la Federación en lo relativo a generar bienestar social y en la garantía plena de los derechos de la población, lo cual exigiría una nueva forma de consenso y concertación con entidades y municipios.

Habría que asumir además un debate de fondo, consistente en definir de una vez por todas hasta dónde podrá intervenir el Estado en la generación de condiciones para realizar efectiva nuestros derechos humanos y sociales y cuáles serán los límites que se impondrán al mundo de lo privado, en aras de lograr definiciones precisas sobre qué le corresponde al Estado y qué al mercado en materia de provisión y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

Reconstruir una nueva política social implicaría avanzar en la incorporación del objetivo de fortalecer las capacidades ciudadanas para la participación, la organización, la cooperación social, la realización y la exigibilidad de los derechos sociales, lo cual implicaría reconocer las limitaciones de una política que se basa de manera exclusiva en generar programas dirigidos a la formación de capacidades individuales para el consumo y asumir, en consecuencia, que con ello se logra la superación de la pobreza y la desigualdad.

Estas y otras preguntas se han planteado en distintos espacios y momentos desde hace varios años y, ante los cambios realizados, se presenta nuevamente la disyuntiva de asumir que la política social puede construirse de manera exclusiva desde las oficinas públicas, dirigidas solamente por el grupo en el poder o bien asumir que debe tenerse la audacia de convocar a un diálogo nacional en el que todas las voces y las posiciones podamos llegar a acuerdos básicos con el fin de avanzar, en una responsabilidad que es de todos, hacia una verdadera consolidación de un Estado social de derecho, incluyente y garante de los derechos humanos y sociales para las y los mexicanos.

La cultura y la cohesión social

Lunes 14 de enero de 2008

A Andrés Henestrosa, in memoriam

La desaparición de un gran hombre como Andrés Henestrosa es siempre motivo de reflexión sobre su obra. La conciencia y visión del mundo que logró construir y que, por supuesto, nos obsequió generosamente, permite contar con mejores elementos para la comprensión de nuestro mundo y de nuestro México.

Sin duda alguna nuestro país requiere mayores esfuerzos con el fin de lograr que la obra de hombres universales como Henestrosa pueda ser conocida y valorada, sobre todo por la población joven, que hoy pareciera no tener mayores vínculos de identidad que los generados a través de la industria de los espectáculos y el deporte, en especial el futbol.

A dos años de la celebración del Bicentenario de nuestra Independencia y del Centenario de nuestra Revolución es preciso que el Estado y sus instituciones asuman la responsabilidad de lograr que todos aquellos hombres que han generado pensamiento crítico y pensamiento moral sobre nuestro ser nacional puedan estar en todos las escuelas, en todos los espacios públicos y construir, desde la cultura, elementos que permitan identificarnos.

Nuestra política social, hoy limitada a la administración de programas de asistencia, ha renunciado a un objetivo básico: la generación de cohesión e identidad en la población nacional.

Se ha propuesto en distintos espacios que el gobierno debe fijar meta sociales precisas para celebrar el Bicentenario, y a esta petición se han prestado oídos sordos, lo que muestra una visión en la que lo social no es sino sólo parte de los discursos y las presentaciones oficiales, pero en la realidad de los hechos está relegado a una posición residual en el esquema general del gobierno.

La superación de la pobreza requiere liderazgos incuestionables. Liderazgos que puedan concitar las voluntades necesarias para generar otra visión de lo público y conducir un proceso de “gradualismo acelerado” para reformar a las instituciones sociales y al esquema de organización de la administración pública federal.

Las conclusiones presentadas por el Coneval muestran que todo el sector social está desarticulado, no hay capacidades para la concertación entre los distintos órdenes de gobierno y las instancias gubernamentales cuentan con capacidades limitadas para el ejercicio presupuestal, además de existir la necesidad detectada de modificar y mejorar las reglas de operación de los programas sociales. Si esto es así, resulta imprescindible y también irrenunciable comenzar a reconocer las limitaciones del diseño social de hoy, en la operación en ese ámbito.

Se ha asumido que la cultura y la formación de identidad a través del conocimiento y las actividades del espíritu son cuestiones dirigidas y diseñadas para elites de altos niveles educativos; y esta posición implica una grave renuncia del gobierno y de las instituciones del Estado, para construir y fortalecer nuestra identidad con base en la generación de una clara conciencia sobre lo que es ser mexicano y, con ello, recuperar rutas para la actuación cívica y ética de nuestros jóvenes, hoy abandonados a una cultura televisiva de una pésima calidad o bien a la ausencia total de espacios para la convivencia y la formación de capacidades destinadas al diálogo, la tolerancia y la comprensión de la diferencia.

Hacen falta mucho más compromiso de los medios de comunicación para construir, a través de la radio, la televisión y los nuevos medios electrónicos de comunicación, programas de divulgación de la cultura nacional, con el objetivo de generar una identidad que nos haga sentir parte de un todo, a pesar de las diferencias.

Nos urge construir una nueva política de fomento a la industria editorial y a la producción de libros de calidad y de fácil acceso para la población. Requerimos generar acciones afirmativas para que en todos los cafés, las terminales de autobuses, los aeropuertos y otros puntos de reunión masiva de personas haya libros, música de calidad, pintura, esculturas y, en general, todas las manifestaciones de la cultura y que sean accesibles para todos.

Generar una nueva política cultural, vinculada simbióticamente con la social, nos puede dar la posibilidad de construir instrumentos para enfrentar la exclusión social y la pérdida de identidad que hoy vivimos. Un país que encuentra, a través de una cultura nacional, elementos para la identidad, es un país que puede enfrentar la inequidad hoy vigente.

Aristegui

Lunes 7 de enero de 2008

Toda democracia requiere, para su consolidación, la existencia de un conjunto de factores que le den viabilidad y garanticen equilibrios y límites a los poderes, tanto institucionales como fácticos y, con ello, evitar limitaciones que atenten a las libertades fundamentales de los ciudadanos.
En efecto, las democracias contemporáneas no pueden entenderse sólo como mecanismos eficaces de disputa equitativa por el poder político, sino como formas de gobierno cuyo objetivo fundamental es garantizar la equidad social en un marco de libertad y de posibilidades de realización plena de todas las personas.

Uno de esos factores depende de la posibilidad de realizar tres derechos consagrados en nuestra Carta Magna: la libertad de expresión, la libertad de creencias y el derecho a la información. Estos tres derechos requieren la existencia de medios de comunicación abiertos, así como estructuras institucionales, para permitir que todo lo comentado en el espacio público pueda decirse en un marco de respeto irrestricto a las posiciones, opiniones y creencias personales.

Una de las principales trabas que tuvieron que sortearse en el proceso de transición hacia nuestra democracia fue precisamente la del control que el Estado intentaba imponer a los medios de comunicación. Y en esa lógica, no puede dudarse que los medios jugaron un papel fundamental en la apertura de espacios políticos, la denuncia de los excesos del poder y la generación de pensamiento distinto.

Por ello, cada vez que se pierde un espacio de debate público, nuestra democracia pierde en calidad y representatividad. Esto es así porque, en sociedades masivas como la nuestra, los medios constituyen o deberían aspirar a constituir, la pluralidad de voces y posiciones existentes en nuestro entorno social.

El espacio radiofónico que conducía Carmen Aristegui cumplía precisamente esto: la posibilidad de que grupos, organizaciones de la sociedad civil e incluso personalidades políticas tuvieran cabida y pudieran expresar, opinar y denunciar temas de enorme relevancia para nuestro país: como el caso de Lydia Cacho, los abusos en contra de niñas y niños de Oaxaca, además de distintas propuestas y varios proyectos de ONG que tuvieron cabida ahí, con la oportunidad de llegar al público que seguía cotidianamente ese espacio.

Sin duda, Carmen Aristegui ha sido en los últimos años, junto con otros periodistas y comunicadores, emblemática en el esfuerzo de hacer un periodismo distinto y ofrecer al público posiciones para la diversidad, la opinión y la expresión de la diferencia en nuestro país.

Hoy es fundamental para nuestra democracia comprender que, los medios de comunicación, si bien constituyen empresas del sector privado, de acuerdo con nuestra Carta Magna y nuestras demás leyes son empresas de un carácter muy especial: permiten dinamizar la economía; ampliar el espectro del llamado “mercado político”; contribuyen al esparcimiento y la diversión de las personas y, sobre todo, son los espacios más importantes para garantizar la libertad de expresión; en síntesis, cumplen con una función social irreemplazable. Empero, en el momento en que los medios renuncian a estas tareas pueden convertirse en aliados de intereses contrarios al interés público, al que, de acuerdo con nuestro marco jurídico, se deben.

En un marco de polarización social como el que estamos viviendo, nada ayuda más que contar con más medios de comunicación; más espacios para la expresión de la diversidad y, así, al mismo tiempo, con mayores espacios para el encuentro y la resolución de controversias mediante el arma más poderosa de las democracias: el diálogo y el pensamiento crítico.

Debe esperarse que los medios de comunicación puedan asumir que su credibilidad está en función directa de la pluralidad y la diversidad a las que dan cabida. Y habrá que esperar también que Carmen Aristegui, junto con la enorme cantidad de periodistas que desempeñan su tarea con dignidad y probidad, sigan contando con espacios para la reflexión y con el fin de seguir dando voz a quienes padecen violaciones a sus derechos humanos más elementales.

Publicado en el Periódico Excélsior http://www.exonline.com.mx